Dilemas de la universidad pública autónoma

Gisela Kozak Rovero

Letras Libres

La universidad latinoamericana pública autónoma nace con los ideales ilustrados de la razón puesta al servicio de una mejor existencia humana. La autonomía iba a constituir la garantía de las libertades académicas de cara a la Iglesia, el Estado y los sectores adinerados. Nació politizada, en pugna con los poderes fácticos, lo cual es la raíz de sus cualidades y defectos. Ha defendido los caminos libres del conocimiento y su ethos democratizador, por lo tanto profesores y estudiantes son custodios de valores como la libertad de expresión, creación y pensamiento. Por ella han pasado distintos sectores sociales aunque nunca pueda garantizarse la equidad absoluta en el ingreso porque la universidad no está en capacidad de solucionar problemas estructurales no originados en su seno. Lo más esencial: ha hecho aportes importantísimos para la construcción de la cultura, la ciencia, el pensamiento y la civilidad.

La crisis universitaria: entre la deontología y la facticidad

José Rafael Herrera

@jrherreraucv

El Nacional
13/02/2020

La deontología o “ética normativa” es una doctrina especial de la llamada “teoría de la moralidad”, puesta e instrumentalizada por la reflexión del entendimiento abstracto. A pesar de que se trata de un término que encuentra su origen e inspiración en la filosofía clasica griega (deón–ontos–logein quiere decir “estudio de lo necesario”), la filosofía moderno-ilustrada, cuya característica general consiste tanto en la separación de sujeto y objeto como de ser y deber, la transformó en “parte” representativa de su “filosofía práctica” -¡como si todo concepto filosófico, incluso el más preciso y determinado, no lo fuese!-. Una parte, por cierto, dedicada exclusivamente a la presuposición de las obligaciones o deberes morales, una ramificación especial de la ética –éthike– que se ocupa de ‘lo que debería ser’, respecto de una determinada profesión u oficio. Así, pues, se habla, por ejemplo, de una deontología médica o de una deontología jurídica. Su eco reminiscente ha quedado registrado en la institucionalización del harto frecuente “ese es el deber ser”, que la burocracia usa incontinentemente, más que con el propósito, con el afán de diferenciar lo que siempre se hace de lo que, aunque debería hacerse, nunca se hace.

¿Existen dos UCV?

José Rafael Herrera

El Nacional

06/02/2020

Hace pocos días, quien ocupa desde tiempos inmemoriales la presidencia del gremio de los empleados administrativos y de servicio en la Universidad Central de Venezuela, exigió ante los medios, con su acostumbrado tono pendenciero, procaz y de gavilla, la participación del gremio laboral en las elecciones de autoridades universitarias. “Si no participamos no van a haber elecciones”.

Este fue el mensaje de fondo, aunque nada oculto. Un “mensaje a García”, en sentido literal y enfático, al que ya la comunidad universitaria de la primera casa de estudios del país está acostumbrada, sobre todo después de aquellos tristes y vergonzosos eventos de “la toma” del Consejo Universitario, en tiempos del rector Gianetto, en los cuales se exigía una “constituyente universitaria”, cuyo basamento consistía en la imposición del llamado “uno por uno por uno”, esto es, que el voto de un profesor posea el mismo valor del voto de un estudiante y el de un empleado u obrero. Si, según la Constitución, todos los venezolanos tienen igual derecho para elegir al presidente de la república, con más razón -argumentan- todos los sectores universitarios tienen que ser igualados, todos tienen derecho de votar para elegir a sus autoridades, sin ningún tipo de discriminación. Ese es -y sigue siendo- el argumento central que mantuvo -y sigue manteniendo- en crisis orgánica no solo a la UCV, sino a todas las universidades autónomas. Pero, a partir de entonces, la UCV se duplicó sobre su propio reflejo.