Eleazar Narváez
Nuevamente el régimen chavista arremete de modo brutal contra la institución universitaria del país mediante procedimientos violatorios de nuestro ordenamiento legal. Después de haber sido aprobada la inconstitucional Ley Orgánica de Educación, con la cual, además de otras perversidades, se sientan las bases para que se distorsione la democracia universitaria y se profundice el debilitamiento del ejercicio de la autonomía en las universidades, el Ejecutivo Nacional pasa otra vez por encima de la aún vigente Ley de Universidades, al asignarles de manera arbitraria el presupuesto a estas casas de estudio para el año 2010.
Sin cumplir con lo estipulado en el ordinal 7 del artículo 20 de la citada ley, se desconocen, una vez más, dos atribuciones del Consejo Nacional de Universidades (CNU), las cuales son: por un lado, proponer ante el Ejecutivo Nacional el monto anual del presupuesto universitario para que sea considerado por la Asamblea Nacional como parte del Proyecto de Ley de Presupuesto; y por el otro, efectuar la distribución de ese presupuesto entre las universidades nacionales después de haber sido promulgada esta última.
Así, con base en esa arbitrariedad, sin plantearse en el CNU como lo ordena la Ley de Universidades, el Ejecutivo acaba de asignarle a la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, la cantidad de Bs. 1.016.099.112 para el ejercicio fiscal del próximo año, la cual representa menos del 50% de lo solicitado formalmente por el Consejo Universitario en función de las necesidades de esa institución y de acuerdo con las pautas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario; y además, esa cuota constituye la reconducción del presupuesto de ese centro educativo, precisamente en unos momentos en los que la economía del país sufre los embates de una corrosiva inflación y los efectos negativos de las políticas gubernamentales.
Al actual gobierno le importa muy poco que esa mayor precariedad presupuestaria contribuya al deterioro las actividades de docencia, investigación y extensión de las universidades, así como al aumento de la descapitalización de su personal y a la depauperación de sus ya golpeados servicios estudiantiles, entre otros. Y ni hablar del gran desinterés gubernamental por adecentar los sueldos del personal universitario - hoy en día en un nivel inconcebible - y por honrar los compromisos que tiene el Estado con profesores, empleados y obreros, entre ellos, por ejemplo, los que tienen que ver con los pasivos laborales y con el incremento salarial por normas de homologación correspondiente a nueve meses del año 2008.
No obstante, mientras se golpea a las universidades y a otras instituciones fundamentales del país, el régimen prepara sus “trampitas” en la formulación del presupuesto de la Nación del 2010 para quedarse con los recursos que necesita para comprar votos en las elecciones venideras.
Artículo de Eleazar Narváez publicado en el diario Tal Cual, el 05 de noviembre de 2009
Sin cumplir con lo estipulado en el ordinal 7 del artículo 20 de la citada ley, se desconocen, una vez más, dos atribuciones del Consejo Nacional de Universidades (CNU), las cuales son: por un lado, proponer ante el Ejecutivo Nacional el monto anual del presupuesto universitario para que sea considerado por la Asamblea Nacional como parte del Proyecto de Ley de Presupuesto; y por el otro, efectuar la distribución de ese presupuesto entre las universidades nacionales después de haber sido promulgada esta última.
Así, con base en esa arbitrariedad, sin plantearse en el CNU como lo ordena la Ley de Universidades, el Ejecutivo acaba de asignarle a la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, la cantidad de Bs. 1.016.099.112 para el ejercicio fiscal del próximo año, la cual representa menos del 50% de lo solicitado formalmente por el Consejo Universitario en función de las necesidades de esa institución y de acuerdo con las pautas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario; y además, esa cuota constituye la reconducción del presupuesto de ese centro educativo, precisamente en unos momentos en los que la economía del país sufre los embates de una corrosiva inflación y los efectos negativos de las políticas gubernamentales.
Al actual gobierno le importa muy poco que esa mayor precariedad presupuestaria contribuya al deterioro las actividades de docencia, investigación y extensión de las universidades, así como al aumento de la descapitalización de su personal y a la depauperación de sus ya golpeados servicios estudiantiles, entre otros. Y ni hablar del gran desinterés gubernamental por adecentar los sueldos del personal universitario - hoy en día en un nivel inconcebible - y por honrar los compromisos que tiene el Estado con profesores, empleados y obreros, entre ellos, por ejemplo, los que tienen que ver con los pasivos laborales y con el incremento salarial por normas de homologación correspondiente a nueve meses del año 2008.
No obstante, mientras se golpea a las universidades y a otras instituciones fundamentales del país, el régimen prepara sus “trampitas” en la formulación del presupuesto de la Nación del 2010 para quedarse con los recursos que necesita para comprar votos en las elecciones venideras.
Artículo de Eleazar Narváez publicado en el diario Tal Cual, el 05 de noviembre de 2009
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