Ana María López
Tal Cual, 23/10/12
La nueva resolución del Ministerio de Educación parece la normativa de un partido político y no las funciones de colegios
No se establecen los objetivos de los representantes comunitarios ni cómo se elegirán los consejos
La omisión de una consulta y la sorpresiva publicación de la resolución 058 del Ministerio de Educación en la cual se cambia por completo el funcionamiento de los consejos educativos y se atornilla a los consejos comunales para que tengan decisiones en los programas escolares, es una de las razones para que los docentes y representantes de los niños duden sobre la intención del Gobierno Nacional en el nuevo decreto.
La Federación Venezolana de Maestros estaba analizando este lunes la resolución. Su presidente, Orlando Alzuru, se limitó a decir que no están claras las funciones que tendrán los consejos comunales pero dijo que si "beneficiará y mejorará la educación y la infraestructura la apoyaremos".
Lila Vega, vocera de la Asociación de Padres y Representantes, explicó que la resolución derogada (751) tenía alrededor de 30 años de vigencia. Mientras que el nuevo decreto "parece la jerga de un partido político y no las funciones que se harán en las escuelas porque se habla de colaborar, participar o promover y no se establecen funciones concretas".
Al permitir la entrada a otras personas que no son padres y docentes "estarán metidas diez personas adicionales en la oficina de los directores diciendo qué hay que hacer si el profesor de matemática no llegó para dictar la clase", indicó Vega.
En el escrito no se explica claramente quiénes serán los voceros, cómo se convocan las asambleas, cuántas personas deben estar presentes para que las asambleas sean válidas, cuántas convocatorias se realizarán y cuántos deben estar presentes.
Con la publicación de la resolución no se respetó la Ley de Administración Pública, no consultaron a la red de Padres y Representantes y a la Federación de Maestros; es por eso que introducirán ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una solicitud de nulidad.
La Federación Venezolana de Maestros estaba analizando este lunes la resolución. Su presidente, Orlando Alzuru, se limitó a decir que no están claras las funciones que tendrán los consejos comunales pero dijo que si "beneficiará y mejorará la educación y la infraestructura la apoyaremos".
Lila Vega, vocera de la Asociación de Padres y Representantes, explicó que la resolución derogada (751) tenía alrededor de 30 años de vigencia. Mientras que el nuevo decreto "parece la jerga de un partido político y no las funciones que se harán en las escuelas porque se habla de colaborar, participar o promover y no se establecen funciones concretas".
Al permitir la entrada a otras personas que no son padres y docentes "estarán metidas diez personas adicionales en la oficina de los directores diciendo qué hay que hacer si el profesor de matemática no llegó para dictar la clase", indicó Vega.
En el escrito no se explica claramente quiénes serán los voceros, cómo se convocan las asambleas, cuántas personas deben estar presentes para que las asambleas sean válidas, cuántas convocatorias se realizarán y cuántos deben estar presentes.
Con la publicación de la resolución no se respetó la Ley de Administración Pública, no consultaron a la red de Padres y Representantes y a la Federación de Maestros; es por eso que introducirán ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una solicitud de nulidad.
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