Eleazar Narváez
Tal Cual, 11/04/12
No cesan los ataques a las universidades que el régimen no ha podido secuestrar. A las mismas que el Presidente y sus voceros consideran sus enemigas por no plegarse a sus designios. Las que resisten los embates del pensamiento único. Esas que, en honor a su nombre y amparadas en los deberes y derechos que les da la Constitución y la vigente Ley de Universidades bajo el principio de autonomía, en reiteradas oportunidades han dejado escuchar las voces de sus académicos y estudiantes con planteamientos que no son del agrado de quienes hoy detentan el poder. Son esas instituciones donde precisamente los candidatos del oficialismo han sido derrotados contundentemente y de modo recurrente en los procesos democráticos de escogencia de autoridades y de elecciones estudiantiles.
Como se ha dicho muchas veces, ese afán desestabilizador se ha puesto de manifiesto con bastante intensidad en la vida de la UCV en los últimos once años.
Dicho empeño se ha expresado mediante varios hechos en los que han tenido responsabilidad tanto el Gobierno como determinados órganos del poder público subordinados a éste en condiciones reñidas con el Estado de Derecho. Medidas gubernamentales como la progresiva asfixia presupuestaria y el acoso simbólico y moral a la institución, al igual que los atropellos del TSJ y el absoluto desentendimiento de los cuerpos policiales y de la Fiscalía ante las reiteradas acciones violentas en el campus universitario, son, entre otros, algunos de los expedientes utilizados para provocar serios trastornos al ejercicio de la autonomía en esa casa de estudios.
Esos ataques con sus perversos efectos no sólo continúan, tienden a profundizarse. Hace poco fue tomado, por conocidos actores de la violencia, el edificio central de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para conmemorar el golpe asestado a la UCV el 28 de marzo de 2001. Así como el Gobierno tuvo la desfachatez de celebrar el 4-F, en este caso se quiso hacer algo parecido con el M-28. La ministra Córdova justificó tal aberración al decir que era una protesta normal, y afirmó curiosamente que no vio a los encapuchados que participaron en esos actos.
A tales desafueros es casi seguro que se agregue dentro de poco tiempo la arbitrariedad del TSJ de ordenar la suspensión de las elecciones para la escogencia de autoridades rectorales en la UCV. Ya lo hizo con las decanales el año pasado, dando lugar a una situación de interinato que podría tener graves consecuencias en esta institución.
Añádase a lo anterior, el gran desaliento que representa para los trabajadores ucevistas y de las demás universidades, así como para los de la administración pública en general, la decisión presidencial de pagar la deuda de las prestaciones sociales con dudosos bonos petroleros no sujetos a transacción alguna durante dos años. No sé si esto tendrá algo que ver con la llamada ética socialista del régimen.
¿Qué hacer? La unidad, organización y movilización en el plano interno, con la articulación de esfuerzos para crear un frente común con otras instituciones, son imprescindibles para enfrentar las malsanas pretensiones gubernamentales. Sin olvidar nuestras fundamentales preocupaciones académicas, no debemos perder de vista que tenemos por delante un serio y complejo problema político.
Como se ha dicho muchas veces, ese afán desestabilizador se ha puesto de manifiesto con bastante intensidad en la vida de la UCV en los últimos once años.
Dicho empeño se ha expresado mediante varios hechos en los que han tenido responsabilidad tanto el Gobierno como determinados órganos del poder público subordinados a éste en condiciones reñidas con el Estado de Derecho. Medidas gubernamentales como la progresiva asfixia presupuestaria y el acoso simbólico y moral a la institución, al igual que los atropellos del TSJ y el absoluto desentendimiento de los cuerpos policiales y de la Fiscalía ante las reiteradas acciones violentas en el campus universitario, son, entre otros, algunos de los expedientes utilizados para provocar serios trastornos al ejercicio de la autonomía en esa casa de estudios.
Esos ataques con sus perversos efectos no sólo continúan, tienden a profundizarse. Hace poco fue tomado, por conocidos actores de la violencia, el edificio central de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para conmemorar el golpe asestado a la UCV el 28 de marzo de 2001. Así como el Gobierno tuvo la desfachatez de celebrar el 4-F, en este caso se quiso hacer algo parecido con el M-28. La ministra Córdova justificó tal aberración al decir que era una protesta normal, y afirmó curiosamente que no vio a los encapuchados que participaron en esos actos.
A tales desafueros es casi seguro que se agregue dentro de poco tiempo la arbitrariedad del TSJ de ordenar la suspensión de las elecciones para la escogencia de autoridades rectorales en la UCV. Ya lo hizo con las decanales el año pasado, dando lugar a una situación de interinato que podría tener graves consecuencias en esta institución.
Añádase a lo anterior, el gran desaliento que representa para los trabajadores ucevistas y de las demás universidades, así como para los de la administración pública en general, la decisión presidencial de pagar la deuda de las prestaciones sociales con dudosos bonos petroleros no sujetos a transacción alguna durante dos años. No sé si esto tendrá algo que ver con la llamada ética socialista del régimen.
¿Qué hacer? La unidad, organización y movilización en el plano interno, con la articulación de esfuerzos para crear un frente común con otras instituciones, son imprescindibles para enfrentar las malsanas pretensiones gubernamentales. Sin olvidar nuestras fundamentales preocupaciones académicas, no debemos perder de vista que tenemos por delante un serio y complejo problema político.
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