Rafael Irizarry Quintero
80 Grados, 10/05/2013
Recientemente el congresista tejano Lamar Smith escribió una propuesta de ley titulada “The High Quality Research Act”. Ésta propone que las agencias científicas federales le rindan informes al congreso sobre los proyectos de investigación a los que le asignan fondos. Al oír esta noticia, los científicos nos preocupamos profundamente por el futuro de la ciencia y la sociedad que tanto ayuda. Hasta el momento, los mismos científicos, mediante la evaluación de nuestros pares, decidimos qué proyectos se financian sin intervención directa del Congreso. Este sistema se considera uno de los más exitosos del mundo. Como ejemplo, noten que el trabajo de cientos de científicos ganadores del premio Nobel han sido financiados por el NSF y el NIH. Ningún otro sistema de financiamiento científico puede afirmar un logro así. Involucrar políticos que carecen de la pericia científica necesaria para evaluar propuestas de investigación sería verdaderamente desastroso. La historia de los apparatchiks soviéticos que dictaban como hacer ciencia desde el Kremlin provee un ejemplo particularmente espeluznante del daño que pueden causar los políticos. A mediados del siglo 20, Trofim Denisovich Lysenko, un burócrata poderoso que nunca condujo investigación científica propia, veía las teorías de Mendel y Darwin como “capitalistas” y “anti-revolucionarias”. Varios científicos soviéticos que insistieron en continuar sus líneas de investigación basadas, correctamente, en la genética mendeliana, acabaron encarcelados. Además de retrasar la investigación científica, las decisiones de Lysenko tuvieron ramificaciones devastadoras para la agricultura y, como consecuencia, la población soviética [The Search of the Gene. Bruce Wallace. Cornell University Press, 1992]. Nuestra comunidad científica conoce esta historia y otras parecidas, por eso no resulta sorprendente que le demos suma importancia a la autonomía que actualmente disfrutamos.
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