Gioconda San Blas
16/06/2016
Una vez más, la 13ª en lo que va de año, el Instituto de Medicina Tropical (IMT) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ha sido asaltado por malandros dispuestos no sólo a robar lo que de algún valor pecuniario pudieran encontrar sino también a destruir lo que queda en pie, lo cual incluye algo más valioso e irreemplazable que el dinero: historias médicas, seguimiento de epidemias recurrentes en el país, muestras biológicas y datos de investigaciones científicas en el campo de la salud.
Escenas como ésta se repiten en todo el campus de la UCV y en otras instituciones universitarias y científicas del país, cuya permanente postura en defensa de la autonomía universitaria, como rasgo fundamental de su razón de ser, se ha convertido en un incordio para un Gobierno que quiere verlas postradas ante el tosco hegemón de turno.
Quebrarles el espinazo se ha convertido en una obsesión para el régimen. Y como no han podido, quieren socavar el espíritu universitario por otros métodos. Se comenta que el vandalaje tiene su base en la penetración de colectivos dentro de los cuerpos de vigilancia, amparados por el régimen en plan de ilegales brazos armados, que con total impunidad provocarían los destrozos ya señalados.
El repertorio de métodos disuasivos es amplio: presupuestos ridículos, bajos sueldos, deserción profesoral, infraestructura decadente, falta de reactivos en las facultades experimentales, equipos obsoletos, languidecientes bibliotecas, usted sume y siga…, son tácticas diseñadas para quebrantarles su autonomía. A este menú se agrega la anticonstitucional cláusula 34 de la Ley Orgánica de Educación (2009) que cambia arbitrariamente las condiciones en que deben proceder las elecciones de autoridades rectorales, no a través del claustro universitario sino por concurso de todo el personal en cualquier rango.
Confunden igualitarismo con equidad cuando les conviene, porque todavía no sabemos de ninguna elección en las “revolucionarias” universidades bolivarianas, donde la autonomía es concepto ajeno a autoridades (impuestas por el régimen), docentes y estudiantes por igual. Ni mucho menos tenemos noticia de elecciones generales en instituciones igualmente jerárquicas como el ejército o los centros de salud.
En cambio, en las universidades autónomas, jerárquicas como las que más, quieren pasar por encima de los principios establecidos en el artículo 109 de la Constitución (1999), que concede de manera diáfana, como nunca antes, la autonomía universitaria para que profesores, estudiantes y egresados, solo ellos, se dediquen a la búsqueda del conocimiento mientras se dan sus normas de gobierno y funcionamiento para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión, en un recinto inviolable.
Todo esto nos lleva a pensar que el malandraje no está solo en los personajes de mal vivir que han saqueado al IMT y otros edificios universitarios, sino también en los agentes del régimen, en ministros y personajillos de servil ralea egresados de sus aulas, que terminan medrando en los espacios institucionales, convertidos lastimosamente en el enemigo interno con que duerme la comunidad universitaria y ocupados en horadar el andamiaje universitario en su esencia y desde adentro. Menos mal que ya contamos con el respaldo de la Asamblea Nacional en la defensa de la Universidad.
Cuando Bolívar en 1827 transformó la Real y Pontificia Universidad colonial de 1721 en Universidad de Caracas, le mantuvo el principio autonómico y la dotó de autonomía de gestión. No será ahora, a casi 300 años de su fundación, que un grupo de seres mal dispuestos contra el conocimiento y la libertad puedan lograr lo que ya otros tiranos intentaron sin éxito. Ya lo decía el Libertador en esa oportunidad: “El más preciado instrumento para la conservación y defensa de la libertad es una universidad capaz de formar hombres libres para dirigir la vida colectiva en búsqueda del beneficio común". Nada más, nada menos.
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