La universidad democrática contra el neototalitarismo

Miguel Ángel Cardozo

El Nacional, 17/10/2014

Desde la creación de la primera universidad en el siglo XI, las instituciones de educación superior han jugado un papel fundamental en la labor de generación de conocimiento en todo el mundo, a tal punto que en décadas recientes, principalmente a partir del surgimiento de los modelos de innovación en red, se ha reconocido la importancia de su integración a la producción de novedades y mejoras en el marco de las agendas nacionales y regionales de desarrollo.

Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, las principales economías asiáticas –incluida China–, un considerable número de países islámicos y muchas otras naciones en todo el planeta así lo han entendido y, por ello, han incrementado de un modo significativo su inversión en educación superior y en aquellos programas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que promueven una alta participación de sus universidades.

Para ilustrar lo anterior, solo basta con mencionar los siete Programas Marco de la Unión Europea –implementados de manera sucesiva desde 1984 hasta 2013– y su más reciente programa Horizonte 2020, con el que se ha contemplado la inversión –entre 2014 y 2020– de 80.000 millones de euros en I+D+I de muy alto nivel (European Commission, s/f, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020) como parte de la iniciativa Innovation Union, con la que se busca –a partir de más de treinta acciones– hacer de Europa un referente mundial en materia científica, revolucionar en la región el trabajo conjunto entre los sectores público y privado, principalmente a través de la cooperación para la innovación, y eliminar los “cuellos de botella” que retrasen o impidan la aplicación de conocimiento y la introducción en el mercado de las novedades y mejoras producidas, tal y como se señala en el documento Innovation Union: A pocket guide on a Europe 2020 initiative (European Commission, 2013).

Valga decir que Innovation Union es uno de los siete pilares de la estrategia Europa 2020 para el logro del crecimiento inteligente, sostenible/sustentable e integrador de esa región durante la próxima década, específicamente a través de la mejora de su desempeño en cinco áreas clave (European Commission, 2014, http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm): empleo –insertando en su mercado laboral formal a 75% de sus ciudadanos de entre 20 y 64 años–, I+D+I –situando la inversión de la Unión Europea en I+D+I en 3% de su producto interno bruto–, cambio climático y sostenibilidad energética –reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero en 20% (o en 30% si las condiciones son propicias) en relación con los niveles de 1990, llevando a 20% sus fuentes de energía renovable e incrementando en 20 % su eficiencia energética–, educación –ubicando las tasas de deserción escolar prematura en menos de 10% y generando los incentivos para que por lo menos 40% de sus ciudadanos de entre 30 y 34 años completen su educación superior– y lucha contra la pobreza y la exclusión social –disminuyendo en al menos 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social en la región–.

Sin duda, un buen ejemplo de visión de desarrollo de largo plazo cuya consecución es facilitada por un contexto de libertades plenas y credibilidad institucional –más allá de determinadas coyunturas que en los últimos meses han generado cierta preocupación en esa región y en el resto del mundo–; un ejemplo que –como las demás iniciativas de similar índole que están en marcha en diversas latitudes– pone de manifiesto la involución de Venezuela en esa materia, sobre todo ahora que, como advierte el doctor Nicolás Bianco, vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela –en su columna publicada en El Nacional el 12 de octubre del corriente (http://www.el-nacional.com/nicolas_bianco/..._0_498550178.html)–, se está induciendo en el país lo que “se ha de identificar como el ‘Estado de inviabilidad académica e institucional’ de nuestros principales centros de estudios universitarios” –las universidades públicas autónomas–; una situación inminente dada la decisión tomada arbitrariamente por el gobierno nacional “de otorgar solo 35% o menos de las cuotas presupuestarias 2015 que cada universidad había sometido al despacho de Educación Universitaria”.

Esa inviabilidad académica e institucional terminaría de derrumbar las vapuleadas aspiraciones nacionales de desarrollo, ya que las escasas empresas que aún subsisten en el país –salvo muy contadas excepciones– no cuentan con la capacidad financiera necesaria para invertir en proyectos de investigación básica y aplicada que les proporcione los insumos requeridos para la producción de novedades y mejoras de alto valor agregado; justo el tipo de proyectos en los que están invirtiendo los países y regiones mencionados, y en cuya ejecución sus universidades constituyen piezas clave, porque al abordarlos les ahorran a muchas empresas –principalmente a las pequeñas y medianas– recursos y esfuerzos que pueden destinar a la aplicación de sus resultados en la producción de bienes y servicios capaces de hacerlas competir en el mercado global.

Pero, además, dicha inviabilidad impediría la formación de profesionales con las competencias necesarias para impulsar el crecimiento y consolidación de un sistema de ciencia, tecnología e innovación que permita hacer de Venezuela un país competitivo en diversas áreas, máxime ahora que un grueso sector de la población venezolana no puede acceder a la educación superior privada –dados sus elevados costos– y que la educación superior “oficialista” ha demostrado su ínfima calidad.

Esto pinta un panorama nada alentador, por lo que la sociedad venezolana de vocación democrática debe hacer todo lo que esté a su alcance, en el marco de la Constitución y las leyes, para impedir que el mencionado despropósito gubernamental arruine la principal fuente de riqueza nacional: la que forja ciudadanos de espíritu libre, creativo y emprendedor.

Sin una universidad pública al servicio de la sociedad –y no de los mezquinos intereses de una opresora y corrupta plutocracia–, será muy difícil –por no decir imposible– la restitución del Estado de Derecho, la recuperación del sistema sanitario nacional, la reactivación del aparato productivo del país y cualquier otro logro que le permita a los venezolanos aproximarse cada vez más a su pleno desarrollo.

De allí la importancia de esa lucha, que también incluye identificar y oponerse a quienes emplean sus cuotas de poder dentro de la academia –principalmente en cátedras y departamentos, programas de posgrado y centros e institutos de investigación– para allanar el camino a su destrucción.

En definitiva, la eventual desaparición de una parte sustancial de la universidad democrática del país solo se traduciría en el afianzamiento y perpetuación del totalitarismo socialista del siglo XXI, y eso es algo que ningún venezolano verdaderamente patriota puede permitir.