Autonomía universitaria y presupuesto

Eleazar Narváez

Hoy es temerario decir que nuestras universidades son más autónomas que nunca. Esto, por cuanto entre otras razones, el ejercicio en libertad de la autonomía universitaria en el país está afectado severamente por grandes limitaciones en el orden económico-financiero.

Nuestras universidades no son más autónomas porque el principio respectivo esté consagrado constitucionalmente o aún siga intacto en la letra de la vigente Ley de Universidades. Tampoco lo son – por lo menos plenamente - por el solo hecho de que puedan trazar en libertad su propio rumbo, darse sus propias normas y elegir democráticamente a sus autoridades. El ejercicio de la autonomía depende sobremanera de otros factores no menos importantes, entre ellos, de las posibilidades que nos brinde el presupuesto institucional tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.

Actualmente varios hechos ligados al tema presupuestario no son en verdad alentadores, por ejemplo: la enorme descapitalización del personal por la no asignación gubernamental de recursos suficientes para cubrir la reposición de cargos de los jubilados; la precaria remuneración del personal docente y de investigación debido al irrespeto de las normas de homologación por parte del Ejecutivo y a la negativa de éste de desarrollar una política salarial más justa; las incertidumbres en la asignación de recursos a la investigación y al postgrado mediante las normas del Consejo Nacional de Universidades; las odiosas discriminaciones creadas por el sector gubernamental respecto al monto de las becas estudiantiles, con la particularidad de que la cantidad de éstas en las universidades autónomas ha sido congelada; los graves problemas de dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas de nuestras principales casas de estudio, además de los serios problemas de infraestructura.

La no atención de esas necesidades por el Gobierno es una manera de profundizar el deterioro de las condiciones necesarias para el ejercicio de la autonomía universitaria. Y ello está ligado a una interpretación sui géneris y perversa de ese principio por quienes hoy detentan el poder político en el país: la de creer que el Estado no tiene por qué responsabilizarse y ocuparse de resolver unos problemas que no admiten como suyos, por cuanto se considera que los mismos son de unas instituciones que, por ser autónomas, no quieren ponerse servicio del proyecto político e ideológico del actual régimen.

Quienes hoy tienen la responsabilidad de dirigir la vida de nuestras universidades no deben arrogarse la licencia de hacer un mal uso del mencionado principio y colocar en desventaja a esas instituciones en el disparadero de quienes han pretendido secuestrarlas para ponerlas al servicio de intereses reñidos con la academia y los verdaderos anhelos de progreso de toda la sociedad venezolana.

Artículo de Eleazar Narváez publicado en El Nacional, el 21 de marzo de 2009