Tulio Ramírez
Esto lo escribimos como parte de un trabajo más extenso en el año 2011 y se recogió en el libro Universidad, Política y Democracia, Escritos polémicos, publicado por la UCAB en el año 2012. Por supuesto el título es otro, pero extraje estas líneas porque considero que pueden ayudar a comprender lo que hoy están padeciendo las universidades autónomas en materia de la asignación del cupo en sus instituciones. Espero ayude en algo esta lectura.
Es importante señalar que durante los años 60 y hasta mediado de los 70, el incremento de la matrícula estudiantil en la educación superior, no afectó en gran medida la oferta de cupos disponibles en las diferentes carreras. Vidal (2007), afirma que es apenas en 1973 que comienza en Venezuela un proceso de admisión a la educación superior. Antes de ese año pocas instituciones y dentro de ellas, muy pocas escuelas, utilizaban pruebas de admisión para seleccionar sus nuevos ingresos. Se hacía más por resguardar la excelencia académica de la institución que por problemas de contracción de la oferta. En la mayoría de las universidades e institutos las plazas eran asignadas por orden de llegada de los demandantes. Sarco y Bonucci (1998), por su parte, afirman que en el caso de la Universidad Central de Venezuela, los aspirantes a ingresar se congregaban en las taquillas de las carreras seleccionadas, manteniéndose éstas abiertas hasta asignar sus cupos disponibles. Como puede observarse, hasta ese año el criterio de asignación era prácticamente el orden de llegada y no los méritos académicos que posteriormente se exigirían.
Este incremento de la demanda de cupos en las instituciones de Educación Superior da inicio, para 1973, a una política de monitoreo por parte del Gobierno Nacional de las solicitudes de admisión de los bachilleres, con el fin de tener insumos cuantitativos que permitieran planificar el subsistema y así poder satisfacer una demanda que a todas luces amenazaba con rebasar una oferta de cupos que no crecía al mismo ritmo. Se implementó el proceso de Preinscripción Nacional por parte del Consejo Nacional de Universidades, con fines diagnósticos, la cual, a decir de Sarco y Bonucci (1998), se transformó en un mecanismo de asignación de plazas o distribución de cupos. En este caso el criterio seleccionado para la asignación, fue el promedio de calificaciones obtenido en la secundaria.
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