Intercambio sobre algunos temas de la problemática universitaria del país entre el profesor Eleazar Narváez (EN) y el periodista Gustavo Méndez (GM)
Preguntas y respuestas
GM. ¿La declaratoria de constituyente universitaria en la UPEL por el ministro Ramírez, y la invitación a trabajadores y estudiantes para que la repliquen en otras instituciones es el inicio de la intervención de las universidades? ¿Tendrá éxito esta propuesta o será una distracción más para obviar la crisis universitaria?
EN. Las autoridades de la UPEL declararon recientemente que en esta institución no está en curso lo que el ministro Ramírez y otros voceros gubernamentales llaman constituyente universitaria.
Plantear la constituyente universitaria en los términos y condiciones indicadas por el citado ente gubernamental es una aberración que los universitarios estamos llamados a rechazar de una manera firme. En todo caso el poder constituyente en nuestras instituciones universitarias, sobre todo en las universidades autónomas, sólo puede ser activado mediante la decisión autónoma de la comunidad universitaria, como expresión de la voluntad soberana de todos los miembros de este colectivo, sin presiones de ningún tipo. En la UPEL se quiere activar la constituyente universitaria como el producto de una acción coercitiva, como resultado de una acción violenta que llevó, tanto a las autoridades de esa institución y a los supuestos estudiantes que participaron en la toma de la institución, a la firma conjunta de un acta para ponerle cese al conflicto presentado, después de varias horas de secuestro. Habría que preguntarse por qué los protagonistas de esas acciones violentas no proponen un referendo para que la comunidad universitaria diga si quiere o no la constituyente universitaria. Sería un mejor comienzo en comparación con lo hecho en la UPEL el pasado 18 de mayo.
En definitiva, esa propuesta que se trata de imponer a la comunidad universitaria, no creo que sea una simple distracción, tiene toda la intención de profundizar la crisis universitaria como parte de una estrategia para debilitar el funcionamiento de la universidad autónoma hasta unos niveles en los que se propicie la intervención abierta de esas instituciones por parte del Gobierno.
GM. La Universidad José Marial Baralt es intervenida de nuevo por el ministro Edgardo Ramírez, quien además promueve la división de la Unellez. Asimismo, las Universidad Simón Rodríguez, la Universidad Francisco de Miranda y la Universidad Rómulo de Gallegos presentan graves fallas de funcionamiento. ¿Esta situación pone en evidencia el fracaso de la política universitaria del gobierno?
EN. Indudablemente. Evidencia, de modo parecido, la ineptitud y el espíritu destructor gubernamental en el desarrollo de las políticas públicas que observamos en distintas áreas, de las cuales es testigo la gran mayoría de los venezolanos. En esas instituciones es manifiesto el clientelismo político en sus diversas caras, la clara subestimación de la academia y la calidad institucional en sus diferentes dimensiones. Lo más visible allí es la obsesión por desarrollar una labor de ideologización en sintonía con el proyecto político del actual régimen. Por el camino que van, esa instituciones, con todo el deterioro que hoy padecen, sometidas a grandes presiones para que sean simples agencias gubernamentales, es muy difícil que se les pueda denominar universidades. Muy duro, pero es así.
GM. El Gobierno cuestiona el funcionamiento de las universidades autónomas, las cuales requieren urgentes cambios, ¿pero cuál es el modelo de universidad que ellos le ofrecen al país, la UBV, la UNEFA o las Misiones Sucre y Alma Mater?
EN. Hoy no podemos negar que nuestras universidades, incluidas las autónomas, requieren grandes cambios. Eso es incuestionable, por supuesto, sin negar los logros que históricamente han alcanzado estas instituciones, así como los importantes avances en desarrollo en las mismas en las actuales circunstancias, no obstante las enormes restricciones que las afectan.
No obstante, hay que decir enfáticamente que al Gobierno no le interesa de verdad que nuestras universidades autónomas profundicen su desarrollo académico. Por encima de la calidad profesional de los egresados, del pensamiento crítico de éstos, de sus credenciales académicas, por ejemplo, el régimen valora más la incondicionalidad y la identificación con el proyecto que éste impulsa para implantar el pensamiento único en todos espacios de la sociedad venezolana.
Además, las instituciones universitarias y programas educativos del tercer nivel controladas por el Gobierno, objeto de severos cuestionamientos en el presente, en modo alguno pueden ser el referente de los cambios que se necesitan para nuestras universidades autónomas. Con todas las críticas que podamos hacerles hoy a estas instituciones, sin duda las mismas no han dejado de ser ámbitos abiertos a diferentes corrientes del pensamiento y donde es posible el ejercicio de la crítica, del debate, de la confrontación con las armas de la razón. Son más que instituciones dedicadas a formar profesionales, al desarrollo de la labor docente de pregrado, cumplen, asimismo, un papel muy importante en materia de investigación, en la formación de postgrado, y también en el trabajo de servicio a la comunidad a lo largo y ancho de la geografía nacional.
GM. ¿Cree que el Gobierno asume los problemas del ingreso de estudiantes y del presupuesto universitario más como banderas políticas de confrontación que como asuntos que deben ser resueltos mediante la concertación?
EN. No está en el espíritu del Gobierno el propósito de apelar al diálogo para resolver esos problemas. Respecto a la problemática del ingreso de nuevos estudiantes a las universidades, ha sido sordo ante los tantos planteamientos que se le han hecho. No está interesado en dialogar para concertar con las instituciones de educación superior el diseño y desarrollo de una política con base en un sistema nacional de admisión e ingreso. Sostenemos que ese sistema, tal como lo concebimos a diferencia de los voceros gubernamentales, está obligado a preservar la autonomía institucional, a no contribuir a poner en entredicho la calidad en la formación con el pretexto de la aspiración a una mayor inclusión social mal concebida, y a no pretender convertir a las universidades sólo en casas de estudio para la actividad docente, con la subestimación o el olvido de la investigación y de la formación de postgrado.
Ese sistema, además, no puede estar al servicio del clientelismo político.
Y en lo que se refiere al tema presupuestario, hay suficientes evidencias y razones para sostener que éste ha sido un arma política para acosar a las universidades, tanto a las autónomas como a aquellas que aún no han sucumbido ante los intentos gubernamentales de someterlas a su proyecto. Como expresión de las restricciones presupuestarias al servicio de ese acoso a nuestras instituciones, hoy tenemos, por ejemplo, además del profundo deterioro de varios servicios e instalaciones y el debilitamiento o muerte de diversos proyectos institucionales, a unas universidades que sufren una gran descapitalización de su personal académico por la no reposición de los cargos correspondientes a los profesores e investigadores jubilados masivamente desde el año 2002. Algo similar ocurre con la situación de los empleados y obreros universitarios.
Por otro lado, en esta materia no puede dejarse de mencionar el absoluto desprecio gubernamental por la calidad de vida de los trabajadores universitarios, al ser renuente a honrar los compromisos salariales con los diferentes gremios y también al evadir su responsabilidad en la discusión de una política integral que posibilite una remuneración justa a todos esos trabajadores.
