martes, 7 de agosto de 2012

Unidad nacional, universitarios y universidades

Eleazar Narváez
Tal Cual, 15/08/12

Muchos, variados y complejos son los problemas y desafíos que el país está llamado a enfrentar a partir del año 2013. Eso es en esencia lo que justifica el llamado a la unidad nacional, la cual, sin exclusiones, nos convoca y obliga a todos. La necesidad de ese espíritu unitario trasciende el momento electoral, así como los intereses particulares de un líder o de una determinada organización política. Más bien habla del compromiso de diversos actores que, fundamentados en sus convicciones democráticas, sin perder su autonomía en el sumidero de la forzada incondicionalidad o de la lealtad irreflexiva a una u otra figura política, sienten la urgencia de aunar sus esfuerzos para construirle un futuro mejor a Venezuela.

Esa unidad, de puertas abiertas a todos los venezolanos, significaría para los universitarios una inmensa oportunidad para que el conocimiento y el saber sean valorados debidamente en la atención de las ingentes necesidades de la nación. Para que sus capacidades y experiencias en diversas disciplinas y áreas del conocimiento puedan ser aprovechadas plenamente con un vigoroso impulso al desarrollo nacional, sin las perversas discriminaciones que hoy observamos, sin que se les exija una u otra filiación partidista o identificación con algún proyecto político e ideológico, sin que se les obligue a bajar o silenciar su voz crítica.

Asimismo, representaría para todas nuestras universidades las posibilidades reales de compromisos compartidos entre sí y en alianzas estratégicas con otros actores de la sociedad, entre ellos, con las demás instituciones del Estado, para adelantar proyectos y actividades de interés nacional. ¿Acaso, por ejemplo, no sería posible y necesaria la participación institucional de las universidades en la formulación, gestión y evaluación de las políticas públicas? De igual modo, ¿al país no le convendrían políticas de alianza del sector gubernamental con las instituciones universitarias para desarrollar algunos proyectos de éstas?

Por supuesto, ese protagonismo universitario tendría mucho con ver con las condiciones a partir de las cuales se forje la unidad nacional. Cabe esperar que uno de los elementos de las mismas sea el diálogo fecundo y el mutuo respeto entre las universidades y los voceros del Gobierno y el Estado. Otro, el reconocimiento de los graves problemas que hoy padecen esas instituciones educativas, así como las acciones conjuntas para resolverlos. Tanto la crónica insuficiencia presupuestaria como la violencia sistemática que las afectan, son asuntos que, entre otros, tendrían que ser abordados con urgencia. Y de manera especial, el respeto a la autonomía universitaria, a su preservación y fortalecimiento, con acciones concertadas que permitan su ejercicio sin traumas.

Concebida así, lo más probable es que esa integración de voluntades beneficie a nuestras casas de estudio y al país en general, sobre todo, entre otras aspiraciones, en cuanto al cometido fundamental de lograr de manera efectiva una educación de calidad para todos en la sociedad venezolana.

domingo, 5 de agosto de 2012

Ciencia y academia en Venezuela (I)

Luis Fuenmayor Toro
La Razón, 05/08/12

Nuestro desarrollo científico es escaso y también marginal a la vida diaria y a las necesidades del país, aparte de ser insignificante en relación al acervo cultural universal. Ello a pesar del brío y de la producción de los pocos grupos académicos de elevado nivel existentes y con propuestas concretas, para mejorar las condiciones de la nación y enfrentar los problemas de la humanidad. En sus inicios, el presidente Chávez dio pasos importantes, aunque insuficientes, en el impulso de las ciencias y la tecnología, cuyo impacto no se detectará por el retroceso habido en el sector en los años posteriores de gestión. A pesar de las realizaciones iniciales, exigidas por la propia comunidad científica, la visión altamente prejuiciada de las fuerzas de oposición las ignoró, con una falta de objetividad que les reduce hoy autoridad a sus críticas sobre el sector.

La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la promulgación de la ley correspondiente en 2005, la inclusión en ésta de la obligación de las grandes empresas de invertir en desarrollo científico y tecnológico en el país, la creación del Observatorio Nacional del sector, el crecimiento del Programa de Promoción del Investigador y los proyectos ejecutados desde la Oficina de Planificación del Sector Universitario, son claras acciones positivas, que aumentaron las fuentes y los montos de financiamiento e hicieron coherentes las acciones de planificación y supervisión del Gobierno. Para 2008, el porcentaje del PIB para investigación científica y tecnológica superó el 2 por ciento y se inició un proceso de inversión empresarial en Venezuela dirigido al desarrollo de las ciencias y las tecnologías nacionales.

Este “compre venezolano” en ciencia y tecnología fue muy adversado por Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa que compra en el exterior todo lo que necesita en la materia. Mientras nuestro desarrollo científico no arranca, la petrolera estatal hace florecer los laboratorios de los países imperiales, supuestamente enemigos. El SENIAT, por su parte, insistía en considerar los recursos empresariales dirigidos obligatoriamente a la inversión científica, como impuestos a estar bajo su administración. Estas posiciones, enfrentadas inicialmente por el equipo ministerial del sector, terminan por doblegar a un equipo ministerial posterior, ajeno a las ciencias, y a unos diputados, más ajenos todavía, quienes modifican la ley y dan a las inversiones empresariales obligatorias el carácter de impuesto parafiscal, con el cual se financiaría la creciente burocracia del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Adicionalmente, se reduce 4 veces la obligación financiera de PDVSA con la investigación científica y tecnológica nacional, al disminuirse la misma de 2 a 0,5 por ciento de sus ingresos brutos. Se pasa a financiar, con los recursos generados por estas inversiones empresariales obligatorias, una serie de programas totalmente ajenos al área científica y tecnológica de la nación, no se asume en absoluto la ejecución de los programas básicos para el crecimiento científico, entre ellos el de formación del número de investigadores que se requiere, y se termina por yugular la única posibilidad real de crecimiento del sector planteada en los últimos 50 años, lo que condena a Venezuela al subdesarrollo, a la dependencia y a la insatisfacción de sus necesidades.

Las universidades, por su parte, no generan tampoco muchas esperanzas, ni las instituciones autónomas ni mucho menos las experimentales. Internamente, no tienen fuerzas para superar el deterioro en que se encuentran, presas del facilismo extremo, de la distorsión de sus valores y de la corrupción. Las universidades autónomas han caído en las manos de unas mafias contrarias a la academia, que se imponen mediante la compra de votos y de conciencias, cuando no de la amenaza, para usurpar las posiciones de dirección, ante la actitud complaciente de una parte del país, la confusión y parálisis de docentes y estudiantes y la aparente indiferencia del gobierno nacional, lo que imposibilita la recuperación de las condiciones académicas y del respeto inherente al sector.

Se requeriría de la ayuda gubernamental, no como intervención dirigida a controlar las instituciones, sino como impulso y soporte de los valores académicos y universitarios sobrevivientes, para iniciar un proceso sostenible de recuperación. Pero ello demanda de una comprensión que no parece existir hasta ahora en el más alto nivel del régimen. Así, en las casas de estudio controladas por el Gobierno, las conductas académicas han sido substituidas por actitudes malsanas, que se justifican sobre la supuesta existencia de un “nuevo paradigma revolucionario”. La inobservancia de los requisitos académicos, considerados propios del “orden burgués”; el facilismo, el clientelismo, la demagogia, la corrupción y el lenguaje socialistoide, se apropiaron de la vida de estas instituciones y las enajenaron como centros del conocimiento.

Al Gobierno, como ocurría en el pasado, parece interesarle la pudrición universitaria nacional. Baste decir que los instrumentos electorales ejecutados y las sentencias judiciales subsiguientes garantizan la permanencia indefinida de las autoridades actuales, así como la derrota del sector oficial en las futuras elecciones. Las leyes promulgadas y las acciones gubernamentales han sido dirigidas a desfigurar la composición de la comunidad universitaria, hasta incluso hacerla desaparecer como ente especializado y diferenciado de la comunidad de ciudadanos. Se impide los cambios académicos, se desvirtúa la autonomía, se mantiene la centralización de las funciones en los consejos universitarios, se agrede permanentemente a las instituciones y se las continúa sometiendo a una escasez financiera desgastante y a una muerte lenta por ausencia del relevo generacional académico.

Se trata de una realidad idéntica a la promovida en los gobiernos de Luis Herrera, Jaime Lusinchi y de Carlos Andrés Pérez II. Nada nos hace ser optimistas sobre el futuro. Denunciar es lo que nos queda, pero el auditorio polarizado nacional oye muy poco.