Educación y Unidad Democrática

Eleazar Narváez

Tal Cual, 14/03/2012

Ante el profundo deterioro del país provocado por el régimen chavista, la educación está llamada a jugar un rol fundamental en el gobierno de la Unidad Democrática que visualizamos a partir del próximo mes de enero. Es lo que cabe pensar al leer los grandes desafíos plasmados en los “Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019). Ciertamente,  es impensable que se pueda prescindir de más y mejor educación en el diseño y desarrollo de esas políticas que están dirigidas: al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y a la reconciliación de los venezolanos; a la vigorización y remozamiento del poder público; a la construcción de una sociedad productiva y de progreso; al mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos; y a la proyección y promoción de confianza, respeto y prosperidad en el ámbito internacional.  

En próximos artículos expondré algunas ideas acerca del papel de la educación en  esas políticas. En esta oportunidad centro mi atención en dos consideraciones previas: en el carácter de esa educación y en los sujetos llamados a hacerla posible como eje transversal de los mencionados lineamientos programáticos. Hablo de una educación de calidad como expresión de un vigoroso proyecto público que, aun cuando no concierne sólo al Estado, le reconoce a éste un papel de primer orden como ámbito institucional donde la sociedad establece sus prioridades y se organiza para alcanzarlas.

Dos rasgos relevantes han de estar presentes entonces en esa educación: ser de buena calidad y constituir un bien público. Lo primero ha de entenderse como una educación que fomente y desarrolle tanto el intelecto como otras dimensiones sustantivas de la formación del ser humano, de tal manera que proporcione aquellos códigos y competencias indispensables para aprender a lo largo de toda la vida y para aprender a convivir en paz con los demás, entre otros aprendizajes primordiales. Lo segundo remite a la idea de una educación para todas las personas, sin exclusiones, concebida como un derecho garantizado por el Estado y, asimismo, como un bien que podría ser provisto por la sociedad civil.  

Esa educación de calidad, guiada en función del interés público, ha de apoyarse fundamentalmente en un Estado Docente que, con el debido apego a los valores de la democracia, esté en capacidad de armonizar su protagonismo esencial con la responsabilidad y la efectiva participación de otros actores importantes de la sociedad como los medios de comunicación, la familia, los gremios, por ejemplo. Es preciso recordar que la escuela en realidad no está sola en la tarea de educar e instruir.

Es hora de dejar atrás lo que hoy observamos en las políticas educativas oficiales: un acentuado desprecio por la educación de calidad y una concepción del Estado Docente basada en el fundamentalismo autoritario, conforme a la cual quienes detentan el poder excluyen el pluralismo y el debate en la toma de decisiones educativas.

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