08/05/2013
Académicos y expertos reflexionan sobre la autodeterminación e
independencia que tienen las universidades para la formación de los
profesionales y su aporte a la sociedad.
Si hay una labor prioritaria que deben promover las
universidades es la de entregar a la sociedad ciudadanos responsables y
autónomos. Así se pueden hacer transformaciones profundas en el país.
En este punto radica la importancia de la autodeterminación universitaria. De lo contrario, solo se tendrían "fábricas" de profesionales.
En opinión de algunos expertos, la falta de recursos la afecta en su
totalidad. Otros, por su parte, consideran que, pese a las dificultades,
se cumple en las universidades del país.
Lo cierto es que su déficit dificulta la entrega a la sociedad de personas con libertad de pensamiento, capacidad crítica y posibilidades de transformar al país. Así lo expone Jorge Ernesto Durán, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UN) en Bogotá, que considera que esa es la mayor defensa que debe hacerse del concepto de autonomía universitaria.
En la sentencia C-220 de 1997, la Corte Constitucional estableció que ella no es “un atributo legal desdibujado (…), es una característica propia de las democracias modernas que se traduce en el axioma de que los estudios superiores no pueden estar sometidos a ninguna forma de dirección, orientación, interferencia o confesionalismo por parte del Gobierno”.
Así como en una democracia, el Estado no puede decirle a una persona qué debe comer, qué automóvil comprar o qué carrera estudiar, no puede inmiscuirse en los asuntos internos de las universidades, incluso cuando debe procurarles los recursos económicos.
Cuando la Corte dice que no debe haber “interferencia”, se refiere precisamente a que los Gobiernos deben hacer los mayores esfuerzos para garantizar la autonomía universitaria.
No tan malLo cierto es que su déficit dificulta la entrega a la sociedad de personas con libertad de pensamiento, capacidad crítica y posibilidades de transformar al país. Así lo expone Jorge Ernesto Durán, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UN) en Bogotá, que considera que esa es la mayor defensa que debe hacerse del concepto de autonomía universitaria.
En la sentencia C-220 de 1997, la Corte Constitucional estableció que ella no es “un atributo legal desdibujado (…), es una característica propia de las democracias modernas que se traduce en el axioma de que los estudios superiores no pueden estar sometidos a ninguna forma de dirección, orientación, interferencia o confesionalismo por parte del Gobierno”.
Así como en una democracia, el Estado no puede decirle a una persona qué debe comer, qué automóvil comprar o qué carrera estudiar, no puede inmiscuirse en los asuntos internos de las universidades, incluso cuando debe procurarles los recursos económicos.
Cuando la Corte dice que no debe haber “interferencia”, se refiere precisamente a que los Gobiernos deben hacer los mayores esfuerzos para garantizar la autonomía universitaria.
Leopoldo Múnera, profesor de la Facultad de Derecho, la define como la autogestión de los miembros de la Institución: de su producción, creación colectiva, intercambio y transmisión de conocimiento; lo cual, dice, se garantiza con la libertad de cátedra. Solo así se puede construir conocimiento con los estudiantes.
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