El País. Editorial, 03/01/12
Entre las medidas de disminución del gasto público anunciadas por el Gobierno el viernes tiene un especial significado la que afecta a las actividades de investigación y desarrollo, aunque su cuantía sea modesta en comparación con el total. En efecto, es sabido que una de las carencias más señaladas en nuestro sistema productivo es la que se refiere a esta partida, muy lejos del promedio europeo. Todos los Gobiernos afirman estar convencidos de que, para generar el cambio de modelo que nos ponga al abrigo de crisis y burbujas como las que nos están azotando, resulta imprescindible apostar por el conocimiento, la formación y la innovación. Pero cuando llegan los momentos de dificultades, los hechos contradicen con frecuencia a las convicciones.
La I+D+i exige un esfuerzo sostenido, sin altibajos que pongan en cuestión y anulen progresos registrados que, desafortunadamente, se diluyen por falta de continuidad. Se corre el riesgo de interrumpir programas exitosos, algunos de ellos de gran impacto sobre el sector productivo, y de frustrar generaciones de científicos y tecnólogos que no acaban de encontrar en nuestro país un futuro acorde con sus expectativas y acabarán tirando la toalla o emigrando al extranjero para beneficio de los países de acogida.
Nuestro sistema de I+D+i es todavía demasiado frágil porque no se ha beneficiado de una etapa de apoyo sostenido suficientemente larga, y no puede encajar sin graves consecuencias recortes como los habidos en la última etapa del anterior Gobierno y como los anunciados por este. No es posible abrir paréntesis y luego reanudar sin más el camino que queda por recorrer, algo imposible dada la naturaleza de esta actividad y el sistema de fijación de presupuestos públicos.
Los beneficios de un vigoroso sistema de investigación e innovación compensan los esfuerzos invertidos para ponerlo en marcha, pero son de largo plazo. Por eso resiste mal oscilaciones que pueden ser más fácilmente absorbidas por otros sectores en los que el tiempo de respuesta es más corto.
En los últimos tres años, desde que se desencadenó la fase más aguda de la crisis, han sufrido especialmente los Organismos Públicos de Investigación (OPI), esenciales en todo el entramado de la investigación en nuestro país, por su importancia relativa y también por la especialización de sus trabajos, con frecuencia relacionados íntimamente con las necesidades de sectores productivos dinámicos y las de la propia Administración.
Nadie niega la gravedad del momento que estamos viviendo y la necesidad de tomar medidas para sobrellevarlo, pero justamente en los momentos de crisis, cuando hay que escatimar recursos, es más necesario que nunca marcar prioridades y ser consecuente con ellas. Pues bien, parece fuera de duda que una de nuestras prioridades nacionales es construir un sistema de I+D+i sólido del que todavía estamos muy lejos.
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