Ricardo Gil Otaiza
El Universal, 01/06/12
Que no pase por debajo de la mesa la difícil situación que atraviesa la
universidad venezolana, sometida perversamente a los avatares de
presupuestos reconducidos (ergo: insuficientes) y, por ende, a tener que
llevar adelante sus procesos académicos con criterios de suma
austeridad, cuando en la realidad de los hechos las entradas a la nación
por concepto de renta petrolera son multimillonarias, y se siguen
entregando nuestros recursos a manos llenas a otras naciones.
Pero no nos quedemos sólo con la variable presupuestaria, que golpea en lo más hondo de la misión universitaria (docencia, investigación, extensión y planificación), acotemos también el impacto que por la vía de las leyes se le causa a la institución, al cercenársele de manera grosera la autonomía consagrada en la Constitución. Los elocuentes casos de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y de la novísima Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt), son representativos de lo que aquí se expresa.
En cuanto a la primera de las leyes citadas, no nos olvidemos que fue aprobada entre gallos y madrugada, de espaldas a las instituciones educativas y universitarias a quienes se les debió tomar parecer, porque introduce cambios significativos que a la larga las afectan negativamente. Para señalar uno solo de estos aspectos, podríamos argumentar la inaudita intromisión en la potestad que tienen las universidades autónomas de darse sus autoridades y de decidir cuáles deben ser las variables a considerar a la hora de aprobar sus reglamentos electorales.
Si a ver vamos, la LOE es inconstitucional ya que entra en franca contradicción (en diversas materias) con lo establecido en nuestra Carta Magna vigente y esto lo sabe el TSJ , y sin embargo a dichas instituciones se les obliga a elaborar reglamentos para la designación de sus autoridades que incluyan "novedades" no contempladas en dicha ley, y en la ley especial que rige la materia, es decir, la aún vigente Ley de Universidades de 1970, lo que resulta inadmisible e írrito bajo cualquier perspectiva. En pocas palabras, la LOE fue diseñada para "echarle" mano a las universidades desde lo político, introduciendo elementos tergiversadores de su dinámica académica y de la vida institucional.
Como ejemplo podríamos mencionar el hecho de que las universidades autónomas están en mora con las elecciones para decanos, quienes tienen sus períodos vencidos desde hace más de un año, con el consiguiente daño a las facultades que no pueden ver renovados sus cuadros gerenciales, que insuflen nuevos ímpetus a sus procesos académicos y administrativos.
Con respecto a la Lottt, pues la cosa ha sido prácticamente un torbellino para la vida de las universidades, ya que su entrada en vigencia ha traído como consecuencia el que todo aquel personal llamado al interior de dichas instituciones como "eventual" y "tercerizado" le reclame a las instituciones su pase a personal fijo. El problema no es precisamente éste, ya que se hace justicia a miles de personas que se encontraban en verdaderos "limbos" jurídicos, sino la imposibilidad que tienen las universidades de incluir en sus nóminas a todas estas personas sin contar con los mil millonarios recursos para ello. En otras palabras: la Lottt fue aprobada sin que se estudiara de manera seria y responsable el inmenso impacto económico que tales "novedades" traerían consigo, creando ruido e inmensos conflictos al interior de las casas de estudios, sin que esté en sus manos el poder resolverlos. Otra vez (como en el caso ya señalado de la LOE), el instrumento jurídico puesto al servicio de meros intereses políticos.
El país exige un trato digno a sus universidades. Los universitarios pedimos el que se respete la autonomía en todos sus aspectos (académicos, administrativos, normativos y electorales) para que la Universidad venezolana siga estando al servicio (como hasta ahora lo ha hecho) de los más nobles y relevantes intereses nacionales y planetarios.
Pero no nos quedemos sólo con la variable presupuestaria, que golpea en lo más hondo de la misión universitaria (docencia, investigación, extensión y planificación), acotemos también el impacto que por la vía de las leyes se le causa a la institución, al cercenársele de manera grosera la autonomía consagrada en la Constitución. Los elocuentes casos de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y de la novísima Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt), son representativos de lo que aquí se expresa.
En cuanto a la primera de las leyes citadas, no nos olvidemos que fue aprobada entre gallos y madrugada, de espaldas a las instituciones educativas y universitarias a quienes se les debió tomar parecer, porque introduce cambios significativos que a la larga las afectan negativamente. Para señalar uno solo de estos aspectos, podríamos argumentar la inaudita intromisión en la potestad que tienen las universidades autónomas de darse sus autoridades y de decidir cuáles deben ser las variables a considerar a la hora de aprobar sus reglamentos electorales.
Si a ver vamos, la LOE es inconstitucional ya que entra en franca contradicción (en diversas materias) con lo establecido en nuestra Carta Magna vigente y esto lo sabe el TSJ , y sin embargo a dichas instituciones se les obliga a elaborar reglamentos para la designación de sus autoridades que incluyan "novedades" no contempladas en dicha ley, y en la ley especial que rige la materia, es decir, la aún vigente Ley de Universidades de 1970, lo que resulta inadmisible e írrito bajo cualquier perspectiva. En pocas palabras, la LOE fue diseñada para "echarle" mano a las universidades desde lo político, introduciendo elementos tergiversadores de su dinámica académica y de la vida institucional.
Como ejemplo podríamos mencionar el hecho de que las universidades autónomas están en mora con las elecciones para decanos, quienes tienen sus períodos vencidos desde hace más de un año, con el consiguiente daño a las facultades que no pueden ver renovados sus cuadros gerenciales, que insuflen nuevos ímpetus a sus procesos académicos y administrativos.
Con respecto a la Lottt, pues la cosa ha sido prácticamente un torbellino para la vida de las universidades, ya que su entrada en vigencia ha traído como consecuencia el que todo aquel personal llamado al interior de dichas instituciones como "eventual" y "tercerizado" le reclame a las instituciones su pase a personal fijo. El problema no es precisamente éste, ya que se hace justicia a miles de personas que se encontraban en verdaderos "limbos" jurídicos, sino la imposibilidad que tienen las universidades de incluir en sus nóminas a todas estas personas sin contar con los mil millonarios recursos para ello. En otras palabras: la Lottt fue aprobada sin que se estudiara de manera seria y responsable el inmenso impacto económico que tales "novedades" traerían consigo, creando ruido e inmensos conflictos al interior de las casas de estudios, sin que esté en sus manos el poder resolverlos. Otra vez (como en el caso ya señalado de la LOE), el instrumento jurídico puesto al servicio de meros intereses políticos.
El país exige un trato digno a sus universidades. Los universitarios pedimos el que se respete la autonomía en todos sus aspectos (académicos, administrativos, normativos y electorales) para que la Universidad venezolana siga estando al servicio (como hasta ahora lo ha hecho) de los más nobles y relevantes intereses nacionales y planetarios.
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