Hugo Prieto
24/01/2021
¿Qué íbamos a imaginar, los que conocimos la tierra de nadie, que ésta se iba a tragar a la UCV? Ni en la peor borrachera. Ahora, que las universidades autónomas son pueblos fantasmas, el gobierno del señor Nicolás Maduro ordena -mediante una mera instrucción- que se congele el cobro de la matrícula en las universidades privadas. Lo que está en juego es su propio funcionamiento.
La instrucción viene además acompañada de una orientación política, definida exclusivamente por el Gobierno. La supuesta necesidad de orientar la oferta académica hacia 15 carreras tecnológicas que contribuyan a aumentar la producción industrial y de alimentos en un país quebrado. Imponer, instruir, ordenar. No será un modelo democrático sino totalitario.
Benjamín Scharifker* tiene mucho que decir acerca de estos temas.
El anuncio del Gobierno de congelar la matrícula universitaria, ¿qué implicaciones puede tener?
Como cualquier otra institución, la Universidad tiene costos. Uno de ellos, el principalísimo diría yo, es el talento. Si no podemos afrontar el costo del talento, la Universidad no puede funcionar y el talento está representado, fundamentalmente, por los profesores, pero también por los estudiantes y el personal administrativo que pueda garantizar una serie de servicios. Hay que tener la posibilidad de ofrecer becas, todo tipo de orientaciones, opciones culturales, deportivas, para no hablar de las inversiones que hay que hacer para crear el conocimiento que pueda ser transferido a la sociedad. Entonces, si no tenemos la posibilidad de compensar los costos, que son necesariamente elevados, a través de ingresos, la institución colapsa y sencillamente no puede funcionar. Se afecta, en primer lugar, al sector universitario, pero también a la sociedad en su conjunto.
El país tiene un enorme problema con el talento. Las empresas, por ejemplo, realizan grandes esfuerzos para retener personal calificado, no siempre con éxito. La fuga de cerebros, que corre como parte de la diáspora, afecta a instituciones como Fe y Alegría, una de las bases de la educación primaria. La gente, sencillamente, se va del país. ¿Aquí lo que está en riesgo es la sociedad del conocimiento?
No solamente está en riesgo, sino que ha sido comprometida. Hemos visto en los últimos años y, fundamentalmente en 2020, el colapso de las universidades públicas. Hubo que transformar la forma en que operan las universidades, no sólo en Venezuela sino en todo el mundo, a raíz de las nuevas condiciones que impuso la pandemia, de forma tal que pudiéramos operar a distancia. Eso involucró inversiones que no estaban previstas en sistemas de información, en plataformas de educación virtual, en capacitación, tanto para profesores como para personal administrativo, y proveer conectividad para retener personal y garantizar el funcionamiento en tiempos de pandemia. Bueno, las universidades públicas no pudieron hacer esas inversiones, porque el financiamiento que proviene de los recursos fiscales de la nación fue completamente insuficiente, no sólo para pagar salarios a profesores sino para proveer servicios estudiantiles. Y tampoco han podido poner a punto su plataforma y su conectividad para ofrecer servicios. Las universidades autónomas -UCV, USB, ULA, LUZ, UDO, UC- han quedado prácticamente paralizadas por carencia de condiciones para que pueda haber actividad.
¿Cómo han enfrentado esta situación las universidades privadas?
Mal que bien hemos podido procurar recursos para poder funcionar y no solamente sobre la base de la matrícula que es, digamos, la fuente de financiamiento más importante y tradicional, sino crecientemente de organizaciones -nacionales y extranjeras- que muy generosamente nos han dado recursos para retener personal, para poder hacer inversiones y proveer de servicios a los estudiantes. Otro punto a considerar es que la mayoría de las universidades privadas -entre ellas la Metropolitana- son instituciones sin fines de lucro. No hay personas ni instituciones que reciban dividendos de la universidad. Todos los recursos se invierten en capital humano y en todo lo concerniente a su funcionamiento.
Ya el entorno era bastante adverso, incluso antes de la pandemia, porque Venezuela está inmersa en una profunda crisis económica y en una emergencia humanitaria compleja. Podríamos decir, sin menoscabo a la verdad, que ya el agua había llegado al cuello. ¿Ustedes han discutido esto con el Gobierno? ¿Han planteado esta situación?
Hemos tenido conversaciones a lo largo del tiempo. Este tema del congelamiento de la matrícula es una instrucción que hemos recibido del ministerio de Educación Universitaria, en una reunión que sostuvimos el pasado 6 de enero. Allí, entre otros asuntos, se mencionaron los lineamientos gubernamentales, con respecto a los ejes de desarrollo de Venezuela, por parte de quienes administran el país en este momento. Las prioridades que quieren establecer para el desarrollo de la nación que, en el criterio del ministro, deben estar muy enfocadas en la producción, entre otras cosas, porque ha habido una reducción muy importante de la producción en Venezuela y esto no es un secreto para nadie.
¿Cuál sería el papel que jugarían las universidades?
Como estrategia para revertir esa situación, había que concentrar la oferta universitaria en 15 carreras tecnológicas, vinculadas a la producción industrial, la producción agroalimentaria e incluso la producción de servicios de salud. Al final, el ministro también dijo que las universidades privadas captaban el 30 por ciento de la población estudiantil, por lo que él requería que los servicios que ellas prestan se mantuvieran accesibles y que, por tanto, congelasen las matrículas universitarias. Básicamente, eso no fue objeto de discusión, eso fue una comunicación. Vino luego un oficio en el que se reiteraba ese requerimiento. Nosotros no solamente estamos dispuestos, sino interesados, en discutir este asunto en profundidad. En nuestro criterio, las universidades requieren de opciones para cubrir sus costos. De lo contrario, no podemos asegurar la calidad de lo que nosotros hacemos.
Si bien la educación es un derecho constitucional, también es un servicio. Y como usted apunta, los servicios tienen un costo. La posición del Gobierno es que las tarifas tienen que ser inclusivas, casi siempre en detrimento de la cobertura y calidad de los servicios que se prestan. Por esa vía hemos llegado al colapso. Ahí está, como ejemplo, el ruinoso estado del metro de Caracas. No sé si en el Gobierno del señor Maduro han entendido este problema.
Sí, es una situación generalizada. La escasez de combustible, por ejemplo, tiene que ver con la pérdida de capacidades en el sector petrolero venezolano. ¿Por qué decae la producción de petróleo? Algunos dicen que es producto de las sanciones, pero si vemos las cifras, nos damos cuenta de que eso ocurre desde el mismo momento en que se perdió la capacidad de las personas de PDVSA. Tenemos que recordar que en 2002 se despidió, de golpe y porrazo, a casi 20.000 empleados que fueron sustituidos con personas que no necesariamente tienen las mismas capacidades y al no poder disponer de personas con capacidades, con conocimientos, con destrezas, pues sencillamente la producción decayó. Y lo mismo ocurre con el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, en fin, con todos los servicios en Venezuela, incluyendo lo que tiene que ver con el tema del conocimiento.
¿Podría describir cuál es la situación, tal como lo hizo con el sector petrolero?
Desde el año 2008, y de manera continua, ha habido una disminución de la producción de conocimientos en el país, si tomamos como indicador la publicación de artículos en revistas especializadas de nivel internacional. Ese año producíamos casi el cinco por ciento del conocimiento en América Latina, actualmente no llegamos al uno por ciento. Entonces, ha habido una reducción drástica en nuestra capacidad para producir conocimientos, así como la ha habido para producir recursos humanos, que además no cuentan con un entorno para desarrollar su talento. Eso es lo que explica, en gran medida, que alrededor de cinco millones de venezolanos se hayan ido del país. En ese entorno, las universidades privadas hemos podido compensar a nuestro personal y ofrecer condiciones de trabajo estimulantes que logren retener y atraer talento. Cualquier restricción que se imponga a estas capacidades para sostener operaciones tan complejas, como lo son las universidades, atentan contra un derecho constitucional que tiene que ser materializado a través de servicios muy concretos.
No veo señales que apunten en una dirección distinta a la forma en que el Gobierno ha tratado este problema. Seguimos en ruta hacia la pérdida de conocimientos y capacidades. ¿Hasta qué punto pueden aguantar las universidades privadas?
Tenemos que reflexionar sobre los mecanismos de financiación de la educación en general, y de la educación superior en particular, tanto pública como privada. En Venezuela tenemos una situación en la que las universidades públicas dependen para su financiamiento, casi en el 100 por ciento, de recursos fiscales que provienen del presupuesto de la nación y en las universidades privadas, en una proporción similar, del pago de matrícula por parte de los estudiantes. Ambos mecanismos de financiamiento son inviables. Casi en ninguna parte del mundo disponen de estructuras tan rígidas como las que tenemos aquí. En otros países vemos fuentes que provienen no sólo de la propia labor educativa, digamos, de la docencia de las universidades, sino que hay una agregación de valor, cuya fuente son los servicios que las universidades ofrecen, que le van agregando conocimiento a la producción empresarial, a las gestiones gubernamentales y a los emprendimientos.
¿Esquemas de financiamiento similares a los que funcionan en los países desarrollados?
Podríamos mencionar a México, Brasil y Chile, donde las universidades tienen vinculaciones productivas, tanto con las empresas como la gestión gubernamental, lo que aumenta la capacidad para generar ingresos. Entonces, las instituciones no dependen solamente de la matrícula o de los ingresos fiscales. Otras fuentes de financiamiento provienen de las asesorías, las consultorías y los productos que se desarrollan junto con otras entidades. ¿De dónde han surgido las innovaciones tecnológicas que caracterizan a la sociedad del conocimiento? De esas interacciones productivas entre universidades y empresas del sector industrial y de servicios. Ahora, en Venezuela, esas interacciones son prácticamente inexistentes. Ésa es la reflexión que tenemos que hacer.
La gratuidad de la educación en Venezuela es un dogma, diría que en la acepción religiosa del término. Está prohibido debatir sobre ese tema. Pero se implora la necesidad de crear un nuevo modelo político. Somos como los abogados constitucionalistas, nos encanta indagar en el marco general, pero cuando vamos a un asunto específico, a una ley en particular, la cosa se complica. No veo que aquí se discuta qué hacer con el modelo educativo y básicamente con la educación superior.
Aquí tenemos que abrir un debate sobre el financiamiento de la educación superior. Es un problema severo, que tiene que ser resuelto. Y no sirven los dogmas. Tenemos que someterlo al análisis. En el mundo hay países desarrollados, y también en América Latina, donde la educación pública es gratuita, donde los estudiantes, como ocurre en Venezuela, no pagan matrícula, pero luego tenemos otros países en los cuales las universidades sí la cobran. De tal manera que educación pública y educación gratuita no son sinónimos. Aclaro que no estoy proponiendo que aquí se cobre. Eso tiene que ser el producto de un análisis. En Venezuela se eliminó el cobro de matrícula por lo menos desde 1958. En ese momento el Estado tenía la capacidad de proveer un financiamiento apropiado. La pregunta es ¿puede el Estado sostener a las universidades? En Inglaterra, por ejemplo, se cobra la matrícula, pero hay mecanismos que garantizan tanto el acceso de la población a las universidades como la eficiencia de las universidades. Pero ninguno de esos mecanismos los tenemos presentes en Venezuela. No tenemos evaluaciones de los programas académicos, ni del desempeño de las universidades, que dirijan los recursos eficientemente hacia donde puedan ser más eficaces en el logro de los objetivos. Por eso digo, tenemos que abrir una discusión, deslastrada de ideologías, de dogmas, de forma tal que podamos encontrar soluciones, que seguramente involucrarán a diversos sectores de la sociedad.
Esta instrucción del Gobierno, digamos, de orientar la acción de las universidades hacia objetivos enmarcados en el modelo político del chavismo no es nueva. Se manifestó, muy tempranamente, en el Gobierno del expresidente Hugo Chávez. Ahora que se pretende ignorar la conflictividad, el malestar y la protesta con la elección del 6 de diciembre, se retoma este propósito. No veo, como usted lo propone, ningún debate que involucre a la sociedad venezolana. ¿Cuál es su opinión?
Usted está tocando un punto álgido, que es la imposición en Venezuela de un modelo totalitario, donde el Estado dirige la vida de las personas, tanto en el ámbito público como en el privado, incluso en el ámbito familiar y personal, poniendo una serie de limitaciones que impiden el ejercicio de la libertad. Si no tenemos capacidades en las artes, por ejemplo, tampoco las tenemos para inculcar valores en las personas. En el ámbito de la educación, ése es un elemento fundamental. Que podamos apreciar una serie de valores que nos sean comunes. Es muy preocupante que se tenga esta visión «desarrollista», por llamarla de algún modo, en donde sólo nos ocupemos de lo que son necesidades inmediatas, porque entonces, muy rápidamente, la sociedad deja de tener coherencia, deja de tener cohesión. Y no logra desarrollarse de una manera armónica. ¿Por qué tenemos un problema tan severo de corrupción? No es sólo por la inexistencia de mecanismos de control fiscal o por la inacción de la justicia, sino porque tenemos un problema en la conformación de los valores, no sólo los que nos inculcan individualmente en la familia, en la escuela, sino también en la forma en que la sociedad compensa la actividad de las personas, no sólo económicamente, sino a través del reconocimiento. Bueno, todo esto requiere que haya un desarrollo de la sociedad de una manera muy concatenada entre distintas disciplinas. Entonces, que estemos concentrando la oferta académica en 15 disciplinas, que fue el planteamiento que hizo el ministro, es tremendamente preocupante.
Aquí es donde los modelos totalitarios, sean del signo que sean -izquierda o derecha- coinciden. Un Hegemón que prefigure los trazos de “la nueva sociedad”, del “hombre nuevo” que surja de las cenizas de un sistema corrupto. Pareciera que la ecuación está despejada para avanzar en esa dirección.
Eso es lo que aparentemente se quiere imponer, un régimen totalitario que cercene la libertad de las personas. Ahí no es la iniciativa de las personas la que incentive, la que promueve el desarrollo, a través del conocimiento, del emprendimiento, de la innovación, sino que es la imposición por parte de terceros que llevan a las sociedades a ser improductivas, lo vemos en los extintos países comunistas, en Cuba, donde no hay ningún estímulo para que la gente, a través de su imaginación, de su creatividad, de su emprendimiento, puedan establecer mecanismos de producción. Todo gira alrededor del Estado, lo que lleva a un postramiento de las economías. No es un problema de izquierda o derecha lo que estamos viviendo en Venezuela, sino un conflicto entre libertad y autoritarismo, entre libertad y opresión. Mientras los venezolanos nos sintamos oprimidos por fuerzas que nos impiden desarrollar nuestros propios intereses con plena libertad, no vamos a tener la capacidad para desarrollar nuestra sociedad y seguiremos perdiendo capacidades productivas, como ha venido ocurriendo por varios lustros.
La instrucción viene además acompañada de una orientación política, definida exclusivamente por el Gobierno. La supuesta necesidad de orientar la oferta académica hacia 15 carreras tecnológicas que contribuyan a aumentar la producción industrial y de alimentos en un país quebrado. Imponer, instruir, ordenar. No será un modelo democrático sino totalitario.
Benjamín Scharifker* tiene mucho que decir acerca de estos temas.
El anuncio del Gobierno de congelar la matrícula universitaria, ¿qué implicaciones puede tener?
Como cualquier otra institución, la Universidad tiene costos. Uno de ellos, el principalísimo diría yo, es el talento. Si no podemos afrontar el costo del talento, la Universidad no puede funcionar y el talento está representado, fundamentalmente, por los profesores, pero también por los estudiantes y el personal administrativo que pueda garantizar una serie de servicios. Hay que tener la posibilidad de ofrecer becas, todo tipo de orientaciones, opciones culturales, deportivas, para no hablar de las inversiones que hay que hacer para crear el conocimiento que pueda ser transferido a la sociedad. Entonces, si no tenemos la posibilidad de compensar los costos, que son necesariamente elevados, a través de ingresos, la institución colapsa y sencillamente no puede funcionar. Se afecta, en primer lugar, al sector universitario, pero también a la sociedad en su conjunto.
El país tiene un enorme problema con el talento. Las empresas, por ejemplo, realizan grandes esfuerzos para retener personal calificado, no siempre con éxito. La fuga de cerebros, que corre como parte de la diáspora, afecta a instituciones como Fe y Alegría, una de las bases de la educación primaria. La gente, sencillamente, se va del país. ¿Aquí lo que está en riesgo es la sociedad del conocimiento?
No solamente está en riesgo, sino que ha sido comprometida. Hemos visto en los últimos años y, fundamentalmente en 2020, el colapso de las universidades públicas. Hubo que transformar la forma en que operan las universidades, no sólo en Venezuela sino en todo el mundo, a raíz de las nuevas condiciones que impuso la pandemia, de forma tal que pudiéramos operar a distancia. Eso involucró inversiones que no estaban previstas en sistemas de información, en plataformas de educación virtual, en capacitación, tanto para profesores como para personal administrativo, y proveer conectividad para retener personal y garantizar el funcionamiento en tiempos de pandemia. Bueno, las universidades públicas no pudieron hacer esas inversiones, porque el financiamiento que proviene de los recursos fiscales de la nación fue completamente insuficiente, no sólo para pagar salarios a profesores sino para proveer servicios estudiantiles. Y tampoco han podido poner a punto su plataforma y su conectividad para ofrecer servicios. Las universidades autónomas -UCV, USB, ULA, LUZ, UDO, UC- han quedado prácticamente paralizadas por carencia de condiciones para que pueda haber actividad.
¿Cómo han enfrentado esta situación las universidades privadas?
Mal que bien hemos podido procurar recursos para poder funcionar y no solamente sobre la base de la matrícula que es, digamos, la fuente de financiamiento más importante y tradicional, sino crecientemente de organizaciones -nacionales y extranjeras- que muy generosamente nos han dado recursos para retener personal, para poder hacer inversiones y proveer de servicios a los estudiantes. Otro punto a considerar es que la mayoría de las universidades privadas -entre ellas la Metropolitana- son instituciones sin fines de lucro. No hay personas ni instituciones que reciban dividendos de la universidad. Todos los recursos se invierten en capital humano y en todo lo concerniente a su funcionamiento.
Ya el entorno era bastante adverso, incluso antes de la pandemia, porque Venezuela está inmersa en una profunda crisis económica y en una emergencia humanitaria compleja. Podríamos decir, sin menoscabo a la verdad, que ya el agua había llegado al cuello. ¿Ustedes han discutido esto con el Gobierno? ¿Han planteado esta situación?
Hemos tenido conversaciones a lo largo del tiempo. Este tema del congelamiento de la matrícula es una instrucción que hemos recibido del ministerio de Educación Universitaria, en una reunión que sostuvimos el pasado 6 de enero. Allí, entre otros asuntos, se mencionaron los lineamientos gubernamentales, con respecto a los ejes de desarrollo de Venezuela, por parte de quienes administran el país en este momento. Las prioridades que quieren establecer para el desarrollo de la nación que, en el criterio del ministro, deben estar muy enfocadas en la producción, entre otras cosas, porque ha habido una reducción muy importante de la producción en Venezuela y esto no es un secreto para nadie.
¿Cuál sería el papel que jugarían las universidades?
Como estrategia para revertir esa situación, había que concentrar la oferta universitaria en 15 carreras tecnológicas, vinculadas a la producción industrial, la producción agroalimentaria e incluso la producción de servicios de salud. Al final, el ministro también dijo que las universidades privadas captaban el 30 por ciento de la población estudiantil, por lo que él requería que los servicios que ellas prestan se mantuvieran accesibles y que, por tanto, congelasen las matrículas universitarias. Básicamente, eso no fue objeto de discusión, eso fue una comunicación. Vino luego un oficio en el que se reiteraba ese requerimiento. Nosotros no solamente estamos dispuestos, sino interesados, en discutir este asunto en profundidad. En nuestro criterio, las universidades requieren de opciones para cubrir sus costos. De lo contrario, no podemos asegurar la calidad de lo que nosotros hacemos.
Si bien la educación es un derecho constitucional, también es un servicio. Y como usted apunta, los servicios tienen un costo. La posición del Gobierno es que las tarifas tienen que ser inclusivas, casi siempre en detrimento de la cobertura y calidad de los servicios que se prestan. Por esa vía hemos llegado al colapso. Ahí está, como ejemplo, el ruinoso estado del metro de Caracas. No sé si en el Gobierno del señor Maduro han entendido este problema.
Sí, es una situación generalizada. La escasez de combustible, por ejemplo, tiene que ver con la pérdida de capacidades en el sector petrolero venezolano. ¿Por qué decae la producción de petróleo? Algunos dicen que es producto de las sanciones, pero si vemos las cifras, nos damos cuenta de que eso ocurre desde el mismo momento en que se perdió la capacidad de las personas de PDVSA. Tenemos que recordar que en 2002 se despidió, de golpe y porrazo, a casi 20.000 empleados que fueron sustituidos con personas que no necesariamente tienen las mismas capacidades y al no poder disponer de personas con capacidades, con conocimientos, con destrezas, pues sencillamente la producción decayó. Y lo mismo ocurre con el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, en fin, con todos los servicios en Venezuela, incluyendo lo que tiene que ver con el tema del conocimiento.
¿Podría describir cuál es la situación, tal como lo hizo con el sector petrolero?
Desde el año 2008, y de manera continua, ha habido una disminución de la producción de conocimientos en el país, si tomamos como indicador la publicación de artículos en revistas especializadas de nivel internacional. Ese año producíamos casi el cinco por ciento del conocimiento en América Latina, actualmente no llegamos al uno por ciento. Entonces, ha habido una reducción drástica en nuestra capacidad para producir conocimientos, así como la ha habido para producir recursos humanos, que además no cuentan con un entorno para desarrollar su talento. Eso es lo que explica, en gran medida, que alrededor de cinco millones de venezolanos se hayan ido del país. En ese entorno, las universidades privadas hemos podido compensar a nuestro personal y ofrecer condiciones de trabajo estimulantes que logren retener y atraer talento. Cualquier restricción que se imponga a estas capacidades para sostener operaciones tan complejas, como lo son las universidades, atentan contra un derecho constitucional que tiene que ser materializado a través de servicios muy concretos.
No veo señales que apunten en una dirección distinta a la forma en que el Gobierno ha tratado este problema. Seguimos en ruta hacia la pérdida de conocimientos y capacidades. ¿Hasta qué punto pueden aguantar las universidades privadas?
Tenemos que reflexionar sobre los mecanismos de financiación de la educación en general, y de la educación superior en particular, tanto pública como privada. En Venezuela tenemos una situación en la que las universidades públicas dependen para su financiamiento, casi en el 100 por ciento, de recursos fiscales que provienen del presupuesto de la nación y en las universidades privadas, en una proporción similar, del pago de matrícula por parte de los estudiantes. Ambos mecanismos de financiamiento son inviables. Casi en ninguna parte del mundo disponen de estructuras tan rígidas como las que tenemos aquí. En otros países vemos fuentes que provienen no sólo de la propia labor educativa, digamos, de la docencia de las universidades, sino que hay una agregación de valor, cuya fuente son los servicios que las universidades ofrecen, que le van agregando conocimiento a la producción empresarial, a las gestiones gubernamentales y a los emprendimientos.
¿Esquemas de financiamiento similares a los que funcionan en los países desarrollados?
Podríamos mencionar a México, Brasil y Chile, donde las universidades tienen vinculaciones productivas, tanto con las empresas como la gestión gubernamental, lo que aumenta la capacidad para generar ingresos. Entonces, las instituciones no dependen solamente de la matrícula o de los ingresos fiscales. Otras fuentes de financiamiento provienen de las asesorías, las consultorías y los productos que se desarrollan junto con otras entidades. ¿De dónde han surgido las innovaciones tecnológicas que caracterizan a la sociedad del conocimiento? De esas interacciones productivas entre universidades y empresas del sector industrial y de servicios. Ahora, en Venezuela, esas interacciones son prácticamente inexistentes. Ésa es la reflexión que tenemos que hacer.
La gratuidad de la educación en Venezuela es un dogma, diría que en la acepción religiosa del término. Está prohibido debatir sobre ese tema. Pero se implora la necesidad de crear un nuevo modelo político. Somos como los abogados constitucionalistas, nos encanta indagar en el marco general, pero cuando vamos a un asunto específico, a una ley en particular, la cosa se complica. No veo que aquí se discuta qué hacer con el modelo educativo y básicamente con la educación superior.
Aquí tenemos que abrir un debate sobre el financiamiento de la educación superior. Es un problema severo, que tiene que ser resuelto. Y no sirven los dogmas. Tenemos que someterlo al análisis. En el mundo hay países desarrollados, y también en América Latina, donde la educación pública es gratuita, donde los estudiantes, como ocurre en Venezuela, no pagan matrícula, pero luego tenemos otros países en los cuales las universidades sí la cobran. De tal manera que educación pública y educación gratuita no son sinónimos. Aclaro que no estoy proponiendo que aquí se cobre. Eso tiene que ser el producto de un análisis. En Venezuela se eliminó el cobro de matrícula por lo menos desde 1958. En ese momento el Estado tenía la capacidad de proveer un financiamiento apropiado. La pregunta es ¿puede el Estado sostener a las universidades? En Inglaterra, por ejemplo, se cobra la matrícula, pero hay mecanismos que garantizan tanto el acceso de la población a las universidades como la eficiencia de las universidades. Pero ninguno de esos mecanismos los tenemos presentes en Venezuela. No tenemos evaluaciones de los programas académicos, ni del desempeño de las universidades, que dirijan los recursos eficientemente hacia donde puedan ser más eficaces en el logro de los objetivos. Por eso digo, tenemos que abrir una discusión, deslastrada de ideologías, de dogmas, de forma tal que podamos encontrar soluciones, que seguramente involucrarán a diversos sectores de la sociedad.
Esta instrucción del Gobierno, digamos, de orientar la acción de las universidades hacia objetivos enmarcados en el modelo político del chavismo no es nueva. Se manifestó, muy tempranamente, en el Gobierno del expresidente Hugo Chávez. Ahora que se pretende ignorar la conflictividad, el malestar y la protesta con la elección del 6 de diciembre, se retoma este propósito. No veo, como usted lo propone, ningún debate que involucre a la sociedad venezolana. ¿Cuál es su opinión?
Usted está tocando un punto álgido, que es la imposición en Venezuela de un modelo totalitario, donde el Estado dirige la vida de las personas, tanto en el ámbito público como en el privado, incluso en el ámbito familiar y personal, poniendo una serie de limitaciones que impiden el ejercicio de la libertad. Si no tenemos capacidades en las artes, por ejemplo, tampoco las tenemos para inculcar valores en las personas. En el ámbito de la educación, ése es un elemento fundamental. Que podamos apreciar una serie de valores que nos sean comunes. Es muy preocupante que se tenga esta visión «desarrollista», por llamarla de algún modo, en donde sólo nos ocupemos de lo que son necesidades inmediatas, porque entonces, muy rápidamente, la sociedad deja de tener coherencia, deja de tener cohesión. Y no logra desarrollarse de una manera armónica. ¿Por qué tenemos un problema tan severo de corrupción? No es sólo por la inexistencia de mecanismos de control fiscal o por la inacción de la justicia, sino porque tenemos un problema en la conformación de los valores, no sólo los que nos inculcan individualmente en la familia, en la escuela, sino también en la forma en que la sociedad compensa la actividad de las personas, no sólo económicamente, sino a través del reconocimiento. Bueno, todo esto requiere que haya un desarrollo de la sociedad de una manera muy concatenada entre distintas disciplinas. Entonces, que estemos concentrando la oferta académica en 15 disciplinas, que fue el planteamiento que hizo el ministro, es tremendamente preocupante.
Aquí es donde los modelos totalitarios, sean del signo que sean -izquierda o derecha- coinciden. Un Hegemón que prefigure los trazos de “la nueva sociedad”, del “hombre nuevo” que surja de las cenizas de un sistema corrupto. Pareciera que la ecuación está despejada para avanzar en esa dirección.
Eso es lo que aparentemente se quiere imponer, un régimen totalitario que cercene la libertad de las personas. Ahí no es la iniciativa de las personas la que incentive, la que promueve el desarrollo, a través del conocimiento, del emprendimiento, de la innovación, sino que es la imposición por parte de terceros que llevan a las sociedades a ser improductivas, lo vemos en los extintos países comunistas, en Cuba, donde no hay ningún estímulo para que la gente, a través de su imaginación, de su creatividad, de su emprendimiento, puedan establecer mecanismos de producción. Todo gira alrededor del Estado, lo que lleva a un postramiento de las economías. No es un problema de izquierda o derecha lo que estamos viviendo en Venezuela, sino un conflicto entre libertad y autoritarismo, entre libertad y opresión. Mientras los venezolanos nos sintamos oprimidos por fuerzas que nos impiden desarrollar nuestros propios intereses con plena libertad, no vamos a tener la capacidad para desarrollar nuestra sociedad y seguiremos perdiendo capacidades productivas, como ha venido ocurriendo por varios lustros.
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*Químico por la Universidad Simón Bolívar, exrector de la USB y profesor Emeritus. Rector de la Universidad Metropolitana, UNIMET.
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