Las autoridades de la UPEL declararon recientemente que en esa institución no está en curso lo que el ministro Ramírez y otros voceros gubernamentales llaman constituyente universitaria (Véase http://www.bit.ly/aCgud9 )
Plantear la constituyente universitaria en los términos y condiciones planteadas por el citado ente gubernamental es una aberración que los universitarios estamos llamados a rechazar de una manera firme. En todo caso el poder constituyente en nuestras instituciones universitarias, sobre todo en las universidades autónomas, sólo puede ser activado mediante la decisión autónoma de la comunidad universitaria, como expresión de la voluntad soberana de todos los miembros de este colectivo, sin presiones de ningún tipo. En la UPEL se quiere activar la constituyente universitaria como el producto de una acción coercitiva, como resultado de una acción violenta que llevó, tanto a las autoridades de esa institución y a los supuestos estudiantes que participaron en la toma de la institución, a la firma conjunta de un acta para ponerle cese al conflicto presentado, después de varias horas de secuestro. Habría que preguntarse por qué los protagonistas de esas acciones violentas no se atreven a proponer un referendo para que la comunidad universitaria diga si quiere o no la constituyente universitaria. Sería un mejor comienzo en comparación con lo hecho en la UPEL el pasado 18 de mayo.
En definitiva, esa propuesta que se trata de imponer a la comunidad universitaria, no creo que sea una simple distracción, tiene toda la intención de profundizar la crisis universitaria como parte de una estrategia para debilitar el funcionamiento de la universidad autónoma hasta unos niveles en los que se propicie la intervención abierta de esas instituciones por parte del Gobierno.
Plantear la constituyente universitaria en los términos y condiciones planteadas por el citado ente gubernamental es una aberración que los universitarios estamos llamados a rechazar de una manera firme. En todo caso el poder constituyente en nuestras instituciones universitarias, sobre todo en las universidades autónomas, sólo puede ser activado mediante la decisión autónoma de la comunidad universitaria, como expresión de la voluntad soberana de todos los miembros de este colectivo, sin presiones de ningún tipo. En la UPEL se quiere activar la constituyente universitaria como el producto de una acción coercitiva, como resultado de una acción violenta que llevó, tanto a las autoridades de esa institución y a los supuestos estudiantes que participaron en la toma de la institución, a la firma conjunta de un acta para ponerle cese al conflicto presentado, después de varias horas de secuestro. Habría que preguntarse por qué los protagonistas de esas acciones violentas no se atreven a proponer un referendo para que la comunidad universitaria diga si quiere o no la constituyente universitaria. Sería un mejor comienzo en comparación con lo hecho en la UPEL el pasado 18 de mayo.
En definitiva, esa propuesta que se trata de imponer a la comunidad universitaria, no creo que sea una simple distracción, tiene toda la intención de profundizar la crisis universitaria como parte de una estrategia para debilitar el funcionamiento de la universidad autónoma hasta unos niveles en los que se propicie la intervención abierta de esas instituciones por parte del Gobierno.
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