Vladimiro Mujica
La Patilla, 20/06/2013
Lo que el gobierno está haciendo con las universidades autónomas ofrece más de un punto de comparación con otro episodio vergonzoso de la historia: el asalto al Congreso en 1848 por las tropas de José Tadeo Monagas y una turba reunida a las puertas del Parlamento. El episodio llevó a Fermín Toro a proferir su célebre frase: “decidle al general Monagas que mi cadáver lo llevarán, pero que Fermín Toro no se prostituye” y, como ha sido señalado por muchos historiadores, probablemente constituyó el primer golpe de fondo contra la independencia del Poder Legislativo y su sujeción a los caprichos y órdenes del Ejecutivo.
Lo que el Gobierno pretende hacer con las universidades no es solamente un acto artero contra una institución esencial para el país, sino que viola disposiciones específicas de la Constitución y las leyes vigentes. Más allá de estos aspectos formales, pero absolutamente de fondo para entender la naturaleza de la responsabilidad de la universidad frente al país, está el hecho cada vez más evidente de que el conflicto, cuidadosamente planificado por las fuerzas más trogloditas del oficialismo, es político en su naturaleza y sus objetivos.
Se trata, en última instancia de una de las expresiones más acabadas del drama que vive Venezuela desde hace más de una década, donde una oligarquía aferrada al poder y a un proyecto profundamente antihistórico y atrasado, pretende imponerle al país una forma única de pensar de acuerdo a los cánones de un mal definido y peor puesto en práctica socialismo del siglo XXI.
El Gobierno está violentando el Estado de Derecho al pretender llegar a acuerdos con organizaciones ilegítimas y no autorizadas para representar a los universitarios. En este sentido la conducta fascistoide del chavismo, de orquestar organizaciones paralelas a las previstas en la ley y que son reconocidas de facto por el Ejecutivo, es enteramente análoga a la que se ha seguido con los sindicatos de otros sectores y en clara resonancia con lo que las fuerzas de Mussolini hicieron en Italia para construir un movimiento sindical gobiernero. Dos de las mayores contradicciones de la revolución chavista es que esta se autoproclama defensora de los trabajadores y actúa como un agente depredador de los obreros, y se autoproclama defensora de los estudiantes y reprime y desconoce al liderazgo estudiantil.
El tema universitario, y la crisis terminal a que el Gobierno pretende arrastrar al sector, reúne como ninguno las características de un tema transversal a la sociedad venezolana, es decir, su relevancia va mucho más allá de estas instituciones. Entender esto es clave para organizar la respuesta de defensa de la universidad democrática. Parece inevitable la conformación de un frente social de defensa de la universidad en su doble papel de institución educativa y de generación de conocimientos no sujeta a la emasculación del intelecto y el espíritu que pretende el Gobierno. Este frente ya ha avanzado en su conformación y debe tener un perfil muy amplio que le dé vocería a la sociedad civil en su conjunto a través de organizaciones como los sindicatos, e individuos, que comprendan a cabalidad el rol decisivo que esta alianza social puede cumplir en establecer una clara relación entre la conflictividad social en general y lo que está ocurriendo con las universidades.
Lo que el Gobierno pretende hacer con las universidades no es solamente un acto artero contra una institución esencial para el país, sino que viola disposiciones específicas de la Constitución y las leyes vigentes. Más allá de estos aspectos formales, pero absolutamente de fondo para entender la naturaleza de la responsabilidad de la universidad frente al país, está el hecho cada vez más evidente de que el conflicto, cuidadosamente planificado por las fuerzas más trogloditas del oficialismo, es político en su naturaleza y sus objetivos.
Se trata, en última instancia de una de las expresiones más acabadas del drama que vive Venezuela desde hace más de una década, donde una oligarquía aferrada al poder y a un proyecto profundamente antihistórico y atrasado, pretende imponerle al país una forma única de pensar de acuerdo a los cánones de un mal definido y peor puesto en práctica socialismo del siglo XXI.
El Gobierno está violentando el Estado de Derecho al pretender llegar a acuerdos con organizaciones ilegítimas y no autorizadas para representar a los universitarios. En este sentido la conducta fascistoide del chavismo, de orquestar organizaciones paralelas a las previstas en la ley y que son reconocidas de facto por el Ejecutivo, es enteramente análoga a la que se ha seguido con los sindicatos de otros sectores y en clara resonancia con lo que las fuerzas de Mussolini hicieron en Italia para construir un movimiento sindical gobiernero. Dos de las mayores contradicciones de la revolución chavista es que esta se autoproclama defensora de los trabajadores y actúa como un agente depredador de los obreros, y se autoproclama defensora de los estudiantes y reprime y desconoce al liderazgo estudiantil.
El tema universitario, y la crisis terminal a que el Gobierno pretende arrastrar al sector, reúne como ninguno las características de un tema transversal a la sociedad venezolana, es decir, su relevancia va mucho más allá de estas instituciones. Entender esto es clave para organizar la respuesta de defensa de la universidad democrática. Parece inevitable la conformación de un frente social de defensa de la universidad en su doble papel de institución educativa y de generación de conocimientos no sujeta a la emasculación del intelecto y el espíritu que pretende el Gobierno. Este frente ya ha avanzado en su conformación y debe tener un perfil muy amplio que le dé vocería a la sociedad civil en su conjunto a través de organizaciones como los sindicatos, e individuos, que comprendan a cabalidad el rol decisivo que esta alianza social puede cumplir en establecer una clara relación entre la conflictividad social en general y lo que está ocurriendo con las universidades.
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