Eleazar Narváez
El Nacional, 22/07/2002
Es impresionante la cantidad de querellas que ha surgido recientemente en contra del presidente Hugo Chávez. Los delitos que se le imputan al jefe del Estado son diversos, entre ellos, los siguientes: de lesa humanidad por los 19 asesinatos del 11 de abril; manejo de fondos ilegales en la campaña electoral de 1998; de salvaguarda por la firma del convenio petrolero con Cuba; instigación a delinquir por lo dicho en el barrio Las Malvinas; incumplimiento de la Ley del Fondo de Inversión y Estabilización Macroeconómica, con acusación de peculado y malversación.
Lo más probable es que en el transcurrir del tiempo aumente significativamente el número de casos como éstos, aun cuando algunos expertos en la materia después nos digan que muchas de esas demandas carecen de fundamentos jurídicos y, por tal motivo, que no todos los querellantes califican efectivamente como víctimas, como lo expresó recientemente el inefable presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Tampoco sería extraño que se descartara por su fragilidad jurídica, el intento por enjuiciar al primer mandatario nacional por el delito más importante que ha cometido desde sus primeros días de gobierno: ni más ni menos, el delito por “hacer perder la educación”, que es el significado de la palabra deseducar de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española. Sin duda, ese constituye el mal mayor o el más monstruoso de los delitos por los cuales habría que sancionar al principal responsable del desgobierno que padecemos los venezolanos desde el año 1999.
Es en la educación donde con mayor fuerza y preocupación se notan y seguirán observándose en un largo período de tiempo los estragos producidos por el liderazgo del Presidente de la República; sobre todo, el efecto devastador presidencial se ha hecho patente en aquellos principios orientadores de la educación a los cuales se les atribuye un papel primordial para preservar y desarrollar el tejido de las relaciones sociales. Con su verbo encendido, cargado de odios y resentimientos, y apelando recurrentemente a la violencia como único recurso para dirimir las diferencias políticas y sociales, el presidente Chávez ha logrado inocular el veneno de la división en todos los ámbitos de la sociedad venezolana, y, además, ha potenciado la agresividad y los enfrentamientos en el seno de nuestra población hasta límites realmente insoportables. Sencillamente, ha utilizado el poder del cargo que ocupa para promover valores que son contrarios a la finalidad misma de la educación.
Tal aberración en el ejercicio del poder político ha tenido un enorme peso en distintas situaciones lamentables que hemos vivido en estos tres últimos años; por ejemplo, ha estimulado una cantidad importante de invasiones a propiedades en varias regiones del país, dejando como lección la idea de que los preceptos legales y constitucionales que amparan a los propietarios afectados pueden ser desconocidos o transgredidos en nombre de una arbitraria y perversa interpretación del principio de justicia social; ha provocado, bajo la inspiración de convicciones nada educativas que rechazan el respeto, el diálogo y la tolerancia, innumerables agresiones en contra de diferentes individualidades e instituciones que han disentido de las políticas sociales; ha propiciado graves enfrentamientos entre diversos sectores de la población, a partir de odiosos y malsanos maniqueísmos que hoy amenazan seriamente la convivencia en diferentes planos de nuestra sociedad; asimismo, fue un factor determinante en los criminales hechos ocurridos el pasado 11 de abril, pues ese día, lastimosamente, se hizo realidad la reiterada prédica de lo que ha sido una constante en el discurso del Presidente: el llamado a armar militarmente a sus seguidores para repeler a los adversarios de la revolución.
Señor Presidente, definitivamente usted olvidó o nunca supo que gobernar es educar. Aun cuando no se le pueda enjuiciar ahora o más tarde por simple formalismo jurídico o bien por motivaciones políticas, difícilmente a usted lo podrá absolver la historia.
Lo más probable es que en el transcurrir del tiempo aumente significativamente el número de casos como éstos, aun cuando algunos expertos en la materia después nos digan que muchas de esas demandas carecen de fundamentos jurídicos y, por tal motivo, que no todos los querellantes califican efectivamente como víctimas, como lo expresó recientemente el inefable presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Tampoco sería extraño que se descartara por su fragilidad jurídica, el intento por enjuiciar al primer mandatario nacional por el delito más importante que ha cometido desde sus primeros días de gobierno: ni más ni menos, el delito por “hacer perder la educación”, que es el significado de la palabra deseducar de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española. Sin duda, ese constituye el mal mayor o el más monstruoso de los delitos por los cuales habría que sancionar al principal responsable del desgobierno que padecemos los venezolanos desde el año 1999.
Es en la educación donde con mayor fuerza y preocupación se notan y seguirán observándose en un largo período de tiempo los estragos producidos por el liderazgo del Presidente de la República; sobre todo, el efecto devastador presidencial se ha hecho patente en aquellos principios orientadores de la educación a los cuales se les atribuye un papel primordial para preservar y desarrollar el tejido de las relaciones sociales. Con su verbo encendido, cargado de odios y resentimientos, y apelando recurrentemente a la violencia como único recurso para dirimir las diferencias políticas y sociales, el presidente Chávez ha logrado inocular el veneno de la división en todos los ámbitos de la sociedad venezolana, y, además, ha potenciado la agresividad y los enfrentamientos en el seno de nuestra población hasta límites realmente insoportables. Sencillamente, ha utilizado el poder del cargo que ocupa para promover valores que son contrarios a la finalidad misma de la educación.
Tal aberración en el ejercicio del poder político ha tenido un enorme peso en distintas situaciones lamentables que hemos vivido en estos tres últimos años; por ejemplo, ha estimulado una cantidad importante de invasiones a propiedades en varias regiones del país, dejando como lección la idea de que los preceptos legales y constitucionales que amparan a los propietarios afectados pueden ser desconocidos o transgredidos en nombre de una arbitraria y perversa interpretación del principio de justicia social; ha provocado, bajo la inspiración de convicciones nada educativas que rechazan el respeto, el diálogo y la tolerancia, innumerables agresiones en contra de diferentes individualidades e instituciones que han disentido de las políticas sociales; ha propiciado graves enfrentamientos entre diversos sectores de la población, a partir de odiosos y malsanos maniqueísmos que hoy amenazan seriamente la convivencia en diferentes planos de nuestra sociedad; asimismo, fue un factor determinante en los criminales hechos ocurridos el pasado 11 de abril, pues ese día, lastimosamente, se hizo realidad la reiterada prédica de lo que ha sido una constante en el discurso del Presidente: el llamado a armar militarmente a sus seguidores para repeler a los adversarios de la revolución.
Señor Presidente, definitivamente usted olvidó o nunca supo que gobernar es educar. Aun cuando no se le pueda enjuiciar ahora o más tarde por simple formalismo jurídico o bien por motivaciones políticas, difícilmente a usted lo podrá absolver la historia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario