Sin duda la vuelta a la UCV es un problema de difícil solución. Como es al mismo tiempo una cuestión de reactivación institucional y una necesidad imperiosa para articular integralmente un movimiento capaz de asumir la urgente defensa de la universidad, conviene examinarlo atentamente.
¿Qué obstáculos dificultan el retorno al campus y el inicio de la actividad universitaria? Dos interrogantes aparecen de inmediato: ¿cómo hacerlo y para qué? Estamos, pues, en presencia de la definición de condiciones y objetivos. Esto último por cierto menos obvio de lo que a primera vista parece. Vayamos por partes.
1. Pandemia y bioseguridad
Es indispensable la vacunación de toda la comunidad universitaria. No parece que esto sea posible a corto plazo, pese a que el gobierno ha implementado un programa de administración de vacunas para profesores, empleados y obreros del que se han cumplido un par de jornadas hace unos días con unas mil quinientas primeras dosis aplicadas. En lo que se refiere al estudiantado, se supone que será en algún momento convocado por las redes. La activa propaganda gubernamental pretende convencer al público de que para mediados de octubre todo el mundo estará vacunado y las actividades de la universidad se reanudarán. Aún sin dotes adivinatorias es fácil prever que esa expectativa es de imposible cumplimiento.
Aparte de la vacunación universal, una serie de medidas complementarias de bioseguridad deben ponerse en pie. Es improbable que tal cosa resulte factible en lo inmediato, salvo que haya un plan a este respecto que no se conozca todavía porque las autoridades de fuera y de adentro nos reservan una sorpresa.
2. La planta física
El deterioro de la infraestructura (edificaciones en general y espacios interiores como oficinas, cubículos, laboratorios, aulas, auditorios, corredores, aposentos sanitarios, etc.) es de considerable magnitud. Buena parte del equipamiento, tanto el ordinario como el especializado, se encuentra en mal estado o no existe porque ha sido sustraído. El desmantelamiento de las instalaciones universitarias ha sido total en algunas dependencias académicas y administrativas y lo que no ha podido ser acarreado por los maleantes –que como es vox populi cuentan con complicidad interna– ha sido destruido o inutilizado. Nada indica que estas deficiencias y carencias vayan a ser remediadas con la prontitud necesaria. En realidad ni siquiera es posible saber si serán atendidas todas pues muchas de ellas han sido desde hace largos años signo de la sostenida declinación material de la universidad.
Es cierto que el gobierno desde hace varias semanas trabaja en la recuperación de edificaciones y espacios abiertos, lo que ha sido publicitado mediante su apabullante y ubicuo aparato propagandístico. Las obras han sido encomendadas a una comisión presidencial, coordinada por la vicepresidente de la república, que se ocupará del «rescate» del campus encuadrándolo en la llamada –con la socorrida cursilería bautismal de los creativos publicitarios del régimen– «Gran Misión Venezuela Bella». Así lo anunciaba por Twitter (el 3 de agosto, 2021) el ministro de Educación Universitaria: «Por órdenes del Presidente Nicolás Maduro iniciamos los trabajos especiales de recuperación de la UCV. Este patrimonio de la humanidad, gracias al Gobierno Bolivariano, volverá a ser una ciudad universitaria de referencia en el mundo».
Las autoridades universitarias han hecho saber que tales trabajos se dan en el marco de una concertación entre las partes, pero poco se conoce del plan emprendido y es por lo tanto difícil hacerse una idea de alcances, resultados y plazos. Nadie pide que lo atiborren de pormenores técnicos pero se agradecerían cuando menos algunas píldoras informativas de efectos específicos.
3. Seguridad de las personas
La crónica insuficiencia en este particular no ha hecho más que agravarse en el último año y medio. El riesgo personal es desde hace mucho elevadísimo en los espacios abiertos del campus y casi podría afirmarse que no lo es menos incluso dentro de las instalaciones. La actividad académica nocturna desapareció tiempo ha de las facultades que la ofrecían, al igual que las ofertas extracurriculares y recreativas, lo que no significa en modo alguno que el peligro diurno sea excepcional. No se dispone de información que sugiera un cambio positivo a este respecto en fecha próxima.
4. Remuneración
Los salarios misérrimos niegan de plano toda posibilidad real de que profesores, empleados y obreros puedan asistir al trabajo y permanecer en él a lo largo de la jornada. Tampoco podrá hacerlo la mayoría de los estudiantes, cuyas familias difícilmente podrán sufragar los costos de acudir diariamente a la universidad. ¿Podría la universidad proporcionar transporte a todos los que lo requieran? ¿Contribuirá a ello el Gobierno? Quién sabe, pero la experiencia acumulada no autoriza optimismos risueños. En el caso de los sectores laborales, los respectivos gremios han dejado claro que con los salarios actuales no habrá reincorporación.
5. Volver a la universidad, ¿para qué?
Muchos estudiantes reclaman el retorno a las clases como si fuera posible una simple reanudación de actividades académicas. El interés de una amplia mayoría, hasta donde la observación indica, es concluir los estudios, no recobrar la institución, que en su estado presente no podrá ofrecerles lo que recibían antes de la suspensión de actividades… y ya entonces desde hacía años en proceso involutivo por el debilitamiento general atribuible a variadas causas.
Las autoridades, por su parte (si no todas, no pocas) presionan de diversas maneras al profesorado para que las clases comiencen de nuevo. Ponen de manifiesto una visión docentista que simplifica artificiosamente el carácter complejo de la situación institucional y la complejidad misma de la institución, cuyo cometido no se reduce a la docencia. Este reduccionismo es patente en la «Propuesta [de los decanos] para el reinicio de actividades en la Universidad Central de Venezuela» (20 de septiembre) desde el propio primer párrafo: «se debe tener prevista la organización de todas las actividades docentes considerando que las once Facultades de la UCV, como instituciones académicas y la naturaleza de sus programas [sic], está basada en el modelo de docencia presencial».
Más adelante, cuando se hace referencia a los requisitos para el reinicio de actividades, estas se dividen en «docentes» y «administrativas». En el parágrafo sobre las primeras, investigación y extensión son mencionadas –piadosa o cortésmente– apenas de pasada: «Se requiere un censo para saber el número de profesores disponibles para docencia (teórica y de laboratorio), investigación y extensión». Y casi enseguida se remata: «es altamente probable que se requiera la contratación de personal docente para poder abarcar el número de estudiantes inscritos».
Sea como fuere, con docentismo o sin él, la cuestión de fondo es que no puede soslayarse la amenaza que gravita sobre la universidad y que no es otra que la posibilidad tangible de su desaparición bajo el embate de las políticas gubernamentales. Volver a la universidad, en forma progresiva, escalonada, parcial o como se pueda, presupone desde luego que se satisfagan –o se garantice que estén en vías ciertas de satisfacerse– los requisitos mencionados precedentemente y de seguro algunos otros de mayor especificidad técnica y práctica. La coyuntura misma favorece el que tales medidas sirvan de base e impulso a las opciones reales que abre la política denominada «La UCV bimodal» (formulada por el Consejo de Educación a Distancia ya en 2016), así como otras de reciente aprobación por el Consejo Universitario para robustecer el régimen académico ucevista mediante el estímulo al desarrollo de la educación a distancia. Todo lo cual, dicho sea de paso, debe serle exigido sin timidez a los a veces olvidadizos altos órganos de dirección académica de la UCV.
Adicionalmente (aunque es mucho más que una mera adición por lo cual conviene no regatearle significación), es imprescindible dotarse de una agenda que junto con las actividades académicas (y administrativas) factibles –es decir, establecidas con la mayor claridad a tenor de las condiciones prevalecientes– incluya los ítems relativos a una reflexión crítica sobre la propia institución: la identificación de sus falencias de larga data, la renovación de sus estructuras, la prefiguración de un perfil compatible con las exigencias de la sociedad del conocimiento, etc. En lugar prominente de dicha agenda tendría que figurar la cuestión electoral, a la vez porque trae consigo importantes implicaciones sobre la especie particular de democracia compatible con la naturaleza de la institución académica y porque las elecciones universitarias son hoy por hoy la forma más concreta de comportamiento autonómico, además de ser en la actual coyuntura, a la vista de lo acontecido con la Universidad Simón Bolívar, una útil contribución al esfuerzo de fortalecer la institución frente a la agresión externa.
Todo lo dicho en el entendido de que no se trata de «descubrir» soluciones inmediatas para cuanto problema haya, sino de dialogar sobre el dificultoso presente y el deseable futuro abriendo así un período de debates como resultado de lo cual se vayan echando consensuadamente las bases de la nueva universidad.
Entender, en suma, que volver a la universidad significa más una renovación creativa que una restauración conformista.
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