Ariana Guevara Gómez
El Nacional, 05/02/2012
Entre 1999 y 2001, tres universidades experimentales perdieron algo que habían ganado con esfuerzo: la posibilidad de escoger a sus autoridades. Antes de las intervenciones probaron por un tiempo la democracia y sus beneficios. Después, por órdenes ministeriales, les impusieron directivos vinculados con el Gobierno. Han pasado más de 10 años y esas comunidades aún no recuperan el derecho de elegir.
La Ley de Universidades de 1970 establece que las instituciones experimentales serán creadas por el Ejecutivo nacional para probar nuevas estructuras en la enseñanza superior.
Alba Avilán, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, explica que desde el momento de su nacimiento las instituciones tienen autoridades impuestas por el ministerio. "Luego evolucionan. Crean reglamentos y pueden elegir a sus representantes", dice.
Ese fue el caso de tres de las casas de estudio intervenidas en esos dos años: las universidades experimentales Francisco de Miranda, Simón Rodríguez y de los Llanos Ezequiel Zamora. En la Rómulo Gallegos nunca han elegido autoridades, pero hubo cambios ordenados por el ministerio en ese periodo.
En la Francisco de Miranda, por ejemplo, se habían completado dos procesos electorales cuando fue intervenida en 1999. "Juramentaron a las autoridades, pero no pudieron tomar posesión. Nombraron interinos y aún no se ha llamado a elecciones", dice Genaro Velásquez, presidente de la asociación de profesores.
Algo parecido ocurrió en la Simón Rodríguez, intervenida en 2000. La irregularidad fue presentada en el Tribunal Supremo de Justicia, instancia que determinó en el expediente 0445 del 20 de julio de 2000 que debía elaborarse una normativa electoral en un plazo de seis meses. "Eso no ha ocurrido. Incluso, propusimos un reglamento, pero no ha pasado nada", refirió Dilia Blanco, presidente encargada de la asociación de profesores.
La Asamblea Nacional creó una comisión responsable de investigar el caso de esas universidades y más de 20 institutos intervenidos por el Gobierno. José Luis Farías, ex vicepresidente de la Comisión de Educación, afirma que una década después siguen sin resultados. "Han pasado más de 10 años de la creación de la comisión y no se avanza. La conclusión es que el Gobierno intervino esos institutos para controlarlos porque eran comunidades que no simpatizaban con él", dice.
Recuerda que en las décadas de los setenta y ochenta se desarrolló un proceso de democratización de esas instituciones, que retrocedió con las intervenciones. Asegura que la comisión elaboró informes que nadie tomó en cuenta: "Fueron lanzados a la basura, por usar una expresión común".
Más que democracia. Las intervenciones, a juicio de las asociaciones de profesores, no sólo quebrantaron la democracia ganada sino que ese proceso ha influido en la calidad educativa. Avilán señala que una de las cosas que más ha afectado la Unellez es el cambio frecuente de autoridades. "Llevamos siete rectores impuestos, todos ajenos a la universidad. El mayor daño es que no se concretan los proyectos".
La matrícula ha crecido sin que se amplíe la infraestructura. En la Francisco de Miranda ocurrió igual: antes había 15.000 estudiantes, y ahora hay cerca de 50.000, pero el número de salones es el mismo. "La calidad de la formación de nuestros egresados deja mucho que desear", se lamenta Velásquez.
Blanco agrega otro problema: en la Simón Rodríguez han aumentado los profesores que trabajan por honorarios profesionales, que carecen de beneficios y cobran una vez al año.
Eso, señala, incide en la calidad. También se eliminaron los cursos de pregrado en línea y la obligación de presentar tesis de grado. "Hemos visto con tristeza cómo se ha generado un retroceso académico, administrativo y de extensión, aparte de que no tenemos derecho a la participación democrática".
No hay comentarios:
Publicar un comentario