Cada vez que en nuestras universidades explota la protesta ante la arbitraria asignación de un presupuesto que las obligan a sobrevivir, inmediatamente sale del coro gubernamental la exigencia de la rendición de cuentas a esas instituciones. Con esa cantaleta se pretende neutralizar o aplacar la expresión del malestar de los universitarios por el estrangulamiento presupuestario al que son sometidas nuestras casas de estudio. Con ese estribillo se persigue también intimidar y desacreditar a las autoridades universitarias y a todas y cada una de las instituciones universitarias que aún se resisten a alinearse con el proyecto político gubernamental, a las cuales se les tilda de enemigas de la revolución.
Lo curioso y paradójico es que esa exigencia de la rendición de cuentas a las universidades sea hecha precisamente por un gobierno que no la practica y mucho menos la facilita en correspondencia con lo previsto en el artículo 143 de la actual Constitución, en cuyo texto se hace referencia a la obligación de la Administración Pública de garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a ser informados e informadas oportuna y verazmente, con base en los principios señalados en el artículo 141 del texto constitucional.
A esa práctica farisaica del régimen chavista, consistente en no cumplir con aquello que exige con propósitos punitivos a quienes no comparten su proyecto, cabe agregarle otro rasgo muy importante: su escaso o nulo interés por desarrollar la cultura de la rendición de cuentas como un componente esencial de la democracia y de los gobiernos democráticos, mediante el cual se establecen y fortalecen los canales de comunicación y diálogo entre el Estado y los diversos actores sociales, a fin de propiciar y apoyar la participación activa y reflexiva de la ciudadanía en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. En tal sentido, el régimen se excluye y se coloca al margen de la responsabilidad que tiene, como cualquiera organización social en el ámbito público, para informar sobre sus acciones, explicarlas y responsabilizarse por ellas al someterlas al escrutinio crítico de la sociedad.
Ante este fariseísmo en el comportamiento gubernamental, ¿qué pueden y deben hacer nuestras universidades? Profundizar su compromiso con el principio de rendición de cuentas, concebido, eso sí, en una perspectiva pluridimensional, no reducido a los aspectos administrativos y presupuestarios, y con propósitos que trasciendan la sola preocupación punitiva que tanto obsesiona al gobierno chavista. La oportunidad es propicia para que nuestras instituciones universitarias den el ejemplo y vayan más allá en el cumplimiento de lo que hacen en la actualidad con apego a las leyes y a la Constitución, al someterse a las auditorías internas y demás requerimientos de la Contraloría General de la República, y presentar cada año la Memoria y Cuenta a la Asamblea Nacional.
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