Indigencia universitaria

Luis Fuenmayor Toro

La Razón, 13/09/2015

Oír defender la miserable tabla salarial aprobada por el Gobierno para los universitarios, a quien en el pasado fuera un defensor de los intereses de los trabajadores, es verdaderamente lastimoso y lamentable. Da vergüenza ajena. Que otros, delincuentes comunes disfrazados de sindicalistas, lo hagan, se entiende. Los sueldos aprobados dejan a muchos trabajadores, incluyendo profesores, empleados y obreros, con ingresos que no les permiten adquirir la canasta alimentaria básica o normativa, es decir que caen en la categoría de pobres extremos o indigentes de acuerdo a los criterios de la CEPAL. Sí. No exagero. Sólo hay que ver la tabla para darse cuenta que a muchos no les alcanzará el sueldo que les fue aprobado, para adquirir los alimentos necesarios para sobrevivir. Dicho crudamente, los docentes universitarios a dedicación exclusiva de los escalafones inferiores son hoy, producto de la despiadada acción gubernamental, unos indigentes como cualquier “recogelatas” que nos encontremos en las calles venezolanas.

Pero la lamentable situación de empobrecimiento no se queda sólo en estos sectores, pues resulta que ningún trabajador universitario podrá adquirir la canasta básica familiar o canasta básica de bienes y servicios, la cual para julio pasado estaba en 54 mil 204 bolívares y hoy debe estar ya pisando los sesenta mil bolívares. Esta triste situación significa que todos los trabajadores estarían en la condición de pobres y una parte importante de ellos como pobres extremos. El Gobierno de Maduro logró lo que otros gobiernos no pudieron: transformar en pobres e indigentes a los trabajadores universitarios, entre ellos a todos los profesores. Con una situación tan lamentable: ¿Cómo puede haber un dirigente sindical o gremial que defienda estas propuestas salariales para sus afiliados y que llegue a decir que se trata de incrementos sustanciales? O se trata alguien que perdió totalmente la cordura o es un traidor a su clase y a su gremio, que defiende nada más los intereses gubernamentales por razones ideológicas, crematísticas o de poder.

Esta situación a la que nos han llevado las políticas universitarias del gobierno chaveco revela más que la existencia de un total desinterés de los ignorantes que nos gobiernan, en relación a la educación superior en el país. No sólo no está interesada en que la educación profesional y técnica se desarrolle, en la forma debida y necesaria para iniciar el despegue del subdesarrollo, sino que trabaja para destruir lo poco que nos queda de educación de alto nivel. Los miserables sueldos actuales y futuros no dejarán a nadie con valor académico dentro de las universidades; en muy poco tiempo se profundizará la carencia de investigadores formados, de profesores con conocimientos, de gente con experiencia, indispensable para la formación educativa superior. Una cantidad importante de los postgrados han sido cerrados por falta de profesores, pero también por carencia de aspirantes. Se cuentan por miles cada año las renuncias de docentes y de profesionales, que dejan las universidades porque simplemente no pueden vivir con los sueldos existentes.

No me estoy refiriendo a que un profesor universitario no pueda comprar un vehículo ni mucho menos adquirir una vivienda. Eso ya ocurrió con este Gobierno hace tiempo. Tampoco me refiero a que hoy los docentes no pueden proveerse de los equipos electrodomésticos vitales para su hogar, pues esa situación sucedió también con anterioridad. Ni siquiera a que el núcleo familiar tiembla de miedo ante la posibilidad de que se dañe el vehículo viejo que se tiene o el refrigerador de años que se posee, pues el costo de partes y reparaciones, adicionado a la inexistencia de repuestos en el país, no les permitiría repararlo y terminarían obligados a vivir sin el servicio que prestan. Me refiero a que el personal académico de mayor nivel que tiene el país, en cuya formación se invirtieron recursos materiales y humanos costosos, no tiene los ingresos necesarios para poder comprar la comida de su familia.

El desprecio por la educación superior, por la investigación científica, por la formación de personal calificado capaz de desempeñar empleo de alto nivel, es una característica básica de este Gobierno, en cuyas acciones priva la ignorancia y el resentimiento social, pero también una política clara de destrucción de las únicas instituciones universitarias que existen en el país. El Gobierno pretende que las universidades nacionales no intervenidas por él terminen cerrando sus puertas, para de esa manera controlar toda la formación profesional del país en las universidades llamadas bolivarianas. La formación de postgrado se efectuaría en las universidades cubanas, como es claro del hecho de estar enviando en este momento 500 médicos a Cuba, para su formación como especialistas. Con ello terminarían por controlar a aquellos sectores medios indispensables para el funcionamiento del país. A esta criminal política responde la propuesta salarial del Ministerio de Educación Universitaria; no es una cuestión casual sino una estrategia dirigida a que las universidades se queden sin profesores calificados.

Desde 1958 para acá, nunca los universitarios ni las universidades habían estado en el nivel de deterioro en que hoy se encuentran, ni habían enfrentado el peligro de su total destrucción. No se entendería, a menos que recurramos a explicaciones esotéricas o sobrenaturales, que hubiera docentes universitarios respaldando estas políticas homicidas contra la institución y sus trabajadores, pero peor aún contra Venezuela.

La Razón, pp A-6, 13-9-2015, Caracas