Yoana Monsalve Briceño
El Universal, 25/07/11
Los objetivos deberían apuntar a despejar el campo de trabajo del egresado
Una cuestión interesante en materia de formación criminológica es la ar- ticulación de los conocimientos impartidos y la contribución a la resolución de los problemas en materia de prevención y seguridad ciudadana.
La experiencia sugiere frecuente inquietud entre los estudiantes en cuanto al acceso a los sitios para desarrollar la pasantía, la selección de los temas y el abordaje necesario de los problemas a enfrentar, a fin de facilitar la proposición de respuestas adecuadas que atiendan los intereses de las diversas instancias en cuanto a su gestión, así como de las escuelas de formación profesional para el enriquecimiento curricular.
Estas respuestas deberían representar iniciativas plausibles y de algún modo evaluables, aunque éstas no sean contribuciones sistemáticas o determinantes en temas complejos como el control delictivo, dado que se trata de estudiantes que todavía no han culminado la licenciatura. Los objetivos deberían apuntar a despejar el campo de trabajo del egresado, a poner en contacto al estudiante con la dimensión operativa del conocimiento y a suministrar a los organismos gestores de políticas públicas insumos y proposiciones anclados en el conocimiento y la investigación, algo para lo cual son entrenados los estudiantes de criminología.
Para lograrlo, es fundamental revisar las expectativas, fortalezas y necesidades de estos organismos, a fin de que la contribución estudiantil, dentro del modesto marco en el cual se despliega, se encuentre en sintonía con las necesidades y perspectivas del organismo interventor o planificador. Esto, que podría considerarse algo sencillo e incluso banal en carreras bien asentadas como medicina, ingeniería y derecho, es una tarea pendiente para la formación universitaria en criminología.
Las pasantías estudiantiles conforman un programa de formación para el trabajo que debería ser orientado por profesores universitarios, conjuntamente con operadores públicos, a fin de que la actividad resulte más productiva. No es una propuesta unilateral que genere reservas o escepticismo. Así, el organismo interventor o planificador podría ofrecer opciones temáticas de trabajo ajustadas a su visión, misión y políticas; mientras que el estudiante, de acuerdo con los profesores guías y departamentos universitarios, podría someter un plan específico de trabajo a ser homologado por el organismo receptor de pasantes, que permita fortalecer las líneas de trabajo en la universidad, alimentadas por problemas específicos de gestión y facilitando de esta forma la sinergia en los planes de intervención antidelictiva.
Se podría alcanzar una finalidad importante (vale decir, el acceso de pasantes a áreas críticas de gestión pública y la expansión del horizonte laboral de estos egresados) si el programa mostrara congruencia entre las necesidades de quien forma y de quien recibe dicha formación, y si contara con estándares de calidad. La Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) podrían aplicar un plan piloto con el modelo de creación intelectual y vínculo social.
La experiencia sugiere frecuente inquietud entre los estudiantes en cuanto al acceso a los sitios para desarrollar la pasantía, la selección de los temas y el abordaje necesario de los problemas a enfrentar, a fin de facilitar la proposición de respuestas adecuadas que atiendan los intereses de las diversas instancias en cuanto a su gestión, así como de las escuelas de formación profesional para el enriquecimiento curricular.
Estas respuestas deberían representar iniciativas plausibles y de algún modo evaluables, aunque éstas no sean contribuciones sistemáticas o determinantes en temas complejos como el control delictivo, dado que se trata de estudiantes que todavía no han culminado la licenciatura. Los objetivos deberían apuntar a despejar el campo de trabajo del egresado, a poner en contacto al estudiante con la dimensión operativa del conocimiento y a suministrar a los organismos gestores de políticas públicas insumos y proposiciones anclados en el conocimiento y la investigación, algo para lo cual son entrenados los estudiantes de criminología.
Para lograrlo, es fundamental revisar las expectativas, fortalezas y necesidades de estos organismos, a fin de que la contribución estudiantil, dentro del modesto marco en el cual se despliega, se encuentre en sintonía con las necesidades y perspectivas del organismo interventor o planificador. Esto, que podría considerarse algo sencillo e incluso banal en carreras bien asentadas como medicina, ingeniería y derecho, es una tarea pendiente para la formación universitaria en criminología.
Las pasantías estudiantiles conforman un programa de formación para el trabajo que debería ser orientado por profesores universitarios, conjuntamente con operadores públicos, a fin de que la actividad resulte más productiva. No es una propuesta unilateral que genere reservas o escepticismo. Así, el organismo interventor o planificador podría ofrecer opciones temáticas de trabajo ajustadas a su visión, misión y políticas; mientras que el estudiante, de acuerdo con los profesores guías y departamentos universitarios, podría someter un plan específico de trabajo a ser homologado por el organismo receptor de pasantes, que permita fortalecer las líneas de trabajo en la universidad, alimentadas por problemas específicos de gestión y facilitando de esta forma la sinergia en los planes de intervención antidelictiva.
Se podría alcanzar una finalidad importante (vale decir, el acceso de pasantes a áreas críticas de gestión pública y la expansión del horizonte laboral de estos egresados) si el programa mostrara congruencia entre las necesidades de quien forma y de quien recibe dicha formación, y si contara con estándares de calidad. La Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) podrían aplicar un plan piloto con el modelo de creación intelectual y vínculo social.
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