Angélica Buendía Espinosa
LAISUM, 11/02/2012
A la fecha se han invertido enormes cantidades de recursos en un gran número de países para implementar diferentes mecanismos que prometen “asegurar” la calidad de la educación superior. Estamos ante hechos o se trata simplemente de dichos y promesas que pocas veces se cumplen. Como indica el refrán popular, del dicho al hecho hay un gran trecho. Para aclarar el panorama, bien vale la pena intentar un primer balance.
La preocupación por la calidad de la educación no es nueva. Ella ha sido continuamente expresada por organismos internacionales como la UNESCO y se presenta ya como un lugar común en los discursos oficiales de gobernantes y autoridades universitarias. Sin embargo, de unos años para acá el tema se ha constituido en eje de lo que los expertos denominan “aseguramiento de la calidad” y es materia de análisis y valoración de organismos y think tanks que señalan los logros –enfatizándolos– y las dificultades –minimizándolas– de las experiencias en curso.
El modelo predominante de valoración de la calidad se basa en el diseño de un conjunto de indicadores y criterios ad hoc que, se asume por organismos y agencias gubernamentales, son capaces de medir el nivel de calidad alcanzado como consecuencia de políticas y acciones impulsadas para remediar los problemas detectados previamente en diversos procesos de evaluación y autoevaluación. Sin embargo, no resulta claro en qué medida este modelo, asumido como mecanismo de observación objetivo y exacto, ha contribuido realmente a mejorar la calidad de la educación superior. Salta la duda: ¿se trata de dichos o hechos?
Es en este contexto en el que quisiera comentar algunos aspectos abordados en un seminario internacional sobre “Aseguramiento de la calidad, políticas públicas y gestión universitaria”, celebrado en enero de 2012 en la bella, bulliciosa y fandanguera ciudad de Barcelona. Este evento fue el marco para presentar los resultados de un proyecto de investigación realizado para indagar los resultados de la aplicación de las políticas de aseguramiento de la calidad en Chile, Argentina, Colombia, México, Costa Rica, Portugal y España. El proyecto se llevó a cabo bajo el auspicio de la Comisión Europea y la coordinación del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) con sede en Santiago de Chile. Su propósito fue analizar y valorar los impactos de la evaluación y la acreditación de programas académicos como medios para garantizar la mejora de la calidad y, sobre tal base, para retroalimentar las políticas en curso contribuyendo a su ajuste o reorientación. Se trató de un estudio comparativo de los sistemas nacionales de distintos países que se apoyó en la realización de estudios de caso en 30 universidades públicas y privadas.
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La preocupación por la calidad de la educación no es nueva. Ella ha sido continuamente expresada por organismos internacionales como la UNESCO y se presenta ya como un lugar común en los discursos oficiales de gobernantes y autoridades universitarias. Sin embargo, de unos años para acá el tema se ha constituido en eje de lo que los expertos denominan “aseguramiento de la calidad” y es materia de análisis y valoración de organismos y think tanks que señalan los logros –enfatizándolos– y las dificultades –minimizándolas– de las experiencias en curso.
El modelo predominante de valoración de la calidad se basa en el diseño de un conjunto de indicadores y criterios ad hoc que, se asume por organismos y agencias gubernamentales, son capaces de medir el nivel de calidad alcanzado como consecuencia de políticas y acciones impulsadas para remediar los problemas detectados previamente en diversos procesos de evaluación y autoevaluación. Sin embargo, no resulta claro en qué medida este modelo, asumido como mecanismo de observación objetivo y exacto, ha contribuido realmente a mejorar la calidad de la educación superior. Salta la duda: ¿se trata de dichos o hechos?
Es en este contexto en el que quisiera comentar algunos aspectos abordados en un seminario internacional sobre “Aseguramiento de la calidad, políticas públicas y gestión universitaria”, celebrado en enero de 2012 en la bella, bulliciosa y fandanguera ciudad de Barcelona. Este evento fue el marco para presentar los resultados de un proyecto de investigación realizado para indagar los resultados de la aplicación de las políticas de aseguramiento de la calidad en Chile, Argentina, Colombia, México, Costa Rica, Portugal y España. El proyecto se llevó a cabo bajo el auspicio de la Comisión Europea y la coordinación del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) con sede en Santiago de Chile. Su propósito fue analizar y valorar los impactos de la evaluación y la acreditación de programas académicos como medios para garantizar la mejora de la calidad y, sobre tal base, para retroalimentar las políticas en curso contribuyendo a su ajuste o reorientación. Se trató de un estudio comparativo de los sistemas nacionales de distintos países que se apoyó en la realización de estudios de caso en 30 universidades públicas y privadas.
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