Gustavo Roosen
El Nacional, 12/05/2014
Vivimos en estado de desconfianza. La consulta, el diálogo, normales y deseables en cualquier momento, son vistos con suspicacia. Sucede así con lo político, con lo económico. Y ahora también con la invitación a una consulta nacional sobre la calidad en la educación. Lo que en otro momento habría sido recibido como expresión de voluntad de acometer un tema de importancia tan capital, hoy es visto con sospecha.
Sobran razones para la desconfianza. ¿Qué ha pasado con consultas anteriores? ¿Cuán escuchada se ha sentido la sociedad? ¿Cómo no pensar que se trata solo de una estrategia, de una maniobra, de un engaño en definitiva? ¿Cómo entenderla precisamente en el clima de tensión que estamos viviendo y en el cual los estudiantes son particularmente víctimas?
Frente a la convocatoria se han venido expresando dos posturas antagónicas: la de quienes consideran una oportunidad y una obligación participar, y la de quienes la rechazan. Algunos, especialmente los expertos, ven en el llamado señales de seriedad. Su disposición a participar no cambia su postura crítica frente a la Resolución 058, a los libros de la Colección Bicentenario, a los contenidos de las canaimitas y a otras acciones del gobierno en materia educativa, pero ven más positivo presentar sus opiniones y propuestas que abstenerse. Al riesgo de servir de simples legitimadores contraponen su voluntad de mantenerse atentos al proceso y denunciar cualquier intención de abuso o desviación. Responden a la voluntad de no rendirse sin pelear.
También la asociación de padres y representantes ha visto una oportunidad para hacerse escuchar y sugiere maneras de participar tanto en el ámbito de la escuela (orientando a los hijos, dentro de la comunidad educativa) como en otros espacios, antes y después de la consulta. Para unos y otros no se trata de ninguna manera de dar por bueno lo que se ha hecho en estos años. Coinciden en este punto con el documento de la MUD que abunda sobre el fracaso del gobierno en materia educativa y ofrece un largo historial de atropellos e intentos de dominación e ideologización.
Un punto crucial para todos está en determinar si la consulta debe interpretarse como un avance en la dirección seguida o como expresión de una sincera voluntad de rectificación. Hay declaraciones que sugieren lo segundo pero hay escritos que afirman lo primero. En el propio documento de convocatoria se sostiene que las políticas mantenidas durante los últimos 15 años “han sido el reflejo de la voluntad política para mejorar la calidad” y se presenta como acervo instrumentos tan discutibles como el Proyecto Educativo Nacional 1999, las líneas curriculares de 2004, la Ley Orgánica de Educación de 2009 y la Resolución 058. La pregunta, otra vez, es si será escuchada la opinión de la sociedad o se insistirá en la voluntad de imponer un sistema educativo más preocupado por el adoctrinamiento que por la calidad.
En la discusión planteada será oportuno escuchar voces como las que reclaman más seriedad y profesionalismo en la formulación de la consulta, en la metodología, en el procesamiento de los resultados, menos trampas y más transparencia, más disposición a escuchar sin tergiversar, más atención al aporte de expertos como el contenido en el libro Educación para transformar el país del Centro de Reflexión y Planificación Educativa (Foro Cerpe). Para hacer creíbles las buenas intenciones hace falta, como pide el Observatorio Educativo de Venezuela, gestos. concretos como la modificación del cronograma de la consulta, la revisión del método establecido –incluidos mecanismos de seguimiento y control que garanticen su carácter científico–, la eliminación del sesgo partidista, pero muy especialmente la declaración pública de que el proceso y sus productos estarán apegados a la Constitución y no al impuesto Plan de la Patria.
Ocuparse de la educación es deber del Estado y de la sociedad. El momento de hacerlo es siempre. Ojalá el gobierno entienda las razones de la desconfianza ciudadana y dé señales claras de sinceridad, de voluntad verdadera de garantizar una educación de calidad.
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