18/10/2017
Solo 10 de cada 100 estudiantes se gradúan en un período de 5 a 6 años en las universidades nacionales, señaló Benjamín Sharifker, rector de la Unimet, quien explicó que la producción de conocimiento científico se redujo en 50% desde el año 2008, debido a la no aprobación de nuevas ofertas académicas por parte del Centro Nacional de Universidades que se niega a evaluar la creación de nuevas carreras y áreas de desarrollo.
“Hace una década un tercio de los estudiantes, es decir 30% egresaba. Ahora producimos 8 veces menos conocimiento que hace 10 años”, expresó.
Sharifker intervino durante la presentación de un informe titulado Pensamiento bajo amenaza, que detalla cómo desde el año 2003, con la creación de universidades subordinadas al Ejecutivo, el Estado inició una serie de prácticas y políticas que han interferido en el desarrollo de los procesos internos de autogestión de las universidades públicas y autónomas del país, en perjuicio de la calidad educativa.
La investigación elaborada por la Unimet, UCAB, UCV, LUZ y ULA, de 194 páginas, concluyó en que la supresión de la libertad académica y la autonomía universitaria se inició con la creación de un sistema paralelo de educación subordinado al proyecto ideológico del gobierno, que rige como la figura encargada de designar autoridades, profesores y docentes, sin espacio para la discusión y la elección legal establecida en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley de Universidades.
Desde el año 2010 las competencias de las universidades autónomas fueron usurpadas ilegalmente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología que, desde esa fecha, según el documento, es el único ente encargado de certificar los programas de formación, intercambio científico y posgrados; sin embargo, destaca que en las casas de estudio que integran el sistema de educación paralelo entre las que se encuentra la Unefa y la Universidad Bolivariana fueron abiertas siete carreras y cuatro nuevos programas de formación desde el año 2014.
Los programas de educación avanzada que abarca áreas de especialización, maestría, doctorados y cursos de ampliación que fueron aprobados mediante la resolución 3.612 del Ministerio de Educación Universitaria, excluye de la discusión de nuevas propuestas a las casas de estudio, para la formación de profesionales. “A través de dicha resolución se convierte en una atribución del ministro o del viceministro de Desarrollo Académico, sin la participación de quienes tienen la principal responsabilidad de su concepción, como son las propias universidades”, indica el informe.
A esta situación se suma la deserción estudiantil que para el año 2005 se ubicaba en 67,4% con 36.821 estudiantes que habían abandonado las aulas y otros 4.000 que no se habían matriculado. Según el análisis, la gravedad de la situación abarca todo el país. Datos obtenidos por la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes confirmó que 15% de los estudiantes inscritos en diferentes carreras en esa casa de estudios no retomaron sus actividades académicas en septiembre 2016, lo que ubicó los niveles de deserción entre 15% y 40%.
Las deficiencias de la educación media y básica, además del costo del transporte y falta del servicio de comedor, son tres de las razones que docentes e investigadores consideran que influye en la caída de la matrícula. También la restricción con 30% del presupuesto solicitado por las universidades públicas limita la obtención de nuevos materiales y equipos necesarios para las distintas áreas de estudio. “Las universidades autónomas se han visto sometidas a un acoso permanente por el régimen gobernante: (…) el acoso económico que se manifiesta en la negación de los recursos que solicitan, de acuerdo con sus necesidades y en el mantenimiento de las asignaciones presupuestarias, sin aumento desde hace seis años”, indica el informe. También destaca que desde el año 2005 el CNU no aprueba nuevos presupuestos ajustados a las necesidades de cada universidad y al índice inflacionario
“Hace una década un tercio de los estudiantes, es decir 30% egresaba. Ahora producimos 8 veces menos conocimiento que hace 10 años”, expresó.
Sharifker intervino durante la presentación de un informe titulado Pensamiento bajo amenaza, que detalla cómo desde el año 2003, con la creación de universidades subordinadas al Ejecutivo, el Estado inició una serie de prácticas y políticas que han interferido en el desarrollo de los procesos internos de autogestión de las universidades públicas y autónomas del país, en perjuicio de la calidad educativa.
La investigación elaborada por la Unimet, UCAB, UCV, LUZ y ULA, de 194 páginas, concluyó en que la supresión de la libertad académica y la autonomía universitaria se inició con la creación de un sistema paralelo de educación subordinado al proyecto ideológico del gobierno, que rige como la figura encargada de designar autoridades, profesores y docentes, sin espacio para la discusión y la elección legal establecida en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley de Universidades.
Desde el año 2010 las competencias de las universidades autónomas fueron usurpadas ilegalmente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología que, desde esa fecha, según el documento, es el único ente encargado de certificar los programas de formación, intercambio científico y posgrados; sin embargo, destaca que en las casas de estudio que integran el sistema de educación paralelo entre las que se encuentra la Unefa y la Universidad Bolivariana fueron abiertas siete carreras y cuatro nuevos programas de formación desde el año 2014.
Los programas de educación avanzada que abarca áreas de especialización, maestría, doctorados y cursos de ampliación que fueron aprobados mediante la resolución 3.612 del Ministerio de Educación Universitaria, excluye de la discusión de nuevas propuestas a las casas de estudio, para la formación de profesionales. “A través de dicha resolución se convierte en una atribución del ministro o del viceministro de Desarrollo Académico, sin la participación de quienes tienen la principal responsabilidad de su concepción, como son las propias universidades”, indica el informe.
A esta situación se suma la deserción estudiantil que para el año 2005 se ubicaba en 67,4% con 36.821 estudiantes que habían abandonado las aulas y otros 4.000 que no se habían matriculado. Según el análisis, la gravedad de la situación abarca todo el país. Datos obtenidos por la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes confirmó que 15% de los estudiantes inscritos en diferentes carreras en esa casa de estudios no retomaron sus actividades académicas en septiembre 2016, lo que ubicó los niveles de deserción entre 15% y 40%.
Las deficiencias de la educación media y básica, además del costo del transporte y falta del servicio de comedor, son tres de las razones que docentes e investigadores consideran que influye en la caída de la matrícula. También la restricción con 30% del presupuesto solicitado por las universidades públicas limita la obtención de nuevos materiales y equipos necesarios para las distintas áreas de estudio. “Las universidades autónomas se han visto sometidas a un acoso permanente por el régimen gobernante: (…) el acoso económico que se manifiesta en la negación de los recursos que solicitan, de acuerdo con sus necesidades y en el mantenimiento de las asignaciones presupuestarias, sin aumento desde hace seis años”, indica el informe. También destaca que desde el año 2005 el CNU no aprueba nuevos presupuestos ajustados a las necesidades de cada universidad y al índice inflacionario
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