Las universidades públicas y la reforma educativa

Juan Carlos Yáñez

Laisum, México, 25/05/2014

"Estoy tratando de decir lo que veo desde el interior  de las instituciones, en donde somos tantos  que empañamos las ventanas, y también los espejos". Alfredo Furlan

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En sus más recientes colaboraciones para “Campus Milenio” Pedro Flores-Crespo, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, puso el dedo en el tema que da título a estas páginas. Es una cuestión relevante aunque, me temo, poco atractiva para las universidades públicas, sus autoridades y comunidades académicas, con excepciones que el citado menciona. Por qué parece importar tan poco la reforma educativa en el seno de las universidades, es pregunta de difícil respuesta. Tengo algunas reflexiones que peregrinarán por ciertas obviedades.

El reciente proceso de modernización que experimentaron las instituciones universitarias mexicanas produjo el incremento de las burocracias, concentradas en tareas y funciones lejanas de las indispensables estaciones para el análisis y la reflexión. Voluntaria o involuntariamente hemos empañado nuestras ventanas y espejos, como afirma Alfredo Furlan, para cumplir en tiempo y forma con indicadores y prescripciones de la “reforma educativa” impuesta en las universidades públicas estatales. Se olvidó, o no estuvo presente, una premisa que nos recordara Pablo Gentili: una universidad abierta a pensar y cambiar el mundo, debe estar abierta a pensarse y cambiarse a sí misma.

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La Secretaría de Educación Pública dedica la mayor parte de sus recursos, energías, programas y capacidad política a los niveles de educación básica. La inversión que demanda, el tamaño de la matrícula y la presencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entre sus pliegues, no le concede mucho tiempo para las distracciones, a lo cual debemos sumar la presión mediática para responder a los nuevos patrones de los sistemas educativos: el discurso de la calidad, la obsesión evaluadora, los exámenes internacionales (PISA, sobre todo), así como unos medios informativos generalmente desinformados y poco interesados en debates serios, pero afanados en denostar escuelas públicas y maestros inconformes.

Aunque de explosividad a flor de piel, el tipo educativo superior ha sido relativamente controlado a nivel central con los acuerdos entre las universidades públicas, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Cámara de Diputados. Los premios a políticos y funcionarios de la SEP que los rectores entregaron en la UNAM, bajo el auspicio del rector Narro, sellaron un pacto de civilidad de incierta duración pero, por ahora, de efectos estabilizadores. 

Las universidades no están exentas de problemas y un repaso en los medios casi a diario nos arroja un conflicto nuevo o la perpetuación de otros, pero las causas directas son más locales, y la crítica no enfoca la mirada al gobierno federal.

La unión de ambos costales de problemas no es una buena fórmula para la conducción del sistema educacional. Mejor cada uno por su parte. La SEP con la reforma educativa, el SNTE, la CNTE y ENLACE. Las universidades públicas estatales, absortas en los múltiples procesos de regulación que experimentan, entre resignadas y complacientes tienen sus propias ocupaciones: el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, conocido en el mundo académico como PIFI, la acreditación de sus carreras, las certificaciones con normas ISO, los programas de estímulos, entre otras, conforman la agenda prioritaria de las casa de estudios. 

Estos Programas de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, con renovado nombre en este sexenio, continúan siendo lo que en su origen, con los afinamientos puntuales para complejizar el algoritmo bajo el cual se cuadriculan instituciones culturales, educativas y científicas que son gestionadas con paradigmas ajenos, importados de otros ámbitos. Las tareas ya rutinarias que desembocan en los PIFI son realizadas lejos del compromiso y la motivación, contra la idea clave de que las reformas son inspiradoras o están condenadas al pronto funeral. PIFI no alienta, no vigoriza la academia, no despierta ilusiones por la mejora. Se sufre o se es indiferente, pero se realiza simulada y convenientemente.

El costo de tal concentración es alto, a mi juicio. Con los programas de recursos basados en la presentación de proyectos, las universidades públicas con bachillerato, más de veinte, no están obligadas a planearse y trabajar como unidad, pues se concentran en licenciaturas y posgrados, en cuerpos académicos e investigación, en modernizar su gestión, pero sólo de una parte de la institución, dejando de lado a su educación media superior, en algunas de ellas, la mitad de su matrícula. 

¿Es este un sistema nacional o sólo un conjunto de partes más o menos desarticuladas o incluso fragmentadas? Educación básica y educación superior por una parte, con una media superior que sigue marginada (y ahora enfrascada en el Sistema Nacional de Bachillerato), y luego, en su interior, cada una con sus dinámicas y dificultades.

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¿Tienen tiempo, interés o motivación las universidades para inmiscuirse en el tema de la reforma educativa? Si las universidades no tienen tiempo para reflexionar o revisar críticamente el modelo de “reforma educativa” que se les impuso y hoy se expresa en el PIFI, menos tiempo e interés les queda para pensar en la escuela básica. Más aún, si las universidades poco hicieron por sus bachilleratos en las últimas décadas, en general, la educación primaria o secundaria no son tampoco asunto de su interés. Y si lo segundo es reprochable, lo primero es un atentado en carne propia. En las universidades públicas los egresados de bachillerato son su afluente natural: de los bachilleratos egresan los futuros estudiantes de las licenciaturas. Es decir, que si las variables que mejoran la calidad del ciclo previo fueran afectadas, sus beneficios serían percibidos en el conjunto de la universidad. No ha sucedido así. PIFI y las propias culturas institucionales inducen a planearse y concebirse sólo a partir de las facultades (u otras formas de organización), allí llamadas dependencias de educación superior. Craso error. 

Nuestras universidades públicas no están habituadas a pensarse globalmente, a concebirse como unidades dentro de la enorme diversidad que bulle en su interior, entre los distintos lenguajes y ciencias, entre las culturas e inteligencias, con la gran diversidad de sus protagonistas. Se constituyeron en archipiélagos donde sus partes no tienden puentes, ni intenciones de acercarse; donde cada uno hace de su territorio un feudo reservado, más fácil de articular con redes de otros estados o países que con los colegas de la facultad contigua. 

Con frecuencia funcionan de espaldas a la sociedad, desempolvando un antiguo concepto y revistiéndolo en un nuevo discurso de “responsabilidad social”, que más parece una especie de “mea culpa” porque en sus funciones vitales la sociedad es sólo el territorio donde vaciar la sabiduría y extraer todos los pesos que sean posibles, especialmente en un momento histórico en que predominan las visiones que privilegian el mercado, la lógica de la eficiencia y las feroces tendencias competitivas, alentadas por la Subsecretaría de Educación Superior a través de conceptos como “competitividad académica”, “capacidad académica” y el discurso de la excelencia.

Las generalizaciones abusan siempre, pero también ilustran aunque sea llevando las situaciones al extremo. Las universidades públicas mexicanas no están construidas como cuerpos formados por partes distintas pero esenciales cada una, como sistemas complejos. ¿Cuántas o qué universidades públicas mexicanas con bachillerato se ha construido con base en un proyecto donde se integren la educación media superior con la superior y ambas con la investigación y la extensión de la cultura? Antes tampoco ocurría, pero desde PIFI ya no tienen tiempo ni necesidad.

Esa costumbre permea al interior de las universidades. Lo viví mientras coordiné la Red Nacional del Nivel Medio Superior Universitario de la ANUIES entre 2001 y 2005. Las universidades, es decir, sus autoridades y profesores de las facultades o investigadores miran por encima del hombro a los bachilleratos y sus profesores. La exclusión y el desdén para el bachillerato universitario se corona en la SEP, pero nació y se fortaleció entre las universidades. Un antiguo asesor de la SEP nos lo dijo en su momento al seno de aquella Red: cuando los rectores hagan propio el reclamo por el bachillerato y exijan a la SEP, la situación empezará a cambiar. No sería tan fácil, supongo, pero sin esa exigencia, menos probable. Ello no ocurrió todavía y sí se ha permitido la intromisión de la SEP al condicionar el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato con reglas que podrían contravenir las leyes orgánicas y la propia autonomía. 

En suma, si al interior de las universidades sus oficinas de planeación y gestión no piensan integral, sistemáticamente, menos todavía se concibe la unidad de los tipos educativos y la responsabilidad que tienen las universidades con la educación de niñas y niños. 

La reforma educativa y la transformación de las prácticas en los salones de clases de primaria y secundaria, donde se preparan los futuros estudiantes de las universidades, no son temas cercanos ni interesantes. Entre una buena parte de la academia de tiempo completo importa tener el perfil deseable de la SEP, aunque para los estudiantes hayan ganado el perfil indeseable, porque no tienen tiempo para la atención, porque las prioridades son el paper, la movilidad, las redes con pares, las evaluaciones de productividad, pero no el aprendizaje de los estudiantes o las reflexiones sobre las prácticas escolares y las propuestas de transformación; porque esas son las reglas del juego. 

La sensata recomendación que hizo la OCDE cuando presentó el examen a las políticas de educación superior en México no tuvo eco, ni siquiera por venir de tan cara fuente. La OCDE propuso entonces que la educación normal se acercara a las universidades. No lo atendieron, ni siquiera se lo plantearon. Y la educación normal se cocina aparte, lejos de la ciencia y las humanidades, de las artes y las culturas, como si las escuelas normales fueran universidades. Allí se pierde otra posibilidad (necesidad) de articulación entre la educación básica y las universidades, pero no conviene o no desean unos y otros.

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Oficialmente no creo que escuchemos o leamos las posiciones de las universidades frente al tema de la reforma educativa. Están atrapadas en su propio laberinto. Poco factible será que de sus autoridades provengan críticas porque, por ejemplo, no tomaron en cuenta sus opiniones, las de sus académicos o los resultados de la investigación educativa que se acumulan en los miles de artículos y expedientes de los profesores con perfil PROMEP y miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Más incongruentes serían si examinan con sentido crítico la reforma cuando no han opuesto sino tibios argumentos para modificar (sin éxito) aspectos cruciales, como los presupuestos multianuales. 

Por otro lado, poco satisfactorio sería para la academia, usualmente crítica, que las posturas de la universidad fueran de halago, cuando es inocultable que las fisuras de la reforma provocan en el escenario un panorama incierto en la transformación del sistema educativo, aunque pudiera existir una incidencia mayúscula en el tema central de los maestros. 

Ante el riesgo de quemarse por una u otra razón, hacen mutis y se encierran en sí mismas, y no en pocos casos obligadas por sus conflictos intestinos, que al afectar ya a varias universidades, podrían inducirnos a pensar que el proyecto de modernización de la educación superior no sólo fue insuficiente para resolver los problemas de fondo, sino también ineficiente para conservar su estabilidad institucional. O que se agotó su viabilidad, y se requiere un examen a fondo y cirugía mayor para revitalizarlas. Tampoco parece probable.

Juan Carlos Yáñez Velazco es profesor de la Universidad de Colima. Correo electrónico: jcyanez.jc@gmail.com Twitter: @soyyanez