Elecciones y autonomía universitaria

Eleazar Narváez

El Nacional, 15/06/12

Un grave problema político de apariencia jurídica viven hoy cinco universidades autónomas y otras experimentales del país. Con el argumento de que éstas aún no han reformado su respectivo reglamento electoral con base en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les impide la renovación de sus principales cargos directivos. No sucede lo mismo, por supuesto, con las 23 instituciones universitarias donde sus autoridades son designadas a dedo por el Ejecutivo, de acuerdo con un criterio político y sin participación democrática de los miembros de la comunidad.

Se trata de la imposición de una reforma reglamentaria que, además de contravenir el derecho de la universidad autónoma de darse sus normas de gobierno, distorsiona el concepto de comunidad universitaria establecido en la Constitución y exacerba peligrosamente lo político en una institución cuya naturaleza es académica. Una aberración que, es conveniente no olvidarlo, formó parte de aquella propuesta presidencial de reforma constitucional que fuera rechazada con el voto popular en el referéndum del año 2007.

Tal distorsión tiene graves implicaciones. A contrapelo de lo que establece el texto constitucional en su artículo 109, el carácter académico de la comunidad universitaria desaparece en la LOE. Deja de ser una comunidad de profesores, profesoras, estudiantes y egresados y egresadas, dedicada a la búsqueda del conocimiento, para convertirse en una comunidad de profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero, egresados y egresadas, en igualdad de condiciones para el ejercicio pleno de los derechos políticos.

Con esa arbitrariedad, en la que el peso de lo académico quedaría desdibujado o muy debilitado, se sentarían las bases para que el desarrollo de la vida universitaria resulte mucho más vulnerable a prácticas políticas perversas en el seno de la institución. Éste podría ser el costo de utilizar en las universidades el mismo criterio que priva, entre otros casos, en las elecciones de alcaldes, gobernadores diputados y presidente de la República.

Estos son argumentos suficientes para que los universitarios rechacemos de manera sensata y firme los atropellos del TSJ, con los cuales, por encima de lo que ordena la Constitución, se pretende obligar a las universidades asediadas a hacer suyos los postulados políticos del régimen.

Ese rechazo debe hacerse con el aliento y la fuerza de una comunidad debidamente cohesionada, organizada y movilizada, en función de acuerdos mínimos que puedan lograr sus diversos miembros mediante el diálogo. Sin duda, esto no es algo fácil, pero hay que insistir en ello. Además, es preciso potenciarlo con la articulación de acciones con otras instituciones, tanto en el plano nacional como internacional.

Concebida así, la oposición universitaria a ese acoso judicial no debe demorarse más. No debe diferirse con el pretexto de una supuesta "tregua" dada por la Sala Constitucional, cuya decisión es preciso considerarla más bien como una respuesta política ante las posibles consecuencias negativas que podrían tener para las aspiraciones electorales del presidente Chávez, las recientes sentencias de la Sala Electoral del TSJ. La letargia no es lo aconsejable en tales circunstancias.

Asimismo, esa movilización de la comunidad en defensa de la institucionalidad universitaria ha de estar acompañada con el reforzamiento de otras iniciativas ya en marcha en algunas universidades, como ocurre en la UCV, por ejemplo, donde el Consejo Universitario y los estudiantes han decidido promover, desde una perspectiva de reivindicación de la autonomía, la discusión y búsqueda de propuestas para reformar el reglamento electoral de esa casa de estudio.

Lo que se espera es que a la cabeza de esas acciones estén todas las autoridades universitarias, con un liderazgo compartido, sin exclusiones, con los distintos gremios que hacen vida en nuestras universidades.