Para entender el concepto de “Autonomía Universitaria” es indispensable conocer su historia y ubicarla en el contexto de la historia de la humanidad en lo que usualmente llamamos el “Mundo Occidental”. Así como también conocer la historia del Derecho tradicional y romano, en cuanto a su evolución desde la Edad Media hasta nuestros días.
La Autonomía Universitaria es un Privilegio Positivo, es decir, una forma particular de derecho, según la cual la institución que genera, conserva y difunde los saberes, le corresponde la capacidad de regularse a sí misma para garantizar el ejercicio crítico y creativo del conocimiento, pero siempre en armonía con el contexto al que le presta el servicio de su saber científico. En consecuencia, no se trata de un privilegio excluyente, sino de una facultad que debe ser reconocida por el Estado, la Iglesia, los sectores privados y por todos los entes o poderes externos al Estudio Universitario. Todo ello bajo el funcionamiento de doctrinas jurídicas, leyes y jurisprudencia que impliquen el mutuo respeto entre dichas entidades externas y la propia Universidad. La Autonomía tampoco es un antojo reciente de las autoridades, del personal docente y de Investigación, de sus estudiantes y egresados. Es una forma antigua, que ya cuenta con mil años de existencia, y que ha sido una de las principales bases del origen y desarrollo de las instituciones republicanas y democráticas, modernas y contemporáneas del mundo Occidental.
La Autonomía Universitaria es un Privilegio Positivo, es decir, una forma particular de derecho, según la cual la institución que genera, conserva y difunde los saberes, le corresponde la capacidad de regularse a sí misma para garantizar el ejercicio crítico y creativo del conocimiento, pero siempre en armonía con el contexto al que le presta el servicio de su saber científico. En consecuencia, no se trata de un privilegio excluyente, sino de una facultad que debe ser reconocida por el Estado, la Iglesia, los sectores privados y por todos los entes o poderes externos al Estudio Universitario. Todo ello bajo el funcionamiento de doctrinas jurídicas, leyes y jurisprudencia que impliquen el mutuo respeto entre dichas entidades externas y la propia Universidad. La Autonomía tampoco es un antojo reciente de las autoridades, del personal docente y de Investigación, de sus estudiantes y egresados. Es una forma antigua, que ya cuenta con mil años de existencia, y que ha sido una de las principales bases del origen y desarrollo de las instituciones republicanas y democráticas, modernas y contemporáneas del mundo Occidental.
Por lo tanto, lo que hoy entendemos como “Autonomía Universitaria” tiene sus raíces originarias y profundas en el carácter corporativo de muchas de las instituciones en el período clásico de la Edad Media, especialmente en el brillante siglo XII, época del resurgimiento de las ciudades, del nuevo comercio y finanzas precapitalistas, del colorido y luminoso arte gótico, de consolidación de la literatura y lenguas nacionales. Pero, principalmente, por la aparición de las universidades, como una especie de primavera del conocimiento que brotaba en todas partes de la Europa. Se observaba igualmente, el cómo la “Revolución Agraria” iniciada con el siglo XII (según el Profesor Jacques Le Goff) impulsó un significativo e inusitado crecimiento demográfico que se apoyaba en la creciente producción de alimentos, gracias al redescubrimiento del arado de hierro (de origen romano), la nueva rotación trienal de los cultivos, la renovada potencia del arnés de pecho en el arado y el transporte, el invento del eje delantero oscilante en las carretas, las nuevas roturaciones, etc. Fue realmente un tiempo excepcional, como una especie de “primer renacimiento” europeo y gótico, en el que las Universidades en Bolonia, Salerno, Oxford y París, se elevaron sobre la base de las anteriores Escuelas catedralicias, abaciales o de índole municipal, siendo tales escuelas unas entidades que ya venían gozando de una cierta autonomía previa en sus “cátedras”, una autonomía privilegiada positiva y derivada principalmente del carácter también corporativo con el que se articulaba la institucionalidad de la iglesia católica, como una de las principales promotoras de dichos estudios superiores, así como también una autonomía derivada, al mismo tiempo, desde la protección y el control ejercido por los reyes, quienes en cartas o cédulas decretaban tales privilegios para proteger los derechos propios de algunas ciudades, actividades comerciales y gremios artesanales. Por ello, siendo la universidad, era un gremio o “ayuntamiento” de estudiantes y profesores para el cultivo y “esplendor” de los Saberes, por lo tanto también le correspondía poseer un fuero protector para desarrollar una legislación interna propia, dentro del marco jurídico general, aprobado tanto por el poder temporal de los reyes que venían emergiendo desde el propio siglo XII por encima de la nobleza feudal, como por el poder espiritual y pontificio de la Iglesia católica, que pretendía poseer una jurisdicción universal.
La antigua Universidad de Bolonia ya había sido fundada en 1088, es decir a fines del siglo XI, hace hoy un milenio; convirtiéndose rápidamente en modelo escolar para el resto de las universidades meridionales de Europa medieval, siendo en consecuencia, el modelo que posteriormente se siguió para la creación de la española Universidad de Salamanca, en cuya fundación en el año de 1218, por don Alfonso IX de León, lo que la convirtió progresivamente en el modelo a seguir por las siguientes fundaciones de universidades en España, pero también, tres siglos más tarde -lo que es más importante para nosotros- del siglo XVI, el primado Estudio Salmantino se erigió como modelo institucional principal para la mayoría de las 32 universidades creadas en la América Hispana entre los siglos XVI y XIX, entre ellas nuestra Real y pontificia Universidad de Caracas.
En rigor, podremos ver que la autonomía de las universidades partió de la convergencia de factores culturales muy complejos y antiguos, en un ejercicio de protección y control sobre este nuevo nivel de gestión del conocimiento que sería de gran utilidad para la formación de cuadros eclesiásticos y del funcionariado de los respectivos reyes, necesitados de la formación de una especie de “nobleza de Toga” profesional, con más eficiencia y lealtad que la nobleza tradicional. Por todo ello, el “Studium” más tarde denominado Universidad, era un cuerpo autónomo en cuanto la soberanía interna ejercida por el Claustro de Doctores y Maestros de cada instituto, organizándose en las distintas facultades por tipo de conocimiento y los correspondientes Grados que podían otorgar a sus estudiantes como bachilleres, Licenciados, Maestros y Doctores, y con ello ejerciendo la docencia de los Saberes en las diferentes Cátedras, reguladas internamente por sus propias normas y autoridades: Rector, Vicerrector, Cancelario, Secretario, etc. Conforme a ello, observamos cómo lo hubo de definir, en la real cédula Alfonso X, El Sabio de Castilla, dándole los Estatutos de Salamanca el 8 de mayo de 1254, un documento en el que definieron las Facultades de Derecho Civil, Derecho Canónico, las de Lógica y Gramática (artes o filosofía, hoy humanidades) y la de Física que hoy identificamos con la Medicina. Todas ellas sustentadas en sus respectivas Cátedras.
Aquellas Universidades tempranas eran estructuradas, según fuese su tipo, como: “Universitas Magisrorum” (iniciativa de profesores, como la deParís) o “Scholarium” (iniciativa de Estudiantes, como el caso de Bolonia o Salamanca) pero siempre como un “ayuntamiento de estudiantes y profesores”, quienes ejercían a su manera el fuero de soberanía dentro de la universidad, siendo una especie de repúblicas del conocimiento, con fueros propios en lo académico, lo administrativo, lo político y lo penal. Por lo que los universitarios solo podían ser juzgados por sus faltas únicamente por los tribunales de la universidad, mejor conocidos como el tribunal y la cárcel escolásticos. A las principales autoridades ya mencionadas, se le agregaban los claustros de Consiliarios, y les seguían una serie de funcionarios menores desde el Secretario, el Administrador, el bedel (especie de ayudante general), el maestro de ceremonias y muchos otros. En este contexto el Rey que delegaba su soberanía al Claustro y la Iglesia representada en el Cancelario (canciller conocemos en tiempos más recientes, sino como la acción de una instancia superior inherente a la naturaleza real y pontificia de cada Universidad. Inicialmente y por bastante tiempo, el Cancelario era la figura política y académica de mayor poder en la Universidad, por ello era él quien confería los grados mayores de Licenciado, Maestro y Doctor, mientras que el Rector otorgaba solamente los grados menores de Bachiller, siendo también que en el caso de la Universidad de Salamanca, que los estudiantes podían ser elegidos como rectores de la Universidad hasta el siglo XVIII, cuando las reformas de Carlos III limitaron esa elección exclusivamente para graduados.
Buena parte de la autonomía se fundamentaba en la capacidad de autofinanciamiento de la Universidad, sobre todo con la generación de ren-tas propias (aranceles y negocios rentales), pero también con el traspaso de algunos ingresos de la Iglesia en beneficio de la Universidad, sobre todo por disposición real, como lo fueron las denominadas “Tercias Reales” del Obispado de Salamanca, que anteriormente eran dedicadas a financiar la guerra contra los musulmanes en la Reconquista de España. Se complementaban así la principal autonomía académica con sus fueros y privilegios especiales, con la autonomía financiera dada por las rentas que garantizaban la dotación de las cátedras y los gastos en el funcionamiento de las instituciones. Sin la dotación de recursos financieros propios la autonomía académica quedaría sin una base real de gestión y vulnerable a cualquier ente externo como posible financiador de sus actividades.
Como bien sabemos, nuestra Real Universidad de Caracas nació un 22 de diciembre de 1721 por una Real Cédula dada por don Felipe V de Borbón, firmada durante una estancia de la Corte en el Palacio Ducal de la ciudad amurallada de Lerma (Burgos), siendo esta Universidad erigida sobre la base del antiguo Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima de Caracas, creado anteriormente por el Obispo de Caracas, el Dr. Antonio González de Acuña, en 1673. Sobre el modelo, privilegios y prerrogativas, iguales a los de la Universidad de Santo Domingo (Isla de la Española) e indirectamente -se entiende- a los de la de Salamanca, y, siendo reconocida también dicha erección en 1722, como Universidad Pontificia, por el Papa Inocencio XIII, lo que convertía nuestra Alma Mater en una Universidad Mayor bajo la denominación oficial de “Real y Pontificia Universidad de Caracas”, bajo el patronato de Santa Rosa de Lima. Nuestra Universidad colonial y caraqueña (caraquense) se desempeñó entre 1725 y 1783 bajo la autoridad soberana de un Claustro Pleno muy celoso de sus facultades y privilegios, estando casi siempre respaldado por los reyes de España en las apelaciones elevadas a él por algunos suscitados conflictos con la Iglesia, el ayuntamiento u otros entes: inclusive reyes como Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, y Carlos IV, observaron un notable respeto por la autoridad del Claustro Pleno, cosa que no se puede decir del nefasto Fernando VII. El punto culminante de esta evolución política y académica se alcanzó con la Real Cédula dada por el rey Carlos III en 1784, cuando se le otorgó al Claustro Pleno la facultad de elegir al Rector de la Universidad, despojando al Obispo de este privilegio; con lo que, curiosamente, el Rey de España estableció para Venezuela dos principios políticos republicanos mucho antes de la independencia venezolana declarada en 1811. Siendo ellos el principio de elección de la autoridad universitaria y el principio de alternabilidad en el cargo rectoral, pues ello obligaba que el Rector no podía ser siempre un eclesiástico, sino que debía de alternarse con algún lego al finalizar la gestión rectoral del eclesiástico.
Como bien sabemos, nuestra Real Universidad de Caracas nació un 22 de diciembre de 1721 por una Real Cédula dada por don Felipe V de Borbón, firmada durante una estancia de la Corte en el Palacio Ducal de la ciudad amurallada de Lerma (Burgos), siendo esta Universidad erigida sobre la base del antiguo Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima de Caracas, creado anteriormente por el Obispo de Caracas, el Dr. Antonio González de Acuña, en 1673. Sobre el modelo, privilegios y prerrogativas, iguales a los de la Universidad de Santo Domingo (Isla de la Española) e indirectamente -se entiende- a los de la de Salamanca, y, siendo reconocida también dicha erección en 1722, como Universidad Pontificia, por el Papa Inocencio XIII, lo que convertía nuestra Alma Mater en una Universidad Mayor bajo la denominación oficial de “Real y Pontificia Universidad de Caracas”, bajo el patronato de Santa Rosa de Lima. Nuestra Universidad colonial y caraqueña (caraquense) se desempeñó entre 1725 y 1783 bajo la autoridad soberana de un Claustro Pleno muy celoso de sus facultades y privilegios, estando casi siempre respaldado por los reyes de España en las apelaciones elevadas a él por algunos suscitados conflictos con la Iglesia, el ayuntamiento u otros entes: inclusive reyes como Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, y Carlos IV, observaron un notable respeto por la autoridad del Claustro Pleno, cosa que no se puede decir del nefasto Fernando VII. El punto culminante de esta evolución política y académica se alcanzó con la Real Cédula dada por el rey Carlos III en 1784, cuando se le otorgó al Claustro Pleno la facultad de elegir al Rector de la Universidad, despojando al Obispo de este privilegio; con lo que, curiosamente, el Rey de España estableció para Venezuela dos principios políticos republicanos mucho antes de la independencia venezolana declarada en 1811. Siendo ellos el principio de elección de la autoridad universitaria y el principio de alternabilidad en el cargo rectoral, pues ello obligaba que el Rector no podía ser siempre un eclesiástico, sino que debía de alternarse con algún lego al finalizar la gestión rectoral del eclesiástico.
La emancipación de Venezuela estuvo inicialmente más ligada a la Universidad y los ayuntamientos que a los ejércitos, sobre todo entre 1810 y 1812, pues figuras como Francisco de Miranda, Andrés Bello, José M.a Vargas, Juan Germán Roscio y muchos otros pasaron por sus aulas y la mayoría de ellos se graduaron en la Capilla Universitaria de Santa Rosa de Lima (que aún existe como museo adyacente al Palacio Municipal de Caracas), sitio donde se reunió el Congreso de Venezuela para la sesión y posterior firma del Acta de la Independencia el 5 de julio de 1811. Por efectos de la Guerra de Independencia y el poder despótico de Fernando VII y de la llamada Regencia, el Capitán Domingo de Monteverde en 1812 y el general don Pablo Morillo en 1815, ocuparon e intervinieron la Real Universidad de Caracas violando sus fueros autonómicos e imponiendo decisiones y autoridades. Pero en compensación, entre 1810 y 1814, los patriotas republicanos al ocupar el poder en Caracas demostraron un elevado respeto por los fueros reales de la Universidad, en especial el caso del Libertador Simón Bolívar, quien esperó prudentemente hasta 1827 para participar directamente junto al Rector José María Vargas y con el Claustro pleno de la Universidad para la elaboración y aprobación de los nuevos Estatutos Republicanos de dicho año, en lo que sería desde entonces la Universidad Central de Venezuela, conforme a la Ley de la Unión Colombiana de 1826, que también creó universidades centrales en Quito y Bogotá. Además del reconocimiento autonómico, se le asignaron a la U.C.V. recursos adicionales para garantizar sus rentas y autonomía financiera y administrativa, en especial las rentas de valiosas haciendas de cacao y caña de azúcar, entre ellas la célebre Hacienda Chuao que producía, según los entendidos, el mejor cacao del mundo.
Más tarde, en el desarrollo del siglo XIX republicano, la Universidad de Caracas se mudó de su vieja sede original frente a la Plaza Mayor (actual Palacio Municipal frente a la hoy plaza Bolívar) hacia su segunda sede, una cuadra más al Sur, ubi- cándose en el antiguo Convento de San Francisco, pero también sufrió, sobre todo después de 1880, la intervención y violación de su autonomía académica y administrativa, por parte del régimen autocrático del Licenciado en Derecho y general Antonio Guzmán Blanco; siendo despojada de la facultad de elegir sus propias autoridades, un derecho consagrado desde 1784 por el Rey de España y siendo también expropiada de sus bienes y rentas propios, contraviniendo la voluntad del Libertador de 1827, pese al “Culto Bolivariano” instalado por Guzmán. Desde entonces la Universidad Central de Venezuela ha evolucionado hasta la fecha de hoy con precarios recursos financieros, luchando siempre contra el encierro del presupuesto nacional impuesto por Guzmán Blanco y defendiéndose en su autonomía académica de las tiranías siguientes. Cómo lo fueron las de los generales Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez. La República, que tanto le debía a la Universidad en los logros de su construcción institucional e independencia de España, le arrebataba a su Alma Mater, bajo pretextos “Liberales”, lo que la Monarquía le había concedido un siglo antes.
Finalmente, tras 78 años de aquella intervención inicial “republicana” del siglo XIX, y llegado el año de 1958, luego del derrocamiento de la dictadura militar del general Pérez Jiménez, la nueva Junta de Gobierno que reinició el camino hacia la democracia, reestableció formalmente la autonomía universitaria, siendo el Dr. Francisco De Venanzi el primer Rector de la democracia y la autonomía. Hasta nuestros días, mucho se ha luchado desde 1958 hasta 2021, por desarrollar aquellos principios autonómicos heredados de tiempos de Carlos III, Simón Bolívar y el Dr. José M.a Vargas, pero progresivamente el cerco político, administrativo y presupuestario se ha ido cerrando nuevamente, sobre todo desde la intervención y ocupación de la U.C.V. bajo el gobierno del presidente Rafael Caldera en 1970, para enfrentar a los grupos anárquicos atrincherados en la Ciudad Universitaria de Caracas, una situación que se ha venido proyectando hasta nuestros días del siglo XXI, cuando en nuestro país se desarrolla una severa crisis política, social, económica y humanitaria. Esta se agravó estructuralmente, tanto por la crisis eléctrica iniciada en el año 2019 y la gravísima situación sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, que ha paralizado la gran mayoría del sistema de Universidades Autónomas Venezolanas y ha desmovilizado la capacidad de movilización y protesta que siempre les ha caracterizado.
Pero hoy, la Universidad venezolana y en especial la Universidad Central de Venezuela, cuenta con la reserva moral de que ha sabido sobreponerse y resurgir de situaciones muy graves en el pasado, ante las guerras más cruentas como la de la emancipación (1812-1821) y la Guerra Federal (1859-1863), las pestes más mortales de nuestro tiempo (como la Gripe Española de 1918 y el cólera anteriormente, etc.), los destructivos terremotos de los siglos XVIII, XIX y XX, y sobre las tiranías intervencionistas tan fatales como la del general Juan Vicente Gómez, de la violencia delictiva que hoy nos azota, de los cercos presupuestarios que nos asfixian y de la plaga de la ignorancia de muchos gobernantes y gobernados Creemos que no ha nacido aún el personaje tiránico quien pueda acabar con la Universidad venezolana, que fue anterior y causa de nuestra República, pues la autonomía esta en el alma del universitario, sea estudiante, profesor o egresado, y no hay barrotes ni castigos que detengan el alma. Trescientos años de historia ucevista lo han demostrado.
Interesante el nacimiento de la Real Universidad de Caracas y su gran aporte
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