Eleazar Narváez
Ex Vicerrector Académico de la UCV
Hoy, a contracorriente de lo que hace el Gobierno nacional en materia de rendición de cuentas, es mayor la urgencia de desarrollar una política sostenida y sistemática de información y comunicación que apunte al logro de una mayor visibilidad de la universidad autónoma tanto en el plano interno como en el externo.
Se trata, en este caso, con el apoyo de los excelentes profesionales en la materia con que cuentan nuestras instituciones, de diseñar y poner en práctica estrategias adecuadas para informar y comunicar por distintos medios a la comunidad universitaria y al país, los indiscutibles logros que tienen en su haber esas casas de estudios en distintas disciplinas y áreas del conocimiento a lo largo de su historia, al igual que en diversos espacios de la geografía nacional. Además de los beneficios que seguramente se derivarán de esta mayor visibilidad de la universidad autónoma en cuanto a la mayor confianza que ganará ésta en los miembros de la propia comunidad y en la sociedad en general, que seguramente redundará en una mayor legitimación social de la misma, asimismo, es de valorar sus efectos positivos para estimular la comunicación de saberes entre diferentes campos del conocimiento en el cumplimiento de las funciones universitarias.
Si bien lo ideal sería llevar a cabo esta iniciativa a partir de un proceso de autoevaluación o de un sistema de información institucional, no obstante, en la ausencia del primero o del segundo, es factible adelantar la misma mediante la búsqueda y ordenación de parte de la valiosa información ya existente que, aunque dispersa en su ubicación, podemos disponer sin mayores dificultades por diversas vías.
En estos esfuerzos para alcanzar una mayor visibilidad no podemos dejar de incluir algunos aspectos relevantes de la dinámica interna actual de la institución que hoy no son bien conocidos o concientizados por la sociedad y por gran parte de nuestra propia comunidad universitaria. Hacer más visibles esos asuntos serviría para desmentir muchas acusaciones injustas que recurrentemente se han encargado de divulgar de modo malsano diferentes voceros gubernamentales. Un ejemplo al respecto lo constituyen los datos que evidencian crudamente la descapitalización del personal universitario por las nefastas políticas oficiales desde el año 2000; otro lo representa el significativo número de egresados en pregrado y postgrado que aún tenemos, a pesar del deterioro en la enseñanza por la carencia de los recursos necesarios; y un tercero concierne a la depauperación de los salarios de los docentes universitarios, situación que valdría la pena comparar con sus pares en otros países y con los desproporcionados sueldos de algunos funcionarios de la administración pública nacional.
Esa mayor visibilidad institucional nos permitiría, entre otras cosas: contar con una plataforma muy importante para rendirle cuentas a la comunidad universitaria y a toda la sociedad; para potenciar la oferta de soluciones a diversas exigencias y problemas del entorno institucional; para fomentar una mayor participación ciudadana de los miembros de esa comunidad en sus asuntos internos; para ampliar y fortalecer los esfuerzos de cooperación e intercambio en el plano interno y con otras instituciones y organismos, tanto en el ámbito nacional como internacional; y asimismo, para acrecentar la confianza en nuestra universidad autónoma desde una perspectiva global.
Se trata, eso sí, de una rendición de cuentas multidimensional; y además con múltiples propósitos, no con el solo afán de satisfacer requerimientos administrativos para que el Gobierno asigne los recursos financieros que demandan nuestras instituciones, no como instrumento político de acoso e intervención a la universidad autónoma, bajo el disfraz de una pretendida finalidad de saneamiento y transparencia de la administración de los recursos presupuestarios de la institución.
Se trata, eso sí, de una rendición de cuentas multidimensional; y además con múltiples propósitos, no con el solo afán de satisfacer requerimientos administrativos para que el Gobierno asigne los recursos financieros que demandan nuestras instituciones, no como instrumento político de acoso e intervención a la universidad autónoma, bajo el disfraz de una pretendida finalidad de saneamiento y transparencia de la administración de los recursos presupuestarios de la institución.
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