Los profesores venezolanos, en pie de guerra por los salarios

Alfredo Meza

El País, 06/05/2015

A finales de abril el presidente Nicolás Maduro amenazó con dictar medidas extraordinarias para enfrentar la estructural crisis económica de Venezuela, que llamó, siguiendo el ejemplo y los modos que implantó su antecesor Hugo Chávez, “el revolcón económico”. Llegó el 1 de mayo, la fecha prevista para el anuncio, y el jefe del Estado apenas anunció un incremento del salario mínimo del 30%. Revolcados quedaron todos los funcionarios (médicos, enfermeros, maestros de la escuela primaria y secundaria y profesores universitarios) cuyo pago depende de los marcadores establecidos en los contratos colectivos. Los salarios de los catedráticos ubicados en los escalafones más bajos (instructor y asistente) de las universidades más reconocidas del país están por debajo del nuevo marcador del pago obligatorio para los obreros.

Maduro ha anunciado que a partir del 1 de mayo los obreros cobrarán su incremento en dos etapas: un 20% a partir del 1 de mayo, y el resto a partir del 1 de julio. Pasada esa fecha, el nuevo salario mínimo será de 7.421 bolívares, unos 26 dólares mensuales si se toma en cuenta la tasa de cambio en el mercado negro, una de las cuatro cotizaciones de la moneda estadounidense en la díscola economía local. Afirmar que es el salario más bajo de América Latina es ya un lugar común. Este ingreso se sostiene a duras penas en una economía donde el Gobierno subsidia casi todos los bienes y servicios pero hay que hacer enormes filas para adquirirlos.

Los profesores universitarios paralizaron el lunes sus actividades durante 24 horas en protesta por la medida. “Tenemos un récord digno del libro de Guinness. Este es el único país del mundo donde un profesor universitario gana menos del salario mínimo”, aseguró en una asamblea Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Citado en El Universal, Márquez aseguraba que no estaba inconforme por el aumento en sí, sino “por el irrespeto a la universidad y a los profesores que son maltratados”. Un profesor instructor, el cargo para aquellos que recién empiezan su recorrido, que trabaje a tiempo completo gana 6.200 bolívares mensuales (22 dólares), mientras un docente ubicado en el escalafón superior y contratado en condiciones similares recibe unos 7.381 bolívares (26,36 dólares) al mes.

Ese maltrato denunciado por Márquez tiene un fundamento. En Venezuela los profesores universitarios del sector público están amparados en un contrato colectivo que venció hace cuatro años. En ese mismo lapso la inflación se ha incrementado de un 20,1% en 2012 a un 68,5% en 2014. Venezuela es el campeón mundial en ese indicador y nada indica que vaya a perder su cetro en 2015. En los dos primeros meses del año, según los medios locales, la inflación alcanzó el 10,6% y el 11,4%. Ese quizá sea el problema más visible, pero también la situación es crítica en las carreras que necesitan de insumos importados para las prácticas de los estudiantes. No hay reactivos en la escuela de Bioanálisis, ni el materia necesario para las asignaciones de la escuela de Odontología de la (UCV). “Casi un cierre técnico”, afirma la internacionalista y docente de esa casa de estudios María Teresa Belandria.

El pasado enero los docentes aprobaron en una asamblea llevar su reclamo ante el Ministerio de Educación Superior. El Gobierno dice no ser responsable del precario salario que devengan los académicos. La UCV, así como la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Carabobo o la Universidad de Los Andes son autónomas para fijar las remuneraciones. Quienes defienden ese argumento no mencionan que el Estado asigna un presupuesto a través del Ministerio. En enero, la rectora de la UCV Cecilia García Arocha denunció haber recibido solo el 38% de la cantidad que había solicitado para el funcionamiento de la principal casa de estudios del país sudamericano.

La situación de los médicos de la salud pública es similar. El contrato colectivo no se discute desde 2003. Si han sobrevivido a la inflación galopante, es porque el Gobierno ha hecho aumentos inconsultos con sus representantes gremiales. Ellos, al igual que los profesores, están renunciado a sus trabajos en masa y aceptando ofertas para trabajar en otros países como Ecuador.

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