Emma Sánchez Älvarez
Educación En Sombras (III)
31/01/2017
El rector afirma que las universidades privadas "han sido totalmente marginadas y relegadas por el gobierno". Opina que debe volverse a la anterior Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología para que esas áreas sean financiadas por las empresas privadas
Desde hace más de una década, los titulares de los más diversos medios de comunicación, hablan y denuncian acerca de la grave crisis que viven las universidades en el país. Se hacen anuncios sobre cierres técnicos de más de 20 universidades venezolanas por falta de presupuesto y los rectores han exigido al gobierno sueldos dignos para docentes y trabajadores. Los estudiantes sufren todos los días las carencias de comedores, transporte, insumos y herramientas para sus prácticas, deficiencias que les impiden enfocarse seriamente en su crecimiento académico... el funcionamiento de las casas de estudios superiores que han elegido para convertirse en profesionales raya en lo pésimo.
El padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), considera que el problema más grave que tienen las universidades públicas y privadas de Venezuela es la situación económico-social que genera violencia e inseguridad.
Estima que hasta ahora la prioridad del gobierno en materia universitaria ha sido la masificación. Por otra parte, Virtuoso asevera en esta entrevista con Contrapunto, que la universidad privada en Venezuela “ha sido totalmente marginada y relegada por el gobierno". En este sentido, afirmó que cree que hay una gran deuda de reconocimiento del Estado con las universidades privadas, “porque han sido en este país un importantísimo apoyo subsidiario de la educación universitaria”.
Igualmente el padre Virtuoso opinó que el respeto de la autonomía de las universidades es otro aspecto que el gobierno tiene que tomar en cuenta. "El gobierno, a través del Ministerio ha querido centralizar cada vez más las decisiones de la educación universitaria, cuanto la Ley de Universidades otorga a estas casas de estudios públicas y privadas una autonomía fundamental para el desarrollo de sus políticas formativas. Insisto, hay una gran deuda con la calidad y con la autonomía universitaria”.
–¿Cuáles son los cinco problemas más graves que afronta la UCAB?
–Yo creo que el primer problema tiene que ver fundamentalmente con el clima-país, que está signado por la inseguridad personal, con el tema de violencia y criminalidad, que afecta de manera muy especial la vida universitaria porque, entre otras cosas, supone extremar los cuidados de seguridad interna en el campus y las personas que están aquí necesitan permanente protección. Después está el tema económico y social. Los docentes y el trabajador universitario se sienten muy frustrados porque ven cómo su salario no alcanza frente a las exigencias a las que tiene que responder. Evidentemente, la universidad hace todo lo posible por mantener un sueldo lo mejor que se puede. Sin embargo, en este contexto inflacionario y de escasez, pues es muy difícil que el sueldo alcance. En el caso de los estudiantes, uno de los principales problemas es ver que su futuro está cerrado. Los estudiantes no ven cómo hacer vida aquí después de graduados. Los muchachos están en la universidad pero mirando hacia afuera del país, mirando la posibilidad de emigrar.
–Para usted, ¿cuál sería la salida a esta crisis que tiene a las universidades en una situación de carencias y desmotivación?
–-Si me piden una evaluación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), diría que estamos haciendo las cosas como mejor podemos. Estamos en un proceso de desarrollo de calidad de nuestros procesos académicos y administrativos; con un esfuerzo tremendo porque nuestro campus sea acogedor y agradable, para que nuestros estudiantes sientan que la Universidad puede crecer y desarrollarse. El gran problema es el contexto país, insisto, que genera problemas muy graves a nivel económico, de motivación y funcionamiento cotidiano.
–¿Qué tanto ha afectado a su universidad la fuga de cerebros, de talentos, de profesores?
–A nosotros nos afecta la fuga de talento, como a todas las universidades. Sin embargo, el porcentaje en la UCAB, yo no lo tengo específicamente cuantificado, pero con respecto a las otras universidades del país, es más bien bajo. Entre nosotros hemos tenido pérdidas importantes en recursos humanos, pero no en una proporción alarmante. Creo que porque la gran mayoría de la gente siente que la UCAB sigue siendo una universidad con condiciones laborales y académicas bastante adecuadas. Esto no implica que la gente no tenga en la cabeza las perspectivas de poder emigrar ante una oferta que le convenza. Yo diría que esa posibilidad está en el bolsillo y en la mente de las personas, aunque todavía no nos ha afectado como sí lo ha hecho con otros centros de estudios del país.
–La crisis ha logrado que un alto porcentaje de estudiantes que se matriculan en la universidades privadas no puedan pagar sus estudios. ¿Qué está haciendo la UCAB con este problema?
–Nosotros tenemos una política amplia de apoyo al estudiante. El 30 por ciento de nuestros estudiantes reciben algún tipo de financiamiento en su matrícula, eso significa alrededor de 3.000 mil estudiantes. En nuestra sede de Caracas, en Los Teques y Guayana tenemos en el orden de 16 mil estudiantes de pregrado. El 30 por ciento recibe un apoyo financiero. Gracias al respaldo de las empresas privadas, de muchos en el Estado y de donantes particulares que están ayudando a la UCAB en el programa de becas. Esto nos permite poder ayudar a un número muy importante de alumnos.
–Hay un nuevo ministro de Educación Universitaria. ¿Cuáles son las prioridades que usted cree que hay que plantearle y cuáles son las que el gobierno tiene?
–Tendré la oportunidad de escucharlas en el próximo Consejo Universitario que él presidirá. Hasta el momento las prioridades del gobierno en materia de la educación universitaria ha sido la masificación. Es decir, lo que se ha pretendido con las políticas universitarias ha sido incorporar a estudiantes. Escuché al presidente Maduro en estos días en su alocución, hablaba de 2 millones 800 mil estudiantes de educación universitaria sin contar los de educación técnica-universitaria, colegios e institutos. Creo que desde hace varios años el gobierno efectivamente ha venido desarrollando una política de ampliar las ofertas de cupos, obligar a las universidades nacionales a eliminar los requisitos y méritos de entrada, y favorecer becas. Esta ha sido una clara línea del gobierno, obviando otros detalles de la educación universitaria. Considero que la inclusión y la apertura están bien, que se abra la educación universitaria a todo el que quiera participar.
El problema –continúa– es que tiene que ser una oferta de calidad. Nosotros no hacemos nada con convertirnos en una gran fábrica de títulos universitarios, que a la hora de la verdad detrás de ese título hay muy pocas capacidades desarrolladas. Por sus fines, la Universidad requiere ser una institución de altísima calidad. Calidad tecnológica, docente, en la investigación, en el desarrollo de sus capacidades para estar presente en el debate público, etc. Para mí es la gran brecha. Yo creo que existe un número muy alto de la matrícula universitaria venezolana, y aplaudo esto. Pero también considero que ese número por sí solo no responde a todo lo que significa la educación universitaria de calidad que ayude al desarrollo de nuestro país.
–¿Qué aspectos positivos ha hecho el Ministerio de Educación Universitaria que deben ser profundizados o retomados?
–Yo creo que la agenda pendiente es tremenda. Usted va a la Universidad Central de Venezuela (UCV), a la Simón Bolívar (USB), a la de Carabobo, a la de Los Andes o la del Zulia y encuentra que están realmente demasiado empobrecidas. Cuentan con presupuestos de hambre. Esto significa que estás reduciendo la calidad y, algo fundamental, la posibilidad de contar con docentes bien pagados y motivados con el trabajo que tienen que realizar. El gobierno tiene una gran deuda con la educación universitaria, que es la deuda de la calidad. Esto implica unos presupuestos importantes. Segundo, respetar la autonomía universitaria y la diversidad. El gobierno, a través del Ministerio, ha querido centralizar cada vez más las decisiones de la educación universitaria, cuando la Ley de Universidades otorga a estas casas de estudios públicas y privadas una autonomía fundamental para el desarrollo de sus políticas formativas.
–¿Y con las universidades privadas?
–-Hay una gran deuda de reconocimiento, porque han sido en este país un importantísimo apoyo subsidiario de la educación universitaria. Evidentemente el mayor número de estudiantes y docentes ha estado en las universidades nacionales, y ahora está en todo el sistema que ha desarrollado el ejecutivo nacional. Pero insisto, el aporte de las universidades privadas en calidad y atención es sustancial. Tenemos en el orden de los 600 mil estudiantes, aproximadamente.
–¿Y de qué forma el gobierno puede apoyar la educación universitaria privada?
–Para mí eso es una materia pendiente. A las universidades privadas se les pueden apoyar de muchísimas maneras. Una forma tiene que ver con el acceso a divisas para el pago de tecnología, base de datos; es decir, todo lo que implica la compra de insumos en el exterior. Por ejemplo, la compra de tecnología necesariamente la tienes que hacer en divisas, y una política preferencial para las universidades sería una vía, porque estos recursos ahora están vedados. Otra, es la invitación para reconocer a la universidad en la participación de foros, proyectos, y en diversas áreas de crecimiento y de desarrollo nacional.
–¿Cree que el gobierno tome en cuenta todas estas necesidades de las universidades privadas que usted expone?
–Hasta el momento no lo ha hecho. La universidad privada ha sido totalmente marginada y relegada. Imagínese usted si se margina a las públicas nacionales, yo diría que a las privadas se le ha reduplicado esa exclusión.
–¿Se mantiene la producción científica y las investigaciones? Se supone que de las universidades salen propuestas para el país, ¿han podido mantenerlas?
–Creo que cabe más –todo este tema de la producción de investigación y conocimientos generales en las universidades–, a través de las publicaciones, de la participación en el debate nacional, de apoyo a la empresa privada, que está muy restringido porque los presupuestos de investigaciones en las universidades se han reducido. En la Universidad Católica, en las áreas que ha venido desarrollando por muchos años, como son los estudios de corte humanísticos, de ciencias sociales y en Derecho, cuenta con una importante producción en materia de investigación, de publicaciones y de incidencia pública. Pero esto se debe fundamentalmente a la política de convenios con instituciones que han creído en nosotros y que se han involucrado con los proyectos, pero no hemos contado con algún apoyo por parte del gobierno, una vez que se reformó la Ley Orgánica de Tecnología.
–¿Usted cree que es por esa reforma que no se desarrolla la producción e investigación en las universidades?
–-Sí, y eso tiene una respuesta muy concreta: debe volverse a la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología antes de la reforma, que establecía un mecanismo muy idóneo para que las universidades contaran con un presupuesto adecuado para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que fundamentalmente financiaba, por obligación, el sector privado, que tenía que dedicar parte de sus ingresos al financiamiento de proyectos de investigación. Estos recursos eran vigilados por el Estado para que no se desviaran. Luego que se reformó esta ley, ese dinero ya no va a las universidades sino que va al Estado y este lo distribuye según sus parámetros. Se controlaron esos fondos y ya las universidades no cuentan con ellos. Sería bueno contar con un mecanismo de financiamiento de la empresa privada, y que hubiera fuentes idóneas de parte del sector público para apoyar la ciencia y la tecnología.
–¿Qué peticiones le haría la Universidad Católica Andrés Bello al gobierno?
–Hay que revisar urgentemente los presupuestos de las universidades nacionales. Yo creo que la situación de estas casas de estudios es realmente critica, y eso supone revisar y ajustar para darles los recursos necesarios. Lo segundo, es lo relativo a respetar la autonomía de las universidades públicas y privadas. La Constitución Nacional garantiza este mecanismo. Evidentemente la autonomía tiene unas características distintas en las universidades públicas y en las privadas. Reconocer esto es reconocer también la autonomía de sus Consejos Universitarios y de las distintas instancias para poder dictar sus normas internas, sus políticas administrativas y académicas. El tercer aspecto es recobrar la instancia del Consejo Nacional de Universidades. Este espacio es, en estos momentos, una reunión de universidades, presidida por el Ministro de Universidades, pero no es una instancia de verdadera deliberación y aprobación de políticas universitarias para el crecimiento del país.
Y en cuanto a las universidades privadas –finaliza– creo que es necesario tender puentes para favorecer su mayor inclusión, sus aportes al desarrollo del país y su fortalecimiento a través de vías de financiamiento indirecta. La universidad privada en este momento se sostiene por la matrícula de sus estudiantes. La única manera de hacer que la universidad privada pueda ser accesible a muchos más estudiantes es garantizando apoyos importantes.
–Hay un nuevo ministro de Educación Universitaria. ¿Cuáles son las prioridades que usted cree que hay que plantearle y cuáles son las que el gobierno tiene?
–Tendré la oportunidad de escucharlas en el próximo Consejo Universitario que él presidirá. Hasta el momento las prioridades del gobierno en materia de la educación universitaria ha sido la masificación. Es decir, lo que se ha pretendido con las políticas universitarias ha sido incorporar a estudiantes. Escuché al presidente Maduro en estos días en su alocución, hablaba de 2 millones 800 mil estudiantes de educación universitaria sin contar los de educación técnica-universitaria, colegios e institutos. Creo que desde hace varios años el gobierno efectivamente ha venido desarrollando una política de ampliar las ofertas de cupos, obligar a las universidades nacionales a eliminar los requisitos y méritos de entrada, y favorecer becas. Esta ha sido una clara línea del gobierno, obviando otros detalles de la educación universitaria. Considero que la inclusión y la apertura están bien, que se abra la educación universitaria a todo el que quiera participar.
El problema –continúa– es que tiene que ser una oferta de calidad. Nosotros no hacemos nada con convertirnos en una gran fábrica de títulos universitarios, que a la hora de la verdad detrás de ese título hay muy pocas capacidades desarrolladas. Por sus fines, la Universidad requiere ser una institución de altísima calidad. Calidad tecnológica, docente, en la investigación, en el desarrollo de sus capacidades para estar presente en el debate público, etc. Para mí es la gran brecha. Yo creo que existe un número muy alto de la matrícula universitaria venezolana, y aplaudo esto. Pero también considero que ese número por sí solo no responde a todo lo que significa la educación universitaria de calidad que ayude al desarrollo de nuestro país.
–¿Qué aspectos positivos ha hecho el Ministerio de Educación Universitaria que deben ser profundizados o retomados?
–Yo creo que la agenda pendiente es tremenda. Usted va a la Universidad Central de Venezuela (UCV), a la Simón Bolívar (USB), a la de Carabobo, a la de Los Andes o la del Zulia y encuentra que están realmente demasiado empobrecidas. Cuentan con presupuestos de hambre. Esto significa que estás reduciendo la calidad y, algo fundamental, la posibilidad de contar con docentes bien pagados y motivados con el trabajo que tienen que realizar. El gobierno tiene una gran deuda con la educación universitaria, que es la deuda de la calidad. Esto implica unos presupuestos importantes. Segundo, respetar la autonomía universitaria y la diversidad. El gobierno, a través del Ministerio, ha querido centralizar cada vez más las decisiones de la educación universitaria, cuando la Ley de Universidades otorga a estas casas de estudios públicas y privadas una autonomía fundamental para el desarrollo de sus políticas formativas.
–¿Y con las universidades privadas?
–-Hay una gran deuda de reconocimiento, porque han sido en este país un importantísimo apoyo subsidiario de la educación universitaria. Evidentemente el mayor número de estudiantes y docentes ha estado en las universidades nacionales, y ahora está en todo el sistema que ha desarrollado el ejecutivo nacional. Pero insisto, el aporte de las universidades privadas en calidad y atención es sustancial. Tenemos en el orden de los 600 mil estudiantes, aproximadamente.
–¿Y de qué forma el gobierno puede apoyar la educación universitaria privada?
–Para mí eso es una materia pendiente. A las universidades privadas se les pueden apoyar de muchísimas maneras. Una forma tiene que ver con el acceso a divisas para el pago de tecnología, base de datos; es decir, todo lo que implica la compra de insumos en el exterior. Por ejemplo, la compra de tecnología necesariamente la tienes que hacer en divisas, y una política preferencial para las universidades sería una vía, porque estos recursos ahora están vedados. Otra, es la invitación para reconocer a la universidad en la participación de foros, proyectos, y en diversas áreas de crecimiento y de desarrollo nacional.
–¿Cree que el gobierno tome en cuenta todas estas necesidades de las universidades privadas que usted expone?
–Hasta el momento no lo ha hecho. La universidad privada ha sido totalmente marginada y relegada. Imagínese usted si se margina a las públicas nacionales, yo diría que a las privadas se le ha reduplicado esa exclusión.
–¿Se mantiene la producción científica y las investigaciones? Se supone que de las universidades salen propuestas para el país, ¿han podido mantenerlas?
–Creo que cabe más –todo este tema de la producción de investigación y conocimientos generales en las universidades–, a través de las publicaciones, de la participación en el debate nacional, de apoyo a la empresa privada, que está muy restringido porque los presupuestos de investigaciones en las universidades se han reducido. En la Universidad Católica, en las áreas que ha venido desarrollando por muchos años, como son los estudios de corte humanísticos, de ciencias sociales y en Derecho, cuenta con una importante producción en materia de investigación, de publicaciones y de incidencia pública. Pero esto se debe fundamentalmente a la política de convenios con instituciones que han creído en nosotros y que se han involucrado con los proyectos, pero no hemos contado con algún apoyo por parte del gobierno, una vez que se reformó la Ley Orgánica de Tecnología.
–¿Usted cree que es por esa reforma que no se desarrolla la producción e investigación en las universidades?
–-Sí, y eso tiene una respuesta muy concreta: debe volverse a la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología antes de la reforma, que establecía un mecanismo muy idóneo para que las universidades contaran con un presupuesto adecuado para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que fundamentalmente financiaba, por obligación, el sector privado, que tenía que dedicar parte de sus ingresos al financiamiento de proyectos de investigación. Estos recursos eran vigilados por el Estado para que no se desviaran. Luego que se reformó esta ley, ese dinero ya no va a las universidades sino que va al Estado y este lo distribuye según sus parámetros. Se controlaron esos fondos y ya las universidades no cuentan con ellos. Sería bueno contar con un mecanismo de financiamiento de la empresa privada, y que hubiera fuentes idóneas de parte del sector público para apoyar la ciencia y la tecnología.
–¿Qué peticiones le haría la Universidad Católica Andrés Bello al gobierno?
–Hay que revisar urgentemente los presupuestos de las universidades nacionales. Yo creo que la situación de estas casas de estudios es realmente critica, y eso supone revisar y ajustar para darles los recursos necesarios. Lo segundo, es lo relativo a respetar la autonomía de las universidades públicas y privadas. La Constitución Nacional garantiza este mecanismo. Evidentemente la autonomía tiene unas características distintas en las universidades públicas y en las privadas. Reconocer esto es reconocer también la autonomía de sus Consejos Universitarios y de las distintas instancias para poder dictar sus normas internas, sus políticas administrativas y académicas. El tercer aspecto es recobrar la instancia del Consejo Nacional de Universidades. Este espacio es, en estos momentos, una reunión de universidades, presidida por el Ministro de Universidades, pero no es una instancia de verdadera deliberación y aprobación de políticas universitarias para el crecimiento del país.
Y en cuanto a las universidades privadas –finaliza– creo que es necesario tender puentes para favorecer su mayor inclusión, sus aportes al desarrollo del país y su fortalecimiento a través de vías de financiamiento indirecta. La universidad privada en este momento se sostiene por la matrícula de sus estudiantes. La única manera de hacer que la universidad privada pueda ser accesible a muchos más estudiantes es garantizando apoyos importantes.
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