Atención, ministro Edgardo Ramírez

Eleazar Narváez

Es oportuno y pertinente recordarle al ministro Edgardo Ramírez los planteamientos que tuve a bien hacerle al profesor Acuña en mi condición de Vicerrector Académico de la Universidad Central de Venezuela para ese entonces:

Ministro Acuña, dialoguemos y concertemos

Nuestro Vicerrectorado Académico rechaza de la manera más enérgica la decisión ilegal y antiautonómica del titular del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES), profesor Luis Acuña, de prohibirle a las universidades públicas el uso de pruebas internas para la selección de nuevos estudiantes, con el argumento de que a partir de este año se utilizará un sistema nacional de ingreso a la educación superior, el cual se quiere imponer a nuestras instituciones prescindiendo del diálogo y de la articulación de esfuerzos. Llama bastante la atención que el Ministro Acuña proceda unilateralmente a hacer tal anuncio a través de un comunicado y una declaración de prensa los días jueves y viernes de la semana pasada, desconociendo que la decisión en cuestión está referida a una materia que concierne al Consejo Nacional de Universidades y es también objeto de competencia fundamental de las universidades autónomas de acuerdo con lo previsto en la actual Ley de Universidades en su artículo 9, específicamente en lo relativo a su autonomía organizativa, en virtud de la cual esas instituciones podrán dictar sus normas internas, y en lo que respecta a su autonomía académica "...para planificar, organizar y realizar los programas de de investigación, docentes y de extensión que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines". Sorprende que se haga tal prohibición sin que el país y las universidades conozcan en qué consiste y cuáles son los propósitos del mencionado sistema nacional de ingreso a la educación superior. Sin duda, por las confusiones, las angustias y los problemas en general que se generan con ese modo de proceder, esa decisión ministerial constituye una evidente falta de respeto a nuestras instituciones universitarias y a las familias venezolanas que anhelan tener para sus hijos una información transparente y confiable sobre los criterios y mecanismos de ingreso a ese nivel educativo. Asimismo, extraña que el MPPES ignore las importantes iniciativas de búsqueda de un sistema nacional de ingreso concertado que la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) adelanta en la actualidad conjunta y simultáneamente con las universidades nacionales y dos órganos del Consejo Nacional de Universidades: el Núcleo de Secretarios (as) y el Núcleo de Vicerrectores (as) Académicos (as). Es incomprensible e inadmisible que esa articulación de esfuerzos entre instituciones del Estado sea desconocida e irrespetada. La oportunidad es propicia para decir no solamente que rechazamos el intento de que se les imponga a nuestras universidades, sin diálogo alguno, un sistema de ingreso que no sabemos cómo está constituido ni cuáles son sus objetivos; sino igualmente para reiterar nuestra disposición de dialogar acerca de la necesidad y viabilidad de un sistema nacional de ingreso a la educación superior que, entre otras consideraciones, tome en cuenta lo siguiente:

1)La consideración de la educación superior como un sistema. Es indispensable que no se pierda de vista la heterogeneidad y la concepción sistémica de este nivel de la educación al concebir ese sistema nacional de ingreso, y no se pretenda centrar la atención sólo o básicamente en las universidades y en particular en las autónomas.

2) Lo que reza el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: "Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones..."

3) Lo que dice el artículo 6º de la Ley Orgánica de Educación: "Todos tienen derecho a recibir una educación conforme con sus aptitudes y aspiraciones, adecuada a su vocación y dentro de las exigencias del interés nacional o local sin ningún tipo de discriminación por razón de la raza, del sexo, del credo, la posición económica y social o de cualquier otra naturaleza. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el cumplimiento de la obligación que en tal sentido le corresponde, así como los servicios de orientación, asistencia y protección integral al alumno con el fin de garantizar el máximo rendimiento social del sistema educativo y de proporcionar una efectiva igualdad de oportunidades educacionales".

4) La valoración de las posibilidades reales de una mayor atención matricular de nuestras universidades en la actualidad. En esto no podemos ignorar las precarias condiciones de funcionamiento que hoy padecen estas instituciones desde el punto de vista presupuestario, de la disponibilidad de personal, de infraestructura y de dotación. Además, no puede olvidarse que nuestras universidades, además de la docencia, realizan funciones de investigación, de extensión y de gestión. No son ni pueden ser "grandes liceos".

5) Es preciso reconocer que esa materia, la cantidad y la calidad de los estudiantes que las universidades autónomas están en condiciones de admitir e ingresar, no puede sustraerse a las implicaciones del artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del artículo 9º de la Ley de Universidades, ambos referidos a la autonomía universitaria.

6) Hoy, en el ejercicio de nuestra autonomía, tenemos valiosas experiencias de ingreso basadas en la preocupación por la calidad y la equidad que no pueden desestimarse. Pensamos que una de ellas, el Programa Samuel Robinson, por ejemplo, constituye una referencia fundamental, la cual estamos seguros de que podría potenciarse si contara con mayor apoyo del Estado.

7) La disposición de la Universidad Central de Venezuela, como institución del Estado venezolano, de dialogar para contribuir con el logro de una mayor inclusión social en la educación superior.

En este diálogo es preciso que el Gobierno le brinde la debida importancia a los planteamientos que hemos hecho en la perspectiva de atender un mayor número de estudiantes: a) Conjugar la preocupación por la calidad con la equidad; b) Resolver los problemas de deficiencia de personal que hoy afecta severamente a nuestra institución, originados tanto por las insuficiencias de recursos presupuestarios para reponer los cargos de los jubilados como por el carácter poco atractivo de los precarios salarios de los docentes e investigadores y demás trabajadores universitarios; c) ampliar las instalaciones y mejorar la dotación de nuestros espacios educativos y servicios estudiantiles; d) fortalecer las experiencias exitosas que hemos desarrollado en materia de admisión e ingreso de nuevos estudiantes.