La descapitalización moral y humana de la UCV

Cambio Humanista* / Boletín Informativo

En la sesión del Consejo del martes pasado se conocieron cuatro nuevas renuncias docentes que vienen a engrosar una abultada lista que desde hace años se viene acumulando en toda la UCV. Nada más en los últimos tres años, en la UCV se han producido 792 retiros de la planta docente, de los cuales 403 corresponden a renuncias. La mayor parte de estas renuncias corresponden a los profesores más jóvenes, la llamada generación de relevo, con lo cual se compromete el futuro de la institución y la formación de miles de venezolanos. Analizado el tema con cierto detenimiento observamos con preocupación:

1.- Un salario que, aunque se ha ido deteriorado frente a una inflación galopante e incontrolada, era medianamente compensado con un sistema de previsión social funcional y bueno, lo cual hacía definitivamente atractiva la labor docente universitaria.

2.- Con el progresivo deterioro del salario, se ha deteriorado el sistema de previsión social. En el presente, dicho sistema es percibido por las nuevas generaciones como poco atractivo y oneroso, pues debe ser costeado en casi su totalidad por el profesor, lo cual merma aún más sus ingresos.

3.- Se aprecia un deterioro en la calidad académica de un personal docente que ha comenzado a migrar hacia nuevos espacios con mejores perspectivas salariales, lo que ocasiona la contratación de profesores de emergencia con altísima rotación, pues se les contrata por períodos evitando su estabilidad laboral relativa.

4.- Esta crisis se manifestó en sus inicios en el veredicto de concursos declarados desiertos; no se presentaban aspirantes a los cargos sencillamente porque la oferta no era atractiva. Luego vinieron los cambios de dedicación: profesores renunciando a la dedicación exclusiva y al tiempo completo en busca de mejores alternativas salariales. En estos momentos enfrentamos una nueva fase: renuncias en masa, y todo esto aunado al hecho de que tenemos una institución que cuenta con una alta densidad de jubilados, el 62% de su nómina docente.

No podemos dejar de entender esta crisis en el contexto en el que se produce, en medio de agresiones a la autonomía desde diferentes flancos, intentando resquebrajar la reserva moral que constituye una institución con casi trescientos años de historia defendiendo los valores universitarios y produciendo conocimiento libre para contribuir al desarrollo de la nación venezolana. No podemos evitar la sorpresa ante quienes celebran el puesto número 33 que ocupa la UCV en el QS Latin University Rankings (http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2012?fb_ref=.T9jIl70oQV4.like&fb_source=timeline), sobre un total de 250 universidades latinoamericanas. En primer lugar, porque en dicho ranking sólo hay seis universidades venezolanas, contra más de treinta colombianas, por ejemplo, lo cual evidencia cuánto han decaído nuestras instituciones de educación superior durante el gobierno chavista. En segundo lugar, porque una de las razones del alza de la UCV en este ranking es, precisamente, la reputación de nuestros graduados en el exterior; graduados que, en muchos casos, renunciaron a sus puestos como profesores en nuestra casa de estudios en busca de una vida más digna, con un salario más justo, en universidades de otros países de América y Europa. Celebrando este ranking, se celebra la crisis que nos dejará sin generación de relevo profesoral. No podemos, pues, unirnos a dicha celebración.

*Representación profesoral de la FEH de la UCV

Contra viento y marea

Alberto Lovera

Tal Cual, 22/06/12

Las universidades autónomas son sometidas a un acoso tenaz por parte del gobierno: congelamiento presupuestario, deterioro de los sueldos del personal académico, asedio violento para perturbar su normal funcionamiento y afectar su planta física, recorte de fondos para la investigación, negativa de recursos para la modernización de su infraestructura académica, acoso judicial para impedir el ejercicio de la democracia universitaria, violentando los principios autonómicos establecidos en la Constitución. Y con todo ello, no han podido doblegar a estas instituciones emblemáticas del conocimiento y de la democracia venezolana.

Mientras esto sucede, un sistema de evaluación internacional establece que un conjunto de universidades venezolanas, unas autónomas y otras privadas, muestran un desempeño destacado en el concierto de Latinoamérica y en nuestro país. Varias de ellas, la UCV en el lugar más prominente en el caso venezolano, han mostrado que, a pesar del clima adverso, siguen siendo las más valoradas tanto por su actividad académica como por sus egresados. Un baño de agua fría para quienes han pretendido menospreciarlas y deteriorarlas.

Seguramente, si no hubiera mediado tanto acoso y limitaciones, podrían haberse colocado en mejor posición, y muchas más universidades venezolanas estarían presentes en este u otro tipo de evaluación. Algo que debería producir una reflexión crítica de las autoridades gubernamentales para cambiar la óptica con la cual han venido tratando a estas instituciones. En vez de verlas como adversarias, deberían tender puentes para un diálogo constructivo que haga progresar la educación superior, respetando su diversidad, con lo cual gana nuestro país como un todo.

Si en este clima tan turbulento, muchas universidades han logrado ciertos avances académicos, mucho más lo podrían hacer en una dinámica en la cual las energías destinadas a preservar los fundamentos de las universidades pudieran destinarse a acometer un sinnúmero de innovaciones que siguen pendientes. La paradoja es que el acoso a las universidades que no se han plegado al pensamiento único que se les pretende imponer desde la cúpula del poder, le ha restado potencia a los cambios que hay que emprender. Los que se han realizado serían mucho más significativos si cesara el acoso. También las instituciones de educación superior que dependen directamente del Poder Ejecutivo no estarían sometidas al empobrecimiento académico que han vivido.

Contra viento y marea un conjunto de universidades han capeado el temporal, aunque con enormes costos. De nuevo se muestra que intentar doblegar a estas instituciones es un esfuerzo que se topa con una acumulación de experiencia que no puede sustituir por un empeño, por más poder que se tenga, de convertirlas en instrumento de conocimiento y formación de una sola corriente.

Su esencia es la diversidad.

Una relación constructiva entre el Estado, las universidades y la sociedad es necesaria. Es un tema de la agenda y de la decisión de cambio de los venezolanos. 

Francisco De Venanzi: Artista de la ciencia, enamorado de la savia universitaria

Vanessa Ortiz

Los rastros perdurables son reliquias únicamente reservadas a aquellas personas que, a lolargo de sus  vidas, se desenvuelven en todos los ámbitos del quehacer humano con tesón y gallardía, consiguiendo distinguirse del resto de los mortales y capturando para sí el respeto de allegados y desconocidos, anónimos y celebridades. De este nutrido número de venezolanos forma parte importante Francisco De Venanzi, quien, a casi dos décadas de su desaparición física, todavía logra apoderarse de la sonrisa y la admiración de estudiantes, profesores, galenos, amigos, familiares y seguidores.

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Escuálida ciencia

El País, Editorial, 18/06/12

 

Primero fueron recortes del presupuesto destinado a investigación y ahora viene el recorte de los efectivos. En un artículo publicado en la revista Nature, la secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, ha defendido la necesidad de reducir el número de investigadores alegando que en las actuales circunstancias de crisis económica se ha de primar la calidad por encima de la cantidad. Para ello propone reducir el número de contratos de programas de excelencia científica como el Ramón y Cajal, disminuir el número de plazas de investigación posdoctoral y recortar los servicios técnicos de apoyo. Y todo ello con el objetivo, según Vela, de “fortalecer nuestro sistema de investigación”.

Muchas veces ha recurrido ya el Gobierno a la falacia de presentar un recorte o un retroceso como una mejora o un avance, pero en este caso el planteamiento de la secretaria de Estado de adelgazar la ciencia para poder ser más competitivos resulta especialmente irritante y no resiste el escrutinio del rigor científico. Por supuesto que se ha de primar la excelencia. Por supuesto que se han priorizado los programas más competitivos. Eso ha de hacerse en cualquier caso, con crisis o sin ella. Pero el discurso de la eficiencia no puede ser la coartada para justificar una merma de los recursos humanos destinados a la investigación y menos para presentarla como una mejora. Nada indica que con menos recursos humanos y técnicos se vaya a poder hacer mejor ciencia. Más bien lo contrario.

Reducir la cantidad supone, en nuestro caso, reducir la masa crítica necesaria para tener alguna oportunidad de competir. El recorte del 25% en el presupuesto de 2012 nos sitúa en los niveles inversores de 2005. Si además se consuma una reducción de los contratos y las plazas de investigación, el retroceso echará por la borda el esfuerzo hecho en los años anteriores a la crisis y dejará sin expectativas a toda una generación de científicos bien preparados, que no tendrán un lugar en el que ejercer.

Cuando se llevan tres años de recortes presupuestarios y la precariedad sigue siendo endémica, apelar al voluntarismo como hace Vela, parafraseando a Einstein, parece un sarcasmo. Muchos equipos dejarán de ser competitivos y verán esfumarse el esfuerzo hecho, puesto que los trenes perdidos no volverán a pasar y cada vez costará más alcanzar la velocidad a la que corren los que van por delante.

La Universidad cuestionada

Darcy Ribeiro

LAISUM, México, 10/06/12

Estas circunstancias son las que, por alteraciones ocurridas en la sociedad global y reflejadas sobre la universidad, la ponen en tela de juicio y le exigen una redefinición que justifique su forma de ser o que se proponga transformarla en consonancia con los reclamos del desarrollo nacional. En relación con este cuestionario, todos los universitarios son llamados a tomar posición. Aún los portadores de una conciencia ingenua, viendo desenmascarados los contenidos reaccionarios y exógenos de ésta, buscan redefinir su postura para formular una ideología modernizadora explícita. Esto se comprueba por el hecho de que ya nadie defiende la estructura vigente de la universidad que, aún en su forma más arcaica, genera tensiones insoportables. Y aún porque, hasta para proseguir cumpliendo sus funciones tradicionales, la universidad debe alterar sus modos de ser y de actuar. La postura crítica también se modifica y madura al verse desafiada a formularse como un proyecto propio de desarrollo autónomo, suficientemente explícito para hacer frente a la postura modernizadora que, no confiando ya en el espontaneísmo, se encamina hacia la formulación de programas de renovación. Y fue compelida a definirse simultáneamente con respecto a la sociedad y a la universidad, porque se volvía impracticable ser radical o aun progresista en relación con la sociedad, sin serlo también dentro de la universidad en cuanto a sus problemas de crecimiento autónomo.

Podría contestarse que nadie en la universidad se opone al progreso autónomo; que ésta es y siempre fue la meta de los universitarios latinoamericanos. Lamentablemente, este argumento es falaz. La mayoría de nuestros docentes universitarios –y entre ellos muchos de los más prestigiosos– exhibieron siempre una actitud conservadora o, cuando mucho, modernizadora. Vivieron y actuaron como personajes muy orgullosos de sus pequeñas hazañas, viéndose a sí mismos como inteligencias excepcionales y meritorias, sólo por serlo en el ambiente retrógrado en que vivían, vanagloriándose de las instituciones que creaban, precisamente por su vinculación y dependencia con relación a centros universitarios extranjeros de los cuales constituían meros apéndices. Aún hoy es frecuente tal postura en América Latina y en ella se asienta la política modernizadora, que argumenta a favor de las ventajas de los perfeccionamientos parciales alcanzados con la ayuda extranjera, pero está ciega por el estrecho alcance de sus aspiraciones. Para comprender esta estrechez, basta considerar que si las universidades latinoamericanas recibieran, en los próximos veinte años, ayuda extranjera veinte veces superior a la que obtienen ahora para programas modernizadores, al final de este plazo se encontrarían en la misma situación actual de atraso relativo.

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Universidades venezolanas entre las mejores de América Latina

Ariana Guevara Gómez

El Nacional, 16/06/12

Las universidades nacionales están ahogadas por falta de recursos. Constantemente reclaman que los presupuestos no alcanzan y que recurrir a créditos adicionales produce inestabilidad. Pese a esa situación, 4 casas de estudio públicas fueron reconocidas entre las 250 mejores de América Latina. En total, 6 instituciones venezolanas fueron incluidas en la lista.

El ranking fue elaborado por Quacquarelli Symonds, empresa con sede en Londres que se encarga de proveer información sobre educación universitaria en el mundo. Desde 2004 realizan el QS World University Ranking, de referencia en varios países. El año pasado hicieron la primera evaluación en Latinoamérica.

Entre 2011 y 2012, la Universidad Central de Venezuela escaló 19 posiciones: del puesto 52 pasó al 33. Este año, de acuerdo con el ranking, la UCV es la institución venezolana con mayor puntuación. La Universidad de Carabobo fue incluida en la lista por primera vez, en la posición 201.

La Universidad Simón Bolívar, que se encuentra en el puesto 35, es la que más produce investigación entre las universidades del país: está en el lugar 17 en el ranking específico de producción de conocimiento, por encima de la Universidad Nacional Autónoma de México ­que se encuentra en el 65­.

La Universidad Católica Andrés Bello y la Metropolitana son los centros privados incluidos en el ranking. La evaluación se realiza con encuestas a las universidades y los empleadores. Se consideran siete criterios: reputación académica, imagen entre los empleadores, trabajos de investigación por facultad, menciones de las investigaciones, proporción de alumnos por facultad, profesores con doctorados e impacto en la web.

Nicolás Bianco, vicerrector académico de la UCV, dice que la inclusión de esa universidad en el ranking se debe al esfuerzo de docentes y estudiantes: "Hay muchas dificultades, pero tenemos voluntad de trabajo". Amalio Belmonte, secretario de la institución, señala que otra razón es que las áreas de investigación están muy consolidadas y que han tratado de afrontar la crisis. "Los investigadores han sido muy creativos", dice.

Manuel Aranguren, vicerrector administrativo de la Universidad de los Andes ­ubicada en el puesto 65 y en el tercero entre las instituciones venezolanas­, señala que, pese a que el presupuesto no ha aumentado desde hace 4 años, los posgrados no tienen recursos y los laboratorios están limitados, la producción se ha mantenido. "El esfuerzo humano ha sobrepasado las necesidades", asegura.

Más esfuerzos. Es cierto que se trata de un logro para Venezuela, pero, en realidad, aún falta para estar a la par de otros países. Universidades de Brasil, México y Colombia están entre las primeras 10 de la región.

Autoridades de varias casas de estudio venezolanas están convencidas de que con mayor presupuesto el país logrará una mejor posición. Bianco dice que es muy difícil competir con universidades de Brasil y México, que tienen más liderazgo. "Deberíamos estar iguales o superiores a Colombia o Perú. Aún no hemos podido mejorar los salarios de profesores o asegurar los relevos, pero somos optimistas", señala.

Belmonte agrega que en países como Brasil, Colombia y Chile existen modelos universitarios exitosos, que aún no se alcanzan en Venezuela. Indica que allí los gobiernos, las empresas privadas y las universidades trabajan juntos. "El financiamiento llega de sectores privados y públicos. La UCV tiene vínculos con Pdvsa, pero son muy limitados. Esas alianzas estratégicas permiten mejorar la calidad de las universidades y garantizar el desarrollo del país", explica.

Elecciones y autonomía universitaria

Eleazar Narváez

El Nacional, 15/06/12

Un grave problema político de apariencia jurídica viven hoy cinco universidades autónomas y otras experimentales del país. Con el argumento de que éstas aún no han reformado su respectivo reglamento electoral con base en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les impide la renovación de sus principales cargos directivos. No sucede lo mismo, por supuesto, con las 23 instituciones universitarias donde sus autoridades son designadas a dedo por el Ejecutivo, de acuerdo con un criterio político y sin participación democrática de los miembros de la comunidad.

Se trata de la imposición de una reforma reglamentaria que, además de contravenir el derecho de la universidad autónoma de darse sus normas de gobierno, distorsiona el concepto de comunidad universitaria establecido en la Constitución y exacerba peligrosamente lo político en una institución cuya naturaleza es académica. Una aberración que, es conveniente no olvidarlo, formó parte de aquella propuesta presidencial de reforma constitucional que fuera rechazada con el voto popular en el referéndum del año 2007.

Tal distorsión tiene graves implicaciones. A contrapelo de lo que establece el texto constitucional en su artículo 109, el carácter académico de la comunidad universitaria desaparece en la LOE. Deja de ser una comunidad de profesores, profesoras, estudiantes y egresados y egresadas, dedicada a la búsqueda del conocimiento, para convertirse en una comunidad de profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero, egresados y egresadas, en igualdad de condiciones para el ejercicio pleno de los derechos políticos.

Con esa arbitrariedad, en la que el peso de lo académico quedaría desdibujado o muy debilitado, se sentarían las bases para que el desarrollo de la vida universitaria resulte mucho más vulnerable a prácticas políticas perversas en el seno de la institución. Éste podría ser el costo de utilizar en las universidades el mismo criterio que priva, entre otros casos, en las elecciones de alcaldes, gobernadores diputados y presidente de la República.

Estos son argumentos suficientes para que los universitarios rechacemos de manera sensata y firme los atropellos del TSJ, con los cuales, por encima de lo que ordena la Constitución, se pretende obligar a las universidades asediadas a hacer suyos los postulados políticos del régimen.

Ese rechazo debe hacerse con el aliento y la fuerza de una comunidad debidamente cohesionada, organizada y movilizada, en función de acuerdos mínimos que puedan lograr sus diversos miembros mediante el diálogo. Sin duda, esto no es algo fácil, pero hay que insistir en ello. Además, es preciso potenciarlo con la articulación de acciones con otras instituciones, tanto en el plano nacional como internacional.

Concebida así, la oposición universitaria a ese acoso judicial no debe demorarse más. No debe diferirse con el pretexto de una supuesta "tregua" dada por la Sala Constitucional, cuya decisión es preciso considerarla más bien como una respuesta política ante las posibles consecuencias negativas que podrían tener para las aspiraciones electorales del presidente Chávez, las recientes sentencias de la Sala Electoral del TSJ. La letargia no es lo aconsejable en tales circunstancias.

Asimismo, esa movilización de la comunidad en defensa de la institucionalidad universitaria ha de estar acompañada con el reforzamiento de otras iniciativas ya en marcha en algunas universidades, como ocurre en la UCV, por ejemplo, donde el Consejo Universitario y los estudiantes han decidido promover, desde una perspectiva de reivindicación de la autonomía, la discusión y búsqueda de propuestas para reformar el reglamento electoral de esa casa de estudio.

Lo que se espera es que a la cabeza de esas acciones estén todas las autoridades universitarias, con un liderazgo compartido, sin exclusiones, con los distintos gremios que hacen vida en nuestras universidades. 

La Universidad como problema nacional

Vladimiro Mujica

Tal Cual, 14/06/12

Una preocupación creciente en muchos círculos de reflexión internacionales es el impacto que tienen la pobreza y la exclusión social en la seguridad y estabilidad del mundo.

Paradójicamente, una parte importante de esa reflexión tiene lugar en los países más prósperos del planeta. Muy recientemente Joseph Stiglitz publicó un libro The price of inequality, que aún no he leído pero que está en mi lista corta de obras por leer, sobre el fracaso del sueño americano y lo costoso que ha resultado para los Estados Unidos no ocuparse como sociedad de frenar el crecimiento de la exclusión e inequidad sociales. A Stiglitz se le une de manera prominente la Fundación Gates, la Fundación Clinton y otras instituciones de Europa y los Estados Unidos en señalar que ambos factores, pobreza y exclusión, son incompatibles con el desarrollo y la estabilidad de las naciones y, en última instancia, con la existencia de la democracia y la libertad.

No cabe duda de que la reflexión sobre pobreza y exclusión tiene también una larga historia en América Latina y por razones históricas buena parte de este pensamiento está ligado a una cierta izquierda que ha creado una cultura de comprensión de la pobreza como si esta fuese exclusivamente creada e inducida por agentes exógenos aliados a la burguesía criolla o por acción de esta última actuando en detrimento de las grandes masa populares.

Sin ánimo de entrar en un debate de fondo sobre un área que excede con mucho mi formación profesional, solamente me permito señalar que considero que hemos tomado una posición muy complaciente acerca del origen de la pobreza y que el atribuírsela exclusivamente a la acción depredadora y explotadora del capitalismo es una simpleza que está lejos de vivir solamente confinada a los límites del chavismo. De hecho, uno podría argüir que el no aceptar la responsabilidad que nos corresponde como sociedad en la fabricación de pobreza y exclusión es una de las razones de fondo que han generado la frustración y el resentimiento del que se ha nutrido la epopeya revolucionaria.

Hay instituciones que juegan un papel central en el combate contra la pobreza y en la construcción de prosperidad para un país. Una de ellas es la universidad. No me refiero a ninguna universidad específica sino al esfuerzo colectivo de la nación en la creación y difusión del conocimiento en investigación y educación superior. En tanto que institución creadora de valores sociales, así como los medios de comunicación y la iglesia, las universidades autónomas públicas y privadas han estado sometidas a un acoso inclemente de parte del gobierno y sus aliados para convertirlas en instituciones dóciles al servicio del proceso revolucionario.

En paralelo, el gobierno se ha ocupado de hacer crecer un sistema de educación superior no sujeto a los incómodos procesos de admisión que restringen el acceso a las universidades autónomas y que supuestamente son responsables del carácter clasista de éstas. En el camino se han creado instituciones de segunda categoría que no garantizan los estándares académicos mínimos pero que crean una ficción de acceso popular.

La conducta de acoso del gobierno a la universidad autónoma está acompañada de la asfixia presupuestaria y el estímulo poco disimulado al ejercicio de la "violencia revolucionaria" en el interior de nuestras casas de estudio. El resultado ha sido la renuncia de numerosos profesores y la salida del país de toda una generación de jóvenes venezolanos que han decidido continuar su formación fuera de Venezuela. El cuadro es tremendamente preocupante no sólo por los universitarios acorralados sino por se afecta la capacidad del país de salir de la pobreza. 

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UCV: sobre el voto paritario

Vicente Lecuna*

Tal Cual, 09/06/12

¿Por qué todos los profesores, egresados, empleados, obreros y estudiantes no podemos votar a la hora de escoger nuestras autoridades en las universidades autónomas venezolanas? ¿Por qué cada voto de los que sí pueden hacerlo no vale lo mismo, como cuando elegimos Presidente? ¿Por qué lo que es bueno para la pava no es bueno para el pavo? ¿Es que acaso las autoridades universitarias, y los profesores de escalafón, están por arriba de la ley, por arriba del Presidente y del Estado? ¿A cuenta de qué? Los venezolanos somos igualitaristas radicales, y chalequeamos duro al que se crea mejor. Es una de nuestras condiciones, o por lo menos a muchos de nosotros nos gusta pensarnos de esa manera.

Quién sabe por qué. Quizá sea porque no respetamos el autoritarismo, o porque no nos sacarán de la cabeza que todos valemos lo mismo, o porque no creemos que una sola persona pueda representarnos a todas, o porque despreciamos a los pretensiosos, a los que se creen imprescindibles, a los que se sienten ungidos, predestinados, resucitados, o porque estamos convencidos de que cualquiera puede ser Presidente o Rector o lo que quiera ser. Porque somos democráticos, en fin. Y en la democracia no caben los privilegios. Esa condición venezolana tiene sus problemas, es verdad, algunos graves. Pero las virtudes del igualitarismo inclinan la balanza con fuerza hacia su lado. Es mejor el igualitarismo que el elitismo, no me cabe duda.

¿Cómo es posible, entonces, que en el mero centro de la capital de un país así de igualitario se haya permitido y, peor todavía, financiado con fondo públicos durante tantos años, un sistema universitario que promueve privilegios? ¿Cómo es posible, además, que en la gran mayoría de las universidades nacionales, que no son autónomas (las llamadas experimentales), no haya elecciones para escoger a las autoridades? ¿Cómo es posible que en la joven Universidad Bolivariana de Venezuela tampoco haya elecciones? ¿Por qué en la UNEARTE, por mencionar otra joven institución, se ponen las autoridades a dedo? ¿Cómo es que este enorme bulto de autoritarismo, privilegio, desigualdad, elitismo, desconsideración y conservadurismo, ha pasado desapercibido durante tantos años, estando ahí, frente a nuestros ojos? ¿Por qué nadie ha hecho nada al respecto en ningún caso? ¿Por qué los únicos que han enarbolado la bandera del voto paritario en las universidades (que todos voten y que cada voto valga lo mismo) son los ocasionales grupos radicales que aparecen y desaparecen rápidamente, como instantáneos cometas furibundos de poquísima duración? Uno podría decir que todo esto ha sido así porque vivimos en una sociedad de cómplices. Todos sabemos que la democracia no funciona como tal, que existen privilegios, que algunos son más iguales que otros, como decía George Orwell en Animal Farm . Ante esa desagradable evidencia nos hacemos los locos, miramos para otro lado. En Venezuela, el rey está desnudo desde hace mucho años, pero no ha llegado todavía el niño que grite "el rey está desnudo" frente a la gente. Todos estamos en deuda, todos participamos de la comedia. Vivimos de las apariencias y ahí vamos. Y las universidades autónomas y experimentales son apenas una parte de esa sociedad de cómplices y de privilegios.

Ni más ni menos. Hay otras partes peores, si a ver vamos, mucho peores, como la Fuerza Armada Bolivariana.

Uno también podría decir que en el caso de las universidades autónomas no nos hemos equivocado: que están bien, que no es ningún bulto de privilegios, que es correcta la definición del padrón electoral que no incluye empleados ni obreros, y que privilegia el voto de los profesores de escalafón. Uno podría decir que esto es así porque lo que se debate en las elecciones de una universidad autónoma no es un derecho civil, ni mucho menos un derecho político en el sentido clásico. En las universidades autónomas tenemos el derecho de elegir nuestras autoridades, de acuerdo al sistema que nosotros consideremos. Según esto, no se puede pensar que el derecho universal al voto en el caso de las elecciones presidenciales es equivalente al derecho al voto en una universidad. Una universidad no es un país, ni un estado, ni un municipio, ni nada que se le parezca. Decir que una cosa equivale a la otra es un error. Son peras y manzanas, rectores y presidentes. Es un error que suele cometerse de manera deliberada, para manipular, para causar zozobra, para destruir, para producir resentimiento, rencor, para reducir un espacio independiente y progresista, de izquierda, como la UCV, en una sociedad como la nuestra, que cada día se hace más dependiente, más manipulada, más resentida y más de derecha.

Es un error fácil de comunicar.

La universidad es una institución que tiene por meta la producción de conocimiento. De los derechos civiles y políticos de los ciudadanos se encargan, o más bien se deberían encargar (porque no lo hacen, en realidad), otras instituciones. Nosotros nos encargamos del conocimiento. Y eso es otra cosa. Según esta segunda opinión, pensar que todos los estudiantes, empleados, obreros y profesores deben votar para elegir a las autoridades universitarias, y que cada voto debe valer lo mismo, es tan disparatado como pensar que solamente los ingenieros, por decir algo, deben votar a la hora de elegir al Presidente de la República. Uno también podría decir que existe una tercera opinión: que la misma universidad autónoma decida cómo quiere que sea la cosa de las elecciones de sus autoridades, de acuerdo con sus propios criterios. Esta segunda y tercera opiniones no son tan fáciles de comunicar, son menos demagógicas, piden más tinta y saliva, más imagen, más trabajo. Y eso hay que hacerlo.

Lo que de verdad no tiene ningún asidero, ninguna explicación, lo que significa una de las contradicciones más grandes de este mal gobierno que tenemos desde hace demasiados años, es que ningún ministro, ni ningún diputado del oficialismo, ni ningún líder estudiantil o profesor universitario que apoye al gobierno, diga nada sobre elecciones en la Universidad Bolivariana de Venezuela ni en la UNEARTE, ni en ninguna universidad experimental. Es como que supusieran que está bien que las autoridades se pongan a dedo.

¿Por qué piden tanta elección a las autónomas y ni se quejan de las experimentales? ¿Cómo anda la UNEY, por cierto? Este detalle demuestra, otra vez más, el talante autoritario, arbitrario, centralista, oportunista y mediocre del gobierno de turno.

*Director de la Escuela de Letras de la UCV

Reforma arbitraria y perversa

Eleazar Narváez

Tal Cual, 06/06/12

 

Son muy graves las implicaciones de la reforma reglamentaria electoral que el TSJ quiere imponerles tanto a las universidades autónomas como a las experimentales. Además de representar la imposición de una arbitrariedad, violatoria de la Constitución y la vigente Ley de Universidades, esa reforma, al fundamentarse en el numeral 3 del artículo 34 de la LOE, constituye una aberración que podría contribuir al deterioro progresivo de la vida académica de esas instituciones por el camino de la exacerbación de ciertas prácticas políticas en las mismas.

No solamente se pasaría por encima de lo que establece el texto constitucional en cuanto a la potestad de las universidades autónomas de darse sus normas de gobierno, también se distorsionaría una idea esencial que aquel consagra en su artículo 109: la Universidad como una comunidad de profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas, dedicada a la búsqueda del conocimiento para beneficio espiritual y material de la Nación. Pues, de acuerdo con la LOE y a contrapelo de esto último, los integrantes de la comunidad universitaria son los profesores y profesoras, los estudiantes, el personal administrativo, el personal obrero y los egresados y las egresadas, a quienes se les otorgan garantías para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos en la elección y nombramiento de las autoridades universitarias.

Esa arbitraria definición y constitución de la comunidad universitaria se centra en lo político. La naturaleza académica de la institución universitaria no cuenta. En tal sentido, las autoridades de la misma podrían elegirse por personas cuyos votos tienen el mismo peso. No importa la relación ni el nivel de compromiso de esos electores con la elevada función que está llamada a cumplir toda universidad en torno al conocimiento y al saber.

No se considera la menor o mayor formación académica y experiencia de quienes tendrían la responsabilidad de elegir a los que ejercerían cargos directivos en dicha institución. Como si los derechos en este ámbito son de carácter político, tal como está establecido, entre otros casos, en las elecciones de alcaldes, gobernadores diputados y presidente de la República.

Habría que preguntarse si la definición de la comunidad universitaria en esos términos, con el paso del tiempo no le abrirá las puertas a prácticas políticas indeseables que podrían deteriorar las condiciones requeridas para el buen desarrollo de la vida académica y, en general, para un saludable y efectivo ejercicio de la autonomía en nuestras universidades.

Estas razones son suficientes para que la universidad autónoma y otras casas de estudio no claudiquen ante lo que evidentemente representa un problema político de apariencia jurídica. No olvidemos que esa misma arbitrariedad ya fue rechazada como parte de la propuesta de reforma constitucional derrotada con el voto popular en el referendo del 2007.

¡Organización y movilización de la comunidad son la clave!

Puntos de vista en elecciones universitarias

Ariana Guevara Gómez

El Nacional, 04/06/12

Vida Universitaria

DEBATE Empleados exigen los mismos derechos para elegir y ser elegidos
Voto en igualdad de condiciones cambiaría fuerzas en universidades Darle el mismo peso a egresados y trabajadores menoscabaría el peso de estudiantes y profesores

Los trabajadores universitarios quieren elegir y ser elegidos.

Lo han dicho en reiteradas ocasiones: así como los profesores, estudiantes y egresados, ellos también tienen derecho de participar en las elecciones de autoridades. Sin embargo, la idea no es apoyada por todos. En realidad, se trata de un asunto controversial, de un debate añejo e infructuoso.

La participación paritaria fue uno de los puntos de discusión en 2010, cuando se intentó implantar una nueva ley de universidades. El debate siguió en agenda, pero se avivó a mediados de mayo de este año, después de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que obligó a suspender las elecciones de autoridades en la Universidad Central de Venezuela ­solicitaron reformar el reglamento electoral para incluir a los trabajadores­.

Los decanos de la Universidad de los Andes dieron a conocer un comunicado para apoyar a la UCV y también para rechazar el voto de obreros.

Luis Alfredo Angulo, decano de la Facultad de Humanidades y Educación, dice que la universidad no puede equipararse con una república popular.

Explicó que las instituciones de educación superior persiguen objetivos académicos.

Por eso, dijo, la participación de los empleados no estaría justificada.

Leonardo Carvajal, integrante de la ONG Asamblea de Educación, sostiene en el libro Educación para transformar el país que hay ámbitos en los que las elecciones populares no tienen sentido.

Pone este ejemplo: es como si los pacientes, enfermeros, médicos y obreros eligieran la directiva de un hospital.

Iguales condiciones. Los traba- jadores no sólo exigen participar, sino también que el voto de todos los integrantes de la comunidad tenga el mismo peso ­actualmente el sufragio de los profesores tiene más valor que el de los estudiantes­.

La presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Lourdes Ramírez, dice que la participación en igualdad de condiciones tendría el efecto contrario: habría más disparidad. "Por ejemplo, en la UCV hay alrededor de 8.000 profesores, 9.000 obreros, 70.000 estudiantes y 400.000 egresados. Si el voto es igualitario, elegirían los egresados, que ya salieron de la universidad", explica.

Sobre esta idea, Angulo señala: "Votar no siempre significa elegir. Debemos afrontar con mucha claridad la explotación demagógica del concepto de igualitarismo. No se puede igualar lo que es diferente".

Participación y armonía. Las discrepancias en los instrumentos legales entorpecen el camino de los acuerdos. La Constitución nacional señala que la comunidad universitaria está constituida por profesores, estudiantes y egresados. La Ley de Universidades de 1970, que está vigente, establece lo mismo. Pero la Ley Orgánica de Educación de 2009 incluye a los empleados administrativos y obreros.

Los trabajadores que luchan por el voto paritario anclan sus peticiones en el artículo 34 de esa ley. "Tiene que haber participación de toda la comunidad universitaria. Los empleados estamos todos los días del mundo en esta institución", afirma Carlos Suárez, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la UCV.

Asegura que hay obreros que cuentan con el perfil para ser parte de las autoridades: "Algunos trabajadores tienen doctorados. No sé por qué hay temor a que un empleado pueda ser vicerrector. A veces quieren decir que nosotros no somos gente pensante. Incluso los que no se han graduado tienen derecho".

Blanca Valecillos, delegada de la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales Universitarios en Funciones Profesionales en la Administración de las Universidades de Venezuela, dice que la participación de toda la comunidad sería positiva. "Los trabajadores estarían identificados con la institución, se sentirían parte de ella y podrían aportar ideas", asegura.

Suárez está convencido de que la votación en igualdad de condiciones traería beneficios a la universidad: "Si nosotros pudiéramos elegir, y además tener representantes en el Consejo Universitario y los consejos de facultad, podríamos resolver los problemas en paz. Eso permitiría acabar con los conflictos".  

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De la universidad deseada a la investigación necesaria

Ocarina Castillo D'Imperio

Conferencia inaugural Sapienza 2012

+ ANTROPOLOGÍA

Ciertamente que, como decía Rubén Blades en aquella canción, intensamente oída y bailada por el año 1979, "la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios", hay situaciones en nuestra vida actual que no dejan de sorprendernos, cuya aparición suscita en nosotros una especie de maravillamiento, un descubrimiento impredecible…..Mientras que otras, igualmente inesperadas, nos desconciertan o confunden, ya que no cuadran con el guión que habíamos visualizado para nuestra vida a lo largo del desarrollo de nuestra carrera académica en la Universidad Central de Venezuela. En efecto, desde hace casi 5 años formo parte de la categoría, claramente en aumento, de profesores jubilados de esta universidad. El calificativo de "jubilado" viene de la palabra griega Júbilo "xuβilo", que significa contento grande, regocijo y algazara, que se manifiesta a través de signos exteriores, como "lanzar gritos de júbilo", es decir, aquellos que tienen el privilegio de jubilarse, están en una etapa de su vida en la que, después de cumplir con las obligaciones que les exige la institución a la que le han dedicado muchos años de trabajo y esfuerzo, pueden irse a su casa a disfrutar de un merecido descanso en un ambiente de esparcimiento, satisfacción y gozo.

Así que es una gran sorpresa, cuando al llegar a esta etapa después de 35 años de servicio en la UCV, el júbilo se trastoca en creciente desazón, incertidumbre e indignación ante el panorama que viven hoy nuestras universidades nacionales y dentro de ellas, muy especialmente, la difícil situación por la que atraviesa la investigación, que es la actividad responsable de la creación de nuevos conocimientos. Ciertamente, desde mi ingreso a la UCV en los años aurorales de la Renovación Universitaria en 1970, ha sido un tema constante y recurrente la transformación, la reconversión, el cambio, la refundación universitaria. El debate entre la necesidad de responder a los retos cada vez más acuciantes del conocimiento y su transferencia a la sociedad, y la permanencia al interior de la institución de estructuras vetustas y prácticas rígidas e inoperantes. Pero no sólo se trata de una discusión acerca de procesos académicos, gestión del conocimiento y respuestas organizacionales, sino que el telón de fondo ha sido la existencia de una relación siempre tensa, contradictoria y marcada por las recurrentes insuficiencias presupuestaras e incomprensiones políticas entre las universidades y los gobiernos de turno. Pero la situación no ha sido nunca tan preocupante, conflictiva y poco promisoria como la que vivimos hoy.

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Un coctel venenoso

Tulio Hernández

El Nacional, 03/06/12

La escena es degradante. Expresión del triunfo de las conductas delictivas en una comunidad que ha terminado aceptando lo patológico como hecho normal.

Me tropecé con ella el pasado martes 29 de mayo cuando intentaba entrar en el siempre venerado campus de la Universidad Central de Venezuela para asistir a una reunión de trabajo.

De lejos parecían grandes animales agonizantes. De rodillas. Con la cabeza a gachas.

Pero en realidad eran seis o siete autobuses a los que un grupo de obreros iracundos habían decidido acuchillar sus cauchos delanteros para que, al desinflarse, nadie pudiese moverlos del lugar y paralizar así el tránsito por la casa de estudios.

El atasco era infernal. Cuando pregunté qué pasaba, un hombre joven con dos conos rojos y una cuerda improvisada que controlaba el paso hacia el lugar, me dijo: "Es una protesta porque a los obreros les deben sus uniformes". Quise preguntarle algo así como: "¿Y no tienen otra manera de reclamar sus derechos? ¿Porque les deben sus uniformes destruyen los bienes de la universidad, alteran el orden interno e impiden la actividad libre de miles de personas? Además, ni siquiera se quedan en el sitio explicando las causas de la protesta, ¿le parece lógico señor?".

Pero me contuve, porque entendí que si guardaba silencio el portero de esta calle paralizada me dejaría estacionar unos metros atrás de los autobuses agredidos para llegar a tiempo a la reunión. Y así fue. Entonces presencié una escena peor. Un hombre de edad mediana levantaba un pequeño automóvil europeo para cambiarle los cuatro cauchos desinflados, como los delanteros de los autobuses. Le pregunté qué pasó y dijo: "Que una profesora intentó pasar en medio de los autobuses y los obreros que reclaman unos uniformes lo consideraron un irrespeto... y le desinflaron los cauchos".

Más tarde alguien me explicó que otros obreros exaltados le habían cortado los teléfonos y el servicio eléctrico a la sede del rectorado. Y al día siguiente, por Twitter, vi las fotografías de los daños que los mismos manifestantes habían causado a los equipos de comunicaciones de la sede de posgrados en Los Chaguaramos, adonde se había tenido que ir a reunir el Consejo Universitario para tratar de eludir las agresiones.

Cuando salí de la Ciudad Universitaria con el ánimo apaleado comprendí que no era tanto la violencia de aquellos actos lo que me impactaba, sino el tono resignado, apaciguado, natural de todas las explicaciones sobre las acciones vandálicas como si no fueran actos delictivos, violaciones de la convivencia, atropellos del sentido mínimo de respeto que debe existir en un centro de la ciencia, el arte y el saber.

Y revisando hacia atrás los largos años en que trabajé como investigador y docente en esta casa de estudios concluí que aunque parecieran gestos chavistas, como a los que nos tienen acostumbrados las hordas violentas tipo M28, en realidad estas prácticas se corresponden con una patología previa que la UCV, y me imagino que otras de las grandes universidades autónomas también, fue cultivando por largos años hasta constituir una especie de ADN transmitido de generación en generación.

Se trata de una combinación deletérea resultante de la mezcla entre, primero, el igualitarismo comunista ­predicado por largos años de sindicalismo clientelar­; segundo, la resignación populista de autoridades y directivos de facultades, escuelas e institutos ­que por décadas aceptaron todo tipo de chantajes y presiones para mantener la "ilusión de armonía" con empleados y obreros­; tercero, la viveza criolla ­el añadido que terminó de formar un peculiar tipo de clase obrera que tiene derechos pero muy pocos deberes­; y cuarto, el efectismo violento como práctica de imposición política naturalizada por largos años de ejercicio del secuestro de autoridades, tomas de oficinas, quemas de automóviles, uso de armas de fuego y bombas lacrimógenas, apedreos con la policía o robos de equipos que han poblado el paisaje ucevista desde los años ochenta, cuando la política a rostro abierto fue sustituida por las capuchas del ocultamiento.

Además de confrontarlo hasta el diálogo, vale la pena estudiar el fenómeno. Allí podría estar el ADN del extravío bolivariano.

El acoso a las universidades

Alonso Moleiro

Tal Cual, 02/06/12

Nadie se ha puesto a pensar en el terrible costo que representa para la nación la diáspora académica que comienza a gestarse en el país. Fenómeno hasta hace poco inexistente; sin duda ninguna, uno de los rasgos más claros del proceso de decadencia que cursamos en el período histórico que comprende lo que llevamos de siglo.

Los profesores universitarios venezolanos están devengando en estos momentos un sueldo sencillamente vergonzoso. Poco más de mil 500 bolívares en los escalafones iniciales y unos 5 mil bolívares en el caso de un Profesor Titular. Pertenecientes a entornos profesionales acosados y despreciados, por ser tenidos por "burgueses"; llevando adelante investigaciones que el Estado ni comprende ni valora; poniendo en el asador todas sus credenciales mientras, como el resto de los ciudadanos, sobreviven acosados por el hampa y el caos nacional.

Tenidos en varios entornos regionales próximos y remotos como un estamento competente, muy especialmente en lo tocante a la investigación y el pensamiento científico, comienza a hacerse frecuente que a los profesionales venezolanos de la enseñanza se les extiendan generosas ofertas, que superan hasta dos y tres veces los ingresos locales, para que ingresen en institutos, no ya de Canadá ­que también­ sino, incluso, en países como Colombia y Panamá.

Tiempo y dinero que la nación pierde, probablemente de forma irreversible, una vez que la oferta es aceptada. Un fenómeno gravísimo, sobre el cual nadie discute nada, y que parece que a nuestro autista equipo gobernante, ni siquiera le interesa especialmente. Nuevos eslabones que le añaden grises al mustio y marchito panorama de la actividad nacional vigente hasta la fecha, muy especialmente a partir del año 2006.

Año éste en el cual la actual administración hizo patente su ceguera ideológica y se ha ido dando con método a la tarea de destruir todo entorno disponible con el objeto de poder colonizarlo en el mediano plazo.

El gobierno se hala las greñas tratando de crear, también, un hábitat vinculado a la educación superior que le sirva a sus propios fines, predicando incesantemente la necesidad de acabar con la exclusión.

Un gobierno cruzado en todos sus costados por ministros ucevistas ­Giordani, Merentes, Navarro, Menéndez­ se ensaña con deleite en contra de éstas y otras universidades que no puede controlar, valiéndose de cualquier método disponible. El silencio guardado por todos ellos ante las reiteradas exhibiciones de vandalismo que llevan adelante grupos clandestinos con total impunidad dice bastante.

El ahogo, decimos, no es privativo de la UCV: se extiende también al resto de las Universidades Nacionales, la Simón Bolívar, la ULA y la UDO. A todas se les pide de forma por demás hueca que "rindan cuentas" de sus gastos, y se les administran a cuentagotas créditos adicionales de forma agónica, con el objetivo ulterior de mantenerlas maniatadas para que terminen de arrodillarse.

La última propuesta consiste en hacer patente el esquema "un estudiante, un voto": el más primaveral, adolescente e inmaduro de todos los ejercicios políticos, que conspira en contra de cualquier aproximación a la palabra claustro y podría acabar con el real significado de la academia, similar a que mañana algún demagogo perdido de catadura similar se aparezca en un cuartel a exigir la elección directa de Mayores y Capitanes de Navío. Una medida que puede constituir un expediente lo suficientemente concluyente como para que nos imaginemos a mediano plazo un sistema de universidades nacionales convertidas en chatarra ideológica, propalador de frivolidades ideológicas sin contenido.

Mientras tanto, el chavismo exhibe un ramillete de institutos de tercer nivel, la mayoría de las Universidades Experimentales, en las cuales nada se elige y nadie vota, porque todas las autoridades son regentadas por el Virreinato existente en el Palacio de Miraflores, y además, no es demasiado lo que se investiga.

No nos extendamos demasiado en el argumento de la "rendición de cuentas": no se trata únicamente de que, bajo este argumento, socorrido tantas veces con extremada ignorancia, el chavismo es, en estos momentos, una fuerza menguante, en algunos casos casi inexistente, en la UCV y el resto de las Universidades públicas y autónomas del país ­que son, de lejos, las más grandes.

La verdad es que mal puede un gobierno que resuelve a realazos todos sus dilemas, que no rinde cuentas a nadie sobre los convenios que firma, más allá de nuestras fronteras, ni sobre la transparencia de los fondos que administra, pasándose a su antojo todas las previsiones administrativas disponibles, andar preocupándose porque otros no administren el dinero que legítimamente les corresponde para impartir la enseñanza.

Universidades, leyes y conflictos

Ricardo Gil Otaiza

El Universal, 01/06/12

Que no pase por debajo de la mesa la difícil situación que atraviesa la universidad venezolana, sometida perversamente a los avatares de presupuestos reconducidos (ergo: insuficientes) y, por ende, a tener que llevar adelante sus procesos académicos con criterios de suma austeridad, cuando en la realidad de los hechos las entradas a la nación por concepto de renta petrolera son multimillonarias, y se siguen entregando nuestros recursos a manos llenas a otras naciones.

Pero no nos quedemos sólo con la variable presupuestaria, que golpea en lo más hondo de la misión universitaria (docencia, investigación, extensión y planificación), acotemos también el impacto que por la vía de las leyes se le causa a la institución, al cercenársele de manera grosera la autonomía consagrada en la Constitución. Los elocuentes casos de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y de la novísima Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt), son representativos de lo que aquí se expresa.

En cuanto a la primera de las leyes citadas, no nos olvidemos que fue aprobada entre gallos y madrugada, de espaldas a las instituciones educativas y universitarias a quienes se les debió tomar parecer, porque introduce cambios significativos que a la larga las afectan negativamente. Para señalar uno solo de estos aspectos, podríamos argumentar la inaudita intromisión en la potestad que tienen las universidades autónomas de darse sus autoridades y de decidir cuáles deben ser las variables a considerar a la hora de aprobar sus reglamentos electorales.

Si a ver vamos, la LOE es inconstitucional ya que entra en franca contradicción (en diversas materias) con lo establecido en nuestra Carta Magna vigente y esto lo sabe el TSJ , y sin embargo a dichas instituciones se les  obliga a elaborar reglamentos para la designación de sus autoridades que incluyan "novedades" no contempladas en dicha ley, y en la ley especial que rige la materia, es decir, la aún vigente Ley de Universidades de 1970, lo que resulta inadmisible e írrito bajo cualquier perspectiva. En pocas palabras, la LOE fue diseñada para "echarle" mano a las universidades desde lo político, introduciendo elementos tergiversadores de su dinámica académica y de la vida institucional.

Como ejemplo podríamos mencionar el hecho de que las universidades autónomas están en mora con las elecciones para decanos, quienes tienen sus períodos vencidos desde hace más de un año, con el consiguiente daño a las facultades que no pueden ver renovados sus cuadros gerenciales, que insuflen nuevos ímpetus a sus procesos académicos y administrativos.

Con respecto a la Lottt, pues la cosa ha sido prácticamente un torbellino para la vida de las universidades, ya que su entrada en vigencia ha traído como consecuencia el que todo aquel personal llamado al interior de dichas instituciones como "eventual" y "tercerizado" le reclame a las instituciones su pase a personal fijo. El problema no es precisamente éste, ya que se hace justicia a miles de personas que se encontraban en verdaderos "limbos" jurídicos, sino la imposibilidad que tienen las universidades de incluir en sus nóminas a todas estas personas sin contar con los mil millonarios recursos para ello. En otras palabras: la Lottt fue aprobada sin que se estudiara de manera seria y responsable el inmenso impacto económico que tales "novedades" traerían consigo, creando ruido e inmensos conflictos al interior de las casas de estudios, sin que esté en sus manos el poder resolverlos.  Otra vez (como en el caso ya señalado de la LOE), el instrumento jurídico puesto al servicio de meros intereses políticos.

El país exige un trato digno a sus universidades. Los universitarios pedimos el que se respete la autonomía en todos sus aspectos (académicos, administrativos, normativos y electorales) para que la Universidad venezolana siga estando al servicio (como hasta ahora lo ha hecho) de los más nobles y relevantes intereses nacionales y planetarios.