martes, 30 de julio de 2013

Declive de la libertad universitaria

Francisco J. Laporta*
El País, 29/07/2013

En la última página del informe sobre Reforma de las Administraciones Públicas presentado por el Gobierno figura una directriz que no debe pasar desapercibida. Dice que la Fundación Nacional de la Calidad y la Acreditación (ANECA) se convertirá en organismo público “para hacer efectiva la participación e integración de los medios disponibles que las comunidades autónomas tienen en la misma materia”.

Diré para el lego que la ANECA es una de esas fundaciones públicas tan de moda desde hace años, a la que, envueltas en un lenguaje melifluo y vago sobre la calidad de la enseñanza, se le ha acabado por atribuir competencias nada menos que para “acreditar” profesores universitarios y aprobar o rechazar planes de estudios superiores. Durante estos últimos años se ha encargado de pergeñar unos procedimientos llenos de requisitos y exigencias formales para hacer lo uno y lo otro con una sobredosis de burocracia tal que ya están apareciendo cursillos e instrucciones para enseñar a las gentes cómo han de hacer sus solicitudes y demandas, y cualquier rectorado o decanato que se precie tiene que tener ante sí la planilla de trámites y formalismos a cumplir si desea que su plan de estudios sea aprobado. Ella ha sido la que ha transformado la buena (aunque innecesaria) intención del llamado proceso de Bolonia en un corsé insoportable de pésimos resultados.

Pues bien, creada la ANECA en su día por un simple acuerdo del Consejo de Ministros, comenzó inmediatamente el frenesí replicador en que se ha convertido tantas veces el proceso autonómico español. Ya se sabe: órgano que se crea, órgano que se replica como una suerte de mini-yo para uso territorial o local. Y el resultado es que tenemos ya siete o más “anequitas” que cumplen prácticamente las mismas funciones que la madre. Y no solo las hay —faltaría más— para preservar el depósito sacro de la cultura autóctona y orientar la ciencia y el saber hacia el histórico destino del pueblo; las tenemos también en Castilla y León, Andalucía y Aragón, pongamos por caso, sin depósito sacro ni pueblo alguno que lo demande, sino por el simple afán de replicar. Y, claro, aquí es donde viene el informe sobre reforma de las administraciones a proponer un organismo que intente que todo ese desbarajuste se “integre” y se racionalicen los medios al respecto.

Pero el problema de la ANECA no es ese. El problema es que, tal y como fue diseñada, la ANECA nunca debió existir. Replicarla fue ya ocioso, y transformarla ahora en “un organismo público” no supone dar un paso adelante, sino precipitarse en una sima aún más inconveniente y peligrosa. O las dos cosas a la vez: como en la invitación de aquel sabio mandatario latinoamericano: “El país está al borde del abismo, hay que dar un paso adelante”. ¿Por qué? Pues porque la ANECA, por su diseño mismo, no es una fundación de naturaleza académica, científica o técnica con un estatus independiente, sino una criatura política conformada por la voluntad de los Gobiernos.

Según sus estatutos está regida por un patronato, presidido por el Ministro de Educación, con siete altos cargos del Gobierno más: secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales; además, tres responsables de educación de las comunidades autónomas, y siete personalidades “de reconocido prestigio” nombradas, eso sí, por el ministro (acabamos de ver en el Tribunal Constitucional lo laxo que puede ser eso del reconocido prestigio). El resto son tres rectores y tres estudiantes. Los pormenores del asunto se pueden encontrar en el artículo 9 de los mencionados estatutos, accesibles en la web de la fundación. Consecuencia: que cuando cambia el Gobierno cambia la ANECA, e indefectiblemente, cambia el director de la misma. Puede decirse sin exagerar que siempre que hay elecciones —algo que menudea entre nosotros— cambia siempre en algo el patronato de la fundación. Y ya me dirán ustedes qué tienen que ver las elecciones generales o autonómicas con la calidad y el desarrollo de la docencia universitaria. Mantener estas cosas al margen de los vaivenes de la política ha sido siempre una aspiración universitaria y un imperativo moral. Con la ANECA, olvidémonos de ambas cosas.

El que una fundación, organismo público o agencia así formada tenga la competencia para decidir quiénes tienen capacidad para ser profesores de universidad en cualquiera de sus grados (hasta el de catedrático) y qué planes de estudios son buenos o malos, adecuados o inadecuados, es algo tan preocupante que causa estupor allí donde se cuenta y constituye otra de las peculiaridades idiosincrásicas que aportan su granito de arena a las excelencias raciales de la llamada “marca España”. Nadie se lo puede explicar en la Unión Europea. Y ello sin mencionar siquiera los criterios y procedimientos de que se vale para realizar una tarea tan sensible.

Pero lo más sorprendente, sin embargo, no es eso. Lo peor, lo más negativo, lo que demanda una respuesta clara y terminante al respecto, es que algo que ignora algunos de los principios que han inspirado el desarrollo autónomo e independiente de la ciencia y la universidad en Europa haya sido y sea cotidianamente aceptado, obedecido y seguido en sus más disparatadas exigencias burocráticas y materiales por las universidades, escuelas y facultades españolas sin que se haya producido un plante serio y razonado. Y que ahora se vaya a convertir en “organismo público” lo exige todavía con más vehemencia. Las universidades españolas y los jóvenes profesores que quieren pertenecer a ellas parecen haber perdido el innato sentido crítico que los animaba no hace tanto tiempo, y realizan un día sí y otro también ejercicios estériles de burocracia para cumplir con unos criterios más que discutibles con la vista puesta en que la omnipotente ANECA les conceda la acreditación académica, cosa para la que en ningún país serio sería competente una agencia semejante, o les apruebe un plan de estudios, cosa que ninguna universidad del mundo aceptaría sin renunciar abochornada a su propia identidad académica. Pero las cosas son así entre nosotros, y poco a poco irán empeorando todavía más. Malos tiempos para la libertad universitaria.

*Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

miércoles, 24 de julio de 2013

Historia sociopolítica de la universidad y autonomía en Venezuela: Rostros y máscaras

Amado Moreno

Resumen

La universidad autónoma y la autonomía universitaria en Venezuela son actualmente objeto de una gran confrontación y discusión. Ello íntimamente vinculado al proceso de cambio y transformación que impulsa el presidente de la República Hugo Chávez F. En esta confrontación y discusión actúan como protagonistas fundamentales diversos sectores: político-partidistas, academicistas, religiosos, empresarios de la educación, propietarios de medios de comunicación, gubernamentales y universitarios, etc. Interesa en este artículo hacer una historia sociopolítica de la universidad y la autonomía en Venezuela para conocer procesos fundamentales que mucho de estos actores desconocen, ignoran, ocultan y manipulan. 

Palabras clave: universidad, autonomía universitaria, universidad colonial, universidad republicana, reforma universitaria, intervención, emancipación.

domingo, 21 de julio de 2013

Universidad sin condición

Jacques Derrida
El Nacional, 21/07/2012

Esto será sin duda como una profesión de fe: la profesión de fe de un profesor que haría como si les pidiese a ustedes permiso para ser infiel o traidor a sus costumbres. 

Antes incluso de comenzar a internarme efectivamente en un itinerario tortuoso, he aquí sin rodeos y a grandes rasgos la tesis que les someto a discusión. Esta se distribuirá en una serie de proposiciones. No se tratará tanto de una tesis, en verdad, ni siquiera de una hipótesis, cuanto de un compromiso declarativo, de una llamada de profesión de fe: fe en la universidad y, dentro de ella, fe en las Humanidades del mañana. 

El largo título propuesto significa, en primer lugar, que la universidad moderna debería ser sin condición . 

Entendamos por "universidad moderna" aquella cuyo modelo europeo, tras una rica y compleja historia medieval, se ha tornado predominante, es decir, "clásico", desde hace dos siglos, en unos Estados de tipo democrático. Dicha universidad exige y se le debería reconocer en principio, además de lo que se denomina la libertad académica, una libertad incondicional de cuestionamiento y de proposición, e incluso, más aún si cabe, el derecho de decir públicamente todo lo que exigen una investigación, un saber y un pensamiento de la verdad . Por enigmática que permanezca, la referencia a la verdad parece ser lo bastante fundamental como para encontrarse, junto con la luz ( Lux ), en las insignias simbólicas de más de una universidad. 

La universidad hace profesión de la verdad . Declara, promete un compromiso sin límite para con la verdad. 

Sin duda, el estatus y el devenir de la verdad, al igual que el valor de verdad, dan lugar a discusiones infinitas (verdad de adecuación o verdad de revelación, verdad como objeto de discursos teórico-constatativos o de acontecimientos poéticoperformativos, etc.). Pero eso se discute justamente, de forma privilegiada, en la Universidad y en los departamentos pertenecientes a las Humanidades. 

(...) Esta universidad sin condición no existe, de hecho , como demasiado bien sabemos. Pero, en principio y de acuerdo con su vocación declarada, en virtud de su esencia profesada, esta debería seguir siendo un último lugar de resistencia crítica ­y más que crítica­ frente a todos los poderes de apropiación dogmáticos e injustos. 

(...) Ese principio de resistencia incondicional es un derecho que la universidad misma debería a la vez reflejar , inventar y plantear , lo hago o no a través de las facultades de Derecho o en las nuevas Humanidades capaces de trabajar sobre estas cuestiones de derecho (...). 

Consecuencia de esta tesis: al ser incondicional, semejante resistencia podría oponer la universidad a un gran número de poderes: a los poderes estatales (y, por consiguiente, a los poderes políticos del Estado-nación así como a su fantasma de soberanía indivisible: por lo que la universidad sería de antemano no sólo cosmopolítica, sino universal, extendiéndose de esa forma más allá de la ciudadanía mundial y del Estado-nación en general), a los poderes económicos (a las concentraciones de capitales nacionales e internacionales), a los poderes mediáticos, ideológicos, religiosos y culturales, etc., en suma, a todos los poderes que limitan la democracias por venir. 

La universidad debería, por lo tanto, ser también el lugar en el que nada está resguardado de ser cuestionado, ni siquiera la figura actual y determinante de la democracia; ni siquiera tampoco la idea tradicional de crítica, como crítica teórica, ni siquiera la autoridad de la forma "cuestión", del pensamiento como "cuestionamiento". 

Fragmento de Universidad sin condición , de Jacques Derrida, Edito- rial Trotta, Madrid, 2002.

viernes, 19 de julio de 2013

La realidad de un profesor universitario

Ricardo Gil Otaiza
El Universal, 19/07/2013

A raíz del conflicto dado en el seno de las universidades autónomas del país, en la lucha por un mayor presupuesto y por mejoras salariales al personal (que ha visto decrecer su nivel de vida en los últimos años hasta caer en la marginalidad), y que ha derivado en la defensa de la autonomía y de la dignidad institucional frente a los desvaríos y amenazas del poder político, de alguna manera se han establecido dos bloques contrapuestos, que buscan hacer valer sus voces en medio de una grave crisis nacional (sobre todo de orden ético) sin referentes en nuestra historia contemporánea.

Sin entrar a analizar los intríngulis de las dos visiones (ya que el espacio no lo permite), me gustaría esbozar a la comunidad nacional e internacional lo que significa en Venezuela ser profesor universitario de una institución nacional, para que se comprenda un poco lo que aquí se vive. De entrada estas casas de estudios presentan elevadas exigencias para el ingreso como profesor, lo que implica someterse a la tortura de concursos de credenciales y de oposición, y una vez ingresado el profesor deberá ascender en las diversas categorías (Instructor, Asistente, Agregado, Asociado y Titular) sobre la base de la elaboración de trabajos de investigación que deberá defender frente a jurados, o bajo la modalidad de la presentación de artículos de relevancia publicados en revistas arbitradas e indexadas nacionales o de afuera. Las universidades nacionales (y dentro de ellas, las autónomas) son las de mayor tradición en el país, y las que de alguna manera mantienen a Venezuela muy bien posicionada en las distintas clasificaciones internacionales en cuanto a productividad, vanguardia y perspectivas de desarrollo.

Por Ley de Universidades, el profesor está obligado a realizar labores de docencia, investigación y extensión y en el ínterin deberá también formarse en las áreas del conocimiento, lo que supone la adquisición de otros grados y títulos académicos (especialidad, maestría y doctorado) que le permitan una mayor pertinencia e insertarse con criterio científico en el denominado mundo global. Un mundo (dicho sea de paso) signado por múltiples variables que conllevan necesariamente el cotejo con los iguales (asistencia y presentación de trabajos en eventos de carácter científico), publicaciones en su área (artículos en revistas, capítulos de libros y libros), generación de productos (patentes, entre otros), y toda una serie de actividades que propendan a mantenerlo en posiciones de vanguardia (diplomados, cursos postdoctorales, aprendizaje de nuevas técnicas y entrenamientos especializados, entre otros).

De más está decirles que ser profesor universitario en nuestro país no es cosa fácil, porque como queda dicho son muy elevadas las exigencias para entrar y para luego mantenerse, pero sobre todo por la poca estima que se tiene de él y la ignorancia que en general la comunidad mantiene con respecto a su estatus, sus tareas e impacto social. Todavía hay quienes piensan que un profesor universitario acá está forrado en billetes, que lleva una vida de "burgués" (esto también lo cree el gobierno), que es un ser privilegiado porque gana mucho sin hacer prácticamente nada (dar las "clasesitas", dicen algunos con displicencia). Pues sépanlo, que a la mayoría de los profesores universitarios de las nuevas generaciones (e incluso de las intermedias y de las viejas) no les alcanza el sueldo ni para alquilar un apartamento tipo estudio (los profesores casados se ven obligados a vivir con sus padres o con sus suegros), no pueden comer bien y mucho menos disfrutar de unas vacaciones. Sepan que la gran mayoría de los profesores universitarios (con todo y su formación y el prestigio que puedan merecer) no pueden vestirse bien, comprar libros o aspirar al ascenso social. El dinero está tan devaluado en Venezuela que un profesor universitario no puede hoy (como en el pasado) optar por ir a Colombia u otro país cercano a paliar un poco su desvergüenza social, porque un hotelito de mala muerte nos cuesta dos o tres veces el equivalente a un hotel cinco estrellas de acá. Para cerrar con broche de oro, a los profesores universitarios venezolanos pocas empresas nos dan crédito (porque no pagamos, ¿y cómo?), no nos reciben en las clínicas privadas, y para rematar nos miran con cara de huérfanos. Tan es así lo que aquí expreso, y con esto concluyo, que algunos colegas han tenido que optar por un buhonerismo solapado (vender baratijas, sábanas y ropa entre amigos) para medio amortiguar sus carencias y no tener así que estirar la mano. ¡Que me desmientan...!

domingo, 14 de julio de 2013

Constitución de la Universidad

Gustavo Linares Benzo
El Universal, 13/07/2013

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La semana pasada este lugar se refirió al tema del financiamiento de las universidades. Hoy, el reparto interno de poder, la constitución de la universidad pública venezolana, por así decirlo.

Las universidades nacionales son de las pocas instituciones públicas que han resistido el talante democrático de la sociedad venezolana y mundial. Talante democrático en el sentido de Tocqueville, la igualación de las costumbres y la igualdad sociológica entre todos los miembros de la sociedad, fenómeno que va mucho más allá de la consecuencia política obvia de esta realidad, el voto universal. Pues las universidades van a contracorriente, el poder recae en un sector muy minoritario que alega como legitimidad méritos no políticos sino académicos, los profesores. Los otros miembros de la comunidad, los alumnos y empleados y egresados, son varias veces más pero su poder es sustancialmente inferior, un cuarto del de los profesores en la legislación actual en el caso del alumnado, mucho menos para los egresados y nada para los empleados.

Mantener este estado de cosas es ponerle puertas al campo. Pero esas puertas, así sean meramente ideales, son necesarias, como necesario es el paso de peatones, un simple dibujo que debe detener dos toneladas para proteger a sesenta kilos. En el caso de las universidades, en beneficio de los mismos alumnos, razón de ser de las casas de estudio, de la misma manera que la familia se estructura en función de los hijos pero nadie pretende que los niños tienen la autonomía de decidir si aprenden a leer o no (que ningún alumno se moleste por la comparación, por favor, pero es la mejor que encuentra este lugar). Además, como la universidad otorga títulos, técnica montada en función de la colectividad y no de los profesionales, debe organizarse para garantizar un mínimo de calidad en los egresados.

La universidad no es una república, pues. Tampoco lo es la Fuerza Armada, los soldados no votan para elegir a los generales, como acabamos de ver en los ascensos. Pero no puede ignorarse la tendencia a la igualdad y la realidad de que los universitarios no son niños. Para resolver este nuevo reto en la milenaria institución universitaria, el primer paso es metodológico: lo tiene que resolver autónomamente la universidad, más aún, cada universidad. No sólo porque la libertad es su esencia, sino por el detalle jurídico de que nunca habíamos tenido una Constitución tan autonómica. Así que la Ley Orgánica de Educación y su politización del voto universitario no sólo es inmoral, sino inconstitucional. Que se aplique la regla de las repúblicas y cada persona tenga un voto, o que sólo voten los alumnos, o sólo los profesores, o por categorías, etc., es una decisión de la UCV, de la ULA o LUZ, no de los diputados.

Dicho esto, ¿qué regla aplicar? Primero, una evidencia: la necesidad de que los profesores dirijan la enseñanza y no los alumnos se da solamente en la enseñanza. Un alumno no puede corregir su propio examen, pero si determinar el menú del comedor universitario. Un alumno no puede escoger a los profesores, pero si organizar el transporte. La seguridad, el deporte, los beneficios estudiantiles, todo lo no estrictamente académico puede ser dejado a la democracia de una persona un voto, lo que significa crudamente dejado a los alumnos, diez veces más en el caso de la UCV, por ejemplo. Así, el problema se traslada a la definición de lo académico, que tiene blancos y negros, como los ejemplos mencionados, y muchos grises. Sobre todo, el problema financiero. ¿Quién aprueba el presupuesto? Si los alumnos manejan la seguridad, ¿cómo se decide cuánto cuesta? 

Preguntas difíciles, pero que trasladan el problema y dejan a salvo la áreas universitarias que no pueden ser decidas con la lógica de las mayorías. De hecho, es esta idea una de las que participan en el actual proceso de redacción de los reglamentos electorales en cada universidad, cuando hasta los más radicales han abandonado la pretensión de una persona un voto para todas las cosas. Por lo pronto, puede ensayarse arbitrios como que los profesores con participación minoritaria de los alumnos, empleados y egresados, elijan al rector y demás autoridades académicas, pero que la regla una persona un voto elija al vicerrector administrativo y éste nombre a los demás funcionarios gerenciales. Como establecer reglas para determinar la parte académica del presupuesto, administrado por los profesores, y dejar lo demás a la regla de las mayorías. 

Eso sí, este debate es en el Aula Magna, no en la Asamblea Nacional.

Eloogio de la universidad...

Rafael Muci-Mendoza
El Universal, 14/07/2013

La primera obligación de un país, de su gobierno y de la sociedad es dar a cada uno de sus miembros la posibilidad de cumplir su destino; cuando es incapaz de hacerlo, debe ser transformado o relevado. El sistemático estrangulamiento de las universidades nacionales, y especialmente de la UCV, a través del regateo de recursos, la amenaza del hamponato y la rastrera descalificación de sus autoridades no ha hecho otra cosa que echar leña al espíritu fogoso de profesores, alumnos y trabajadores. La estampida migratoria de cerebros jóvenes, esos que preparamos con ciencia, amor y dedicación hasta dejarlos bien apertrechados y dispuestos, se han ido allende la patria en la búsqueda de horizontes más justos y vías de vivir no siempre más humanas, pero sí, sin agobio ni persecución.

Los revolucionarios que nos asfixian, hijos desnaturalizados de buena madre que son; apóstatas del amor brindado en el claustro y regazo maternos, en el Alma Mater; hijos que con saña atacan violando, amordazando, destruyendo las entretelas de su propia progenitora y a sus menores hermanos; hombrecitos y mujercitas emasculados por el dogma y la ideología, cegados por el odio, improductivos y destructivos, justificaciones de la frase de Ingenieros de que sin mediocres no existiríamos. ¿Cómo ser una universidad de pensamiento único y monótono? ¿Cómo no disentir, discutir y llegar a acuerdos de convivencia? Pero, cuidado, el comunismo internacional tiene mucho que perder en nuestra patria. Bienvenidas las mesas de diálogo, pero alerta, ¡cómo juega el gato maula con el mísero ratón! ¿Cuándo ha dialogado sinceramente un gobierno totalitario? Ganar tiempo es el quid de sus ofertas, siempre desleales. 

No abandonemos nuestra universidad, quiere ser destruida y si permitimos que pase, pasará.

De presupuestos y autonomías

Gustavo Roosen
El Nacional, 08/07/2013

Si algo ha hecho especialmente difícil la solución del conflicto universitario es la diversidad de los enfoques: presupuestario, salarial, de instancias y competencias, ideológico o principista. 

Nadie pone en duda el peso de la educación superior en el presupuesto global del sector (más de 40%); tampoco el enorme deterioro del salario de un profesor universitario (apenas 40% del salario real de 2007 y uno de los más bajos de América Latina); ni la elevada proporción del presupuesto comprometido con la nómina y el peso creciente del renglón jubilados (hasta dos terceras partes del total). 

Con toda razón, sin embargo, el reclamo insiste en otros aspectos: el desconocimiento de las autoridades universitarias y de las asociaciones de profesores como actores importantes en el diálogo, la desnaturalización de la relación de trabajo con la firma de un contrato colectivo en el que se erige un nuevo patrón, la pretensión de incorporar a una discusión presupuestaria definiciones y compromisos ideológicos que atentan contra la autonomía universitaria y la pluralidad de pensamiento. Plantear el reclamo sólo o especialmente en términos presupuestarios resulta, por lo mismo, equivocado, y hace juego a la estrategia oficial que, tras ese argumento, intenta pasar condicionamientos ideológicos. 

El acento en el presupuesto obliga a distinguir la autonomía académica y la financiera. 

Lograr el ideal de su confluencia haría suponer la voluntad del Estado de garantizarlas o la capacidad de la universidad para generar sus propios ingresos. Establecer los límites en esta discusión permitiría evitar la trampa de quien pudiera estar dispuesto a sacrificar la autonomía académica para garantizar la salud financiera o, la más grosera y evidente, de quien escondiera la intención de atentar contra la primera con el chantaje de asegurar la segunda. 

La autonomía financiera es, desde luego, una aspiración difícilmente sostenible para una universidad pública. De allí que más que pretender convertir a la universidad en una empresa rentable se trata de buscar estrategias para garantizar el autogobierno en lo académico y en lo administrativo. Más que de autonomía financiera es preciso hablar, entonces, de sostenibilidad, de viabilidad financiera, objetivo difícil de lograr sin una política de racionalización del gasto e incremento del ingreso. 

Buscar una forma de autosuficiencia financiera como una de las condiciones para proteger la autonomía académica pasa por un proceso de renovación de las universidades que, en estos tiempos, obliga a repensarlas de manera global y a considerar la ruptura del concepto tradicional del campus para abrirla al mundo de las redes. No son pocas las universidades ­y la tendencia es creciente­ en las cuales el porcentaje de estudiantes en la red es mayor que en las aulas. 

La sostenibilidad financiera no es el único espacio en el que debe darse la modernización de las universidades. 

Pensando en ella, sin embargo, son muchas las medidas posibles. En el libro Educación para trasformar el país, del Foro Cerpe, Leonardo Carvajal sugiere algunas: generar ingresos propios por asesorías o producción de tecnología, reducir la extensión de muchas de las carreras a cuatro años abriendo la oferta para la especialización, utilizar mejor los espacios y los recursos trabajando más semanas al año con un sistema de turnos, evitar la carga de los repitentes consuetudinarios, aplicar sistemas nacionales y regionales de evaluación y acreditación de los programas, fomentar la integración de las universidades en redes regionales para optimizar el uso de los recursos, apelar a la solidaridad intergeneracional mediante la contribución obligatoria de los egresados y de sus empleadores, reducir la nómina administrativa, extender los años de servicio necesarios para la jubilación, establecer un sistema de remuneración variable en función de la generación de resultados y de los aportes al conocimiento. Ideas para estudiar. 

De inmediato, lo que persiste es el conflicto. Su solución, está visto, exige un diálogo sincero, afirmado en el respeto mutuo y un concepto global de autonomía.

Autonomía universitaria

Alberto Qurós Corradi
El Nacional, 14/07/2013

En un indispensable artículo (EL NACIONAL, 8-7-13) Gustavo Roosen analiza los esfuerzos que deberían hacer las universidades públicas para "ayudar" a cubrir sus déficits presupuestarios que, aunque representan 40% del presupuesto nacional para educación, no cubren sus necesidades. 

Mucho se ha discutido sobre la justicia de este elevado monto (en términos porcentuales) habida cuenta de las necesidades presupuestarias para construir escuelas y mejorar la calidad en educación inicial, básica y diversificada. Disminuir las cifras de los excluidos y los que abandonan el sistema. 

Sin olvidarnos de las escuelas técnicas e institutos universitarios de carreras cortas. A primera vista pareciera que la distribución no es equitativa, por ser estos institutos los que atienden a la mayor población. Roosen sugiere que las universidades reduzcan costos y generen ingresos, entre ellos: utilizar las redes propias y regionales para reducir el costo del campus. Menos años para algunas carreras. 

Eliminar los repitientes vitalicios. Solicitar contribuciones de los egresados. 

Yo voy más allá. No puede haber una real autonomía universitaria si no existe una autonomía financiera que no dependa sólo de las contribuciones oficiales que pueden no satisfacer sus necesidades porque el Gobierno no puede o porque no quiere. No van a manejar siempre los presupuestos universitarios con el mismo criterio (Pdvsa se decretó con autonomía financiera y véanla ahora). 

Lo curioso es que cuando Bolívar, Vargas y Revenga en 1827 convirtieron a la Universidad de Caracas en la Universidad Central de Venezuela le asignaron rentas propias al donarle varias haciendas en producción. Nuestros precursores comprendían la autonomía. 

Además, nunca hemos entendido por qué una universidad autónoma negocia sus sueldos y salarios con el Ministerio de Educación. 

Eso lo deben hacer las autoridades universitarias con sus profesores, empleados administrativos y obreros de acuerdo con un presupuesto elaborado por ellos, que debe incluir: 1. Costos fijos que no pueden dejar de pagarse (electricidad, teléfono, agua, mantenimiento y otros). 2. Sueldos y salarios variables. 3. Costos operativos de las diferentes escuelas. 4. Costos de investigación. 5. Becas. 6. Crear un fondo de jubilación. No se debe cargar al presupuesto operativo anual con los pagos a los jubilados. Extender los años de servicio y de edad para jubilarse. El presupuesto debe ser realista. 

No se puede hacer lo que no tiene financiamiento. Tampoco se debe, para ajustarse a lo disponible, reducir los salarios o congelarlos, como sucede hoy. Si no se pueden mantener todas las escuelas, entonces habrá que eliminar algunas, en consulta con las otras universidades públicas, para asegurar que nacionalmente habrá las necesarias. 

El personal de las universidades públicas tiene que modernizar también su visión. No es antiacadémico asesorar y cobrar consultorías externas. No hay que multiplicar departamentos por cada facultad. El Gobierno que ha recibido los ingresos petroleros más altos de la historia podría, con una pequeña parte de lo que les ha regalado a otros países, haberles donado a las universidades públicas instalaciones petroleras, edificios, tierras agrícolas en producción, etc, y después auditar la buena administración de esos bienes y medir el éxito académico mediante programas que establezcan su eficiencia, tanto nacional como internacional. 

La autonomía académica sin autonomía financiera no es una autonomía integral y "eso" hay que defenderlo con valentía.

sábado, 13 de julio de 2013

Primera Convención Colectiva Única

Texto oficial de  la "I Convención Colectiva Única acordada en la Reunión Normativa Laboral para la rama de actividad del Sector Universitario..." (2013-2014). Haga clic aquí

Repensar el pueblo venezolano: un afán discursivo y práctico de renovación desde la educación bolivariana

Universitè de Rennes2

A partir de la primera elección de Hugo Chávez Frías a la presidencia de Venezuela, el país ha vivido al ritmo de esta nueva izquierda venezolana que se ha venido llamando Revolución Bolivariana antes de presentarse como el laboratorio del Socialismo del siglo XXI. Desde entonces, el proyecto político-social imperante siempre ha colocado la educación entre sus principales preocupaciones, vinculándola estrechamente con el proceso de formación del ciudadano y con un ideal de refundación de la comunidad nacional sobre bases renovadas. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es observar cuál es la representación del pueblo ideada y formulada desde el gobierno chavista1a través de las políticas públicas de educación.

miércoles, 10 de julio de 2013

Autonomía

Jaime Requena
Tal Cual, 08/07/2013






La civilización occidental tuvo que padecer el oscurantismo medieval para asimilar lo que griegos y romanos de la antigüedad inventaron para llevarlos a ser grandes; el conocimiento sólo florece cuando el pensamiento es cultivado en libertad.

Sobran ejemplos que muestran como bajo un gobierno totalitario no han existido desarrollos de importancia en lo cultural, artístico y literario o en lo científico y tecnológico.

A pesar de que esta máxima pasó a Perogrullada este gobierno continúa decidido a enfrentar y doblegar a nuestras grandes universidades públicas, habiendo arreciado su lucha ­hasta con saña­ en contra de la razón de ser y esencia de lo universitario. Autonomía no significa sólo que las instituciones puedan elegir autoridades que definan sus líneas de acción y administración sino que también reciban los medios necesarios para alcanzar sus fines.

Negarle a las universidades recursos para enseñar, investigar o actualizar conocimientos no puede ser concebido como un acto de probidad revolucionaria o el fruto de una cruzada por eficiencia y eficacia del gasto público. Simplemente se trata de un acto de pase de factura política; de una soberana estupidez que la terminarán pagando todos nuestros hijos, incluyendo aquellos de quienes la aúpan, ejecutan o de quienes, con su silencio y desde el gobierno, la suscriben.

Si bien comprendemos que el tema pueda ser difícil de asimilar para el cogollito cívico-militar que no tuvo la fortuna de pasar por las aulas universitarias, ese no debería ser el caso de otros miembros del alto gobierno que sí tuvieron la buena suerte de recibir ­y hasta dar­ clases en alguna de las grandes universidades públicas venezolana.

Y es que a pesar de lo duro que pueda sonar, distan mucho de ser salones de clase o laboratorios las barracas de un boliche para la formación de politicastros o los polígonos de adiestramiento de la soldadesca.

Por el contrario y a pesar de todas las deficiencias que se le quieran indilgar, las aulas de las universidades venezolanas han sido templos del saber en donde se formaron muchos de los miembros del actual gabinete de ministros.

Se arremete contra nuestras universidades por simplemente querer ser lo que tienen que ser; hogar para todos sin distingo de nada. Hay que defenderlas y preservar a toda costo su autonomía en lo ideológico, administrativo y funcional, principio que ­por lo demás­ está consagrado en nuestra Constitución.

Apelamos a la solidaridad a quienes le deben a respeto y consideración al Alma Mater que les dio sapiencia a cambio de nada (y pedimos a Dios que ilumine a los otros que la adversan).

Finalmente, atacar a la universidad implica meterse con la investigación, en tanto que los profesores y estudiantes universitarios son quienes llevan a cabo el 80% de toda la ciencia que se hace en el país. No se necesita decir más para comprender que nuestra ciencia y técnica caminan hacia la extinción al mismo ritmo que languidecen nuestras universidades.

La ciudad y los fierros


No sé si será deformación profesional. Cada vez que ocurren acontecimientos similares en diferentes latitudes, como siguiendo un reflejo condicionado, uno tiende a buscar similitudes, paralelos, incluso analogías, o por lo menos un hilo que permita explicarlos en conjunto. Reflexiones surgidas frente a esas rebeliones que hoy están ocurriendo en diferentes países. Algunos muy lejanos entre sí. De ahí que la pregunta del sociólogo que todos llevamos dentro no se hizo esperar: ¿Tienen rebeliones como las de Turquía, Egipto, Brasil, algo en común?

Aparte de que suceden en el mismo planeta, lo que más llama la atención es que sus actores principales son jóvenes, predominantemente universitarios. Si a esas rebeliones sumamos las asonadas de los indignados que una vez aparecieron en la Puerta del Sol de Madrid, la de los estudiantes chilenos que ya llevan dos años peleando en contra de la universidad-empresa, y la de los estudiantes venezolanos quienes desde 2007 luchan por la autonomía universitaria, hay que concluir en que, nos guste o no, al igual como ocurrió en los sesenta del pasado siglo, la segunda década del XXl ha sido iniciada bajo el signo de movimientos generacionales. Reitero, son diferentes entre sí, pero a pesar de esas diferencias, todas son -o comienzan siendo- rebeliones juveniles a las que se unen, en ocasiones, multitudes urbanas. Y ese es el segundo punto común de las mencionadas rebeliones: Son urbanas.

Constatación que lleva a re-plantear el tema de la organización social de la ciudad. Me refiero, siguiendo una idea del historiador Lucien Febvre, a dos conceptos no siempre coincidentes: La ciudad demográfica y la ciudad política, o si se quiere, la ciudad residencial y la ciudad como polis (centro de la política). Pero para abordar ese tema permítaseme recurrir a una previa reflexión.

Toda ciudad encierra en sus interiores a diversos grupos de poder. Grupos expansivos y defensivos a la vez. Como toda unidad colectiva, cada grupo intenta, y a veces lo ha logrado, subordinar a otros. Eso quiere decir que la ciudad es también un espacio de lucha, y no sólo política. Por esa razón la ciudad democrática de nuestro tiempo no suprime la lucha entre grupos, pero sí la limita y condiciona mediante instituciones, constituciones y leyes.

Estoy hablando -entiéndase- de grupos de poder, es decir de propietarios de una cuota del poder total. Por lo mismo cada grupo posee una propiedad sobre un determinado poder. De ahí que, a riesgo de ser simple (no siempre es una virtud) me atreveré a proponer un listado de los diferentes grupos de poder que coexisten orgánicamente al interior de cada ciudad moderna.

viernes, 5 de julio de 2013

La universidad ¿reforma o experimento?


"La universidad ¿Reforma o experimento?.El discurso académico contemporáneo según las perspectivas de los organismos internacionales: los aprendizajes para la universidad venezolana y latinoamericana"

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"El UNESCO-IESALC se complace en ofrecer a la comunidad académica, investigadores y usuarios general, la más reciente publicación del Dr. Orlando Albornoz “La universidad ¿reforma o experimento? El discurso académico contemporáneo según las perspectivas de los organismos internacionales: los aprendizajes para la universidad venezolana y latinoamericana”. En este título el autor intenta responder a una inquietante pregunta ¿Qué puede América Latina y el Caribe, y especialmente Venezuela, aprender del escenario internacional en el cual se mueve la institución que conocemos como universidad? Albornoz ensaya su respuesta a ésta interrogante en función de su participación en el escenario internacional de las universidades, especialmente por su participación en la 14ta Conferencia de la Asociación Internacional de Universidades (San Juan, Puerto Rico, 27 a 30 de noviembre de 2012) y en la Conferencia Going Gobal 2013 (Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 4 a 6 de marzo de 2013). Del mismo modo se analiza el impacto de las vertientes de la globalización e internacionalización de la universidad en relación a las políticas públicas contemporáneas de los gobiernos venezolanos. Las tesis expresadas en este libro –responsabilidad del autor, por supuesto- son polémicas y controversiales, ya que de hecho la universidad es, por su propia naturaleza, una institución siempre en el centro de la tormenta de ideas.
Cuenta, entonces, la comunidad académica con este versátil título disponible para descargar de inmediato aquí."

Acerca de la Primera Convención Colectiva Única

Texto de la comunicación dirigida por el profesor Manuel Rachadell al presidente de la APUCV, profesor Víctor Márquez. Haga clic aquí

Las Academias Nacionales frente a la crisis universitaria

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jueves, 4 de julio de 2013

La Sociedad del (des)Conocimiento

Carmen García Guadilla

Tía Eusebia, quien siempre escucha y que, como algunos saben, tiene ochenta años y es fanática del Ipad, oye que no he aceptado responder unas preguntas que me hacía por teléfono un periodista ecuatoriano sobre los eventos que están sucediendo en las universidades venezolanas.

Frente a la cara de malestar de tía Eusebia, trato de justificarme: “Para responder esas preguntas tendría que estar al menos un mes buscando datos, pues un investigador tiene que sustentar cualquier cosa que dice. Además ya escribí el artículo que me llevó tres meses de trabajo sobre Polarización y Tensiones en la Educación Superior Venezolana, y que está disponible en mi Blog Académico. No han cambiado mucho las cosas. Sin embargo, ¿cómo le digo al periodista que lea un artículo académico de 30 páginas? Además, explicar la situación financiera (que es el punto álgido en estos momentos), y hacerlo en pocas palabras, es más difícil todavía. Por último, recuerda que acabo de cerrar mi ciclo académico; y… no se hable más”.

Tía Eusebia sigue poniendo cara de recriminación. Me conmueve que últimamente piensa mucho en las universidades autónomas, pues se ha dado cuenta de lo importante que ellas son para defender la diversidad del pensamiento en un contexto como el de Venezuela. Por el contrario, cada vez tiene más preocupación por las universidades unidimensionales, aquellas que imponen una sola ideología, sea del tipo que sea. Últimamente, a raíz del paro indefinido de las universidades autónomas, tiene la sensación de que las van a intervenir; pues, según ella, representan la joya de la corona para este régimen.

Tía Eusebia se queda pensativa y me pide el artículo que escribí hace un año. Después toma su Ipad y hace su propia búsqueda. No se queda contenta con eso y llama a algunas personas amigas relacionadas con la universidad, tanto de la oposición como del chavismo, pues ella es una de las pocas personas en Venezuela que ha logrado no perder amigos por diferencias políticas, a excepción de una amistad que se rompió cuando ella le dijo que “ojalá Chávez aprendiera algo de Mandela”.

martes, 2 de julio de 2013

"Porqué importa hoy el debate curricular"

Juan Carlos Tedesco
Renato Opertti
Mássimo Amadio

En buena parte de los países el debate actual sobre el sentido y el rol de la educación aparece vinculado a imaginarios de sociedad que sean convocantes y realizables. La construcción de sociedades más justas constituye el núcleo central de estos imaginarios y hoy, más que nunca, la educación se define como condición necesaria para que dicho imaginario sea realizable. Sin embargo, esta situación es concomitante con la difusión de una fuerte desconfianza de la ciudadanía con respecto a la capacidad de los gobiernos para forjar y concretar políticas educativas de largo plazo y hacia las posibilidades de los sistemas educativos para responder efectivamente a los desafíos y a los problemas contemporáneos. Este escepticismo se expresa particularmente a través de los cuestionamientos de actores políticos, medios de comunicación, familias y evaluadores internacionales. Se cuestiona la educación por las carencias considerables que aún existen en la universalización de los saberes indispensables – una de sus funciones principales – y por las inequidades persistentes en la distribución social de estos saberes. Se cuestiona frecuentemente la calidad de la educación, medida de manera creciente en términos de los resultados de evaluaciones nacionales e internacionales. Se critica la organización tradicional del proceso de enseñanza y aprendizaje y sus contenidos, más y más percibidos como desfasados en relación a la adquisición de los conocimientos, capacidades, actitudes y valores (las competencias) necesarios para vivir en un mundo en constante transformación y en un siglo lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades.

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Universidad y transformación social

Héctor Silva Michelena
El Nacional, 02/07/2013

Peter Drucker, en su libro La sociedad poscapitalista (1992), establece que dentro de la sociedad poscapitalista es el conocimiento el nuevo recurso que ha de dominar, al dejar de lado el capital, el trabajo y la tierra. Esta nueva idea llevó a que se considerara la tecnología y el conocimiento como la mayor fuerza productiva de la sociedad moderna. Lo mismo ha ocurrido con la concepción del gerente; éste era definido como "alguien responsable del trabajo de unos subordinados". Un gerente era un "jefe", y gestión era jerarquía y poder. 

Sin embargo, a principios de los cincuenta ya la definición había cambiado a "un gerente es responsable del rendimiento de la gente". Ahora sabemos que esta definición también es demasiado estrecha. La definición justa es: "Un gerente es responsable de la aplicación y rendimiento del saber". 

En la sociedad poscapitalista vale más asumir que alguien que sepa algo tendrá que adquirir nuevo saber cada dos o tres años o, de lo contrario, quedará desfasado. 

La profesora Josefa Ramoni P., de la ULA, en la revista Análisis de Coyuntura, v. 13, n. 2, Caracas 12-2007, escribió un artículo de vigente actualidad. Después de considerar la teoría de las diferencias salariales como inadecuadas para fijar las remuneraciones de los profesores, sostiene que esa teoría, aunque algo lógica, no siempre se cumple. "En la práctica pareciera que la fijación de los sueldos y salarios obedece más a las características propias del trabajador que a las del empleo. En otras palabras, es el capital humano del trabajador el que determina las remuneraciones (no el igualitarismo), entendiéndose como capital humano el cúmulo de habilidades, destrezas y conocimiento adquirido por el trabajador a través del estudio, el entrenamiento y la experiencia. El por qué de este sesgo a favor de las cualidades individuales de cada trabajador por encima de las del trabajo obedece tal vez al hecho de que la definición de condiciones de trabajo desagradables es muy subjetiva, mientras que los conocimientos y destrezas de un trabajador son relativamente más fáciles de medir. 

Adam Smith en La riqueza de las naciones (1776) hace referencia al pago que el trabajador merece con base en su capital humano, a fin de compensarlo por el tiempo y esfuerzo empleados en adquirirlas: "Cuando se construye una máquina muy costosa, debe esperarse que la obra extraordinaria que con ella haya de hacerse pueda reemplazar, antes de gastarse o maltratarse, el capital invertido por lo menos en ella con las ganancias regulares u ordinarias. 

Un hombre educado a expensas de mucho trabajo y tiempo, en cualquiera de aquellos oficios que requieren una destreza y pericia extraordinaria, debe compararse a una de estas extraordinarias máquinas. 

(...) La diferencia entre los salarios de un trabajo de mucho talento y de otro más común está fundada en este principio (Smith, 1983:152)". 

Del recinto de los negocios, el economista Gary Becker (Nobel 1992) llevó el concepto desde análisis micro y macroeconómico a un mayor alcance de comportamientos humanos, en especial las universidades. 

Becker concluyó en su estudio que el mayor tesoro social es el capital humano que se posee, esto es, el conocimiento y las habilidades que forman parte de las personas, su salud y la calidad de sus hábitos de trabajo; además, redefine al capital humano como importante para la productividad de las economías modernas, ya que esta productividad se basa en la creación, difusión y utilización del saber. El conocimiento se crea en las universidades, laboratorios y prácticas sociales. 

La única política a largo plazo que promete tener éxito en la transformación social es la centrada en el conocimiento y no en controles estatales con cortes drásticos en la educación superior.