Maru Morales
El Nacional, 04/12/11
La suspensión de las elecciones es el nuevo modus operandi oficialista para interferir en la vida académica. Alumnos pro gobierno inscriben planchas con nombres similares a las opositoras para confundir. Las milicias estudiantiles se perfilan como brazos armados en las casas de estudio.
La sombra del pensamiento único se cierne sobre las universidades autónomas. Actos vandálicos contra la comunidad y su infraestructura, sabotaje de los procesos electorales internos y dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia sin mencionar el drástico recorte presupuestario son algunos de los mecanismos utilizados.
"La estrategia del Gobierno en su intento de desmontar el Estado de Derecho democrático tiene varias fases: primero, descalificar a quienes piensan distinto; segundo, crear estructuras paralelas, y tercero, aprobar leyes que sustentan su accionar. Cuando nada de eso funciona, entonces recurre al TSJ porque se supone que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento", señaló el secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte.
A su juicio, el máximo tribunal no actúa como el ente que imparte justicia con equidad, sino como el brazo jurídico del Ejecutivo para imponerle a las universidades dos cosas: un criterio de comunidad académica que se ajuste a un proyecto político y un mecanismo electoral que ofrezca las condiciones más favorables para los movimientos que respaldan ese proyecto.
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"La estrategia del Gobierno en su intento de desmontar el Estado de Derecho democrático tiene varias fases: primero, descalificar a quienes piensan distinto; segundo, crear estructuras paralelas, y tercero, aprobar leyes que sustentan su accionar. Cuando nada de eso funciona, entonces recurre al TSJ porque se supone que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento", señaló el secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte.
A su juicio, el máximo tribunal no actúa como el ente que imparte justicia con equidad, sino como el brazo jurídico del Ejecutivo para imponerle a las universidades dos cosas: un criterio de comunidad académica que se ajuste a un proyecto político y un mecanismo electoral que ofrezca las condiciones más favorables para los movimientos que respaldan ese proyecto.
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