Víctor Rago
12/08/2020
"Si la hora del país resuena en los espacios universitarios con el eco inconfundible de su invitación a esforzarnos por alcanzar un mañana de nuevas definiciones democráticas, acudamos a ese llamado desde el compromiso entrañable con la universidad."
El país confronta una emergencia coyuntural provocada por la pandemia de Covid19 que empeora aceleradamente gracias a la eficaz ayuda de la inepcia gubernamental. A la vez se encuentra desde hace años envuelto en un complicado enredo político cada día mayor que configura un marco duradero de crisis general. ¿Tiene en tales condiciones sentido plantear la necesidad de realizar elecciones para el recambio de autoridades en la Universidad Central de Venezuela?
Los que responden negativamente a esta pregunta argumentan que la cuestión electoral universitaria constituye un asunto menor, circunscrito a un reducido y específico espacio institucional, a diferencia del proceso nacional demandante de grandes esfuerzos y una dosis de compromiso que no debería desviarse hacia la atención de propósitos de pequeña escala, que por lo demás encontrarán más tarde lugar y oportunidad apropiados. En el lado opuesto se sitúan quienes sostienen que reconocer la prioridad de la lucha política nacional y sus concomitancias en el plano de las reivindicaciones económicas, sanitarias, de servicios públicos y de derechos humanos, es perfectamente compatible con el desenvolvimiento crítico en ámbitos particulares aparentemente alejados de los escenarios principales.
¿De qué modo pueden acoplarse sinérgicamente los esfuerzos consagrados a los grandes problemas del país y los que se orientan hacia campos de apariencia más modesta? Habría que comenzar por admitir que la problemática nacional de conjunto resulta de la suma de multitud de problemas particulares, entrelazados en mayor o menor medida. Aunque se establezcan jerarquías y se adjudiquen grados diferentes de importancia a unos y otros asuntos –tanto por su significación intrínseca como por su impacto sobre la vida de la gente- lo cierto es que la crisis general revela las interdependencias, causalidades y dinámicas de retroalimentación de los componentes e intereses que la constituyen en continua interacción.
Mencionaré las que a mi juicio son las razones principales que sitúan la cuestión electoral en el centro del interés institucional y cómo se vincula la problemática universitaria a los procesos nacionales en curso. Entiendo por cuestión electoral un conjunto de materias de importancia sustantiva en la vida universitaria y no solo el proceso técnico que conduce a la postulación de candidatos, al acto de votación, al escrutinio y a la proclamación de ganadores. Entre aquellas materias figuran las bases conceptuales sobre las que reposa la norma electoral, la significación del hecho eleccionario desde el punto de vista del ejercicio efectivo de la autonomía universitaria y su proyección sobre la dimensión democrática de aspectos capitales del quehacer institucional. De allí que convenga por lo tanto diferenciar entre exigir la convocatoria de elecciones (tan pronto las circunstancias las hagan factibles) y convocar a un debate amplio sobre la cuestión electoral anterior a los comicios propiamente tales. Este debate comienza por la conciencia de su necesidad y se desarrollará con mucha o poca fortuna dependiendo del interés de los participantes y de las mayores o menores posibilidades que las limitadas circunstancias brinden. El debate, claro está, no es un simple sucedáneo de elecciones de momento impracticables, algo que se hace mientras tanto, para no estar de brazos cruzados. Antes bien, es una actividad necesaria previa a los comicios stricto sensu porque si se consigue hacerla girar alrededor de los problemas fundamentales les proporcionará a aquellos marco y sentido más claros.
La consideración de la cuestión electoral, idealmente en el contexto de una activa movilización (por ahora forzosamente virtual) de la comunidad ucevista, debe responder a una doble y simultánea exigencia. Por una parte, atender la agenda recurrentemente postergada de temas relativos a la participación electoral de los diferentes sectores de la comunidad universitaria -con arreglo a sus especificidades idiosincráticas- en el seno de una institución académica. Por la otra, enfrentar las amenazas que contra esta ha emprendido el autoritarismo gubernamental con la intención de imponerle la sumisión a su proyecto político. La expresión más visible de esto son las sentencias números 0324 y 0047 del Tribunal Supremo de Justicia que ordenan la realización de elecciones de autoridades rectorales con arreglo a disposiciones lesivas a la autonomía universitaria en la medida en que violan su garantía constitucional y sus condiciones legales y reglamentarias de ejercicio.
El repudio del proyecto gubernamental de liquidación de la universidad autónoma concita en la comunidad universitaria convergencias y aproximaciones, aunque ello casi nunca se traduzca en formas prácticas de precaución mancomunada contra las amenazas o de respuesta efectiva a las agresiones consumadas. En cambio la cuestión electoral es fuente de acerbas divergencias y causa de desencuentros y fracturas en el nunca bien consolidado frente interno universitario. Algunos piensan que el debate sería una distracción peligrosa en cuanto debilitaría la resistencia a la intromisión oficialista en la vida universitaria y proponen diferirlo hasta mejores tiempos, es decir, indefinidamente. Otros temen que abra las puertas a los planes del gobierno en su aspiración de apoderarse de la universidad, ya sea porque ingenuamente no nos percatemos de que tales planes permearían la agenda, con lo cual habríamos hecho el papel involuntario de cándidos agentes del poder; ya porque con maquiavélica astucia los promotores del debate, disfrazados de demócratas tolerantes, sean en realidad esos agentes.
Sostengo en cambio que el debate es necesario, incluso indispensable a pesar de los riesgos que con excesiva aprensión se le atribuyen. Si verdaderamente los hubiera no desaparecerán renunciando a debatir, sino haciéndolo porque el debate al consistir en la exposición racional de ideas, en un ejercicio del escrutinio crítico y el convenimiento de acuerdos es por excelencia el campo de la explicitud. Solo un amplio consenso resultante de la contrastación de visiones, objetivos, estrategias y líneas de acción entre universitarios permitirá construir la sólida defensa que la universidad requiere para ser salvaguardada de sus poderosos enemigos externos.
¿Significa esto que los universitarios darían la espalda a las urgencias nacionales para ensimismarse en sus propios problemas? En absoluto. La universidad es también una urgencia hoy en Venezuela. Verdad es que no figura en la nómina de las cuestiones de vida o muerte como la violación de los derechos humanos, la subalimentación, la inexistencia de medicinas, la inopia salarial y otras, pero no cabe duda de que su desaparición o su transfiguración en estructuras impotentes, sería literalmente fatal para el país. Hay que evitar que esto ocurra y no parece que haya otro modo de hacerlo que reflexionando sobre la institución, examinando sin contemplaciones su desempeño en los últimos años, reconociendo junto a sus realizaciones admirables sus crecientes deficiencias, evaluando con imparcialidad y sin caritativa o cómplice benevolencia la calidad de las gestiones directivas y revisando y actualizando muchas cosas más.
Hay por lo mismo que pensar la universidad a la luz de las transformaciones globales, a escala de los desafíos del mundo contemporáneo para proyectarla sin timideces parroquiales hacia el futuro que ya es, pero hay que pensarla igualmente en relación con los desafíos que le plantea la crisis del país con vistas a la adopción inmediata de los acuerdos que propendan a su salvaguarda, procurando preservarla de las acechanzas exteriores no menos que de sus padecimientos autoinfligidos, fruto de la holgazanería intelectual o de la negligencia de parte al menos de sus esferas directivas. El compromiso activo con la universidad tensionando al máximo el arco de sus capacidades deliberativas, es al mismo tiempo una forma legítima de tomar parte activa en los problemas nacionales.
Por lo demás, ¿quién ha dicho que preocuparse por la suerte de la institución académica y actuar en consecuencia inhabilita física o mentalmente a los universitarios para experimentar con lacerante sensibilidad la suerte del propio país y menoscaba la voluntad de sumarse a cualquiera de las numerosas tareas inscritas en la agenda de la reconstrucción democrática nacional? Acaso la experiencia de la universidad represente una modesta pero vivificante contribución a ese otro debate necesario en el seno de la sociedad venezolana, sobre todo entre las fuerzas políticas del campo democrático, que tantas veces parece extraviado en el vértigo de la precipitación y en el torbellino de la hostilidad recíproca. Si la hora del país resuena en los espacios universitarios con el eco inconfundible de su invitación a esforzarnos por alcanzar un mañana de nuevas definiciones democráticas, acudamos a ese llamado desde el compromiso entrañable con la universidad.
Los que responden negativamente a esta pregunta argumentan que la cuestión electoral universitaria constituye un asunto menor, circunscrito a un reducido y específico espacio institucional, a diferencia del proceso nacional demandante de grandes esfuerzos y una dosis de compromiso que no debería desviarse hacia la atención de propósitos de pequeña escala, que por lo demás encontrarán más tarde lugar y oportunidad apropiados. En el lado opuesto se sitúan quienes sostienen que reconocer la prioridad de la lucha política nacional y sus concomitancias en el plano de las reivindicaciones económicas, sanitarias, de servicios públicos y de derechos humanos, es perfectamente compatible con el desenvolvimiento crítico en ámbitos particulares aparentemente alejados de los escenarios principales.
¿De qué modo pueden acoplarse sinérgicamente los esfuerzos consagrados a los grandes problemas del país y los que se orientan hacia campos de apariencia más modesta? Habría que comenzar por admitir que la problemática nacional de conjunto resulta de la suma de multitud de problemas particulares, entrelazados en mayor o menor medida. Aunque se establezcan jerarquías y se adjudiquen grados diferentes de importancia a unos y otros asuntos –tanto por su significación intrínseca como por su impacto sobre la vida de la gente- lo cierto es que la crisis general revela las interdependencias, causalidades y dinámicas de retroalimentación de los componentes e intereses que la constituyen en continua interacción.
Mencionaré las que a mi juicio son las razones principales que sitúan la cuestión electoral en el centro del interés institucional y cómo se vincula la problemática universitaria a los procesos nacionales en curso. Entiendo por cuestión electoral un conjunto de materias de importancia sustantiva en la vida universitaria y no solo el proceso técnico que conduce a la postulación de candidatos, al acto de votación, al escrutinio y a la proclamación de ganadores. Entre aquellas materias figuran las bases conceptuales sobre las que reposa la norma electoral, la significación del hecho eleccionario desde el punto de vista del ejercicio efectivo de la autonomía universitaria y su proyección sobre la dimensión democrática de aspectos capitales del quehacer institucional. De allí que convenga por lo tanto diferenciar entre exigir la convocatoria de elecciones (tan pronto las circunstancias las hagan factibles) y convocar a un debate amplio sobre la cuestión electoral anterior a los comicios propiamente tales. Este debate comienza por la conciencia de su necesidad y se desarrollará con mucha o poca fortuna dependiendo del interés de los participantes y de las mayores o menores posibilidades que las limitadas circunstancias brinden. El debate, claro está, no es un simple sucedáneo de elecciones de momento impracticables, algo que se hace mientras tanto, para no estar de brazos cruzados. Antes bien, es una actividad necesaria previa a los comicios stricto sensu porque si se consigue hacerla girar alrededor de los problemas fundamentales les proporcionará a aquellos marco y sentido más claros.
La consideración de la cuestión electoral, idealmente en el contexto de una activa movilización (por ahora forzosamente virtual) de la comunidad ucevista, debe responder a una doble y simultánea exigencia. Por una parte, atender la agenda recurrentemente postergada de temas relativos a la participación electoral de los diferentes sectores de la comunidad universitaria -con arreglo a sus especificidades idiosincráticas- en el seno de una institución académica. Por la otra, enfrentar las amenazas que contra esta ha emprendido el autoritarismo gubernamental con la intención de imponerle la sumisión a su proyecto político. La expresión más visible de esto son las sentencias números 0324 y 0047 del Tribunal Supremo de Justicia que ordenan la realización de elecciones de autoridades rectorales con arreglo a disposiciones lesivas a la autonomía universitaria en la medida en que violan su garantía constitucional y sus condiciones legales y reglamentarias de ejercicio.
El repudio del proyecto gubernamental de liquidación de la universidad autónoma concita en la comunidad universitaria convergencias y aproximaciones, aunque ello casi nunca se traduzca en formas prácticas de precaución mancomunada contra las amenazas o de respuesta efectiva a las agresiones consumadas. En cambio la cuestión electoral es fuente de acerbas divergencias y causa de desencuentros y fracturas en el nunca bien consolidado frente interno universitario. Algunos piensan que el debate sería una distracción peligrosa en cuanto debilitaría la resistencia a la intromisión oficialista en la vida universitaria y proponen diferirlo hasta mejores tiempos, es decir, indefinidamente. Otros temen que abra las puertas a los planes del gobierno en su aspiración de apoderarse de la universidad, ya sea porque ingenuamente no nos percatemos de que tales planes permearían la agenda, con lo cual habríamos hecho el papel involuntario de cándidos agentes del poder; ya porque con maquiavélica astucia los promotores del debate, disfrazados de demócratas tolerantes, sean en realidad esos agentes.
Sostengo en cambio que el debate es necesario, incluso indispensable a pesar de los riesgos que con excesiva aprensión se le atribuyen. Si verdaderamente los hubiera no desaparecerán renunciando a debatir, sino haciéndolo porque el debate al consistir en la exposición racional de ideas, en un ejercicio del escrutinio crítico y el convenimiento de acuerdos es por excelencia el campo de la explicitud. Solo un amplio consenso resultante de la contrastación de visiones, objetivos, estrategias y líneas de acción entre universitarios permitirá construir la sólida defensa que la universidad requiere para ser salvaguardada de sus poderosos enemigos externos.
¿Significa esto que los universitarios darían la espalda a las urgencias nacionales para ensimismarse en sus propios problemas? En absoluto. La universidad es también una urgencia hoy en Venezuela. Verdad es que no figura en la nómina de las cuestiones de vida o muerte como la violación de los derechos humanos, la subalimentación, la inexistencia de medicinas, la inopia salarial y otras, pero no cabe duda de que su desaparición o su transfiguración en estructuras impotentes, sería literalmente fatal para el país. Hay que evitar que esto ocurra y no parece que haya otro modo de hacerlo que reflexionando sobre la institución, examinando sin contemplaciones su desempeño en los últimos años, reconociendo junto a sus realizaciones admirables sus crecientes deficiencias, evaluando con imparcialidad y sin caritativa o cómplice benevolencia la calidad de las gestiones directivas y revisando y actualizando muchas cosas más.
Hay por lo mismo que pensar la universidad a la luz de las transformaciones globales, a escala de los desafíos del mundo contemporáneo para proyectarla sin timideces parroquiales hacia el futuro que ya es, pero hay que pensarla igualmente en relación con los desafíos que le plantea la crisis del país con vistas a la adopción inmediata de los acuerdos que propendan a su salvaguarda, procurando preservarla de las acechanzas exteriores no menos que de sus padecimientos autoinfligidos, fruto de la holgazanería intelectual o de la negligencia de parte al menos de sus esferas directivas. El compromiso activo con la universidad tensionando al máximo el arco de sus capacidades deliberativas, es al mismo tiempo una forma legítima de tomar parte activa en los problemas nacionales.
Por lo demás, ¿quién ha dicho que preocuparse por la suerte de la institución académica y actuar en consecuencia inhabilita física o mentalmente a los universitarios para experimentar con lacerante sensibilidad la suerte del propio país y menoscaba la voluntad de sumarse a cualquiera de las numerosas tareas inscritas en la agenda de la reconstrucción democrática nacional? Acaso la experiencia de la universidad represente una modesta pero vivificante contribución a ese otro debate necesario en el seno de la sociedad venezolana, sobre todo entre las fuerzas políticas del campo democrático, que tantas veces parece extraviado en el vértigo de la precipitación y en el torbellino de la hostilidad recíproca. Si la hora del país resuena en los espacios universitarios con el eco inconfundible de su invitación a esforzarnos por alcanzar un mañana de nuevas definiciones democráticas, acudamos a ese llamado desde el compromiso entrañable con la universidad.
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