Gustavo Méndez
El Universal, 11/07/2015
Al momento de entrevistar al ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, aún el Tribunal Supremo de Justicia no había publicado la sentencia a favor del nuevo Sistema Nacional de Ingreso (SNI).
Más allá del respaldo jurídico, Fernández reiteró que el SNI se ajusta al marco legal, y que sigue abierto el diálogo para mejorar el proceso a partir de las observaciones emitidas por las universidades.
"El tema ha estado en permanente discusión. Algunas autoridades han asumido la discusión directa, para colocar en la mesa el debate con base a las atribuciones del Estado".
-El Vicerrectorado Académico de la UCV realizó una investigación, y entre algunas conclusiones, se señala que se desconoce el algoritmo para conocer cómo se asignaron los cupos. Además se señalan que las variables no se cumplieron. En el caso de Medicina, 182 personas fueron asignadas con menos del 50% del valor de la nota. En Derecho, 423. ¿Cómo explica estás diferencias?
-El peso de las variables fue propuesto y votado en el CNU. No hay nada oculto. El algoritmo fue desarrollado por los equipos de la OPSU que manejan el SIN.
Muchos procesos fueron construidos hace años, el modo de calcular el indice académico es antiguo. En el acto de 15 de mayo se entregaron en la Fiscalía las sentencias de programación, y está a la disposición de todos.
-¿También se les entregó a las universidades?
-No. Pero estamos dispuestos a conversarlo y debatir. El sistema es justo, incluyente, transparente y auditable.
-Hay casos como el de una profesora cuya hija tiene 20 puntos de promedio, vive en Coro, es músico del Sistema Nacional de Orquesta y no quedó seleccionada para estudiar Medicina en la Francisco de Miranda.
-En todo sistema, y lo explica la campana de Gauss, hay extremos. Todo sistema es perfectible. Este es un modelo que agrega a 198 mil estudiantes, el máximo histórico. Estamos estudiando y analizando todos las personas que quedaron por fuera.
-Un joven que proviene de una familia profesional clase media queda excluido. Usted entró a la carrera de ingeniería, no por su condición social, sino por sus capacidades.
-La mayor inclusión en términos absoluto y por porcentaje está en el estrato 3. No se penaliza el estrato socioeconómico, se toma en cuenta para un puntaje. Se favorece a los que menos tienen. Tenemos 4.972 casos de personas con nota superior a 18 puntos que quedaron por fuera y se están estudiado. Todos los casos están identificados. Este año se comporta igual como serie histórica de incluidos y excluidos. Estamos buscando a todas las personas para estudiar sus casos.
-Además del derecho al ingreso está el derecho a la prosecución. La universidad está en crisis económica. El MEU hizo una operación de emergencia por el cierre de los 12 laboratorios de Facultad de Ciencias de la UCV. Los presupuestos son deficitarios. Los créditos llegan tarde. ¿Cómo se garantiza la prosecución?
-No es cierto que los créditos adicionales lleguen tarde. Hasta el momento se han transferido 43.900 millones de bolívares a todas las universidades.
-La OPSU tuvo que aprobar recursos de emergencia para que la USB no le cortaran la electricidad porque debía 800 millones de bolívares a Corpoelec.
-Estamos en un país que depende del ingreso petrolero. Ese ingreso cayó 50%y frente a esa dificultad el Presidente Maduro dijo que no se va a retirar ni un dólar, ni un bolívar de la inversión social.
Los primeros diez días de cada mes se atienden las insuficiencias presupuestarias que ya se sabían. No es cierto que OPSU no envía a tiempo los fondos.
Es un esfuerzo para ser oportunos y ágiles. El Ministerio de Finanzas ha transferido con un cumplimiento estricto los recursos deben llegar.
-¿Usted cree que la universidad puede funcionar así? ¿Que la USB deba anunciar el corte de la electricidad para que envíen los fondos'.
-Siempre me reúno con las autoridades de la USB. Hay que asumir que la responsabilidad es compartida. Si los gremios de la UCV se hubiesen comunicado conmigo antes de paralizarse se buscaba una solución. Esto está interceptado por agendas políticas que influyen negativamente en el trabajo.
-Es decir, una política de las autoridades.
-No aludí a las autoridades. Hablo de los gremios. Estoy abierto para reunirnos. Tenemos grandes retos para ser más fluidos. Hay que poner de parte y parte, decir que solo es el Gobierno quien incumple es una visión sesgada.
Hicimos un levantamiento de los 2.178 laboratorios de todas las instituciones para hacer una dotación.
Hay un diálogo poco fluido y estamos intentando generar la confianza para que el debate genere resultados. No hay capacidad de ejecución en las universidades y hay retrasos en la presentación de cuentas.
Es una discusión sana que busca soluciones desde el diseño de políticas públicas. No hay una política deliberada para asfixiar a las instituciones.
Sí hay unas condiciones financieras objetivas.
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