Son las siglas del nombre de un documento “marco” del Consejo Nacional de Universidades, de fecha enero de 2021: Sistema de Evaluación, Supervisión, Acompañamiento y Acreditación Universitaria. Un texto de 46 páginas, farragoso, abstruso, aparentemente escrito para que nadie lo lea y entienda, con un cúmulo enorme de clichés y largas frases desarticuladas y nada claras. Cargado, en el fondo, de una evidente intencionalidad ideológica y política. La misma que ha manifestado el régimen chavista durante más de veinte años de destrucción de la vida del país.
Confieso que la primera vez que lo leí, me costó mucho. Cometí un gran error. Querer leerlo a medianoche. Rebotó mi atención. Me conformé con darle una rápida ojeada. Un primer intento que significó un costo alto para mí. Pues, hasta dudé de mi inteligencia, de mis capacidades, y permanecí en la cama con los ojos abiertos, sin poder conciliar el sueño, también sin saber qué pensar. No obstante, solo logré una conclusión primera: hay que tener una gran dosis de coraje, paciencia y compromiso universitario para leer ese documento.
Volví a la carga de nuevo, persuadido de que tenía que vencer mis resistencias y abordarlo. Centré mi interés en un hallazgo que no dejó de sorprenderme, sobre el cual quiero referirme brevemente en este artículo. Es la afirmación de que: “En correspondencia con la trayectoria y responsabilidad del Estado y de la autonomía universitaria, se han desarrollado múltiples instrumentos normativos y de política pública, que han ido concurriendo en la necesidad de contar con un sistema de evaluación de la calidad y pertinencia que promueva y dé cuenta de las fortalezas y potencialidades de la educación universitaria en nuestro país”.
Resulta paradójico y hasta indignante que eso lo digan precisamente quienes han sido los principales culpables del progresivo aniquilamiento del principio antes mencionado y del grave deterioro que hoy exhibe la universidad venezolana. Representa un verdadero acto de cinismo invocar la responsabilidad del Estado, cuando a lo largo de muchos años el régimen que lo ha secuestrado se ha abocado, violando la Constitución, a torpedear las condiciones necesarias para la consecución de una educación de calidad en nuestras universidades.
La implantación del SESA significaría una nueva etapa en el afán de control total de las instituciones universitarias por parte del régimen. Sus presupuestos políticos e ideológicos de fondo le confieren cierta direccionalidad y alcance a la evaluación institucional que se pretende. Sería un proceso evaluativo anclado en la imposición, sin debate alguno, de una interpretación sesgada y estrecha del significado de dos conceptos clave: la calidad y la pertinencia. Dos filtros ajustados o calibrados para decidir qué sería lo más importante y qué hacer, a partir de la particular visión de lo social y de lo educativo de quienes detentan y ejercen el poder. Los dos conceptos, así concebidos, serían parte fundamental de una especie de cedazo por el que se sometería a examen todo lo académico.
Una imposición inadmisible en cualquiera universidad que se precie de ser tal, donde se supone conviven múltiples expresiones del saber y perspectivas distintas relativas a la búsqueda, producción y comunicación del conocimiento, con la discusión y el diálogo como elementos centrales en la toma de decisiones.
Ese planteamiento lo hago con el mismo espíritu de lo que expuse hace varios años en mi condición de vicerrector académico de la UCV, al presentar las políticas académicas de esa institución correspondientes al período de gestión 2004-2008:
“Coincidimos con quienes afirman que toda organización debe estar abierta al cambio y a la evaluación de qué hace y cómo lo hace, para así poder definir nuevos rumbos y procedimientos; pero con una advertencia muy clara y firme: no estamos en la disposición de aceptar o permitir que, desde adentro o desde afuera, ese cambio y esa evaluación sean impuestas al colectivo universitario en nombre de una pretendida necesidad histórica ineludible o de una necesidad de transformación inminente (…) comulgamos con un proyecto de evaluación institucional en el cual se sientan interpretados los diversos actores de nuestra comunidad y otros actores externos públicos y privados, con el debido compromiso para impulsar sistemáticamente los cambios necesarios con una amplia participación, por consenso, dentro de un clima de diálogo y respeto, e inspirados siempre en el principio de autonomía”
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