Rafael Rattia
01/09/2016
Obviamente, una universidad que calla cuando debe hablar no merece llevar ese nombre. Una institución que hace mutis ante un gobierno totalitario es indigna de llevar con orgullo el nombre de Casa Mayor del conocimiento. Las escuelas y facultades de Derecho de las universidades venezolanas no han dicho ni pío sobre la aberrante decisión del TSJ al “regular” el tiempo que debe emplear cada diputado en sus intervenciones en la Asamblea Nacional; es un evidente golpe de Estado antijurídico del llamado Poder Judicial al Poder Legislativo.
A todo evento, como solía decir un abogado hoy jubilado del Ministerio Público, la bota militar social-bolivariana, cada día le cierra más el paso a la coexistencia pacífica y civilizada de los poderes públicos reconocidos en el espíritu de la ley y en la letra de la ley misma que consagra de jure la actualmente vituperada y mancillada carta magna venezolana.
Si la universidad continúa guardando su vergonzante silencio ante las tropelías del poder instituido derivado del poder constituyente originario mejor sería que la institución universitaria cerrara sus puertas y se dedicara a otros menesteres, como vender sardinas y verduras en sus pasillos, por ejemplo. Le quedaría mejor y, en consecuencia sería más coherente con su actual estatus genuflexo.
Desde la gloriosa y bien recordada “Generación del 28” que insurgió política y cívicamente contra la dictadura gomecista pasando por la insurgencia universitaria antiperezjimenista y continuando con la irreductible universidad en los violentos años sesenta y setenta el espíritu rebelde y contestatario de los jóvenes universitarios siempre han sabido izar las banderas de la dignidad universitaria y ha puesto bien en alto las letras de sus himnos y su misión institucional.
Desde sus orígenes la universidad se debe a la sociedad a la que sirve y no al poder político de turno que rige los destinos del país circunstancialmente. El norte institucional de la UDO, por ejemplo, es claro y diáfano: “Del pueblo venimos y hacia el pueblo vamos”. Bajo ningún concepto la universidad venezolana se puede prestar para “legitimar” gobiernos que cercenan su autonomía presupuestaria y financiera, pues la terrible realidad actual de la universidad es su literal asfixia económica.
La naturaleza y esencia científica y humanística de la universidad es por antonomasia su condición de foro siempre abierto y sin cortapisas al debate de ideas de las más diversas y disímiles procedencias filosóficas y tecnocientíficas y socioculturales. La universidad es multidiversidad en su génesis y proyección y por su intrínseca constitución es pluralidad y coexistencia pacífica y civilizada de cosmovisiones del mundo y de la vida. La universidad está reñida literalmente con el pensamiento único y uniformizante, la vida universitaria es la antitesis antagónica de la subcultura homogeneizadora.
La universidad y el cuartel jamás pueden estar destinadas a marchar juntos; pues una es la viva expresión del disenso, de la heterodoxia democrática, la irreverencia y el debate libre y sin cortapisas están indisolublemente ligados al quehacer de la vida universitaria. El cuartel, en cambio, es la disciplina bismarkiana de hierro, la obediencia ciega, la bota que pisa inclemente y aplasta la opinión que disiente y se rehúsa a asentir los dictámenes de la manu militari. La subcultura cuartelaria instaura el temor y el miedo a la jerarquía, su vozarrón antihumano inhibe la sensibilidad democrática del ciudadano y fomenta la aprehensibilidad ante los desafueros que el uniformado prevalido de sus prerrogativas y monopolio de las armas comete contra el inerme habitante que solo posee su palabra y sus convicciones democráticas de estricto apego a la ley.
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