jueves, 31 de mayo de 2012

Informe de comisión del CU de la UCV sobre la reforma del reglamento electoral ordenada por el TSJ

La Comisión designada por el Consejo Universitario el 8 de febrero de 2012 para considerar las implicaciones jurídicas y académicas que traería para la Universidad la sanción del Reglamento ordenado por la Sala Electoral se ha reunido numerosas veces para tratar del tema que se le ha encomendado, ha efectuado consultas con ex Rectores de la Universidad, con dirigentes gremiales, estudiantiles y de los egresados, con académicos de larga y elevada trayectoria en el quehacer universitario, con personas que han tenido importantes posiciones en el gobierno actual, relacionadas con el tema educativo, con profesores de diversos niveles del sistema educativo, con venezolanos preocupados por el destino de la Universidad; ha indagado sobre los regímenes organizativos de las principales Universidades del mundo, particularmente en cuanto al tema de la participación de las comunidades universitarias en la elección de sus autoridades; ha estudiado los antecedentes sobre esta materia en la historia de Venezuela; ha leído atentamente los diversos documentos que le han hecho llegar profesores que conocen de la materia, inclusive un proyecto de Reglamento de Elecciones; ha considerado las tendencias actuales sobre el papel de las Universidades en la instauración de una sociedad del conocimiento; ha reflexionado sobre la situación de la Universidad Central de Venezuela y, efectuado lo cual, presenta el resultado de su trabajo al Consejo Universitario organizado en tres partes: I. Los Antecedentes; II. Las implicaciones jurídicas, y III. Las implicaciones académicas de la reforma que algunos sectores estatales declaran que la Universidad está obligada a adoptar.

miércoles, 30 de mayo de 2012

Pobre UCV

Luis Fuenmayor Toro
Últimas Noticias, 30/05/12

Es muy lamentable para la educación y para el país la situación actual de la UCV y otras universidades, acosadas de forma inexplicable por un gobierno “revolucionario”, que nadie imaginó que trataría tan perniciosamente a una institución, que si algo hizo fue brindar su apoyo al actual Presidente durante una década desde 1992

La UCV ha provisto la mayoría del equipo de gobierno, defendió a Hugo Chávez en momentos muy trágicos y lo recibió varias veces con sus brazos abiertos. Es una institución vital para elevar el bienestar de la nación y en la erradicación de la ignorancia, la injusticia y la dependencia científica y tecnológica.

Más lamentable aún es que la UCV no esté en sus mejores condiciones para afrontar las agresiones, debido al deterioro producido por siniestras acciones gubernamentales de décadas, intensificadas en estos últimos ocho años, que ha reducido grandemente su planta de profesores investigadores, la ha mantenido en un déficit financiero crónico, la ha desacreditado y dividido y, con una reforma legal inconstitucional, la hiere letalmente al hacerla depender electoralmente de intereses contrarios a su esencia académica, ocultos en un discurso seudodemocratizador.

Pero lo más grave de esa minusvalía es que permitió que gente sin credenciales alcanzara la condición de autoridades rectorales y decanales, lo cual reduce su liderazgo y dificulta el enfrentamiento de la conjura, permaneciendo inermes ante un gobierno con poder omnímodo y un odio antiuniversitario, fruto del resentimiento de ciertos dirigentes oficiales. Ante la última agresión, hoy abortada por el propio Gobierno, se nos mostró un Consejo Universitario ausente, que no llegó ni siquiera a reunirse, mucho menos a defender la institución.

En otros tiempos se hubiera declarado una emergencia inmediata, convocado a la comunidad, suspendido las actividades y rechazado claramente el pago de la multa y la elaboración forzada de un reglamento electoral inconstitucional. Parece que más importan los negocios por realizar con la seguridad social de los universitarios, que intentan ponerle la mano a la caja de ahorros de los profesores, que la universidad y su autonomía. Si se quería intervenirla, la vía de la Contraloría habría sido más sencilla y menos objetada.

lunes, 28 de mayo de 2012

La Universidad vencerá

Demetrio Boersner
Tal Cual, 28/05/12

La Universidad es la institución de más alto nivel encargada de recoger, reflejar y enriquecer el acervo de sabiduría y conocimiento, y de formar intelectual y moralmente a las vanguardias científicas, humanísticas y profesionales de su respectivo país. Para cumplir su elevada función, la Universidad necesita enfatizar internamente los principios de la calidad y la legítima auctoritas del catedrático, y hacia el exterior, el principio insoslayable de la Autonomía Universitaria. Sólo la autonomía y su complemento interno ­la libertad de cátedra- pueden garantizar la originalidad e independencia de la investigación y la creación científica y humanística, libres de cualquier presión financiera o intimidación política.

La Universidad como realidad histórica nació en Italia (Bolonia), Francia (París), Inglaterra (Oxford) y España (Salamanca) hace unos ocho siglos, fue trasladada de Europa a América hace cinco siglos, y ha sido uno de los motores esenciales de los sucesivos "renacimientos" socio-culturales que condujeron al Occidente de la Edad Media a la Edad Moderna y del absolutismo a la democracia. Las universidades del mundo ­o los espíritus libres surgidos de su seno- han sido baluartes de la libertad frente a las tiranías, tanto de derecha como de ultraizquierda, que no soportan ni la autonomía y autogobierno universitario ni la libertad de cátedra y procuran reducir las universidades a dóciles herramientas del poder totalitario. Existe una diferencia ­eso sí­ entre los métodos de corte fascista y de corte estalinista para doblegar a la Universidad. El fascismo es más franco que el estalinismo, ya que proclama y muestra abiertamente su intención represiva y reaccionaria basada en el principio del "orden". En cambio el estalinismo utiliza la demagogia igualitarista (desconocimiento de inherentes diferencias entre el que, actualmente, sabe más y el que, por lo pronto, sabe menos) como método táctico para invadir la Universidad y socavar las bases de toda autonomía, libertad de cátedra y búsqueda de equilibrio entre democracia y auctoritas. Una vez logrado el control absoluto de la Universidad, el estalinismo da el paso de la demagogia igualitarista al despotismo más absoluto: las universidades soviéticas fueron de las más autoritarias, selectivas y elitescas del mundo entero.

La Universidad Venezolana ha vivido todas las etapas de la experiencia universitaria mundial, y ha cumplido y sigue cumpliendo su deber histórico.

Ha podido sobreponerse a pasados episodios de represión desde la derecha, y actualmente enfrenta un persistente, insidioso y brutal asedio de tipo estalinista. Ante ello han cerrado filas sus estudiantes, profesores y egresados, junto con la inmensa mayoría democrática del país. Una vez más, el espíritu de Unamuno terminará por vencer al fantasma de Millán Astray.

Entrevista a Luis Fuenmayor Toro

Gustavo Méndez
El Universal, 27/05/12
 
 Estudiantes, empleados y obreros no están con el Gobierno

Expresidente de la Asociación de Profesores, exrector de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y exdirector de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, Luis Fuenmayor Toro, como pocos, conoce a fondo la academia; sus vicios y virtudes.

A partir de su prolífica experiencia levanta la voz en torno a la polémica sobre el voto paritario y la amenaza judicial que gravita sobre la UCV.

-¿En realidad el Gobierno quiere democratizar las universidades?

-Existe una tremenda confusión ideológica en el sector oficial. En su eterno enfrentamiento con los enemigos de las clases populares quieren convertir la natural división que existe entre estudiantes y profesores, que es igual en todo el mundo, en una lucha de clase social. Es decir, el profesor es el explotador y el estudiante el explotado. Curiosamente el explotado termina su explotación con un título en sus manos que le permite enfrentarse al mundo y trabajar. La universidad, hablo del deber ser y no del ser que ha generado toda está situación, es una institución basada en el conocimiento: su producción, difusión y utilización. En una sociedad que depende del conocimiento las jerarquías no se establecen democráticamente; no puedes votar para elegir cuál estudiante se gradúa y cuál no. Sólo obtienen el título aquellos que lograron cumplir los objetivos y se apropiaron del conocimiento. Un profesor titular no llega por votación sino por experiencia y conocimiento. Lo mismo sucede en las Fuerzas Armadas.

-Precisamente las tres organizaciones más antiguas: Ejército, Iglesia y Universidad funcionan bajo esas características.

-Exacto, sobre las jerarquías. En la institución militar el trato diario no es democrático y debe ser así para sostener el orden y el mando. El Presidente lo sabe porque él entiende esas jerarquías. Pero ahora se pretende olvidar esa realidad. El tutor de un estudiante no es su jefe. Es su tutor y el estudiante lo escoge sobre la base de su conocimiento y experiencia. Hay una relación solidaria pero no de iguales. A los estudiantes los quieren encandilar con una seudodemocracia populista. Se quiere dar un privilegio que no es acorde al ser estudiantil.

-La situación con empleados y obreros es aún peor.

-Ellos no son miembros de la comunidad. Los empleados son personas que soportan a quienes se ocupan del conocimiento, es decir, estudiantes y profesores. O acaso en los cuarteles las secretarias, los abogados o los administradores son parte del cuerpo de oficiales. Si es así tienen derecho a ascender dentro de la jerarquía de la institución castrense.

-El artículo 109 de la Constitución precisa quienes integran la comunidad.

-Hay un error conceptual, legal e inconstitucional. Ninguna ley está por encima de la Constitución. Cualquier explicación que se dé es una manipulación. Yo no puedo votar en las elecciones de los empleados y de los obreros. Lo que decide el voto es la pertinencia a la comunidad. Hay mucha confusión al respecto.

Texto completo

domingo, 27 de mayo de 2012

El Gobierno socialista que frena las humanidades

Mireya Tabuas
El Nacional*, 27/05/12

Las líneas generales del Plan de la Nación 20072013 señalan como primera directriz: "La refundación de la nación venezolana, la cual hunde sus raíces en la fusión de los valores y principios de lo más avanzado de las corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar".

Léanse otra vez los términos incluidos en este párrafo: valores, principios, corrientes humanistas, herencia histórica.

El postulado queda claro. Antes de hablar de ciencia, tecnología y desarrollo (temas que tratará en las siguientes páginas), el documento que da los lineamientos al Gobierno sobre el rumbo del país hace énfasis en la necesidad de transformar al ser humano y de formarlo éticamente. Tarea imposible sin el fortalecimiento de las humanidades y las ciencias sociales.

¿Están las humanidades ausentes del Plan de la Nación? El decano de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, Vincenzo Piero Lo Monaco, afirma que no es así. "En el Plan de la Nación se dice claramente que el ciudadano debe estar formado por valores humanos. La pregunta obvia es ¿qué disciplinas son las encargadas de crear esos valores? Sin duda que no son las ciencias básicas o físico-matemáticas. La formación ciudadana y la formación social es un campo propio de las humanidades y las ciencias sociales y por tanto, en ese sentido, es esencial y fundamental para el desarrollo del ser humano. Sin este plano de constitución del ciudadano como tal, los otros planos, del desarrollo científico y tecnológico, carecen de base".

Los propios postulados del Plan de la Nación le dan la razón al decano. La primera política propuesta es "transformar la sociedad material y espiritualmente", ¿es posible hacerlo sin las humanidades? Asimismo, se destaca como estrategia "una sociedad pluralista" ¿Puede ser pluralista una sociedad en la que se limita un área del saber? Evidentemente no.

Sin embargo, el Ministerio de Educación Universitaria no parece haberlo entendido así. La resolución 3147 del 17 de abril de 2012, emitida por ese despacho, establece 7 áreas de conocimiento prioritarias de formación para el país.

Sólo los estudiantes que apliquen a las áreas seleccionadas tendrán acceso a divisas para actividades académicas en el exterior otorgadas por Cadivi. Las humanidades están prácticamente excluidas de la lista.

De acuerdo con esta resolución, sólo los cursantes de 168 carreras tendrán acceso a los dólares. De éstas, sólo 8 son humanísticas y 25 de ciencias sociales. Hay otras 35 en el área de Ciencias de la Educación, sin embargo, las subespecialidades a las que pueden optar los educadores son casi todas en materias científicas como Educación mención Física, Química y Matemáticas. Apenas hay 5 especialidades para docentes interesados en el área humanística.

"Fomentar el hábito de la lectura" es un objetivo concreto de la tercera directriz del Plan de la Nación, pero los licenciados en Letras no tienen opciones de irse a estudiar al exterior con dólares Cadivi.

"Fortalecer la práctica de la información veraz y oportuna por parte de los medios de comunicación masivos" es otro de los objetivos del plan que no se ve reflejado en la resolución: los periodistas tampoco pueden obtener divisas.

Menos espacios. La exclusión de las humanidades no sólo está presente en esta nueva normativa Cadivi, puede verse en otras áreas: por ejemplo, en las becas de Fundayacucho. Las dos últimas convocatorias publicadas en la página web de esta fundación fueron para dos institutos: el Centro de Estudios Superiores de Materias Primas de Francia y la Universidad Federal Santa María de Brasil. Para cursar en la institución francesa se eligieron egresados en el área minera, mientras que para la casa de estudios brasileña las áreas elegidas fueron Ciencias del Agro y el Mar, Ciencias de la Tierra, Ciencias Biológicas, Ingeniería y Ciencias Básicas.

Dentro de las ciencias sociales únicamente se ofrecían becas para tres carreras: Economía, Geografía y Meteorología.

Otras cifras pueden reflejar la tendencia del Gobierno a olvidar el sector humanístico. La Universidad Bolivariana, fundada en 2003 por decreto presidencial, cuenta con 16 carreras en las diversas sedes del país, pero sólo 2 son humanísticas: Comunicación Social y Educación.

La Universidad de la Fuerza Armada, fundada como instituto universitario politécnico en 1974 y convertida en universidad por decreto del presidente Hugo Chávez en 1999, tiene 18 carreras y una sola humanística: Educación Integral. Eso contrasta con lo que sucede en otras casas de estudio. Por ejemplo, la UCV ofrece 63 cursos de posgrado en el área humanística entre especializaciones, maestrías y doctorados. La UCAB tiene 25.

El decano de Humanidades de la Universidad Católica Andrés Bello, Miguel del Valle, destaca: "No existe país sin talento humano, sin valores humanos, sin identidad y conocimiento sobre sí mismo, sin pensamiento propio, sin cultivo de las letras y las artes, sin convivencia en comunicación libre. Cualquier bienestar económico sin el anclaje en esos componentes no pasa de ser una ilusión efímera".

Interés por las artes. A pesar de la decisión ministerial, los estudiantes venezolanos tienen un marcado interés por las humanidades y ciencias sociales. Los datos del despacho de Educación Universitaria son claros. El año pasado fueron admitidos en la Educación Superior vía Sistema Nacional de Ingreso 128.949 estudiantes. Un total de 48% de los cupos se asignó a carreras vinculadas con ciencias básicas y tecnología, 28% a ciencias sociales y humanidades, 16% a ciencias de la educación y del deporte y 8% a ciencias de la salud. Es decir, humanidades y ciencias sociales son la segunda área con más alumnos en el país.

El decano Piero Lo Monaco señala que la Facultad de Humanidades tiene 12.500 estudiantes de pregrado y, junto con Medicina, es la más grande de la Universidad Central de Venezuela. La última prueba interna para las áreas humanísticas y de ciencias sociales la presentaron 20.000 aspirantes. La Facultad de Humanidades de la Universidad de los Andes tiene una matrícula activa de 5.811 estudiantes y cada año se inscriben en las pruebas de admisión 2.500 estudiantes para aspirar a uno de los 700 cupos.

En la UCAB cursan carreras humanísticas 4.567 estudiantes (32% del total de alumnos de esa universidad). Del Valle expresa que estos números muestran que, efectivamente, las humanidades siguen teniendo gran atractivo para la juventud. Para la Universidad Metropolitana no hay distinción entre ciencias y humanidades, tanto que existe una Facultad de Ciencias y Artes. Todos los estudiantes que ingresan en esta casa de estudios cursan exactamente las mismas materias el primer año. Matemáticos escritores, ingenieros filósofos, biólogos pintores son muestra de que arte y ciencia tienen líneas no tan definidas.

¿Plan orquestado?. Piero Lo Monaco asegura que todos los Estados democráticos tienen clara conciencia de que el impulso a las humanidades es fundamental para la creación del individuo como ser social.

"No podemos hablar de sociedad si excluimos a las humanidades; el desarrollo científico, que nos lleva al desarrollo tecnológico, está más vinculado a las condiciones de vida, pero lo que constituye el concepto de hombre como individuo y de persona como ser social es estudiado y apuntalado por las humanidades", indica.

Para el decano de Humanidades de la Universidad de los Andes, Luis Alfredo Angulo, "las humanidades proporcionan ideas, conceptos, lenguaje, apoyo, destrezas básicas para la cultura, la capacidad de abstracción y la conciencia histórica, es una mirada para entender críticamente el entorno. Las humanidades no tienen un papel decorativo con respecto a la sociedad, dan oportunidad de ver juzgar y decidir".

El presidente de la Academia Venezolana de la Lengua, Francisco Javier Pérez, considera también que no es posible que un país se desarrolle sin humanidades: "Gracias a esa disciplina hacemos una lectura social-cultural del país, es garrafal pensar que una nación va a crecer sin incentivos a las artes y a las humanidades".

Pérez señala que el desinterés del Estado no sólo se refleja en la discriminación en los dólares Cadivi. "No sé si es algo orquestado, pero se han ido cerrando espacios a la cultura, se viene sintiendo de muchas formas la falta de incentivos al área, por ejemplo, para la importación de libros.

Ese surtido al que estábamos habituados se ha reducido a su mínima expresión y lo poco que tenemos es gracias al esfuerzo de algunos libreros pero a unos precios inasequibles.

Las bibliotecas, que eran tradicionalmente receptoras de las novedades, no tienen nuevas adquisiciones. El panorama es oscuro. Por eso también dentro de Venezuela es más difícil el acceso al conocimiento. Estamos quedando atrás, marginados".

Piero Lo Monaco también menciona la dificultad de obtener divisas para la actualización bibliográfica de las bibliotecas universitarias. Es un techo para quienes cursan estudios de pregrado y posgrado dentro del país.

Angulo retrata la discriminación con un ejemplo concreto: el año pasado, como decano de la Facultad de Humanidades de la ULA, expuso a la Oficina de Planificación del Sector Universitario la necesidad de 300 pupitres, pues muchos estudiantes reciben clases parados o en el piso. La OPSU envió 350 pupitres a esa casa de estudios andina, pero su facultad no recibió ninguno de ellos.

Borradas por el ministerio. Buena parte de las carreras humanísticas no aparecen en la lista de beneficiarias del dólar Cadivi. Psicología, Historia, Bibliotecología o Filosofía ni siquiera están mencionadas.

De hecho, los estudiantes de Psicología de seis universidades públicas y privadas fueron los primeros en pronunciarse sobre la medida con un comunicado en el que señalan: "La privación de divisas para la formación de los estudiantes y profesionales de la Psicología en el exterior nos priva también de la oportunidad de desarrollar nuevos y mejores conocimientos, los cuales son clave para la intervención y el rol que debe cumplir el psicólogo en nuestra sociedad, para el beneficio de la colectividad".

Entre las carreras sociales no se nombran Estudios Internacionales, Sociología ni Estudios Políticos. Otras tienen limitantes: los comunicadores sociales sólo podrán irse a estudiar al exterior si quieren cursar la mención audiovisual, no impreso. Como Letras sólo se reconoce Idiomas Modernos, no Literatura. En Artes, están incluidos estudios en teatro, danza y música, pero no en artes plásticas. En Derecho, sólo quienes aspiren a Ciencias Policiales y Criminalísticas pueden ir a universidades extranjeras, pero ninguna otra área. En Economía sólo quienes quieran cursar la especialidad de Economía Social.

Angulo lamenta que el despacho educativo no haya consultado al sector. "Se trata de una decisión con implicación para la formación en pregrado y posgrado que va a afectar a estudiantes y a profesionales docentes".

Miguel del Valle indica que "la exclusión selectiva de la asignación de dólares para estudios en el extranjero por parte de Cadivi constituye una inequívoca discriminación que encubre un histórico desprecio por la cultura".

Despreciar las humanidades es despreciar al ser humano, dice. Para el Gobierno ­agrega Del Valle­ la cultura ofende y el pensamiento crítico está proscrito. "En el fondo, el tan cacareado `nuevo hombre’ no es sino una nueva y burda versión de la vocación negadora del hombre común a todos los regímenes totalitarios".

El Tecnológico de Monterrey ofrece una Maestría en Estudios Humanísticos. Su justificación refleja el gran valor que se le da al área en el mundo: "Nuestra incipiente democracia requiere formar sujetos sociales comprometidos con una visión analítica que parta de los fundamentos filosóficos y adopten metodologías interpretativas que les permita analizar con claridad el discurso propio y el de los otros. La aportación de los profesionales con una formación humanista formal contribuye, indudablemente, a todo lo anterior".

El núcleo de decanos de Humanidades y Educación, con representantes en 13 universidades públicas y privadas, se reunirá para discutir sobre las incidencias y consecuencias de esta resolución que limita la oportunidad de cursar estudios en el exterior. El Consejo Universitario de la Universidad de los Andes también acordó enviar un comunicado al presidente de Cadivi, Manuel Barroso. Pérez asegura que los humanistas no son pasivos: "Cree el Gobierno que es el sector más fácil de eliminar, que va a ser un sector sumiso, pero está propiciando una reacción. Una reacción intelectual".

*Páginas S1, S2 y S3

 

sábado, 26 de mayo de 2012

Desprofesionalización y rigidez curricular

Hugo Pérez H
Tal Cual, 26/05/12

La universidad sirve a la sociedad concentrándose en ser una corporación de profesionales dedicados a tiempo completo a la docencia y a la investigación. Esa corporación incluye también a adultos que están siendo formados para ser futuros profesionales. Puede ser que la universidad hoy sea mucho más que eso, pero sin profesores a tiempo completo y estudiantes, no será una universidad.

Hoy día queremos, claro está, más de nuestras universidades, por ejemplo que en su dedicación a la docencia formen profesionales competentes y demócratas. Los futuros profesionales que se graduarán de la universidad ingresan a ella bajo la premisa de que son adultos y que serán tratados como adultos. En su formación profesional serán guiados por docentes investigadores a tiempo completo. En su formación como adultos demócratas ejercerán su capacidad de elección libre y responsable, principalmente en lo que les compete de manera personal: las materias que cursarán en sus carreras.

En todo lo anterior las universidades venezolanas, tanto públicas como privadas, están raspadas.

Las universidades públicas han sido sistemáticamente desprofesionalizadas en los últimos años. Un Instructor a tiempo completo gana actualmente menos de 3.000 bf.

De modo que le es imposible dedicar todo su tiempo a su labor docente y de investigación y, de hecho, termina comportándose como un tiempo convencional: apenas dedica el mínimo de tiempo indispensable a sus clases para salir corriendo a su "otro trabajo". Los que sufren son los estudiantes que se ven expuestos a lecciones mal preparadas por docentes que no son profesionales de la academia. Por su parte las universidades privadas nunca han sido en Venezuela verdaderas universidades profesionales, pues cuentan en sus plantas con un minúsculo porcentaje de profesores a tiempo completo. Ni qué hablar de las universidades fundadas por el actual gobierno: van desde las meramente docentes a las militarizadas (literalmente), son la antítesis de la universidad.

Pero quizás la mayor tara de nuestras universidades está en su papel como formadoras de adultos demócratas. La estructura rígida de facultades y escuelas que ofrecen carreras de currículo tubular incentiva todo menos la capacidad de elección libre y responsable de los estudiantes.

Esta sólo se ejerce cursando un currículo libre, abierto, flexible, que incluya todas las materias que ofrece la universidad. Esa elección debe ser tan sólo limitada por los mínimos de créditos exigidos para obtener el grado en tal o cual profesión. Más allá de esos límites, todo debe ser optativo.

Los currículos tubulares, organizados por Escuelas, de nuestras universidades públicas y privadas, son exactamente lo contrario a lo que es una universidad: más bien implican la convicción de ser una institución que acoge a niños en el proceso de ser guiados. El resultado de ese proceso "pedagógico" (¿la universidad es para guiar a niños o para formar a adultos?) es que, si bien a las universidades entran niños irresponsables, de ella rara vez salen adultos responsables. Nuestras universidades infantilizadas y autoritarias son reflejo y reproductoras de una sociedad que desprecia la responsabilidad individual cada vez más a favor del despotismo paternalista. Una sociedad de niños que, como rebaño, deben ser guiados por el Gran Líder pedagogo.

Pero ambos temas, el de la desprofesionalización y la rigidez curricular, están relacionados. Las estructuras pesadas e inflexibles de Facultades y Escuelas son económicamente insostenibles, tanto para las universidades públicas como privadas.

Una Facultad, Escuela o Departamento (el nombre es irrelevante) de Sociología, por ejemplo, con profesores a tiempo completo, sólo tiene sentido si ofrece las materias relativas a sociología a toda la universidad, tanto a los estudiantes interesados en eventualmente graduarse en sociología como a los estudiantes que quieren ser filósofos, médicos, ingenieros, etc.

No es una utopía, de hecho así funcionan las mejores universidades del mundo.

La universidad no será democrática cuando los estudiantes puedan votar en cada una de las instancias académicas en supuesta paridad con los profesores, sino cuando esos estudiantes sean tratados como adultos con capacidad para elegir libremente sus propios destinos profesionales.

Y a la vez esa universidad no servirá de nada a la sociedad si no tiene gente que esté dedicada a ella a tiempo completo.

Reinventar la Universidad

H.C.F. Mansilla
Polis, mayo 2012



La universidad latinoamericana, tanto la pública como la privada, ha cambiado mucho en los últimos años. Se percibe el sano intento de acercarse a las normas internacionales y a los parámetros actuales de excelencia. La mayoría de las universidades ha instaurado cursos de postgrado que poseen un encomiable nivel. Después de décadas de marasmo, algunas universidades estatales se esfuerzan ahora, por ejemplo, en el fomento de la investigación y hasta en la invención de aparatos técnicos. Sus aportes positivos en los campos de la ecología, la medicina y hasta las matemáticas aplicadas son indiscutibles.

Al mismo tiempo, sin embargo, notables baluartes del conservadurismo pueden ser detectados en muchas facultades latinoamericanas de ciencias sociales, jurídicas y humanísticas. (La crítica del presente texto va dirigida principalmente a aquellas de la región andina.) Independientemente de su línea doctrinaria la gente de la palabra y del pensamiento se inclina aun hoy por una retórica convencional, donde casi nunca faltan elementos nacionalistas, o mejor dicho, argumentos que imputan los males de la nación a factores foráneos. Dejando de lado algunas excepciones, el estilo literario sigue siendo celebratorio, ampuloso, patriotero y también impreciso y gelatinoso. Eso se percibe claramente en las nuevas modas de los estudios culturales, subalternos, postcoloniales y curiosas especies afines. Este estilo y los correspondientes productos publicados no dejan vislumbrar destellos de un enfoque crítico. Los intelectuales progresistas, por su parte, reiteran lugares comunes de la convención nacionalista-socialista: nunca perdieron una palabra sobre el autoritarismo reinante en el medio sindical y campesino o en el ámbito administrativo-burocrático y rara vez produjeron algo que haya sido discutido allende las fronteras de la nación respectiva.

Justamente en el terreno universitario uno puede ser partidario de las corrientes más revolucionarias y practicar al mismo tiempo los hábitos más convencionales. Entre los universitarios leer libros es visto como un castigo. Los estudiantes creen que la meta de su accionar no es la comprensión y asimilación más o menos autónomas de un texto o una tesis, sino la "satisfacción del docente". Es decir: los alumnos suponen que la estrategia exitosa es adivinar qué es lo que el profesor presuntamente quiere oír. Aquí reaparecen usanzas coloniales intactas bajo ropaje marxista. Las universidades – sobre todo las andinas – son instituciones que prolongan la instrucción secundaria y donde predominan la mentalidad de la escuela convencional, la enseñanza memorística y a menudo el aprendizaje de trucos y mañas. La universalidad del pensamiento y la apropiación de un espíritu crítico no preocupan a la mayoría de los universitarios, quienes adquieren destrezas técnicas y no métodos de investigación científica. Muchas universidades privadas perpetúan y consolidan esta situación: constituyen, en el fondo, escuelas secundarias superiores donde los alumnos pueden seguir carreras de moda con claros réditos comerciales. En el ámbito andino pocas universidades privadas ofrecen, por ejemplo, carreras en ciencias sociales y humanidades, y casi ninguna se preocupa por una genuina investigación científica.

En la esfera de las disciplinas sociales los intelectuales imitan con extraordinaria facilidad modas externas; tienen un genuino terror de aparecer como anticuados en sus lecturas o ideas. Cuanto más novedoso el autor europeo o la moda norteamericana en ciencias sociales, tanto más autoridad irradiará en universidades y cenáculos intelectuales, con prescindencia del contenido específico y sin preocuparse gran cosa si la nueva doctrina tiene valor heurístico para conocer algo de la realidad respectiva. Por ejemplo: los marxistas criollos han abrazado tendencias y conceptos postmodernistas con auténtica avidez, creando unas mixturas de difícil digestión. Aquí estamos paradójicamente anclados en las últimas décadas de la era colonial, cuando la "novelería" (la expresión usual a fines del siglo XVIII) era de rigor, pero sin tomar en serio los contenidos de las grandes doctrinas provenientes de lejanas tierras. Muchos pensadores de la izquierda han mostrado su carácter conservador-convencional al menospreciar la democracia moderna y al propugnar la restauración de modelos arcaicos de convivencia humana bajo el manto de una opción revolucionaria, como es, por ejemplo, el intento de recrear la justicia comunitaria o la democracia directa participativa que habría existido en la época precolombina.

América Latina ha cambiado mucho en los últimos tiempos, pero algunos aspectos de la llamada “cultura profunda” de estas tierras han permanecido relativamente incólumes: el desprecio colectivo por la cultura genuina, la literatura y los libros, el desdén por las esfuerzos científicos y teóricos, la indiferencia hacia los derechos de terceros, la admiración por la fortuna rápida, la envidia por la prosperidad ajena, la productividad laboral sustancialmente baja y la celebración de la negligencia y la indisciplina como si fuesen las características distintivas de una juventud espontánea y generosa.

En la praxis lo que ha resultado de todo esto puede ser descrito como una modernización imitativa de segunda clase que es vista como si fuese de primera. La consecuencia inevitable es una tecnofilia en el ámbito universitario: los latinoamericanos no han desarrollado la ciencia contemporánea ni generado los grandes inventos técnicos, y precisamente por ello tienen una opinión ingenua y casi mágica de todo lo relacionado con la tecnología. Casi todos los sectores sociales desdeñan la esfera del pensamiento crítico-científico con el mismo entusiasmo con que utilizan las técnicas importadas, sin reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de tal comportamiento.

Los funcionarios administrativos de las universidades públicas no están para apoyar y aligerar la docencia y la investigación. Por el contrario: defienden de manera cínica y transparente sus intereses gremiales. Pero los docentes y los estudiantes, que deberían estar consagrados a los dos principios rectores de esta institución en todo el mundo ─ la universalidad del pensamiento y la investigación científica ─ se dedican también a consolidar intereses grupales y particulares. Observando superficialmente el comportamiento de los universitarios uno podría ganar la impresión de que se trata de un sector social hondamente preocupado por los problemas del país respectivo, consagrado al debate de los dilemas nacionales y propenso a una conducta revolucionaria. Nada más alejado de la prosaica realidad. Se trata de un estamento que defiende con uñas y garras sus privilegios corporativos, y lo hace utilizando el procedimiento más convencional: intenta hacer pasar sus intereses particulares como si fuesen los intereses generales de la nación.
La constelación básica de los intelectuales es muy similar. Nuestros pensadores han renunciado a su rol legítimo, es decir al pensamiento crítico y a la investigación científica. En general no producen conocimiento en sentido estricto y son más bien cortesanos del poder, como los llamó Octavio Paz. Esta mención se refiere sobre todo a los cientistas sociales en el área andina que profesaban ideologías liberal-democráticas y que a partir de 2006 se plegaron sin muchos aspavientos a posiciones estatistas y populistas. La realidad es, como siempre, más compleja, y por ello estas aseveraciones deben ser consideradas sólo como aproximaciones imprecisas a una temática muy diferenciada. Pese a todo ello se puede decir que uno de los puntos débiles de estos intelectuales es la ética. Pero como esta virtud es claramente excelsa (es decir: demasiado alejada de los asuntos mundanos) y representa una carencia muy extendida en todas las clases sociales, tribus y regiones de América Latina, la falta de ella no era ni es un rasgo distintivo y característico de los intelectuales. Su oportunismo debe ser visto como una actitud pragmática que trata de utilizar el tiempo ─ el recurso más escaso en el mundo ─ en una forma razonable y comprensible. La sociedad, que comparte sus mismos valores, sabe entender y perdonar su comportamiento…
Variando un aforismo de Theodor W. Adorno, creo que la crítica profunda de la situación actual es el primer paso de la necesaria reforma del ámbito universitario y del estamento intelectual. Hay que modificar la mentalidad autoritaria, centralista y colectivista de las sociedades latinoamericanas, mentalidad que impregna poderosamente la cosmovisión y los valores de orientación de intelectuales y universitarios. No es una tarea imposible, pero representa un esfuerzo titánico y una obra cultural que tomará algunas generaciones en dar frutos. En contraposición a las creencias de marxistas y revolucionarios, no existen leyes "científicas" de la evolución histórica que nos prescriban un desarrollo obligatorio de los asuntos humanos. Y precisamente por ello hay todavía un espacio para la esperanza.
*Véase blog de Fernando Mires: Polis

viernes, 25 de mayo de 2012

El cuartel y la Universidad

Mariano Nava Contreras
El Universal, 25/05/12

No hay dos edificios que representen visiones del mundo más opuestas. El uno encarna la supremacía de la fuerza, la confianza ciega en el poder de las armas, el ideal guerrero, la creencia en que el devenir de la humanidad se basa en la dominación, el sometimiento y la conquista. Su fin y su razón de ser tienen un objeto muy claro: el poder. El otro se inspira en los poderes de la razón y de la ciencia, en el ideal del científico, del humanista, en el convencimiento de que nuestro fin consiste en transformar y optimizar el mundo a través del conocimiento, su objeto último consiste en la herramienta creadora por excelencia: el saber.

Por ello el militar no debe debatir ni cuestionar, su norma de conducta se reduce a un solo principio: la obediencia. El intelectual y el científico en cambio están obligados a discutir, a investigar, a problematizar el mundo para poder perfeccionarlo, corrigiéndolo y mejorándolo. Su norma es la inconformidad y la rebeldía, sin las cuales es impensable un mundo mejor. Pero hay otro punto en el que ambos difieren radicalmente. Aquellos suponen una casta cerrada en un mundo compuesto de diferencias en conflicto. La única interacción posible es el combate. La única solución es la victoria o la derrota, la muerte o la humillación del enemigo. La vida militar es impensable en un mundo sin guerras, donde no luchen unos pueblos contra otros, o a veces, lo más triste, hermanos de un mismo pueblo. Su norma es la exclusión y la diferencia. Su credo, la superioridad de unos sobre otros por la fuerza de las armas. El cuartel, en última instancia, es una institución trágica que se alimenta de tragedias. La Universidad, por el contrario, nació hace casi mil años (aunque en realidad es mucho más antigua) con la idea de aglutinar todo el conocimiento humano, con la voluntad de perfeccionar todos los talentos, todas las habilidades. De ahí su nombre, Universitas studiorum, la totalidad de los estudios. Su ideal es la inclusión y la apertura, su ambición el mejoramiento de la vida humana. Las universidades pueden tener muchos defectos, pero nadie negará que sin ellas la civilización sea impensable. La Universidad es, pues, la institución filantrópica por excelencia. Así, el soldado y el académico representan dos actitudes opuestas ante la vida. Ello explica por qué se la llevan tan mal.

El cuartel y la Universidad se parecen sin embargo en dos cosas. En primer lugar, se trata de dos edificios públicos. Eso significa que comparten un mismo espacio urbano. Se tienen que adaptar a las condiciones que les impone la ciudad y la geografía, física y humana. El cuartel, como la Universidad, se debe a una comunidad, de ella viven y para ella trabajan. Cuando el cuartel o la Universidad pierden el contacto con su comunidad y comienzan a actuar de espaldas a ella inician un extraviado camino que los lleva a su propia destrucción. Pero hay otro punto en común. Tanto el cuartel como la Universidad tienen una estructura jerárquica que marca su organización. El cuartel posee una jerarquía militar basada en el mérito guerrero. A nadie se le ocurriría proponer que un General fuera electo por los votos de la recluta. De igual manera, la Universidad posee una jerarquía académica basada en el mérito académico, y que debe ser elegida por los académicos.

No nos engañemos. Estas similitudes no hacen sino remarcar las diferencias fundamentales entre ambas instituciones ¿Cuál es entonces la solución para este antagonismo? A algunos les gustaría pensar que es la aniquilación definitiva de las universidades, pero ello significa caer en la lógica de la confrontación. La violencia por un lado y la razón por el otro, el cuartel y la Universidad desempeñan funciones muy diferentes, es verdad, pero necesarias en un mismo cuerpo que se llama nación y sociedad. El secreto de este equilibrio y convivencia está en la democracia, el sistema en el que cada cual ocupa su lugar y se le respeta

miércoles, 23 de mayo de 2012

Acoso judicial contra la UCV

Eleazar Narváez
Tal Cual, 23/05/12

Insiste el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en obligar a determinadas universidades, las que hoy no están secuestradas por el Gobierno, a colocarse al margen de la Constitución y de las leyes de la República. Las presiones contra esas instituciones han sido implacables. El acoso recurrente del Poder Judicial sólo se ha dirigido a las casas de estudio donde los miembros de la comunidad académica, docentes y estudiantes, han elegido a sus autoridades con base en lo establecido en la Carta Magna y en la vigente Ley de Universidades. No ha ocurrido así en la mayoría de las universidades públicas en las que existe la llamada práctica antidemocrática de la "designación a dedo" por el Ejecutivo. Lo cierto es que, por orden de la Sala Electoral del TSJ, las nuevas convocatorias a elecciones han sido dejadas sin efecto en varios centros educativos desde el pasado año, con el argumento de que éstos deben primero reformar y publicar su reglamento electoral con apego a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2009. Se trata, sin duda, de una exigencia plagada de arbitrariedades, la cual, en lo fundamental, se quiere imponer en correspondencia con los propósitos políticos del régimen.

Así, esa suspensión de las elecciones previstas en varias universidades ­en las autónomas, entre otras­, se ordenó bajo la argumentación de que el reglamento electoral de las mismas debía previamente ajustarse a lo estipulado en el numeral 3 del artículo 34 de la LOE, en el que se indica que una de las funciones de las instituciones universitarias, en el ejercicio de su autonomía, será "elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento".

Conviene tener presente que el TSJ, en su afán interventor de la universidad autónoma por la vía judicial, obvia dos requisitos que deben acatarse en el marco de la LOE para que las universidades procedan a la reforma de su reglamento electoral: dar cumplimiento a las disposiciones transitorias Segunda y Tercera del citado instrumento legal, de acuerdo con las cuales deberán sancionarse y promulgarse las correspondientes legislaciones especiales, entre ellas, la Ley de Educación Universitaria, así como el Reglamento de la ley en cuestión. Como se sabe, hasta la fecha, tales asuntos siguen sin hacerse realidad. Es de suponer que mientras eso no se concrete, las universidades están obligadas a supeditarse a lo previsto en la vigente Ley de Universidades. Y por encima de todo, a respetar lo contemplado en el artículo 109 de la Constitución.

A la UCV se le ha ordenado en dos oportunidades la mencionada reforma reglamentaria, ambas en el transcurso del año pasado. La primera, en relación con la elección de decanos para el período 2011-2014. Como es del dominio público, ese proceso electoral no ha podido realizarse todavía con motivo de una medida cautelar de suspensión del mismo por parte del máximo tribunal, por lo que en las distintas Facultades hay incertidumbre y no pocos problemas con la prórroga del mandato de sus autoridades. La segunda, a propósito de la elección de las autoridades rectorales para el período 2012-­2016, de acuerdo con la sentencia de la Sala Electoral de fecha 10 de agosto de 2011.

Hace pocos días conocimos otra decisión del TSJ que confirma su práctica terrorista contra la UCV: declarar en desacato y multar a la Rectora y a otros integrantes del Consejo Universitario, luego revocada. 

Una verdadera prueba de fuego para la comunidad ucevista, quien en circunstancias muy difíciles tiene la palabra.

lunes, 21 de mayo de 2012

Verdugos de la UCV

Humberto García Larralde

El jueves 17 de mayo la Sala Electoral del TSJ impuso una multa de Bs. 18.000 a cada uno de los miembros del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela[1], alegando desacato de una decisión tomada por ella el 10 de agosto del año pasado en la cual se obligaba a esta Casa de Estudios suspender toda elección interna hasta tanto no reformara el reglamento electoral interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Asimismo, ordena al Consejo Universitario  instrumentar esa reforma en los 10 días hábiles siguientes y a remitirle el nuevo reglamento. Tal decisión constituye un atropello a la autonomía universitaria, a la libertad de conciencia de los integrantes del máximo organismo universitario y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), además de a otros preceptos legales. Veamos.

1.       De la aprobación de Ley Orgánica de Educación (LOE): 

      La LOE fue aprobada “entre gallos y medianoche” del 13 de agosto, luego de una sola discusión en plenaria de la Asamblea Nacional (AN). El proyecto de ley presentado a la consideración del cuerpo legislativo no guardó relación alguna con lo aprobado por consenso en primera discusión en 2001, cuando la AN era mucho más representativa y plural[2]. Lo que se aprobó fue un proyecto nuevo, que requería de dos discusiones en plenaria, no una, conforme a lo establecido en los artículos 207, 208 y 209 de la CRBV. Tratándose de una ley orgánica, debía haberse remitido a la Sala Constitucional del TSJ para que ésta se pronunciara sobre su constitucionalidad y rango orgánico antes de ser promulgada, como obliga el artículo 202 de la Carta Magna, cosa que tampoco se hizo. 
    
    El proyecto de ley, cocinado a espaldas incluso de miembros de la Comisión de Educación Cultura y Deportes de la AN, fue conocido por los diputados apenas una semana antes de su aprobación definitiva, sin incluir su Exposición de Motivos. Las reiteradas peticiones de autoridades universitarias y organizaciones sociales comprometidas con el hecho educativo, de posponer su discusión para permitir así una amplia consulta luego del inicio de las clases en septiembre, no sólo fueron desoídas, sino que sus proponentes y acompañantes, al dirigirse en manifestación a la Asamblea Nacional, fueron reprimidas salvajemente por la policía y por bandas armadas pro gobierno .
    
    Por tanto, esta ley carece de legitimidad democrática por violar disposiciones constitucionales para su aprobación, entre los cuales cabe destacar la ausencia de toda consulta a los interesados.

2.       Del artículo 34 de la LOE
El # 3 del artículo 34 de la LOE señala que la autonomía universitaria implica:

Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las integrantes de la comunidad universitaria.


[1] Salvo a dos representantes del oficialismo, que votaron en contra del calendario electoral para elegir autoridades, aprobado a comienzos de marzo del presente año.
[2] Este proyecto fue engavetado luego de que el presidente Chávez amenazara recibirlo con “el bate de Sammy Sosa”.

La universidad como trampolín político

Enrique Condés Lara
 LAISUM, México, 17/05/12
 
La autonomía ha sido fundamental para el desarrollo de las universidades públicas nacionales. Las pretensiones no académicas de grupos del poder público y de partidos, de la Iglesia católica y de grupos empresariales, por imponer sus dictados a las instituciones de educación superior se han topado a lo largo de la historia contemporánea del país con esa figura jurídica que preserva la libertad de cátedra, otorga a los universitarios la facultad de elegir sus autoridades y de formular sus planes y programas de estudio.

No fue fácil alcanzar dicho status. Con frecuencia, durante el México posrevolucionario, no pocos gobernantes, diversos dignatarios religiosos y connotados empresarios intentaron controlar o manipular los destinos de las universidades, imponiéndoles autoridades, determinando su orientación.

Luego de muchos esfuerzos, en junio de 1980, la autonomía se elevó a rango constitucional. Fue la consagración de una relación institucional entre el poder público y las universidades que permitió tanto al uno como a las otras estar en mejores condiciones para cumplir apropiadamente sus responsabilidades. Finalizaba así una era de interferencias externas al normal desenvolvimiento de las actividades docentes y de investigación que frecuentemente estuvo acompañada de disturbios dentro y fuera de las casas de estudio. A su vez, se abrió paso una alentadora colaboración entre las instituciones educativas, el poder público y diversos segmentos de la sociedad.

No obstante, los centros de educación superior enfrentan en la actualidad una nueva amenaza: las acciones originadas y ejecutadas desde su interior y encaminadas a usarlos como trampolines políticos. No se trata de un peligro fraguado fuera de estas instituciones como sucedía con cierta frecuencia en el pasado; en esta ocasión procede, por el contrario, de su interior, de personalidades y grupos de poder que, ubicados en las universidades y no pocas veces fabricados en ellas, las usan para escalar o, más bien, para brincar a puestos de gobierno. Y no es el caso de profesores o investigadores brillantes que en un momento dado son nombrados funcionarios públicos o son postulados como candidatos para un cargo de elección popular por algún partido político. Muchas veces, tales universitarios tienen muy bien ganada la confianza que se deposita en ellos para ocupar puestos de responsabilidad gubernativa que podrían permitir a este país contar con mejores funcionarios públicos.

El problema aparece cuando los altos funcionarios universitarios emplean sus posiciones como medio para conseguirse una candidatura o para brincar a un cargo gubernamental. Introducen una perversión en la vida y en la cotidianeidad institucional universitaria que puede llegar a ser grave. Poco a poco, conforme se acercan o lo demandan los tiempos políticos, y no las necesidades académicas, su comportamiento y definiciones colocan en el centro de su actividad la aspiración a una candidatura o a un nombramiento; lo hacen desde la estructura universitaria, apoyándose en los recursos y en la proyección que ofrece la institución educativa. Su repetida presencia en actos públicos al lado de gobernadores o de funcionarios estatales o federales de primer nivel, deja de ser expresión de una necesaria relación interinstitucional y deviene en manifestación de un tejido político que se construye con el fin de catapultar a una persona so pretexto de la necesidad de acercar la universidad a “la sociedad”.

La acusada presencia de la Universidad en los medios informativos en lugar de reflejar la actividad y logros de la institución, sirve para la promoción personal de los rectores. El fomento de obras, algunas de ellas muy aparatosas y costosas, deja de corresponder a necesidades sociales o a dinámicas universitarias reales como serían el incremento de la demanda de servicios educativos, la necesidad de superación de niveles, la ampliación de servicios y el fortalecimiento de la investigación científica en curso, para ser, cada vez más, consecuencia de compromisos políticos y artificio para proyecciones extra-universitarias.

Se trata de campañas políticas personales a gran escala, carentes sentido o contenido universitario, sin ninguna regulación o control y solventadas con fondos públicos y cuyo único fin es promover la carrera política de funcionarios universitarios. El protagonismo de rectores en foros y tribunas de la más variada condición y calidad, debatiendo, enjuiciando y opinando sobre multitud de temas y asuntos, muchos sin relación con la función universitaria, la educación, la cultura y la ciencia o, al menos, con la especialidad profesional de los ponentes, no representa en sí la superación de la condición de “torre de marfil” de las universidades, tan criticada por los movimientos estudiantiles de los años sesenta a ochenta, sino la corrupción de tal aspiración. El mejor Rector, dijo en alguna ocasión el Ing. Luis Rivera Terrazas, rector de la Universidad Autónoma de Puebla de 1976 a 1981, es “el que no se ve”.

Hay algo de fondo en todo esto; algo que funciona mal y está permitiendo que no arriben a la conducción de las universidades las personas adecuadas; es decir, los universitarios más destacados y calificados, aquellos con largas trayectorias como docentes e investigadores en las que descollaron sobre sus pares y que entienden los cargos universitarios como posible culminación de un largo recorrido y no como peldaño para una carrera política.

La Universidad, que es institución de cultura y no un sindicato, un partido político o una empresa, necesita tener al frente a los mejores y no a los más políticos; esto es, a los que por su cultura, su calidad académica, sus aportes científicos y su trabajo como docentes, han ganado la estima y el reconocimiento de los que son semejantes a ellos: las academias y los investigadores, no tanto la de grupos políticos, de activistas estudiantiles o de personeros del gobierno. Esta clase de universitarios, que han vivido en y para la universidad, tienen a la institución educativa como eje y fin de sus preocupaciones. No olvidemos que todavía hay en el mundo muchas personas que no tienen como fin en la vida acumular dinero como sea, aparecer en televisión, figurar en las páginas de sociales o hacerse de mucho poder político.

¿Cómo, entonces, es que llegaron hasta donde han llegado, los que no debieran estar donde están? Hace falta una profunda recapitulación nacional sobre ello.

Y para evitar confusiones, malos entendidos y falsas discusiones, es necesario precisar que no se busca coartar las aspiraciones legítimas o los derechos constitucionales de nadie. Vale que cualquier profesor, estudiante o funcionario universitario, intente ser lo que quiera, incluyendo por supuesto una diputación, alguna senaduría, algún cargo gubernamental, la conducción de una próspera empresa, etc. Lo que no está bien es utilizar a la institución educativa para tales propósitos. Pero hay que señalar también que no todos tienen las mismas posibilidades para usar la estructura y los recursos universitarios: no las tienen los estudiantes, un profesor o algún investigador. En cambio, los altos funcionarios sí las tienen. Enfoquemos en consecuencia la mirada hacia ellos.

Hay que insistir en que los rectores y los principales funcionarios universitarios no deben ocupar o aceptar cargos directivos en un partido político o alguna confesión religiosa; más aún, que necesitan cancelar su militancia y compromisos partidistas durante el tiempo que en que permanezcan como directivos universitarios y mantener en la esfera de la vida privada sus creencias y prácticas religiosas. No deben, por otra parte, manejar, poseer o tener intereses en instituciones educativas privadas o en empresas susceptibles de ser beneficiadas o afectadas de alguna manera con los gastos, obras e inversiones propias de una universidad pública. Asimismo, necesitan comprometerse formalmente a no interrumpir su encargo universitario para ser candidatos o para brincar a un cargo gubernamental. Cierto es que, en tanto ciudadanos, no tienen impedimento legal para aceptar una postulación o un nombramiento oficial, pero también es cierto que su condición de Rectores en funciones debería llevarlos (éticamente hablando) a descartar algún ofrecimiento de ese tipo.

De cualquier forma está siendo hora de abrir la discusión y legislar sobre el asunto.
Enrique Condés Lara

Investigador de tiempo completo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y autor de varios libros.

domingo, 20 de mayo de 2012

La realidad de la UNEFA

Gustavo Méndez
El Universal, 20/05/12

Sostienen que la Unefa no es roja como creen autoridades

El lunes 7 de mayo los estudiantes de la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas (Unefa) rompieron el silencio y salieron a protestar para denunciar una serie de irregularidades: Desde la entrega de notas, el maltrato de los efectivos militares, hasta el cobro de Bs. 15 para acceder al comedor. Ante la indiferencia de las autoridades tomaron la calle.

Un mes antes, otra grave irregularidad habían cometido las autoridades: 430 profesores fueron despedidos en los veinticinco (25) núcleos de la Unefa; la razón: aparecer en la ominosa Lista Tascón.

Otro dato. En la universidad bandera del Gobierno no hay elecciones: los rectores los designa el Presidente. Los estudiantes no cuentan con representantes en las instancias del cogobierno universitario. Profesores, empleados y obreros tampoco tienen participación.

"Estamos hartos. Hay un constante maltrato de los militares, como si esto fuera un cuartel y nosotros subordinados. Hay un desorden administrativo, las notas se pierden. No se consiguen los programas. El transporte no sirve. Esperamos hasta una hora para subir al ascensor. Siento que estamos a la deriva", relata una estudiante de Educación, que por razones obvias, omite su nombre.

Después de los sucesos del aquel día, las autoridades prometieron saldar las irregularidades. Los estudiantes dieron un plazo de 15 días que culminarán el próximo 28 de mayo. Sin embargo, el cobro de Bs. 15 para disfrutar del comedor está vigente. El transporte falla y los días pasan sin cambios.

Sin derecho a nada

"El día 13 de marzo nos informaron a los contratados que debíamos consignar nuestros documentos. Cuando verificaban en la computadora, nos decían si pasábamos y nos daban nuestros nuevos contratos o debíamos hablar con nuestros jefes. En mi caso, me dijeron que hablara con mi jefe; sin embargo fue en el mes de abril que fui despedido, trabajando todo el mes de marzo y parte de abril. No me cancelaron la quincena, y cuando pregunté por mi liquidación, me dijeron que ni lo soñara, porque contratado no tiene prestaciones, o sea, después de tantos años, salimos sin nada. Nos entregaron una notificación informando que el contrato no sería renovado por falta de presupuesto, pero al momento de estregarnos la carta nos dijeron que estábamos fuera debido a que aparecíamos en la Lista de Tascón", relató un profesor cesanteado.

Sin embargo, los docentes que lograron renovar no recibirán 40% de aumento salarial aprobado en 2011.

El masivo despido dejó a la deriva varios departamentos y cátedras, afectando los procesos académicos y administrativos. Situación que generó la protesta estudiantil.

"Hay carreras con ausencia de docentes, los perjudicados fueron los alumnos que se están atrasando en sus clases. El trabajo de las oficinas también se ha paralizado, algunos cargos han sido cubiertos por personal fijo de otros departamentos, y esta semana comenzaron a contratar personal nuevo".

Miedo a la disidencia

De acuerdo con el relato de otra docente, la razia fue limpiar a la Unefa de opositores. "La oposición está metida en la Unefa, sin contar la gran cantidad de empleados que no está con el proceso, pero por ser fijo no los pudieron despedir. La Unefa no es roja rojita, como creen las autoridades, eso lo saben, por algo hicieron los despidos. Lo que no saben es la cantidad de docentes, empleados y obreros que guardan silencio cuidando su puesto pero que saben por quién no votará en octubre".

Terrorismo judicial contra la Universidad Central de Venezuela

Eleazar Narváez

El verdugo de la justicia en Venezuela pretende ser el ejecutor de nuestra autonomía universitaria. Convertido en instrumento político del presidente de la República, el Poder Judicial extiende sus tentáculos hasta las pocas universidades que hoy presentan signos de independencia ante las pretensiones hegemónicas del Ejecutivo. En modo alguno se dirigen a la mayoría de las universidades públicas del país, las cuales en los últimos trece años han devenido en simples agencias gubernamentales. El allanamiento militar y policial de otros tiempos, en la actualidad quiere ser sustituido mediante el allanamiento judicial para someter precisamente a esas instituciones donde el régimen no ha podido ni ganar una elección, ni imponer las extravagancias y perversidades características de su ejercicio del poder en la sociedad venezolana. A esas casas de estudio, donde sus docentes y estudiantes han elegido a sus autoridades con fundamento en la Constitución y en la vigente Ley de Universidades, el TSJ ha dirigido su batería de arbitrariedades y triquiñuelas jurídicas para tratar de imponerles una reforma de su reglamento electoral que vulnera el principio de autonomía universitaria.

Esa práctica terrorista se intensifica con la decisión del TSJ de declarar en desacato y multar a la rectora Cecilia García Arocha y a otros integrantes del Consejo Universitario de la UCV, al considerar que éstos desobedecieron las órdenes que les fueron dadas en la sentencia de fecha 10 de agosto de 2011, para que reformaran y publicaran el reglamento electoral de esa institución con base en el numeral 3 del artículo 34 de la LOE.

Confiamos en que las reservas morales de la UCV se harán sentir con mayor coraje y determinación en estos momentos trágicos que vive la universidad autónoma venezolana.

miércoles, 16 de mayo de 2012

UDISTAS: En torno a la reforma del Reglamento Electoral de la Universidad de Oriente


Ante el llamado por parte del Consejo Universitario de la Universidad de Oriente a participar en la reforma del Reglamento Electoral de esta institución (ver: http://www.udo.edu.ve/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=19&id=2943&Itemid=223), que acata la orden emanada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el grupo Udistas comunica a todos los sectores de la colectividad universitaria su posición al respecto.

Constituye una falta grave contra la comunidad universitaria y la institucionalidad de nuestra Universidad el sometimiento inconsulto a esta decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

En Udistas percibimos muy claramente la intención política del gobierno nacional de quebrar la autonomía de nuestras universidades, sin reparar en la inconstitucionalidad de actuaciones tales como la pretensión de reglamentar vía judicial. Nos resulta muy claro que al gobierno no le interesa profundizar la democracia universitaria. Si así fuera, sería muy sencillo que empezaran aplicando estos principios en las universidades experimentales que controlan, donde las autoridades son nombradas por el gobierno y no electas, y donde se persigue o anula la disidencia.

La profundización de la democracia que se alega en la decisión en cuestión es una farsa que, de concretarse, causará daños permanentes a la universidad. Los universitarios deben rebelarse ante este atropello. En consecuencia, denunciamos y rechazamos enérgicamente las argucias y artimañas legales que soportan estas pretensiones, y, con redoblada fuerza, exhortamos a las autoridades de la universidad y a todos los miembros de nuestra colectividad a defender con firmeza el derecho que nos asiste. La debilidad de nuestras posiciones no ha servido sino para nuestro perjuicio.

Estimamos que las universidades autónomas han debido mantenerse unidas en la posición inicial que demandaba por inconstitucional, ante el TSJ, el numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, en cuya manipulación se funda el peligro inminente que hoy nos vemos obligados a repudiar. Como siempre, la división ha sido perjudicial y ha impedido difundir ampliamente esa posición y presionar, mediante actividades públicas, para que fuese tomada en cuenta. Igual actitud compacta debió permanecer ante la decisión de la Sala Electoral, y no ceder al chantaje, como bien han hecho la UCV y la UC. También advertimos la falta de una discusión anticipada, amplia y abierta de estos aspectos problemáticos con profesores y estudiantes, acompañada del necesario apoyo especializado, acciones que han debido ser promovidas por las instancias directivas de la universidad. Tal proceso hubiera permitido una actitud más sustentada, coherente y firme.
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viernes, 11 de mayo de 2012

Venezuela no tiene políticas de repatriación de talentos

Andrea Small Carmona
El Nacional, 11/05/12
 
La polémica desatada por el video Caracas, ciudad de despedidas, dejó mucho más que memes criollos en Facebook y amenazas en Twitter a los realizadores. Con un ojo un poco más crítico, inspira también un análisis sobre cuán grave es la pérdida de aquellos jóvenes que fueron educados en el país y que ahora se quieren ir sin considerar, ni siquiera, una posible fecha de regreso.

Y es que, comparado con otros países de la región Suramérica, Venezuela pareciera estar atrasada en lo que a programas de repatriación de talentos se refiere.

Mientras en países como Argentina, el programa Raíces ha logrado que regresen desde 2008 más de 800 profesionales, en Venezuela, las cifras de salida son cada vez mayores.

Claudio Bifano, presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, señala que pareciera que la política gubernamental actual es alentar a la gente preparada para que abandone el país. "Esto es gravísimo, porque la pérdida de capital humano no sólo va a estancar al país, si no que lo va a hacer retroceder de manera significativa. La gente que está abandonando el país ha tenido una educación de calidad y puede ser considerada como una emigración de lujo, que reporta grandes beneficios a los países que los reciben. Es una pena que el país no pueda garantizar las condiciones mínimas de desarrollo para hacer que ellos se queden", expresó.

Como una medida paliativa a este problema, la Academia de Ciencias ha puesto en marcha dos iniciativas, que aunque no fomentan la repatriación de talento, sí intentan fortalecer los lazos y las comunicaciones entre la comunidad de científicos venezolanos que están en el exterior y los que están en el país.

La primera es el programa José María Vargas, cuyo objetivo es establecer programas conjuntos de cooperación y ampliar las posibilidades de estudiantes venezolanos de obtener pasantías de posgrado en el exterior. "Cada año, la Academia invita a 4 o 5 investigadores venezolanos radicados fuera del país, para que pasen varios días aquí y puedan recorrer instituciones y así generar redes de intercambio de conocimiento. No podemos hacer más porque el presupuesto que tenemos solo alcanza para eso. No tenemos estímulo gubernamental para este programa y dependemos exclusivamente de las donaciones de algunas compañías que comprenden la importancia de esta misión", señaló Bifano.

Adicionalmente, la Academia creó hace poco la Red de Jóvenes Investigadores de Venezuela, formada hasta ahora por 80 investigadores menores de 45 años de edad, con doctorado y radicados en el país.

"Es un esfuerzo por hacer un reconocimiento a las nuevas generaciones, y hacerlas sentir que sí hay gente que valora y reconoce el trabajo que hacen", dijo Bifano. La red también entrega cada año el premio Arnoldo Gabaldón.

Sin retorno. Benjamín Scharifker, rector de la Universidad Metropolitana y ex presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, explicó que quienes piensan que no hace falta el que se va sino el que se queda, podrían tener una visión incorrecta de la situación. "Aquí todos son necesarios. No se puede despreciar el talento de nadie", afirmó.

Algunas estimaciones ubican el número de venezolanos expatriados en cerca de un millón. Sin embargo, para Scharifker la cifra no es lo más relevante: "La fuga de talentos es una situación que merece ser atendida, no importa si son mil o uno solo el que se quiere ir del país. Este fenómeno social lo único que pone evidencia es lo poco atractiva que resulta para los jóvenes la vida en Venezuela, porque necesitan buscar en el exterior lo que no pueden conseguir aquí: realización personal".

En Venezuela, la educación de un estudiante universitario de pregrado cuesta alrededor de 10.000 bolívares anuales.

En el caso de las instituciones privadas, los estudiantes y sus familias asumen estos costos, pero en las casas de estudio públicas, como la Universidad Central de Venezuela o la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, es el Estado quien paga la educación de los cursantes. "Pero lo más importante no es ni siquiera la inversión que el Estado hace en un ciudadano para que se prepare, si no el retorno financiero que el ejercicio profesional de esa persona podría generar al país", explicó Scharifker.

Por ejemplo: el país invierte 50.000 bolívares en la educación de un abogado, un médico o un periodista en una universidad pública. Pero la verdad es que esa persona, una vez graduada, va a producir muchísimo más de 50.000 bolívares a lo largo de su vida.

Si ese profesional se va, contribuye con la economía del lugar a donde llega. "A Venezuela no le queda nada de ese retorno. Así se mide la afectación", dijo Scharifker.

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miércoles, 9 de mayo de 2012

Las universidades, a examen

Nora Bär
La Nación, Argentina, 09/05/12
 
¿Son buenas las universidades argentinas? Frecuentemente, esta pregunta se responde "con el bolsillo", "con el estómago" o "con el corazón". Pero un ranking elaborado por el equipo de SCImago Research Group dedicado a desarrollar herramientas de análisis estadístico en producción científica ofrece argumentos algo más objetivos.

El estudio analiza la performance en investigación de las universidades de América latina y España basándose en sus publicaciones realizadas en el período que va de 2006 a 2010 y que figuran en la base de datos Scopus. Tiene en cuenta indicadores tales como la producción científica, las colaboraciones internacionales, la proporción de artículos publicados en revistas de prestigio y la "excelencia investigadora" (según este ranking, una publicación puede considerarse "de excelencia" cuando se encuentra entre el 10% de los trabajos más citados del mundo). Así, logra construir un perfil detallado que permite monitorear la actividad científica de las instituciones de educación superior basándose en datos cuantitativos de publicación y citación.

"El volumen de los trabajos publicados es considerado uno de los indicadores del tamaño científico de las instituciones -dice la doctora Sandra Miguel, investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y uno de los autores del trabajo-. Sin embargo, no es sólo la cantidad de conocimientos producidos lo que contribuye al progreso de la ciencia, sino también la calidad y el impacto que producen, tanto a través de las citas recibidas como de su aplicación en el desarrollo de nuevos productos o servicios."

Y he aquí el dato significativo: de entre los seis países latinoamericanos más prolíficos de la región (Brasil, México, Colombia, la Argentina, Venezuela y Chile), la Argentina es "por gran diferencia" aquel con mayor porcentaje de universidades con altos niveles de excelencia: casi un 44% alcanza un índice de entre 8 y 9; esto significa que entre el 8% y el 9% de las investigaciones de estas casas de estudios están entre las más citadas internacionalmente. Y en otro 19% de los centros, el 10% o más de sus trabajos científicos se encuentra en ese nivel. Brasil alcanza niveles de excelencia iguales o inferiores a 5 en el 50% de las universidades más productivas (el 5% de sus papers se cuentan entre los más citados) y tiene un pequeño porcentaje de instituciones (4%) que logran un índice igual o mayor a 10. Teniendo en cuenta el impacto que la investigación tiene en la educación superior, no está tan mal...
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¿Conflictos insuperables?

Eleazar Narváez
Tal Cual, 09/05/12

En medio de las circunstancias muy difíciles que hoy vivimos en Venezuela, las relaciones de la universidad autónoma con el Estado se caracterizan no sólo por ser altamente conflictivas, sino igualmente por estar acompañadas de un profundo escepticismo en cuanto a las posibilidades de diálogo y entendimiento efectivo entre la institución universitaria y los poderes públicos. Esto ha repercutido de manera negativa en el ejercicio de la autonomía y en la marcha en general de nuestras universidades. También, por distintos motivos, ha constituido un factor de gran frustración y atraso para el desarrollo del país. Al calor de esos conflictos, éste se ha perjudicado por la exclusión de dichas instituciones en la formulación, gestión y evaluación de las políticas públicas, entre otras razones.

Esa conflictividad se produce ante un gobierno que, en ausencia de un verdadero Estado de Derecho, ha intentado imponer un modo único de pensar, sentir y actuar en los diversos espacios de la sociedad. Como ya es del dominio público, nuestra institución universitaria, especialmente la que se rige por el principio de autonomía, no ha quedado al margen de esas pretensiones del régimen. Al tratársele como una enemiga política a la que es preciso desestabilizar y someter a cualquier precio, contra ella se han dirigido numerosos ataques. Diferentes han sido los expedientes utilizados por el Ejecutivo en esos embates: acorralamiento presupuestario, amparo a grupos violentos que actúan en la comunidad universitaria, manipulación del Poder Legislativo y del Poder Judicial para interferir y tratar de subordinar la vida universitaria a sus intereses políticos e ideológicos, además de presiones populistas en el orden académico, son una muestra representativa de esos procedimientos.

Es muy difícil que esos conflictos puedan solventarse adecuadamente en un marco institucional donde están debilitados los valores primordiales de la democracia y los poderes del Estado carecen de la debida independencia ante el Gobierno. En todo caso, hay algo que no deberíamos dejar de hacer los universitarios en la actualidad: tomar mayor conciencia de las consecuencias de esa conflictividad y divulgar más los daños ocasionados por la irresponsable actuación gubernamental. Ello es un elemento que, aunado a otros, es muy importante para incentivar la unidad y movilización en defensa de nuestras universidades.

Muy poco lograremos al respecto si insistimos más bien en realizar aseveraciones que a todas luces son incomprensibles y generan bastante confusión, cuando se dice, por ejemplo, que "la UCV es hoy más autónoma que nunca". ¡Como si los atropellos gubernamentales de los últimos años no hubieran lesionado severamente el ejercicio de la autonomía en esa casa de estudios! De cara a los cambios políticos que cabe esperar a partir del año 2013, después del probable triunfo de la Unidad Democrática el 7-O, lo ideal es que tengamos tensiones saludables en función de los desafíos y compromisos compartidos entre la Universidad, el Gobierno y el Estado. Que participemos en una relación de mutuo respeto donde los acuerdos y las respuestas a las diferencias se canalicen de un modo fructífero por medio del diálogo.

No obstante, no debemos soslayar que nuestras universidades también están obligadas a hacer lo suyo oportunamente ­es decir, repensarse­ al visualizar tal escenario.

Miremos hacia adelante, pero sin dejar de dirigir la mirada a lo que tenemos y a lo que necesitamos hacer con urgencia en cada una de esas instituciones educativas. 

lunes, 7 de mayo de 2012

Geografía Política del Sistema Universitario Mexicano

Eduardo Ibarra Colado
LAISUM, México,  06/05/12

Para conocer al animal

Desde que iniciamos la aventura de crear este portal, hace ya casi cinco años, nos alentó el reto de mostrar la diversidad y complejidad de las universidades públicas mexicanas, trascendiendo así las apreciaciones generales y la mala retórica. Siempre hemos sostenido que conocer a las universidades implica entrar en contacto directo con ellas e invertir tiempo y esfuerzo para mirarlas con cuidado y detalle, dejando de lado las toscas declaraciones, las frases hechas y el sentido común. Se trata de ensuciarse las manos para apreciar los bordes y pliegues de su hechura, esa que se han ido tejiendo pacientemente a lo largo del tiempo, hasta conformar el entramado institucional que las hace realidades únicas construidas localmente. Generalmente poco se sabe cuando de historias particulares se trata, de esas que implican nombres, apellidos y señas de identidad vinculadas a acciones, dislates y verdades inconfesables que sus personeros prefieren negar guardando silencio, pues saben muy bien quién decide, quién dio la orden y por qué se desencadenaron los acontecimientos.

Las entrañas de nuestras universidades se encuentran encubiertas por un discurso oficial que sólo proyecta logros, buenas realizaciones y legalidad. Sin embargo, detrás de los juegos discursivos que engalanan ceremonias y eventos, perviven las relaciones realmente existentes, esas que se desea mantener ocultas y en el silencio porque mostrarían una historia muy distinta de la que se proyecta oficialmente: el Rey se mostraría tal cual es, desnudo y exhibiendo sus miserias, si diéramos cuenta puntual de cómo ejerce realmente el poder, si documentáramos la manera en la que utiliza y saca ventaja de los recursos a su resguardo, o si atáramos los cabos sueltos para hacer visibles los grupos de interés y las cofradías que protege y de las que forma parte.

Es mucho más lo que deseamos saber de cada una de las universidades públicas que pueblan el país. Por ejemplo, nos hemos estado preguntando qué hay detrás del tamaño de cada institución, del número de plazas, a veces excesivo, y de su distribución, que casi nunca atiende las necesidades reales de las dependencias y sus cargas de trabajo. Aquí juegan un papel relevante los sindicatos, prestos a negociar con cada contrato, las canonjías que reclaman a las autoridades para no alterar la vida institucional, es decir, para no afectar sus posibilidades a futuro para continuar viviendo del presupuesto. Valdría la pena preguntarnos qué efectos produce en una institución la presencia de uno o más sindicatos, y si ellos son “gremios de casa” –charros pues– o de los autodenominados “independientes”. Nos preocupa también comprender la función que cumple el aparato normativo de la institución, pues establece las reglas que conducen las relaciones entre órganos, determinando sus atribuciones y responsabilidades, y ese balance interno que explica cómo operan las autoridades que encabezan a la universidad, con orden y apegados a derecho cuando existen los equilibrios de poder, o de manera despótica y autoritaria cuando se goza de un control pleno de sus estructuras y recursos. Y qué decir del aparato burocrático de cada universidad, que en no pocas ocasiones se muestra excesivo y redundante, ya que debe atender las demandas del funcionario en turno, que sabe que la primera ganancia que le otorga su posición se encuentra en la disposición de los recursos: el gasto comienza precisamente allí, en su espacio burocrático más íntimo, para integrar a su equipo de trabajo, a su grupo de confianza, a la cohorte del rey.

Cuando todos seamos doctores y esnis tres

Luis Porter
LAISUM, México, 30/04/12

Hay algo que resulta confuso para muchos académicos y políticos que gobiernan la Academia. Se trata del problema de la democracia y el acceso a los más altos niveles educativos. Los políticos, que conscientes o no, siempre son positivistas, miden todo con porcentajes y cifras y se regodean con la infame palabra indicador. Desde hace unos cuantos sexenios, se adoptó el indicador primermundista de doctor, para medir la calidad de una institución o un individuo. Una importación muy equivocada en un país de licenciados, donde lo que hay que fortalecer es la licenciatura. Se invierte en becas, se invierte en grados, aunque no haya plazas para los que penosamente los obtienen. No importa, dicen los políticos, la cuestión es postergar los problemas, y cuando todos seamos doctores, veremos que hacemos.

El caso del Sistema Nacional de Investigadores puede ser diferente. Mientras los doctorados patito aun dentro de universidades serias, ocurren y se multiplican, el SNI por motivos propios de las limitaciones humanas, está destinado a los que son capaces de profundizar en el conocimiento por el camino de la educación formal. Ocurre lo mismo que en la música, aunque existan muchos instrumentos musicales, y todos puedan tener acceso a uno, no todos estarán dispuestos a estudiar, hacer escalas, y lograr las destrezas que requieren trabajar muy duro, practicar día con día, y comprometerse con la música.

De la misma manera, la sabiduría, como la guitarra, se encuentra al alcance de todos, no depende de clases sociales, ni de otra cosa más que de la capacidad de trabajo mental, reflexión y uso de la inteligencia que tenga un individuo. Por su parte, el sistema meritocrático, es decir, el que forma, transmite y mide el conocimiento por medio de títulos y diplomas, es un mundo diferente, restringido y selecto al que acceden pocos y terminan menos. El posgrado, como el SNI, forman parte de las instancias meritocráticas estructurales ya establecidas en nuestro medio académico, y tienen una estrecha vinculación con las evaluaciones externas de las que depende nuestro reconocimiento y estatus.

Tanto las instancias como las evaluaciones no surgieron, como debió ser, para congregar y apoyar a la planta académica y estimular su desarrollo y superación. Su creación fue resultado de consideraciones de tipo económico. Frente a la crisis de los ochenta, hubo que contener la fuga de cerebros por la pérdida del poder adquisitivo de los académicos e investigadores, y se pensó que la mejor manera sería creando mecanismos que permitieran saber quiénes merecían mayor salario y quiénes no. Que mala idea, ¿verdad? como si viviéramos en un país donde ese tipo de evaluación fuera parte de la cultura. No se pensó, para nada, en otorgar a estas instancias la amplitud de miras, el alcance y las funciones que deberían de tener.

Pensemos en un SNI más lógico, que coordinara y abriera oportunidades para nuestros proyectos, ubicándolos en el contexto de la interdiscplina y de la comunicación interinstitucional que requiere de ese tipo de promoción macro. Una dependencia que facilitara planear la carrera, coordinar perfiles, insertarnos en el ámbito internacional, centrar o guiar las características y orientación de nuestras investigaciones, planear nuestras etapas de vida para permitir la renovación y rejuvenecimiento de la planta académica, por medio de movilidad, retiros dignos, etapas congruentes con la edad del miembro, y un extenso etcétera.

Imaginemos al SNI como un centro de encuentro y de estudio, en donde haya espacios de trabajo de tal naturaleza que pudiéramos de una vez donar-trasladar nuestra biblioteca personal, para compartirla y compartir asimismo la de nuestros colegas. Pensemos en el SNI como un lugar donde queda plasmada nuestra trayectoria intelectual, como base de datos accesible a quien quiera saber quienes somos.

Una vez establecida nuestra trayectoria, la evaluación dejaría de ser una mera certificación burocratizada, basada en el número y peso de nuestro expediente. En su lugar sería posible hacer una valoración cualitativa, colegiada, de trayectorias de largo plazo, que incluya el necesario diálogo con el implicado y la consideración de la opinión de sus comunidades de referencia. Pasar de la evaluación cuantitativa a la valoración cualitativa significa alejarnos de la simulación y sus mentiras.

También sería necesario superar la histórica discriminación entre áreas del conocimiento, divididas en mil formas arbitrarias, comenzando con las duras o blandas, etc., para asumir los cambios en los paradigmas, la senectud del positivismo, etc. Una clarificación de este tipo rompería con los grupos de poder e impediría que ciertas visiones del conocimiento se impongan frente a otras. Esto cambiaría la manera en que se conforman las comisiones que valoran las obras, los hechos y las actuaciones concretas, de los que se someten a dichos procesos.

Lo anterior incluye superar la valoración individual para que se ejerza una valoración que toma en cuenta el hecho de que toda obra, todo hecho, toda actuación, es siempre el resultado de un proceso colectivo, aunque en ciertos momentos las presentemos a título individual; en el entendido que todo trabajo intelectual es el resultado de amplios procesos de conversación y reflexión conjunta, que ocurre en múltiples espacios y en diversidad de maneras. La valoración así vista se convertiría en un referente fundamental, similar a cuando le pedimos a un colega que lea nuestro borrador y nos dé su opinión, pues juega una función retroalimentadora que nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio quehacer al considerar una o más miradas de fuera.

No se necesita un mundo utópico para lograr estos cambios, simplemente un mundo sano y normal. Es decir, un mundo muy diferente al que hoy vivimos.