Humberto Muñoz García
A la memoria de Adolfo Sánchez Vázquez
Cuando hablamos de las instituciones en México, habitualmente nos referimos al concepto de crisis. En este caso, la noción de ruptura ocupa un lugar relevante en la reflexión; aparece una relación entre ruptura, desinstitucionalización y desconfianza.
Todos estos conceptos vienen ligados al mal funcionamiento de las instituciones, de aquellas que son fundamentales para que un país pueda crecer económicamente, para incentivar una interacción social arropada por valores apropiados al cambio social y para que proceda una mayor justicia distributiva.
En México estamos atorados porque no se sigue la normativa institucional, porque reina la impunidad, porque hay una tendencia a la ilegalidad y falta de responsabilidad de quienes tienen que velar por el exterminio de la corrupción.
En la academia y en los medios se ha señalado que la corrupción es un cáncer que lacera la vida institucional. Nada más para recordar: en el Informe Global sobre la Corrupción (2010), aparece que, en México, la mayoría de los encuestados percibe un aumento de la corrupción, más de la mitad sostuvo que las acciones de gobierno contra la corrupción son ineficaces y una buena proporción pagó un soborno para acceder a un servicio (los más afectados son los pobres y los jóvenes).
En la percepción de los encuestados, las instituciones más corruptas son los partidos políticos, la policía, las oficinas de gobierno y las del Poder Judicial. Son las instituciones menos confiables.
En contraste, las encuestas realizadas para medir la confianza en las instituciones señalan que las universidades son las mejores clasificadas en este rubro, junto con la Iglesia, seguida del Ejército. Las comparaciones en el tiempo indican que la confianza en ellas se ha mantenido.
La educación y el conocimiento, la moral y la protección de la integridad nacional representan para la sociedad un reducto de esperanza, solidaridad y certeza, en medio del descrédito de lo político y lo judicial, en medio de la falta de trabajos decentes.
Las universidades, en especial las públicas, son instituciones que debemos cuidar y fortalecer por las creencias en sus bondades y por el papel extraordinario que pueden jugar para sacarnos de la crisis.
Hay cuatro factores externos al campus que militan en favor de su desinstitucionalización y pérdida de confianza: la poca competitividad de la economía y la escasa demanda de conocimiento, el mal funcionamiento del mercado laboral, que no absorbe adecuadamente a los egresados universitarios, las políticas públicas por medio de las cuales se intenta controlar la dinámica académica (incluido el pago por méritos) y el avance de los medios masivos sobre la academia, porque éstos trivializan el conocimiento y con ello influyen en las percepciones y en la interpretación que la sociedad hace de sí misma en favor de los grupos dominantes.
La universidad requiere sostener su presencia y prestigio social. Para tal fin, es indispensable abordar los retos que le impone el medio externo para mantener la confianza depositada en ella. Pero, también, fortalecerse en su interior.
Es paradójico que la universidad, siendo la institución que goza de mayor confianza social, funcione con altos niveles de desconfianza en sus académicos. Esto ya es insostenible.
Así, es crucial recomponer la comunidad académica, darle cohesión y organicidad, reestablecer el interés común. Que cobre conciencia de todo lo que pasa a su alrededor tendente a deslegitimar a la universidad, para que pueda, en su caso, defenderse y apoyar a las autoridades ante a las presiones externas que intenten desacreditar a la institución.
La academia se torna comunidad cuando existen políticas institucionales que favorecen el accionar colectivo. Lo que se conoce en esta materia indica que la organización comunitaria gira en torno de la existencia de un ambiente laboral que facilite y reconozca los resultados del trabajo, libertad académica, impulsos a la creación de redes y una gestión eficiente que promueva y realice las expectativas intelectuales de los académicos.
Asimismo, hay comunidad cuando se estimula una participación ampliada de los académicos en la toma de las decisiones institucionales.
En este último sentido observo la importancia de la reforma al Consejo Universitario impulsada por el rector José Narro en la UNAM. El Consejo Universitario, o su equivalente, es el principal órgano legislativo (el Senado) en las universidades públicas.
La reforma consiste en dar representación a sectores que no estaban incluidos o mayor representación a sectores que estaban subrepresentados en dicho cuerpo colegiado, en virtud del crecimiento institucional de los últimos tiempos. Una reforma justa y correcta.
Fortalecer a la comunidad académica es una tarea de primer orden para sortear los retos externos e internos y sostener la confianza de la población en la universidad. Con base en la confianza, la universidad puede influir en la ética y en las orientaciones valorativas a seguir por la sociedad. Ganar, con la misma base, capacidad de transmisión de la ciencia en la conducción social.
Aparte. Es hora de cambiar la ética en la política. Eliminar la deslealtad con la nación y airear el sindicato de maestros, que mucho ayudará a la educación, pilar para salir de la crisis.
*Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano
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