miércoles, 1 de febrero de 2012

El Govern y los rectores llegan a un acuerdo sobre el 'interventor' de universidades

Maite Gutiérrez
La Vanguardia, 01/02/2012

Los rectores y la Secretaria d'Universitats i Recerca han llegado a un acuerdo sobre la figura del "interventor" de universidades. El Govern no podrá finalmente designar de oficio esta figura, sino que sólo la enviará a una universidad cuando su rector o el presidente del consejo social lo soliciten. En un principio, el secretario de Universitats i Recerca, Antoni Castellà, explicó que el Govern se reservaba el derecho de designar a un "comisionado de cuentas" por decisión propia en situaciones excepcionales que hiciesen peligrar la viabilidad de una universidad. Este punto inquietó a los rectores, que ayer enviaron un comunicado en el que se posicionaron en contra de tal supuesto. A su juicio, el sistema universitario ya cuenta con los mecanismos suficientes para garantizar el buen funcionamiento de los campus.

Finalmente, Universitats ha aceptado que el "síndico de cuentas" sólo intervenga en caso de que la universidad lo solicite, aunque no tiene por qué haber acuerdo entre el rector y el presidente del consejo social –lo podrán pedir unilateralmente-. Universitats introducirá una enmienda en la ley de acompañamiento de los presupuestos para crear esta figura. El objetivo, según ha explicado esta tarde en un acto Castellà, es "ayudar a las universitarias con déficit" para que cumplan su plan de viabilidad. Este "interventor" sería el encargado de ejecutar el presupuesto y velar por las cuentas del centro, pero rendiría cuentas al rector, al consejo social y al propio Govern.

La iniciativa ha causado cierta polémica al conocerse el sábado que el consejo social de la UAB pensaba solicitar al Govern que enviase al "comisionado" para aplicar el presupuesto de este año. La decisión ya estaba acordada y se iba a hacer efectiva, dijeron desde Universitats y el consejo social, pero la rectora, Ana Ripoll, se negó el viernes y expresó su rechazo a través de un comunicado. Este hecho ha causado cierta tensión entre el rectorado y el consejo social, que preside Alicia Granados. De momento, y ante el debate que se ha generado, el consejo social de la UAB ha puesto la medida en cuarentena y todavía no ha solicitado formalmente la intervención del "comisionado de cuentas".

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