Miguel Henrique Otero
16/01/2017
El objetivo de destruir el sistema educativo venezolano se hizo evidente en el momento mismo en que Chávez se hizo con el poder. La idea no ha cambiado a lo largo de los años: al régimen no le importa la transmisión del conocimiento. Lo que le interesa es que las aulas, de todo tipo, se conviertan en una inmensa fábrica de militantes rojos. La primera de las estrategias que pusieron en juego todavía hoy se mantiene vigente: debilitar la institucionalidad de la educación venezolana.
No solo intentaron montar un sistema escolar paralelo, con misiones de nulos o dudosos resultados, sino que han actuado, con deliberada alevosía, para erosionar o liquidar lo que había. Recordemos apenas algunos hechos: intentaron crear una crisis financiera en Fe y Alegría, usando como arma los subsidios que el Estado entrega a esa red, fundamental en el territorio de la educación popular y la educación para el trabajo; crearon unas escuelas bolivarianas, de las que Chávez se ufanaba en sus programas y acerca de las cuales, desde hace varios años, nadie dice una palabra, mientras todos los indicadores cuantitativos y cualitativos se derrumban en cadena.
Antes de seguir, quiero detenerme en la cuestión de la infraestructura escolar: el régimen se dedicó a escandalizar con el tema del estado de la infraestructura escolar, con el fin exclusivo de crear un programa de contratos que les facilitara la corrupción. Se iniciaron varios centenares de proyectos, cuyo destino merece revisarse a fondo: unas pocas escuelas fueron terminadas. Pero la gran mayoría fueron obras de mala calidad, obras que solo cumplieron entre 40% y 50% de lo que se había previsto, obras que nunca se iniciaron y, lo que es todavía más dramático, algunas las dejaron inconclusas, y hay joyas como esta: aulas con paredes y sin techo.
Una de sus políticas estrellas ha sido la de copar los cargos docentes disponibles, o los cargos que han sido creados, con personas afectas al régimen pero incompetentes para los fines educativos. Soy testigo directo de casos como este: una persona que conozco, que se desempeñaba en tareas de oficina muy básicas porque no había terminado de estudiar bachillerato, se inscribió en el PSUV y a los pocos meses renunció a su trabajo para ingresar en el Ministerio de Educación como profesora de Historia de Venezuela.
Cuando se conversa con algunos de los más importantes expertos en la educación venezolana, lo que se escucha es todavía más dramático: hablo del derrumbe –y esto no es una palabra exagerada– de la calidad del sistema educativo chavista. Está pasando: salvo excepciones, la mayoría de los estudiantes de las escuelas públicas, de la primaria al bachillerato, o no aprenden lo que les corresponde de acuerdo con las previsiones curriculares, o no son capaces de responder a las cuestiones más básicas relacionadas con su nivel. Los promedios que arrojan las pruebas de suficiencia en materias como Lengua y Matemáticas, quizás los dos ámbitos de conocimiento fundamentales de cualquier persona, son cada día más bajos. Hay un deterioro real del sistema educativo chavista-madurista: estudiantes cada vez menos competitivos; niños y jóvenes que no logran razonar ante problemas básicos; un ambiente que no privilegia ni el saber ni mucho menos la excelencia, sino una mediocre permisividad que consiste en hacer el mínimo esfuerzo para lograr la mínima calificación para cumplir con el trámite de pasar de un curso al siguiente, sin importar las condiciones en que eso ocurra.
Si se piensa en lo ocurrido, la imagen de las siete plagas resulta insuficiente: escuelas cuya infraestructura se hunde en el deterioro; programas como el PAE, suspendidos por la corrupción campante; comedores donde los niños se intoxican o donde las raciones son insuficientes o desequilibradas desde el punto de vista nutricional; docentes que apenas conocen su materia y que, como si eso fuese poco, carecen de los rudimentos metodológicos básicos para liderar un aula, o que no son capaces de escribir una línea sin errores ortográficos; escuelas en las que abundan las carteleras con imágenes de Chávez; profesores que no asisten a su trabajo y no son remplazados; escuelas donde el número total de horas cumplidas en un año escolar no suma ni 50% del mínimo necesario; ocultamiento de realidades como la deserción. Quien tenga la oportunidad de revisar los cuadernos de niños que “estudian” en escuelas públicas de distintas partes de Venezuela quedará impactado con lo que allí encuentre, como con lo que allí falta.
A todo esto habrá que agregar los ataques a la educación privada, entre ellos, los abusos cotidianos de los supervisores y la imposición de matrículas y mensualidades que las hacen insostenibles. Un capítulo aparte lo constituye, por sí mismo, la campaña gubernamental en contra de universidades privadas, universidades nacionales y centros de formación técnica. Otro flanco, relacionado con el anterior, es la proliferación de universidades piratas rojas, donde ocurren hechos de piratería académica que son contados por los propios estudiantes, cuando comparan la educación recibida con la que se imparte en otros centros.
La lista de violaciones de la causa de la pedagogía y de la impostergable necesidad de formar venezolanos sobrepasa cualquier límite. En medio de esto, no puedo dejar de referirme a lo ocurrido el pasado mes de diciembre, cuando fue publicada una resolución, que no fue sometida a ninguna consulta, cuyo fin exclusivo es ideologizar los contenidos, de modo que, más que referirse a los hechos, se enseñan interpretaciones, como la de historia de Venezuela, que promueve el rechazo a la democracia y el enaltecimiento del socialismo. Me limitaré a un ejemplo: los contenidos de ciencias sociales satanizan a ciertos partidos políticos, cambian los nombres de ciertos hitos de la historia venezolana (el Pacto de Puntofijo se convierte en el Pacto de Nueva York), convierten al destructor de la Venezuela de hoy, Hugo Chávez, en un héroe de un país que no existe.
El que esta grave información no haya sido debatida en sus días –el país estaba concentrado en la cuestión de los billetes de 100– no significa que haya perdido su vigencia. Padres y representantes deben revisar la resolución y, si no la comparten, oponerse a ella. Hay que explicarla a los hijos. Hay que organizarse para resistir. Hay que denunciar las mentiras que se pretenden esparcir. No hay que ser un especialista en educación –yo no lo soy, de hecho– para advertir que sustituir el conocimiento por ideología es adoptar un camino de regresión y fracaso. Es una tarea política y social que compromete el futuro del país y que exige ser enfrentada.
No solo intentaron montar un sistema escolar paralelo, con misiones de nulos o dudosos resultados, sino que han actuado, con deliberada alevosía, para erosionar o liquidar lo que había. Recordemos apenas algunos hechos: intentaron crear una crisis financiera en Fe y Alegría, usando como arma los subsidios que el Estado entrega a esa red, fundamental en el territorio de la educación popular y la educación para el trabajo; crearon unas escuelas bolivarianas, de las que Chávez se ufanaba en sus programas y acerca de las cuales, desde hace varios años, nadie dice una palabra, mientras todos los indicadores cuantitativos y cualitativos se derrumban en cadena.
Antes de seguir, quiero detenerme en la cuestión de la infraestructura escolar: el régimen se dedicó a escandalizar con el tema del estado de la infraestructura escolar, con el fin exclusivo de crear un programa de contratos que les facilitara la corrupción. Se iniciaron varios centenares de proyectos, cuyo destino merece revisarse a fondo: unas pocas escuelas fueron terminadas. Pero la gran mayoría fueron obras de mala calidad, obras que solo cumplieron entre 40% y 50% de lo que se había previsto, obras que nunca se iniciaron y, lo que es todavía más dramático, algunas las dejaron inconclusas, y hay joyas como esta: aulas con paredes y sin techo.
Una de sus políticas estrellas ha sido la de copar los cargos docentes disponibles, o los cargos que han sido creados, con personas afectas al régimen pero incompetentes para los fines educativos. Soy testigo directo de casos como este: una persona que conozco, que se desempeñaba en tareas de oficina muy básicas porque no había terminado de estudiar bachillerato, se inscribió en el PSUV y a los pocos meses renunció a su trabajo para ingresar en el Ministerio de Educación como profesora de Historia de Venezuela.
Cuando se conversa con algunos de los más importantes expertos en la educación venezolana, lo que se escucha es todavía más dramático: hablo del derrumbe –y esto no es una palabra exagerada– de la calidad del sistema educativo chavista. Está pasando: salvo excepciones, la mayoría de los estudiantes de las escuelas públicas, de la primaria al bachillerato, o no aprenden lo que les corresponde de acuerdo con las previsiones curriculares, o no son capaces de responder a las cuestiones más básicas relacionadas con su nivel. Los promedios que arrojan las pruebas de suficiencia en materias como Lengua y Matemáticas, quizás los dos ámbitos de conocimiento fundamentales de cualquier persona, son cada día más bajos. Hay un deterioro real del sistema educativo chavista-madurista: estudiantes cada vez menos competitivos; niños y jóvenes que no logran razonar ante problemas básicos; un ambiente que no privilegia ni el saber ni mucho menos la excelencia, sino una mediocre permisividad que consiste en hacer el mínimo esfuerzo para lograr la mínima calificación para cumplir con el trámite de pasar de un curso al siguiente, sin importar las condiciones en que eso ocurra.
Si se piensa en lo ocurrido, la imagen de las siete plagas resulta insuficiente: escuelas cuya infraestructura se hunde en el deterioro; programas como el PAE, suspendidos por la corrupción campante; comedores donde los niños se intoxican o donde las raciones son insuficientes o desequilibradas desde el punto de vista nutricional; docentes que apenas conocen su materia y que, como si eso fuese poco, carecen de los rudimentos metodológicos básicos para liderar un aula, o que no son capaces de escribir una línea sin errores ortográficos; escuelas en las que abundan las carteleras con imágenes de Chávez; profesores que no asisten a su trabajo y no son remplazados; escuelas donde el número total de horas cumplidas en un año escolar no suma ni 50% del mínimo necesario; ocultamiento de realidades como la deserción. Quien tenga la oportunidad de revisar los cuadernos de niños que “estudian” en escuelas públicas de distintas partes de Venezuela quedará impactado con lo que allí encuentre, como con lo que allí falta.
A todo esto habrá que agregar los ataques a la educación privada, entre ellos, los abusos cotidianos de los supervisores y la imposición de matrículas y mensualidades que las hacen insostenibles. Un capítulo aparte lo constituye, por sí mismo, la campaña gubernamental en contra de universidades privadas, universidades nacionales y centros de formación técnica. Otro flanco, relacionado con el anterior, es la proliferación de universidades piratas rojas, donde ocurren hechos de piratería académica que son contados por los propios estudiantes, cuando comparan la educación recibida con la que se imparte en otros centros.
La lista de violaciones de la causa de la pedagogía y de la impostergable necesidad de formar venezolanos sobrepasa cualquier límite. En medio de esto, no puedo dejar de referirme a lo ocurrido el pasado mes de diciembre, cuando fue publicada una resolución, que no fue sometida a ninguna consulta, cuyo fin exclusivo es ideologizar los contenidos, de modo que, más que referirse a los hechos, se enseñan interpretaciones, como la de historia de Venezuela, que promueve el rechazo a la democracia y el enaltecimiento del socialismo. Me limitaré a un ejemplo: los contenidos de ciencias sociales satanizan a ciertos partidos políticos, cambian los nombres de ciertos hitos de la historia venezolana (el Pacto de Puntofijo se convierte en el Pacto de Nueva York), convierten al destructor de la Venezuela de hoy, Hugo Chávez, en un héroe de un país que no existe.
El que esta grave información no haya sido debatida en sus días –el país estaba concentrado en la cuestión de los billetes de 100– no significa que haya perdido su vigencia. Padres y representantes deben revisar la resolución y, si no la comparten, oponerse a ella. Hay que explicarla a los hijos. Hay que organizarse para resistir. Hay que denunciar las mentiras que se pretenden esparcir. No hay que ser un especialista en educación –yo no lo soy, de hecho– para advertir que sustituir el conocimiento por ideología es adoptar un camino de regresión y fracaso. Es una tarea política y social que compromete el futuro del país y que exige ser enfrentada.
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