Año 1, N° 2, febrero 2012
Movimiento De Frente con Venezuela
1) ¿Cómo evalúas la respuesta de la universidad venezolana a las políticas educativas oficiales? Me refiero principalmente a la equidad en el ingreso estudiantil, la masificación, la elección de autoridades y la pertinencia.
R. No hay, en el heterogéneo mundo universitario venezolano, una respuesta única a esos asuntos que denominas políticas educativas oficiales. Hay instituciones, bajo el control del Gobierno, en las que siguiendo las orientaciones políticas e ideológicas de éste, se asume: la equidad como igualdad en el ingreso estudiantil, sin atender lo previsto en el artículo 103 de la actual Constitución; la masificación, como un ingreso de grandes cantidades de estudiantes sin restricciones, sin las debidas consideraciones por la calidad académica y sin tomar en cuenta la institución universitaria como ámbito donde, además de la docencia, es necesario realizar actividades de investigación y de extensión, entre otras; la pertinencia, fundamentalmente como correspondencia con el proyecto político del régimen, o bien con supuestas necesidades sociales (la cacareada pertinencia social), ignorándose o subestimándose que hay otras dimensiones primordiales de la misma, como la pertinencia con respecto a los avances del conocimiento en las distintas disciplinas de estudio; y la elección de autoridades, como escogencia a dedo entre quienes se identifican con el régimen, mediante mecanismos nada democráticos, sin la participación de los diversos actores del colectivo institucional.
Es una respuesta radicalmente distinta a la que observamos en otras instituciones, como en las universidades autónomas, por ejemplo, donde se percibe que las acciones gubernamentales en esos temas constituyen más bien banderas inspiradas en propósitos ideológicos y políticos, sin motivaciones académicas de peso. En estas instituciones se han reivindicado experiencias importantes que han apostado por una mayor equidad social en el ingreso estudiantil, tal como ha sucedido con el Programa Samuel Robinson de la UCV, por ejemplo; y también se han hecho recientemente propuestas con igual motivación en el Núcleo de Secretarios (as) de las universidades nacionales, pero siempre en el espíritu de lo contemplado en el artículo 103 de la Constitución. Asimismo, se ha reclamado el correspondiente compromiso del Estado en lo atinente a los recursos necesarios para una lograr una mayor masificación, pero eso sí, con la condición de que ésta no menoscabe la diversidad de funciones de esas instituciones.
En lo que respecta al tema de la pertinencia en sus múltiples dimensiones, tanto a su visibilidad como a los cambios o reformas para potenciarla, ciertamente son necesarios mayores esfuerzos. Destaca aquí lo concerniente a las necesidades de actualización curricular en los estudios de pregrado y de posgrado, por ejemplo.
En cuanto al espinoso asunto de las elecciones de autoridades que establece hoy la Ley Orgánica de Educación en su artículo 34, numeral 3, en el que se distorsiona el concepto de comunidad universitaria y se establece el voto paritario de profesores, estudiantes, empleados y obreros, considero que a nuestras universidades autónomas les ha faltado mayor beligerancia, contundencia y articulación de esfuerzos entre sí para denunciar los graves peligros que ello comporta para la vida de dichas instituciones, y también para dar a conocer, tanto al Gobierno como a toda la sociedad, una propuesta alternativa razonable.
2) ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades universitarias de la UCV, a las decisiones y acciones gubernamentales al respecto?
R. Considero que, de manera resumida y en términos generales, se ha expresado en la firme disposición favorable de darle respuesta a esos asuntos por la vía del diálogo, sin renunciar al principio de autonomía universitaria y a lo que está pautado acerca de los mismos en la Constitución y en las leyes del país. No obstante, podría decirse que esa respuesta quizás ha podido ser más propositiva y de mayor aliento para el debate de esos temas en los distintos ámbitos de esa casa de estudios.
3) ¿Ha sido correcta la respuesta ucevista a lo que llaman agresiones oficiales? ¿Se compadecen las ejecutorias del gobierno actual de la UCV con la crítica que le hacen al gobierno nacional? Reelección, autoritarismo, soberbia, ineficacia …
R. Las respuestas ucevistas a las tantas agresiones y atropellos contra la nuestra institución por parte del sector oficial, no sólo han sido necesarias sino también legítimas. En todo caso pudiera decirse que más bien han sido insuficientes ante la magnitud y complejidad de esos ataques en los últimos años. Ciertamente hoy nos preocupamos porque esas respuestas no están acompañadas de una mayor movilización y organización de nuestra comunidad universitaria. Esto si cabe admitirlo.
Respecto a la otra interrogante, sí estamos conscientes de que nuestras autoridades, en el ejercicio de la autonomía universitaria, están llamadas a actuar con la mayor integridad, a tener una conducta cónsona con lo que predican. Si a las autoridades universitarias se les atribuyen o comprobasen ciertas prácticas consideradas indeseables en el ejercicio de sus funciones, las cuales por cierto estamos obligados a combatirlas abiertamente, ello no puede llevarnos a ser tolerantes ni complacientes con la autocracia, el autoritarismo, la ineptitud y las tendencias totalitarias que observamos hoy en el Gobierno.
4) La autonomía siempre ha sido producto del antagonismo entre el saber y el poder. ¿Qué diferencia existe entre la situación pugnaz actual con la de otros tiempos? La pugnacidad en el primer gobierno de Caldera llevó al allanamiento, destitución de autoridades, reforma de la Ley y limitación de la autonomía.
R. En los distintos períodos de la historia universitaria de nuestro país, desde que fuera fundada la Universidad de Caracas en el año 1721, hay abundantes hechos que permiten ilustrar las graves agresiones a nuestra autonomía universitaria perpetradas por diversos factores de poder. Esos hechos los encontramos en el período colonial y también en el largo trayecto que va desde el surgimiento de la Universidad Republicana en el siglo XIX hasta llegar a nuestros días. Es preciso que veamos tales hechos como parte de un proceso en el cual la universidad venezolana ha librado una lucha para conquistar y construir su autonomía ante determinados poderes fácticos. En la actualidad tenemos en Venezuela a un régimen que, si bien dio su consentimiento para que se consagrara constitucionalmente la autonomía universitaria en el año 2000, no obstante, ha hecho todo lo posible, por diferentes vías y con distintos medios, para deteriorar las condiciones necesarias que requiere el ejercicio de ese principio, hasta el punto de que éste, hoy en día, ha tendido a convertirse en letra muerta. Así como en el primer gobierno del presidente Rafael Caldera se violó la autonomía con un brutal allanamiento de la Universidad Central de Venezuela en el mes de octubre de 1970, y mediante diversas decisiones del Ejecutivo amparadas en la reforma de la Ley de Universidades, en el gobierno del presidente Hugo Chávez, de manera reiterada e implacable, mediante diversos procedimientos que incluso han incluido el amparo a acciones violentas, el acento se ha puesto en cómo precarizar el ejercicio del principio en cuestión.
5) Cuando en el 2002, algunas facultades de la UCV suspendieron sus actividades, para apoyar la salida del presidente Chávez. ¿No se pusieron estos decanos, y las autoridades centrales en el caso de otras universidades, al margen de la ley?
R. En la situación política tan difícil y compleja de ese entonces, caracterizada por grandes tensiones, se desdibujaron los límites entre la legalidad y la no legalidad. Si lees el artículo que me publicó El Nacional con fecha 31 de diciembre de 2002, titulado “La educación con el paro”, también podrías llegar a la conclusión de que me coloqué al margen de la ley. En aquella oportunidad sostuve, y hoy no me arrepiento de ello, que se trataba de un paro cívico nacional en una situación de profunda crisis, al que se sumaron diferentes personas, sectores e instituciones, en respuesta a las arbitrariedades de unos gobernantes que contrariaban los valores, principios y garantías democráticas. Ese paro nos brindó, sin lugar a dudas, la oportunidad para insistir en que era fundamental educar en la calle, reivindicando el respeto a la dignidad de la persona, el derecho a la vida, a la convivencia, a la libertad, a la tolerancia, al diálogo….
Esa respuesta tuya justificaría el golpe de Estado de 2002, para derribar a un gobierno democráticamente electo y mayoritariamente apoyado por la población, como se ha demostrado ampliamente después. Muchos mayores problemas, y claramente por culpa del gobierno, han existido con posterioridad, y no he visto a las universidades ir a una huelga nacional. Tú como persona y ciudadano tienes todo el derecho a decir y a actuar como te parezca, pero como autoridad universitaria no, pues la universidad no es una institución para la lucha por el poder político. Una cosa es que la universidad deba estar en “lo político”, es decir en la crítica a las actuaciones del gobierno, en la elaboración de proposiciones diversas, en la orientación de la vida nacional, y otra muy distinta es que esté en “la política”, es decir en la lucha por la toma del poder. ¿No es tu respuesta una clara y simple racionalización de una actitud errada tomada en un momento dado? ¿No es una negación a corregir y a aceptar errores? ¿Cómo se le pide al presidente Chávez entonces que él los acepte?
R. El paro cívico nacional, que se inició a finales de 2002, representó un mecanismo legítimo y necesario de lucha para protestar la gravedad de las acciones gubernamentales que desde el mes de abril de dicho año se manifestaron de una manera bastante intensa, después de aquel trato indignante que el presidente de la República le dio a los trabajadores de PDVSA en cadena nacional de radio y televisión, y de los muy lamentables y aún no esclarecidos hechos de la marcha del día 11 de ese mes. A la universidad se le tildó injustamente de golpista por haber expresado su posición solidaria con un paro que en esencia traducía una profunda y masiva indignación de la población del país ante un régimen que con la mayor impunidad trastocó valores esenciales de la democracia. Sin duda, ante esto último la universidad estaba llamada a hacer sentir su voz crítica. Quienes apoyamos ese paro con arraigadas convicciones democráticas, no podemos aceptar que ahora se intente descalificarnos con el argumento de que nuestra acción estaba vinculada con el denominado “golpe de Estado” de abril del mencionado año, sobre el cual, por cierto – hay que recordarlo - existen más dudas que certidumbres en relación incluso con la propia responsabilidad del presidente Chávez en la gestación y desarrollo del mismo.
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Es una respuesta radicalmente distinta a la que observamos en otras instituciones, como en las universidades autónomas, por ejemplo, donde se percibe que las acciones gubernamentales en esos temas constituyen más bien banderas inspiradas en propósitos ideológicos y políticos, sin motivaciones académicas de peso. En estas instituciones se han reivindicado experiencias importantes que han apostado por una mayor equidad social en el ingreso estudiantil, tal como ha sucedido con el Programa Samuel Robinson de la UCV, por ejemplo; y también se han hecho recientemente propuestas con igual motivación en el Núcleo de Secretarios (as) de las universidades nacionales, pero siempre en el espíritu de lo contemplado en el artículo 103 de la Constitución. Asimismo, se ha reclamado el correspondiente compromiso del Estado en lo atinente a los recursos necesarios para una lograr una mayor masificación, pero eso sí, con la condición de que ésta no menoscabe la diversidad de funciones de esas instituciones.
En lo que respecta al tema de la pertinencia en sus múltiples dimensiones, tanto a su visibilidad como a los cambios o reformas para potenciarla, ciertamente son necesarios mayores esfuerzos. Destaca aquí lo concerniente a las necesidades de actualización curricular en los estudios de pregrado y de posgrado, por ejemplo.
En cuanto al espinoso asunto de las elecciones de autoridades que establece hoy la Ley Orgánica de Educación en su artículo 34, numeral 3, en el que se distorsiona el concepto de comunidad universitaria y se establece el voto paritario de profesores, estudiantes, empleados y obreros, considero que a nuestras universidades autónomas les ha faltado mayor beligerancia, contundencia y articulación de esfuerzos entre sí para denunciar los graves peligros que ello comporta para la vida de dichas instituciones, y también para dar a conocer, tanto al Gobierno como a toda la sociedad, una propuesta alternativa razonable.
2) ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades universitarias de la UCV, a las decisiones y acciones gubernamentales al respecto?
R. Considero que, de manera resumida y en términos generales, se ha expresado en la firme disposición favorable de darle respuesta a esos asuntos por la vía del diálogo, sin renunciar al principio de autonomía universitaria y a lo que está pautado acerca de los mismos en la Constitución y en las leyes del país. No obstante, podría decirse que esa respuesta quizás ha podido ser más propositiva y de mayor aliento para el debate de esos temas en los distintos ámbitos de esa casa de estudios.
3) ¿Ha sido correcta la respuesta ucevista a lo que llaman agresiones oficiales? ¿Se compadecen las ejecutorias del gobierno actual de la UCV con la crítica que le hacen al gobierno nacional? Reelección, autoritarismo, soberbia, ineficacia …
R. Las respuestas ucevistas a las tantas agresiones y atropellos contra la nuestra institución por parte del sector oficial, no sólo han sido necesarias sino también legítimas. En todo caso pudiera decirse que más bien han sido insuficientes ante la magnitud y complejidad de esos ataques en los últimos años. Ciertamente hoy nos preocupamos porque esas respuestas no están acompañadas de una mayor movilización y organización de nuestra comunidad universitaria. Esto si cabe admitirlo.
Respecto a la otra interrogante, sí estamos conscientes de que nuestras autoridades, en el ejercicio de la autonomía universitaria, están llamadas a actuar con la mayor integridad, a tener una conducta cónsona con lo que predican. Si a las autoridades universitarias se les atribuyen o comprobasen ciertas prácticas consideradas indeseables en el ejercicio de sus funciones, las cuales por cierto estamos obligados a combatirlas abiertamente, ello no puede llevarnos a ser tolerantes ni complacientes con la autocracia, el autoritarismo, la ineptitud y las tendencias totalitarias que observamos hoy en el Gobierno.
4) La autonomía siempre ha sido producto del antagonismo entre el saber y el poder. ¿Qué diferencia existe entre la situación pugnaz actual con la de otros tiempos? La pugnacidad en el primer gobierno de Caldera llevó al allanamiento, destitución de autoridades, reforma de la Ley y limitación de la autonomía.
R. En los distintos períodos de la historia universitaria de nuestro país, desde que fuera fundada la Universidad de Caracas en el año 1721, hay abundantes hechos que permiten ilustrar las graves agresiones a nuestra autonomía universitaria perpetradas por diversos factores de poder. Esos hechos los encontramos en el período colonial y también en el largo trayecto que va desde el surgimiento de la Universidad Republicana en el siglo XIX hasta llegar a nuestros días. Es preciso que veamos tales hechos como parte de un proceso en el cual la universidad venezolana ha librado una lucha para conquistar y construir su autonomía ante determinados poderes fácticos. En la actualidad tenemos en Venezuela a un régimen que, si bien dio su consentimiento para que se consagrara constitucionalmente la autonomía universitaria en el año 2000, no obstante, ha hecho todo lo posible, por diferentes vías y con distintos medios, para deteriorar las condiciones necesarias que requiere el ejercicio de ese principio, hasta el punto de que éste, hoy en día, ha tendido a convertirse en letra muerta. Así como en el primer gobierno del presidente Rafael Caldera se violó la autonomía con un brutal allanamiento de la Universidad Central de Venezuela en el mes de octubre de 1970, y mediante diversas decisiones del Ejecutivo amparadas en la reforma de la Ley de Universidades, en el gobierno del presidente Hugo Chávez, de manera reiterada e implacable, mediante diversos procedimientos que incluso han incluido el amparo a acciones violentas, el acento se ha puesto en cómo precarizar el ejercicio del principio en cuestión.
5) Cuando en el 2002, algunas facultades de la UCV suspendieron sus actividades, para apoyar la salida del presidente Chávez. ¿No se pusieron estos decanos, y las autoridades centrales en el caso de otras universidades, al margen de la ley?
R. En la situación política tan difícil y compleja de ese entonces, caracterizada por grandes tensiones, se desdibujaron los límites entre la legalidad y la no legalidad. Si lees el artículo que me publicó El Nacional con fecha 31 de diciembre de 2002, titulado “La educación con el paro”, también podrías llegar a la conclusión de que me coloqué al margen de la ley. En aquella oportunidad sostuve, y hoy no me arrepiento de ello, que se trataba de un paro cívico nacional en una situación de profunda crisis, al que se sumaron diferentes personas, sectores e instituciones, en respuesta a las arbitrariedades de unos gobernantes que contrariaban los valores, principios y garantías democráticas. Ese paro nos brindó, sin lugar a dudas, la oportunidad para insistir en que era fundamental educar en la calle, reivindicando el respeto a la dignidad de la persona, el derecho a la vida, a la convivencia, a la libertad, a la tolerancia, al diálogo….
Esa respuesta tuya justificaría el golpe de Estado de 2002, para derribar a un gobierno democráticamente electo y mayoritariamente apoyado por la población, como se ha demostrado ampliamente después. Muchos mayores problemas, y claramente por culpa del gobierno, han existido con posterioridad, y no he visto a las universidades ir a una huelga nacional. Tú como persona y ciudadano tienes todo el derecho a decir y a actuar como te parezca, pero como autoridad universitaria no, pues la universidad no es una institución para la lucha por el poder político. Una cosa es que la universidad deba estar en “lo político”, es decir en la crítica a las actuaciones del gobierno, en la elaboración de proposiciones diversas, en la orientación de la vida nacional, y otra muy distinta es que esté en “la política”, es decir en la lucha por la toma del poder. ¿No es tu respuesta una clara y simple racionalización de una actitud errada tomada en un momento dado? ¿No es una negación a corregir y a aceptar errores? ¿Cómo se le pide al presidente Chávez entonces que él los acepte?
R. El paro cívico nacional, que se inició a finales de 2002, representó un mecanismo legítimo y necesario de lucha para protestar la gravedad de las acciones gubernamentales que desde el mes de abril de dicho año se manifestaron de una manera bastante intensa, después de aquel trato indignante que el presidente de la República le dio a los trabajadores de PDVSA en cadena nacional de radio y televisión, y de los muy lamentables y aún no esclarecidos hechos de la marcha del día 11 de ese mes. A la universidad se le tildó injustamente de golpista por haber expresado su posición solidaria con un paro que en esencia traducía una profunda y masiva indignación de la población del país ante un régimen que con la mayor impunidad trastocó valores esenciales de la democracia. Sin duda, ante esto último la universidad estaba llamada a hacer sentir su voz crítica. Quienes apoyamos ese paro con arraigadas convicciones democráticas, no podemos aceptar que ahora se intente descalificarnos con el argumento de que nuestra acción estaba vinculada con el denominado “golpe de Estado” de abril del mencionado año, sobre el cual, por cierto – hay que recordarlo - existen más dudas que certidumbres en relación incluso con la propia responsabilidad del presidente Chávez en la gestación y desarrollo del mismo.
Texto completo
Nota: También puede leerse en "Fuenmayor Toro entrevista a Eleazar Narváez sobre la universidad venezolana", página de Provea.
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