"En este sentido, una ley de Educación Universitaria que consolide la idea de que las universidades son dependencias del gobierno y que la comunidad universitaria es una comunidad política, acabaría con la Universidad como institución"
La Universidad venezolana vive un momento crítico. Varios factores se han coaligado para llevar a nuestra institución universitaria al colapso en la que se encuentra, pero es el cerco financiero que le ha impuesto el gobierno al reducir a nada la autonomía universitaria la principal causa de su deterioro. Ya ni paga la nómina de sus empleados, ni cuenta con presupuesto oficial para los servicios estudiantiles. Menos para los gastos ordinarios de seguridad, ni para sostener las actividades de docencia, investigación y extensión que son el motor de la vida universitaria.
Esa realidad es tan evidente, que solo con pasar por alguna institución universitaria del país y observar el abandono en que se encuentra lo dice todo. Y esto, en gran parte, es el resultado de la decisión tomada por el gobierno del Presidente Chávez de dirigir la educación superior y universitaria desde un ente ministerial colocado por encima de la Ley de Universidades de 1971 y crear, con la Misión “Alma Mater” de 2009, un sistema paralelo a la universidad autónoma y nacional experimental que traíamos del siglo XX, con universidades bolivarianas, territoriales y populares que han proliferado por el país con el fin de “democratizar la enseñanza superior”, pero bajo el control directo del gobierno central.
En este proceso de división del sistema universitario, hay una acción aún pendiente. Se trata del cambio de la legislación universitaria. Aún nos regimos por la Ley de Universidades de 1970, desconocida en la práctica por el Ejecutivo Nacional, ya que entre el Ministerio de Educación Superior, creado en el 2002, y el CNU lo que ha privado ha sido la imposición y el conflicto de competencias.
Y todo esto tiene que ver con el principio de la Autonomía Universitaria. En la Ley de 1970 la Universidad es el actor fundamental de la educación universitaria. Otro ámbito es el que se corresponde con las diversas instituciones que el Estado crea bajo su control, con propósitos educativos, tecnológicos y científicos específicos, las cuales forman parte de la Educación Superior. ¿Dónde está la diferencia? En la autonomía.
La Constitución de 1999 le dio a la Autonomía Universitaria rango constitucional para que las universidades se den “sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley” (Art. 109) Sin embargo, la, Ley Orgánica de Educación intervino ese principio al crear el nivel de “Educación Universitaria” e imponer un régimen electoral ajeno al mundo universitario constituido por profesores, estudiantes, empleados administrativos, trabajadores de servicios y egresados.
Para la Ley de Educación de 2009, la elección de las autoridades universitarias debe hacerse “en igualdad de condiciones de derechos políticos”, lo que supone que la comunidad universitaria está formada por ciudadanos con iguales deberes y derechos, no sólo de elegir sino de ser electos. En este sentido, un estudiante o un trabajador pueden ser perfectamente electos para el cargo de Rector de la Universidad.
Entramos, pues, al centro del conflicto entre Estado y Universidad. ¿Para qué sirve la autonomía? Dice la Constitución: para que profesores, estudiantes y egresados de su comunidad puedan “dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación”. Entonces, ¿para qué sirven las elecciones? Para elegir personas idóneas encargadas de hacer de la universidad una verdadera organización académica de la sociedad. No para estar a favor o en contra del gobierno de turno.
En este sentido, una ley de Educación Universitaria que consolide la idea de que las universidades son dependencias del gobierno y que la comunidad universitaria es una comunidad política, acabaría con la Universidad como institución. La estructura de poder al interior de las instituciones universitarias es lo que debe ser modificado. Hay que diferenciar el órgano de elaboración y aprobación de políticas – que es el Consejo Superior - del órgano de ejecución – Consejo Universitario – y del órgano de control. Descentralizar el gobierno universitario.
Es en el Consejo Superior donde deben estar los representantes electos de profesores, estudiantes, empleados, obreros y egresados, junto a autoridades nacionales, regionales y locales, miembros de la sociedad civil y del sector productivo, científico y cultural. El Consejo Universitario sería un ejecutor y el Rector el gerente de una organización cuyo propósito es formar profesionales de calidad, hacer ciencia y promover los valores culturales de la Nación. A esa reforma es a la que apostamos.
enfoques14@gmail.com
@reinaldorojashistoriador
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