Francisco José Virtuoso
El Universal, 11/11/2015
Las universidades nacionales autónomas se han convertido en objeto de confrontación directa por parte del gobierno nacional. Primero fue la imposición de un nuevo sistema de asignación de cupos universitarios. En abierta contradicción con el artículo 20 numeral 6 de la Ley de Universidades y con las decisiones tomadas previamente por el CNU, se estableció que los cupos para las universidades públicas serían asignados en su totalidad y directamente por la Oficina de Planificación del Sector Universitario.
Esta decisión se acompaña con un presupuesto para el año 2016 que las universidades a través de sus rectores cuestionaron abiertamente en diversas instancias por deficitario e incapaz de responder a las múltiples necesidades de funcionamiento de las instituciones que representan.
Al mismo tiempo los docentes de estas universidades, representados en sus organizaciones gremiales y en la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios Venezolana sostienen que sus reclamos salariales no fueron atendidos en la llamada Convención Colectiva II de los trabajadores universitarios y deciden para el mes de septiembre hacer un llamado a la no reincorporación a las actividades académicas, el cual ha sido acatado hasta ahora en 10 universidades.
En el mes de noviembre se han producido varios hechos de violencia en diversas universidades. El más dramático fue el ocurrido en el recinto de la Universidad del Zulia, especialmente en la Facultad de Humanidades y Educación, dejando lamentablemente como saldo un joven herido por arma de fuego y otro fallecido. La Asociación Venezolana de Rectores (Averu) condenó estos hechos, señalando que los mismos tienen presuntamente como origen el conflicto generado ante el llamado a elecciones estudiantiles por parte del gobierno nacional, con la intención de crear una organización que pretende establecer una federación de centros universitarios impuesta y paralela a las organizaciones estudiantes existentes.
El 3 de noviembre pasado la Asamblea Nacional decidió emitir un acuerdo, en el que después de un conjunto de considerandos, sugiere al ejecutivo nacional acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia para demandar a los cuentadantes de las universidades, por perjuicio al Estado venezolano. Al mismo tiempo se propone la intervención del Ministerio del Trabajo ante lo que se considera un paro ilegal y se plantea la realización de una auditoría para el análisis de la erogación de recursos económicos para aquellos funcionarios que no han trabajado.
El acuerdo de la Asamblea Nacional, descalifica el paro de los profesores, desconoce la problemática presupuestaria y judicializa el conflicto, pretendiendo resolver la crisis por la fuerza a través de medidas administrativas y judiciales contra las autoridades de las universidades cuestionadas y sus dirigentes gremiales.
El acuerdo de la Asamblea Nacional es un acuerdo político. Al final del primer considerando del acuerdo se lee: "es posible que esta sea una política de la oposición venezolana para que los padres de los jóvenes se vean obligados a retirar a sus hijos de estas universidades y llevárselos al exterior, o a las instituciones privadas para que éstas se enriquezcan aún más".
Es terrible que esta sea la percepción de fondo ante el grave problema que padecen las universidades nacionales autónomas. Es también muy triste e injusto que la percepción de la universidad de gestión privada sea la de una casa de negocios que puede sacar provecho de esta dramática situación. Obviamente el acuerdo en su conjunto busca justificar nuevamente una intervención del subsistema universitario autónomo.
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