Margarita López Maya
El proyecto socialista que el chavismo viene imponiendo conlleva un importante ingrediente de intolerancia a las diferencias y rechazo a toda expresión de libertad de pensamiento. Distinto a la democracia participativa constitucional, que busca fortalecer a una sociedad organizada y pluralista, que interpele al Estado, lo controle y cogobierne con él, el modelo chavista viene cerrando uno a uno los espacios públicos y privados a la libre circulación de ideas y opiniones, tildando toda disidencia a sus orientaciones ideológicas y políticas de traición a la patria. Con Maduro esto se ha tornado extremo y descarnado, evidenciando su vocación totalitaria.
Las diez universidades públicas y autónomas se erigen como últimos baluartes del Estado, que luchan por resistir las presiones de abolir el pluralismo político, la investigación libre, el intercambio y debate de ideas, la búsqueda creativa de soluciones a las necesidades del país, para alinearlas a una ideología confusa, absurda, obsoleta, profundamente arbitraria y autoritaria. El Gobierno las ha ahogado presupuestariamente, colocado los salarios de todo el personal, incluyendo los profesores, por debajo de la línea de pobreza (un titular, el mayor rango docente, gana $180 a tasa de Simadi), las ha criminalizado por los medios públicos, y algunos de sus seguidores han creado situaciones de violencia en sus recintos, con saldos fatales.