Tirso Suarez-Nuñez
LAISUM, México, 22/09/2013
J. March, refiere un popular epigrama acerca de la decisión que postula lo siguiente: “ la economía y la psicología intentan comprender como decide la gente, mientras que la sociología, la antropología y la ciencia política, se encargan de demostrar que en realidad no tiene nada que decidir” y ese parece ser –en síntesis-- el panorama del ingreso del personal académico en muchas universidades publicas. Los antecedentes son necesarios.
La proveeduría de bienes y servicios al sector publico, hasta hace algunas décadas, era mediante invitación de algún funcionario con poder, a amigos o compadres, a los cuales se les confiaba el suministro de materiales, mas por su lealtad que por su capacidad y a sabiendas de que el pago no era siempre en los plazos convenidos, pero a cambio se permitía que la calidad varíe incluso salir de la norma, era una especie de convención. La mismo lógica funcionaba en relación al ingreso a la docencia e investigación en muchas universidades; en aquel tiempo, la lealtad al catedrático que invitaba, era mas importante que la capacidad, o bien, en el mejor de los casos, no se tenia una idea clara de los requisitos indispensables para la función y se optaba por la lealtad como la primera condición de ingreso.
Pronto el sector publico llegó a ser un cliente importante para muchas empresas y la sociedad empezó a reclamar transparencia en materia de proveeduría, la racionalidad hacia su entrada en la adquisiciones del gobierno: los concursos eran los mecanismos que demostraban que se revisaban todas las alternativas y finalmente se elegía al mejor proveedor y al mejor producto de los existentes en el mercado, diversas medidas y criterios delimitaban la mejor oferta, entre ellos el precio, evidentemente.
El ingreso del académico a las universidades siguió prácticamente la misma trayectoria, el crecimiento del plantel de profesores --que el aumento de la matricula demandaba-- llevó a las autoridades federales a exigir a las universidades publicas racionalidad y transparencia en sus procesos de gestión de personal académico. En respuesta las universidades publicas introdujeron en su reglamentación normas para el ingreso, promoción y permanencia que garantizaran igualdad de oportunidad de los profesores potenciales y la capacidad como el principal criterio valorativo cuya especificación, medición y valoración se encargaba a una comisión de académicos, en reconocimiento a la complejidad de la decisión.
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